El 26 de junio perdura con la vigencia del 2001

El 26 de junio se inscribe en un tapiz de numerosos hilos habitualmente denominado “2001”. En términos biográficos yo no viví de manera directa el proceso del 2001 y sus repliegues estivales. Entre septiembre de 2001 y mayo de 2002 residí en París, adonde había viajado para proseguir estudios doctorales. Si bien me informé con interés sobre los acontecimientos argentinos (incluso participé de un panel sobre la crisis en la “Casa Argentina” de la parisina Ciudad Universitaria, a principios de 2002), el regreso al país impuso la necesidad de situarme en un contexto cuyas posibilidades parecían, no solo a mí, incalculables. Poco después retomé la militancia, de la que me había distanciado en los años finales de la década de 1990. Esa fue una experiencia de numerosas personas interpeladas por la efervescencia de la crisis.

Es cierto que puede haber una distorsión retrospectiva pues sabemos qué ocurrió en la mañana de ese día 26 de junio. Necesitamos una reconstrucción etnográfica del momento. Pero solo se ocultaba a quien no quisiera verla la acumulación de señales de que el Estado burgués estaba decidido a ajustar cuentas. ¿Con quiénes? En primer término con el movimiento piquetero como un protagonista de una forma de lucha de clases que recién comenzaba a ser comprendida.

Si esa centralidad es indudable, el árbol oculta mal este bosque: el movimiento piquetero ingresaba a una solidaridad virtual, discontinua, no estratégica pero eventual, con asambleas barriales, empresas recuperadas, organizaciones de derechos humanos, agrupaciones de izquierda, núcleos combativos de la clase obrera, entre otros. Neutralizar al movimiento piquetero, entonces, significaba mucho más que eliminar o someter a una fuerza social minoritaria pero bien activa. Suponía golpear al movimiento social heterogéneo cuyos contactos y alianzas más o menos sólidos identificamos con el escenario del “2001”. No olvidemos que el corte del Puente Pueyrredón tenía junto a sus reivindicaciones sectoriales la oposición a la amenaza de un asalto contra la toma-recuperación por sus trabajadores de la fábrica ceramista Zanón, en Neuquén. O lo que es lo mismo, expresaba la posibilidad de una solidaridad de clase en despliegue. En junio de 2002 la colisión entre el Estado burgués en procura de reimposición del orden y el movimiento social, especialmente el piquetero, se percibía en el ambiente. Derrotar el corte del Puente Pueyrredón pretendía vencer al movimiento piquetero en todo el país. Fue un mensaje terrorista.

Esa mañana invernal la cita era en las proximidades del Puente. Yo vivía por entonces en el barrio porteño de Villa Crespo, a unos 12 kilómetros del límite con Avellaneda. Salí en bicicleta a las 8:30 con la idea de llegar poco después de las 9:10. Me demoré un poco debido a cortes de calle policiales obligaban a dar algunos unos rodeos. Cuando llegué al puente la represión ya había ocurrido. El olor a gas lacrimógeno recorría varias cuadras. La policía se desplegaba en lógica de cacería por la avenida Hipólito Yrigoyen y sus laterales.

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La sensación primera fue la de una política del miedo. En otras palabras, el convencimiento de que se avecinaba una dinámica represiva generalizada. No se olvide que todavía estábamos en un escenario crítico de elevada excepcionalidad. La segunda sensación puso de relieve el problema de la fragmentación de los sujetos de la nueva lucha de clases (admito que esto es anacrónico porque solo en parte se comenzó a conceptualizar al movimiento piquetero como integrante pleno de la clase obrera; incluso hoy se da crédito al concepto inadecuado de “población marginal”, forjado por el sociólogo José Nun). La solidaridad virtual no podía permanecer silente. Era preciso comunicar las luchas. No para unificarlas en un sistema sin residuos, pues la idea unitaria de un sujeto popular homogéneo estaba desajustado del tejido social disgregado vigente en la estructura social contemporánea. Pero sí para diseñar encuentros y alianzas alrededor de un conjunto claro de demandas compartidas. Lamentablemente, los rasgos conservadores de la Confederación General del Trabajo, la CGT, sin dudas la organización mejor situada para realizar esas conexiones, la sustraían de cualquier tentación de encarar semejante proyecto.

El desafío de la dispersión suscitó la necesidad de intentar conectar distintas luchas y potencialidades. Por eso nunca vi con buenos ojos las formas más unilaterales del “autonomismo”. Si bien el autonomismo tenía un momento de verdad ante una cultura política izquierdista donde el desarrollo de la propia organización -a la espera de la revolución en clave “bolchevique”- prevalecía sobre la suerte del movimiento y la lucha, considerada como verdad filosófica el autonomismo era antipolítico y dañino. En la pequeña organización en que milité en esos años, Cimientos, basada sobre todo en la zona oeste del Gran Buenos Aires (más concretamente en Morón y Haedo), intentamos estimular la difusión de experiencias de lucha. Por ejemplo, distribuíamos en la entrada del Parque Industrial “La Cantábrica” pequeños documentos de cuatro carillas donde se incluía algún reportaje a activistas de diversas experiencias. El objetivo era transmitir prácticas e invenciones organizativas, incluso de distintos ámbitos, para hacer conocer lo hecho en otras circunstancias. Recuerdo una entrevista relatando el caso del sindicato del Subte. Algunxs activistas tenían vínculo con organizacion como el FOL (Frente de Organizaciones en Lucha), y la idea era la misma: neutralizar la fragmentación.

