Las organizaciones piqueteras ante Duhalde: debates y diferencias en torno a un pasado muy presente

La rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001 había configurado un escenario de conflictividad marcado por una alianza de clases insospechada para propios y ajenos. Las organizaciones piqueteras que venían en pleno desarrollo desde su nacimiento con el cutralcazo (1996) no estaban tan solas. Sectores provenientes de la llamada “clase media” decían presente en una pelea que, motorizada en la lucha contra el “corralito”, buscaba resistir a una mayor depreciación de sus niveles de vida.  Este sector, que se había mostrado reticente a las protestas de los desocupados, pasaba a imitar sus acciones no solo en términos metodológicos (acciones directas, asambleas, etc.) sino también en términos de contenido a partir de la impugnación a la clase política de los principales partidos patronales. No será el único, el intento de ajuste de López Murphy un año atrás había reactivado las pulsiones del movimiento estudiantil y oxigenado a otros sectores de la clase obrera como las fábricas recuperadas y sectores estatales, entre otros.  

La asunción de Eduardo Duhalde como presidente el 1 de enero de 2002 tendrá un objetivo claro: reconstruir la gobernabilidad perdida. Para ello se propondrá romper esta alianza de clases que se expresaba en piquetes semanales sobre puentes y rutas, escraches a bancos y movilizaciones a lo largo y ancho del país. Mientras intentaba recuperar la economía en base a una fuerte devaluación (y depreciación salarial) proyectaba un plan de desarticulación de los sectores en lucha. En el caso del sector medio, apuntará a descomprimir el corralito, cuestión que empezará a lograr a partir de mediados de año, mientras que con las organizaciones sociales dará curso a la receta gramsciana de hegemonía: consenso y coerción.

La hegemonía duhaldista: “plata y plomo”

Algo había cambiado en el mapa piquetero. Más allá de las diferencias hacia el interior del sector, lo cierto es que el grueso de las organizaciones sociales habían sido protagonistas de la lucha contra la Alianza y en parte responsables de la caída de De la Rúa. Con la llegada al poder del peronismo, esa división entre organizaciones “dialoguistas” y “combativas” inaugurada en los primeros planes de lucha convocados por las asambleas piqueteras de La Matanza (2001), se profundizaba y partía las aguas entre quienes valoraban, de una u otra forma, al nuevo gobierno y quienes lo veían como una continuidad represiva y confiscatoria de los intereses populares. “Gran intercambio de flores” era el título de la nota que la periodista Laura Vales elegía para dar cuenta de la reunión que tanto Luis D´Elía de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) como Juan Carlos Alderete de la Corriente Clasista Combativa (CCC) habían tenido con el presidente Duhalde y el ministro de Producción, Aníbal Fernández.  Corría febrero de 2002 y los representantes del eje matancero eran parte del “elogio cruzado” con la máxima autoridad del país. La reunión con Duhalde será el cambio formal de la táctica asumida por el eje matancero ante el Estado, volcando sus esfuerzos a los ámbitos institucionales que se irán construyendo y no a una confrontación directa con el gobierno como venía ocurriendo con la Alianza.

En la vereda opuesta se encontraban los “piqueteros duros”, como le gustará acuñar a los grandes medios de comunicación. En ese mundo convivían la CTD Aníbal Verón, el Bloque Piquetero Nacional (BPN) y, con menor referencia mediática, el MIJD y Barrios de Pie.

En el caso de “La Verón” y el BPN venían transitando caminos separados desde hacía tiempo, incluso durante las asambleas piqueteras de La Matanza (2001), donde “La Verón” rechazaba articular con el eje matancero y sus socios sindicales de la CTA y el MTA, mientras que el Partido Obrero y el MTR (futuros fundadores del BPN) apostaban a la construcción del espacio y no solamente en términos reivindicativos. Los primeros meses del gobierno duhaldista lo transitarán prácticamente separados más allá de algunos planes de lucha donde coincidirán o articularán, como el caso de “La Verón” con el MIJD de Castells. 

