El 26 de junio y nosotros

01. Los hechos y el contexto. La masacre de la estación Avellaneda, perpetrada el 26 de junio de 2002, en la que fueron asesinados Maximiliano Kosteki y Darío Santillán –ambos militantes de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón– fue planificada por el poder político del Estado en respuesta a las demandas de normalización política provenientes del poder económico. Se trató de un intento orgánico de las clases dominantes por detener y derrotar ese poder social que emanaba de las organizaciones populares políticamente autónomas, que no se restringía a un “sindicalismo de los excluidos”, sino que tensaba y pretendía jaquear el orden de la propiedad sobre las cosas, de la distribución del ingreso y del modo mismo de tomar las decisiones sobre lo colectivo. La política de criminalizar la protesta social que buscaba reponer las jerarquías cuestionadas durante la crisis abierta en 2001, fue elaborada y sostenida por el gobierno de origen parlamentario de Eduardo Duhalde y avalada por los gobernadores del peronismo en los que se sostenía su gobierno. En la reconstrucción del dispositivo represivo –elaborado con sumo detalle en la que hasta hoy sigue siendo la investigación más completa de la masacre: Darío y Maxi, dignidad piquetera– el Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón reconoce los siguientes niveles que se articularon en esa coyuntura: a) el poder económico que había exigido la pacificación y normalización represiva del país a través de Eduardo Escasany, presidente de la Asociación de Bancos de la República Argentina y Enrique Crotto, presidente de la Sociedad Rural Argentina; b) el entramado político, liderado por el entonces presidente Eduardo Duhalde y su secretario de seguridad Juan José Álvarez (que participaba en el andamiaje represivo presentándose como “paloma”, esto es, el ala blanda del complejo ordenancista), quien había compartido un almuerzo con los gobernadores peronistas reunidos en La Pampa, el 14 de mayo de ese año, en el que el cordobés José Manuel De la Sota, el pampeano Rubén Marín y el salteño Juan Carlos Romero pidieron “una represión aleccionadora a nivel nacional”; c) el nivel represivo que, en el operativo del 26 de junio, puso en marcha un tipo de coordinación inédita: por primera vez, actuaron de manera conjunta las tres fuerzas federales (Gendarmería, Prefectura y Policía Federal), sumadas a la policía bonaerense. Este dispositivo actuó, retomando su vieja costumbre, con un rostro legal y otro clandestino. En los hechos de Avellaneda “participaron muchos más agentes que los reconocidos: formaron parte de la represión efectivos que no figuraron en los reportes oficiales, de uniforme o vestidos de civil, incluso retirados de la policía convocados con anticipación”, como revela la investigación del MTD Aníbal Verón. La masacre de Avellaneda fue parte de una “decisión política”, y la cacería de la estación fue ejecutada de manera directa por el Comisario Inspector Alfredo Luis Fanchiotti (cuyo historial se remonta a otra masacre: la recuperación del cuartel militar de La Tablada), quien obedeció a la “orden de matar” procedente del Comisario Mayor Félix Osvaldo Vega. Luego de disparar sobre Darío y Maxi, Fanchiotti difundió la versión –acordada antes y avalada luego por todo el gobierno, particularmente por Álvarez– de que los piqueteros se habían “matado entre ellos”. A dos décadas de la masacre aún no se ha avanzado desde el poder judicial en la determinación de responsabilidades políticas sobre las acciones de Fanchiotti.

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02. Una coyuntura clave. En ningún caso conviene ignorar lo que se juega en la redistribución de nombres y fechas en torno a los años de la crisis de 2001. Si aceptamos situar, como propone Mariano Pacheco en Desde abajo y a la izquierda, el comienzo del ciclo de luchas antineoliberales de fines del siglo pasado en el 1ro de enero de 1994, fecha del alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, las consecuencias de esta afirmación son inmediatas y profundas. Porque inscribe el nuevo tiempo como parte de un período histórico caracterizado como la “cuarta guerra mundial”. No es un detalle menor colocar dentro de esta zaga al 2001 argentino (el 11 de septiembre de ese año estallaron las Torres Gemelas en Nueva York). En ambos casos se verifica una reacción global en la que el fundamento del poder político resulta inseparable de la aplicación de una violencia planetaria que se ejerce en nombre de la paz. Es dentro de este cuadro que Pacheco lee la Masacre de Avellaneda, episodio clave para entender cierta fisonomía que posteriormente adoptó el kirchnerismo:

“No por los asesinatos en sí, por más brutal que haya sido la represión e impactantes las imágenes de los trágicos sucesos, sino porque el 26 de junio de 2002 es el punto de quiebre de ese proceso abierto en 1996. La “Masacre de Avellaneda” se torna central, entonces, para comprender lo que ha pasado durante los últimos quince años en el país, entre otras cosas, porque impuso un doble límite. Por un lado, la masiva respuesta en repudio a la represión que se cobró la vida de dos jóvenes militantes no solo generó el adelantamiento de las elecciones (cuyo ganador, como todos sabemos, fue Néstor Kirchner), y el repliegue político de Eduardo Duhalde, sino también el fin o al menos el aplazamiento, de una respuesta abiertamente represiva a la crisis de 2001. El kirchnerismo fue la salida garantista, redistributiva, en otras palabras, la respuesta progresista que este sistema encontró ante el fuego de los piquetes y el ruido de las cacerolas”.