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Para evaluar mejor el presente debo regresar otra vez al 2001 para evaluar mejor el presente. Me parece en ese momento crítico se desplegó la tensión, agredida con violencia criminal, de la exterioridad de los movimientos sociales respecto del Estado. Desde luego, no lo pienso como distancia esencial e inmodificable. De hecho, los movimientos sociales casi siempre interpelan y demandan al Estado, derechos, recursos, protección, etcétera. Sin embargo, jamás pierden algún grado de autonomía. Si situamos esta condición en el tiempo, más allá de una definición solo conceptual y por ende estática, las relaciones de los movimientos sociales con el Estado son dinámicas, se transforman, no siguen una secuencia siempre previsible. Los movimientos sociales se modifican internamente y cambian sus vínculos con otros movimientos y con un Estado que no es una configuración inalterable.

Lo peculiar del movimiento piquetero respecto de otros movimientos sociales, como los surgidos de la fase ascendente del orden capitalista del periodo 1945-1975, es que expresa la crisis funcional de un sistema: la productividad expulsa del mercado laboral a segmentos significativos de la población. La movilidad social ascendente se ha derrumbado. El propio Banco Mundial admitió esta lógica en la década de 1990 e impulsó con el “Consenso de Washington 2” los programas de transferencia monetaria como contención de ese rasgo hoy constitutivo de la fase neoliberal del capital. Los movimientos de desocupados son entonces otra cosa que un fenómeno marginal. Como aquellos programas (tal la “Asignación”, AUH) son notoriamente insuficientes para cualquier perspectiva que supere la mera supervivencia, la conflictividad piquetera, expresada en la ocupación del espacio público, es un rasgo permanente. Y es lo que el Estado no puede tolerar sino en medidas homeopáticas.  

Desde un punto de vista estructural, el escenario actual es similar. Las gestiones gubernamentales son impotentes para modificarlo, pues obedece a la configuración contemporánea de la lógica del capital. La presencia del movimiento de desocupados en el espacio público persiste y perdurará. Es lo que aprendieron las gestiones burguesas de diferente signo: evitar un nuevo Kosteki, un nuevo Santillán, así como en otro segmento, otro Mariano Ferreyra. La táctica del Estado osciló desde entonces entre la negociación, la incorporación parcial a los mecanismos de subordinación y la amenaza represiva. Pero ante esta última opción, para los gobernantes siguen vigentes las figuras de Santillán y Kosteki. El actual ministro de Desarrollo Social, el kirchnerista Juan Zabaleta, puede amenazar con quitar los “planes” a quienes protesten en la vía pública, pero es impotente para llevarlo a cabo, como tampoco lo logró su antecesora macrista Carolina Stanley.

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La actualidad del 26 de junio perdura con la vigencia del 2001, ya convertido en “mito” en el sentido mariateguiano, es decir, como cantera de sentidos en disputa y capaz de regresar de sus cenizas. Si Walter Benjamin quiso corregir la confianza torpe del marxismo positivista en el futuro inexorable con una idea de revolución como “salto de tigre al pasado”, Mariátegui da una nueva vuelta de tuerca para retornar al porvenir cargado del impulso mítico de los antepasados vencidos.

Pienso que subsiste la irreductible resistencia de la lucha de clases a la integración de un orden capitalista en crisis, tanto en el plano global como en el nacional. La composición de la clase obrera, integrada por trabajadorxs sin medios de producción que les permitan vivir al margen de la relación salarial, se ha transformado. La biblioteca de las izquierdas está cambiando hace tiempo pero falta más reflexión y deshacerse de saberes en parte caducos. Por otra parte, no hay viabilidad de un proyecto de estabilización del orden burgués sin la incorporación sistemática de los amplios sectores excluidos o semi-excluidos de la relación salarial. Los gobernantes creen que la gente es un organismo simple tranquilizable con dosis de aceite, azúcar y fideos, pero se equivocan.

Hubo un instante en que creyeron en el regreso al capitalismo incluyente. Tal proyecto, soñado por Néstor Kirchner cuando dijo querer reconstruir la “burguesía nacional”, es quimérico. Es también lo que hace del movimiento de desocupados un segmento importante de la clase obrera. Esa es la actualidad de Maxi y Darío como, otra vez, mitos mariateguianos. La cuestión es, desde luego, qué se proyecta desde allí, cuáles son los vectores hacia un porvenir diferente al que nos condena la crisis constitutiva del orden capitalista, sea en sus versiones neoliberales, populistas pro-capitalistas o ultraderechistas.

Una de las intervenciones teóricas que he propuesto en el contexto del post 2001 y las discusiones sobre la estrategia de las izquierdas fue dinamizar (tendría que decir dialectizar, pero eso me obligaría a explicaciones para las que no hay espacio) la oposición entre izquierda tradicional y nueva izquierda “independiente”. O lo que es lo mismo, cuestionar la exterioridad entre una izquierda que recupera lo aún válido del pasado “leninista” y otra izquierda que valora las dimensiones de la autonomía y la construcción desde abajo, local y democrática. Entiendo que el legado de la jornada del 26 puede ser leída como la memoria activa de una promesa: construir un poder popular en pugna con una lógica capitalista cada vez más inviable. 

Omar Acha es docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA e Investigdor del CONICET.

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