Refiriéndonos estrictamente a la construcción hegemónica de Duhalde podríamos incurrir en un error si redujéramos su accionar a su faceta meramente represiva desdeñando las políticas de consenso que desarrolló desde las primeras semanas de gobierno. En todo caso, puede sintetizarse su pensar en la lógica de “plata y plomo” para resolver los conflictos con las organizaciones piqueteras del momento.   

Respecto al consenso se derivarán varias líneas de intervención que intentarán complementarse detrás del objetivo de recuperación institucional. De entrada, la perspectiva del Partido Justicialista en el poder apuntó a erosionar las condiciones sobre las que se construían los movimientos en los territorios. Allí, donde años atrás no había nada y lxs piqueterxs construían su pliego de reivindicaciones, ahora el Estado volvía a hacer pie a partir de la inyección de recursos intentando bloquear el desarrollo de las organizaciones y calmando las broncas que emergían de abajo.  No será una intervención solitaria y estará construida sobre la base de una alianza con intendentes y gobernadores quienes a través de los distintos consejos que se conformarán (consultivos, municipales,  CONAEyC, entre otros) serán dotados para distribuir los planes y así ampliar la red clientelar afectada desde hacía años por la aparición del fenómeno piquetero. En paralelo, el gobierno afianzará no sin conflictos, la relación con la Iglesia a partir de la constitución de la Mesa de Diálogo Argentino creada en enero de 2002, desde la cual se le proveerá a Cáritas importantes recursos alimenticios otorgados no solo por los ministerios sino también por las donaciones que realizarán las entidades agrarias que , con esto, buscaban frenar la implementación de retenciones. 

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El otro aspecto del consenso será profundizar la división dentro del campo de los movimientos que venían en una lucha abierta contra la Alianza. De esta forma, el gobierno mostraba ante la sociedad la existencia de piqueterxs bueno y malos. Con los primeros habría fotos, recursos y diálogos, mientras que con los segundos estigmatización, denuncia y represión. 

Por el lado de la “coerción”, podemos ver dos momentos represivos. Uno ejecutado al principio del 2002 que se daba de una manera moderada y se expresó en las constantes avanzadas de las fuerzas de seguridad contra protestas de ahorristas y piqueterxs. De este esquema se desprendía la “tercerización” de la acción, ya que muchas veces los golpes o disparos no provenían de la policía sino de patotas o punteros del PJ. Así fue que asesinaron a Javier Barrionuevo en febrero del 2002 y dejaron varios militantes heridos a lo largo del año. 

Un segundo momento represivo es el concretado en el Puente Pueyrredón donde directamente se construyó una masacre con el objetivo de disimularla detrás de una disputa entre piqueteros. Los pasos del plan eran simples: asesinar a militantes sociales, responsabilizar a las organizaciones, encarcelar a las direcciones de los movimientos sociales y dar por finalizada la experiencia de los sectores combativos. 

Para ello, como lo relata minuciosamente el libro Darío y Maxi. Dignidad piquetera, ya estaba armada la “causa complot” impulsada por el ministro de Justicia, Jorge Vanossi, que daba marco a las represalias que se tomarían contra lxs piqueterxs el día después de la masacre. El coctel se completaba con declaraciones de funcionarios acusando de sedición a lxs luchadorxs populares y con información manipulada por los servicios de inteligencia que se venían infiltrando en asambleas y reuniones de las organizaciones. Cabe mencionar que, meses antes de la masacre, el gobierno había centralizado la intervención de los mandos de las distintas fuerzas de seguridad que intervenían en las manifestaciones en el AMBA. 

Unidad de acción entre los sectores combativos

Pese a los intentos que venían arrastrando desde mediados del 2001, el BPN ya había desistido en reconstruir una unidad de acción con la CCC y la FTV como venía intentándolo desde las asambleas matanceras. En otros horizontes tácticos, había dado otros pasos con la convocatoria a la Asamblea Nacional de Trabajadores (ANT) realizadas a partir de febrero de 2002. En paralelo, desde “La Verón” se analizaba la necesidad de ampliar las alianzas en la intervención callejera caracterizando una mayor dureza por parte del gobierno para con las organizaciones no oficialistas. Desde el 21 de enero venían desarrollando un plan de lucha escalonado con cortes y bloqueos simultáneos en distintos puentes y rutas sin lograr hacer la diferencia en la disputa con el gobierno. 