Esta afirmación de Pacheco sobre el kirchnerismo permite pensar dos cosas a la vez. Por un lado, que fue una “salida garantista, redistributiva, en otras palabras, la respuesta progresista” y por otro que esa salida fue operada desde “este sistema” frente al desafío impuesto por la movilización popular. Es decir que del 2001 al 2003 se producen una serie de cambios de dinámicas que hay que apreciar con cierto cuidado: de una salida represiva a una salida progresista y, a la vez, de una la política por abajo que cuestiona el sistema, a una política por arriba que lo asegura. Estos desplazamientos, pensamos como Pacheco, se cuajan en torno a los sucesos del 26 de junio de 2002, fecha lo suficientemente densa como para concitar el recuerdo, el repudio a los asesinos y la reflexión sobre sus consecuencias históricas y políticas.

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03. Mitologías y revoluciones. A veinte años de estos sucesos, se disipa la pregunta sobre si el kirchnerismo sería o no capaz de reconocer en 2001 la fecha de aquello que lo precedió: la condición misma de su propia emergencia. ¿Podían esos hechos ser tratados como una suerte de “17 de octubre”, propio y diferente, en el que la política por abajo precediera a la acción organizativa por arriba y determinara la escena inicial que los liderazgos posteriores debieran aceptar como fundante? Si en 1945 la clase trabajadora salió a ocupar la Plaza de Mayo vivando el nombre de Juan Domingo Perón –reconociendo en ese acto a su líder– para reclamar su liberación (había sido confinado por las fuerzas militares a la prisión de la isla Martín García), en las jornadas de 2001 no había nombre alguno que vitorear. La consigna “que se vayan todos, que no quede ni uno sólo” fue concluyente al respecto. A diferencia de octubre del 45, secuencia que suponía una dialéctica positiva entre líder y masas, 2001 esbozaba un tipo de política desde abajo sin certezas sobre los futuros liderazgos. Ese vacío en el que se hubieran podido procesar novedades históricas de fondo, no fue aceptado por el kirchnerismo (forma política estatal emergente de la secuencia que va de la crisis abierta entre el 19 y 20 de diciembre de 2001 y la masacre del 26 de junio de 2002), que acudió para llenarlo a rituales verticalizantes provenientes de un pasado distante y originado en un contexto distinto; de una tradición que no se abría a lo que pudiera surgir de una elaboración de las dinámicas protagonizadas por las luchas y organizaciones que se desplegaban al comenzar el siglo. 

Si el peronismo del 45 tuvo un proyecto histórico y su formación es parte de una controversia sobre la revolución (Cooke decía que el primer peronismo resolvía hasta donde le fue posible las tareas de la revolución democrático burguesa), el Kirchnerismo, en cambio, contiene más bien una reflexión sobre la historia. Este cambio de perspectivas –de la revolución a la historia, señalado por Javier Trímboli– supone un cambio de horizonte muy preciso. Dentro de la problemática revolucionaria las izquierdas encarnaban el porvenir y las clases dominantes responden de modo reaccionario. El cambio en curso invierte los términos del razonamiento y redistribuye roles:  son ahora los neoliberales quienes se ocupan del futuro, concediendo a las fuerzas populares el cuidado de la memoria, tratando de frenar en lo posible la realización del proyecto enemigo. Ahí donde octubre del 45 proponía el horizonte progresivo, y el 55 la cerraba vía el recurso a las armas, diciembre de 2001 era el trastabillar de la democracia de la derrota y la oportunidad de una nueva secuencia política. 

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El Kirchnerismo no fue, por tanto, la prolongación de ese gran movimiento destituyente, sino la forma defensiva en la que se tramitó la coyuntura después de los hechos del Puente Pueyrredón. Una salida no represiva para una imaginación política popular que comenzaba a dar signos de fatiga y bloqueo en su proceso de experimentación. Un nuevo tipo de normalización apoyado en una enmienda exitosa del sistema político, y una apuesta –módica pero efectiva– a incluir el universo social insumiso en el Estado a partir de políticas reparatorias y consagración de derechos sociales. Tal inclusión no dejó nunca ser paradojal, porque ahí donde ciertas lenguas disidentes eran tomadas en cuenta en la forja de la narrativa oficial, no se alcanzaba con ello a superar el marco de las limitaciones estructurales de redistribución de poder tolerado por un neoliberalismo periférico. 

04. Darío y Maxi por venir. A dos décadas de la masacre de Avellaneda podemos preguntarnos si no fue éste el episodio represivo decisivo a la hora de enderezar definitivamente la política hacia su eje vertical (no sólo en lo relativo al vínculo líder-masas, sino también al que se da entre las clases sociales), sepultando aquel otro eje que (con antecedente quizás en el cordobazo) procuró forzar nuevos lineamientos más horizontales en torno a liderazgos colectivos. Más que un tema del pasado, se trata de una cuestión del presente inmediato, puesto que si desde entonces la política de la verdad triunfadora es la cínica enunciación según la cual las contiendas electorales pueden decidir por sí mismas momentos igualitarios y transformadores, la enorme frustración social acumulada amenaza con orientarse hacia la política de la verdad de corte neofascista, mucho más sincera en su –antipolítica– postulación supremacista. Echar una mirada a los años 2001-2002 no es por tanto nostalgia, sino ocasión de un razonamiento impostergable, sobre la naturaleza misma de una política de la verdad de tipo igualitario, que no vendrá de arriba, ni como táctica electoral ni como acierto en el plano de la gestión (aún si todo eso pudiera ayudar y mucho) sin un fuerte impulso de masas. Ni antipolítica, ni política del sistema. Una política de la verdad que nace desde abajo, siempre aniquilada, siempre pendiente, siempre en preparación y siempre por venir. Eso es lo que entrevemos en la conmoción que se produce en nosotrxs cada vez que pronunciamos esos nombres: Darío y Maxi.

Buenos Aires, 18 de abril 2022

(*) El texto forma parte del libro Darío y Maxi. 20 junios. La ilustración pertenece a Maximiliano Kosteki.

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