Urgía en ambos sectores romper el espectro de aislamiento que el gobierno venía construyendo desde los consejos consultivos y la demonización entre piqueterxs “duros” y “blandos”. 

De esta manera se irá consolidando una unidad de acción entre las dos grandes referencias piqueteras que había dentro de “los combativos”. Más allá de coincidir en algunas medidas previas, el bloqueo al puente Pueyrredón el 26 de junio será la gran apuesta del sector para torcerle el brazo al gobierno.  

Esta unidad, incipiente en tanto sustancia política, representaba un peligro potencial a los planes reinstitucionalizadores del gobierno. Ambos sectores venían mostrando un crecimiento cuantitativo en los niveles de movilización y contando para ese entonces con el respaldo de un sector de la clase media (ahorristas y asambleas populares). 

En las reuniones y asambleas concretadas en los días previos al 26 de junio se analizaba la posibilidad de una represión a partir de muchas de las declaraciones que venían realizando los funcionarios de la primera línea del gobierno. Nunca se esperaba la magnitud del crimen que se estaba pergeñando. 

Se concreta la masacre

Uno de los acuerdos iniciales entre las organizaciones era organizar la movilización en una única columna para mostrar mayor masividad al momento de toparse con los efectivos policiales ingresando al puente por la avenida Pavón. Dos días antes, el BPN define unilateralmente que su sector saldrá por la Avenida Alsina, constituyéndose así dos columnas distintas que confluirían al momento de subir al puente. 

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De esta manera, las columnas de “La Verón”, Barrios de Pie y el MIJD, que se calculaban en aproximadamente 3500/4000 personas, se dirigieron por la avenida Pavón, mientras que el BPN, con un número similar de concurrentes, lo hizo por Alsina. 

El primer cordón policial que encontraron lxs piqueterxs se dio en la base del puente. Para sorpresa, en el lugar había unos pocos policías a cargo del comisario Alfredo Fanchiotti que quedaron ubicados entre las dos columnas que se aprestan a subir al puente. Es el señuelo puesto por las fuerzas de seguridad para que se generen las primeras escaramuzas con lxs manifestantes. De hecho, todo comienza con efectivos policiales pegándole a una mujer que toma del brazo al comisario. Fue la excusa para desandar la masacre. En pocos minutos todo se vuelve una cacería de las fuerzas de seguridad y grupos parapoliciales encubiertos realizan detenciones y disparos hasta dos kilómetros a la redonda. 

No pasa mucho tiempo para que lxs presentes comprueben que no todos los disparos eran de balas de goma, sino que muchos heridos empezaban a sentir el ardor del plomo en el cuerpo. Imitando a los grupos de tareas que actuaban durante la última dictadura, la policía ingresa a casas de particulares y balea las puertas de un local que el Partido Comunista tenía en la zona.

Maximiliano Kosteki tenía 23 años, era dibujante y antes de sumarse al MTD Guernica, paseaba perros y vivía de trabajos temporarios. Su movimiento era de los más nuevos y había sido creado siete meses atrás en la localidad de Presidente Perón. Ese día, es parte de lxs 200 militantes que conforman la línea de autodefensa que se enfrenta con la policía sobre la avenida Pavón. Junto a sus compañerxs, ayuda a frenar momentáneamente a los efectivos policiales con el objetivo de que las personas con movilidad reducida puedan retirarse del lugar. Lo hieren de muerte en las afueras de la estación Avellaneda. Un compañero se repliega junto a él dentro de las instalaciones ferroviarias. Pierde mucha sangre. Minutos después, llega al lugar Darío Santillán que se hace cargo de asistirlo y le dice a su acompañante que se retire del lugar, mientras aguarda la llegada de una ambulancia o alguien que ayude a trasladarlo a un hospital.

No pasa mucho tiempo y en el lugar se presenta Fanchiotti y su chofer, el cabo Acosta. En ese momento, y ante la embestida, Darío interpone su mano entre los uniformados y Kosteki, que ya se encuentra desvanecido. Armas en mano, Fanchiotti y Acosta lo obligan a levantarse del lugar. Santillán se levanta y cuando se encuentra de espalda les disparan sin más. 

La decisión de la masacre queda confirmada en los 160 detenidos, decena de heridos y dos muertos.

Respuesta popular y crisis del gobierno

Las fotos proporcionadas por lxs trabajadorxs de prensa desbaratarán la orquesta duhaldista y la sociedad entera descubrirá que bajo la hipótesis de una riña entre piqueteros se encontraba la ejecución de una masacre planificada. 

Las horas siguientes a lo ocurrido encontrará a las organizaciones en plena deliberación interna e intentando tomar medidas ante una inminente persecución. El golpe se había sentido y pasarían días para poder recomponerse y retomar la iniciativa de manera plena. 

Allí cobrarán un rol importante las asambleas populares de la Capital Federal y de las ciudades cercanas, que empujarán el reclamo y cumplirán un rol central entre las 12 mil personas que se movilizarán el 27 de junio a la Plaza de Mayo. Harán de retaguardia de lxs piqueterxs que finalmente mostrarán su auge en la movilización del 3 de julio, donde 30 mil personas se apostarán contra la Casa Rosada exigiendo justicia y cárcel para los responsables de la masacre. Esta última acción dará inicio a una discusión interna en “La Verón” que terminará precipitando una ruptura interna entre los MTD y la CTD dirigidas por Quebracho. El primero de los reagrupamientos planteaba la necesidad de sumar a la lucha a un mayor espectro de organizaciones concentrando el eje de disputa en el aspecto democrático ante la judicialización y avanzada estatal. El segundo de los sectores se opondrá planteando la necesidad de medidas concentradas en pocos grupos y focalizadas en la acción directa contra el gobierno. Las diferencias no lograrán zanjarse y la ruptura definitiva de “La Verón” se concretará entre fines del 2002 y principios del 2003. 

A partir del 26 de junio se llevarán a cabo un sinnúmero de acciones antirepresivas junto a organismos de derechos humanos y colectivos artísticos, tanto en el Puente Pueyrredón como en diferentes distritos del conurbano.  Para ese tiempo, el gobierno ya estaba subsumido en una profunda crisis que se traducirá en el adelantamiento de las elecciones anunciadas por Duhalde el 2 de julio. No alcanzará para bajar la bronca. Los días siguientes se terminará de concretar la remoción de Vanossi al frente del ministerio de Justicia y de Soria como cabeza de la SIDE. 

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Recomposición institucional y elecciones 

Antes y durante la masacre del Puente Pueyrredón, Duhalde no descartaba la posibilidad de presentarse como candidato en caso de reconstruir la institucionalidad. Su plan B se desmoronaba el 26 de junio, aunque Aníbal Fernández realizaba un último intento por reflotarlo a principio del 2003: “Las elecciones deberían ser a fin de año y el candidato del peronismo debería ser Eduardo Duhalde”.

El nuevo año traería más aire al gobierno. Había desarmado a un sector importante de lxs ahorristas al dar de baja la mayor parte del “corralito”, algunas variables económicas habían mejorado y la mayoría del PJ y la CGT había logrado alinearse tras la conducción de Duhalde. El eje matancero junto a la CTA se mantenían freezados política y socialmente. La devaluación, más allá de pulverizar los salarios obreros, empezaba a darle resultados al gobierno que lograba reactivar sectores de la producción en base a una mayor competitividad internacional ante una moneda local depreciada. 

Para febrero de 2003, el duhaldismo había mandado a realizar una serie de encuestas que arrojaban un mayor distanciamiento entre el sector piquetero y la clase media, que volvía a cuestionar los piquetes con mayor fuerza. Este leve viento a favor empoderaría al gobierno para volver a mover las causas judiciales contra la dirigencia piquetera, principalmente a través de Oyarbide quien tenía en sus manos uno de los expedientes que acusaban de sedición a lxs piqueterxs “duros” o “combativxs”. ¿A qué testigos citó en la primera etapa de la reactivación de la causa? Al ministro de Justicia Juan José Álvarez, al ex secretario de Inteligencia Carlos Soria, a la candidata del ARI Elisa Carrió y al dirigente piquetero Luis D’Elía. Este último se había pronunciado públicamente contra las direcciones de las organizaciones, a quienes acusaba de “buscar un muerto” el 26 de junio. 

Mermando la conflictividad social, el gobierno concentraría sus fuerzas en la disputa dentro del PJ para definir las candidaturas para las elecciones del 27 de abril. Caída la posibilidad de Reutemann y corrido De la Sota, Kirchner será bendecido por el presidente.

La convocatoria a elecciones terminará de descolocar a las organizaciones piqueteras, que no encontrarán alternativa política ni social al definitivo reencauzamiento institucional que implicaba el proceso electoral. 

El grueso de las organizaciones se inclinará por la impugnación y el voto en blanco demarcando una continuidad duhaldista en la figura de Kirchner. La decisión, más allá del convencimiento de algunas posturas autonomistas, expresará los límites de las diversas tendencias del mundo piquetero para evitar la marginalidad que suponía el escenario electoral. 

Las diferencias entre las organizaciones en torno a las elecciones expresaban una disidencia más profunda que lo meramente electoral. La amplia resistencia al menemismo, a la Alianza y al duhaldismo escondía tras de sí diferencias estratégicas entre sectores provenientes de las más variadas tradiciones (guevarismo, marxismo crítico, autonomismo, anarquismo, nacionalismo revolucionario, maoísmo, entre otras). Durante la década siguiente, el kirchnerismo pasará la zaranda entre las distintas perspectivas piqueteras ordenando el mapa del sector en su sentido más ideológico entre quienes se sumergirán a la estrategia por adentro del Estado o por fuera, abriendo debates, rupturas y polémicas dentro del campo popular y dentro de la nueva izquierda. 

Un pasado muy presente

Muchas de las discusiones del período analizado no son cosa del pasado. Sectores del peronismo, y no precisamente los más reaccionarios, hacen en la actualidad una reivindicación de las políticas llevadas a cabo por Duhalde durante su paso por la Casa Rosada. Una de las primeras visitas recibidas por Axel Kicillof en calidad de gobernador bonaerense fue la de Eduardo Duhalde. Lo mismo hizo Andrés “Cuervo” Larroque (La Cámpora) en su rol de ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires cuando se fotografío y reunió con Hilda “Chiche” Duhalde. La ecuación es simple: caracterizan un crecimiento de la conflictividad social y buscan emular las recetas duhaldistas de 2002 para enfrentar a las organizaciones piqueteras que vienen marcando mayor dinamismo en la calle. En ese marco, Larroque y La Cámpora fueron los principales impulsores para que el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, asuma al frente de Desarrollo Social de Nación en 2021 con el claro objetivo de diezmar el poder de las organizaciones sociales (tanto las que se encuentran dentro como fuera del gobierno) empoderando en contraposición el poder territorial de intendentes y gobernadores. Las persecuciones, detenciones y judicializaciones de militantes sociales realizadas tras la aprobación del acuerdo con el FMI en el Congreso es otro capítulo de la misma película. 

Ante el crecimiento de la desocupación y la conflictividad social, gobiernos de distinto color rearman estrategias de aislamiento, represión y ataque contra el movimiento piquetero. El manual duhaldista sigue brillando en la biblioteca de las clases dominantes argentinas.


(*) El texto forma parte del libro Darío y Maxi. 20 junios. La ilustración pertenece a Maximiliano Kosteki

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