Apostillas a la crisis educativa

Mucho se habla de los resultados de las pruebas estandarizadas y los magros rendimientos que éstas arrojan de manera sistemática. Pero poco y nada se habla de un sistema frankensteiniano (si se me permite el calificativo) producto de la batería de políticas reformistas que se llevan adelante, sin participación docente.  

Ya habíamos comentado la poca o nula objetividad de las pruebas estandarizadas, por la manipulación que pueden sufrir, cuestión que ya fue probada con las pruebas PISA.Y en el plano nacional, las declaraciones de la viceministra Silvina Gvritz lo convalidó con su comentario sobre los resultados del Informe Aprender presentado recientemente (ver artículo completo).

La realidad indica que la estandarización educativa es un fraude desde múltiples perspectivas, la manipulación de los resultados, el uso de la información encuestada para hacer negocios megamillonarios en el caso del tándem OCDE-PISA-Pearson (la editora de las pruebas), a lo que se suma la utilización de los resultados para diseñar nuevas políticas instrumentales.

Pero más allá de los crueles efectos de estas políticas macro que se construyen en función de los intereses corporativo/empresariales, lo que se necesita es un reconocimiento de que el estado de crisis es el efecto de esas políticas reformistas que estallaron la cohesión del sistema educativo.

Bajo la mascarada del federalismo se desnacionalizó el sistema educativo, de hecho habitan 24 sistemas educativos que corresponden a las 24 jurisdicciones del país. En ese contexto, reconocido por el propio ministro Jaime Perczyk (ver  aquí),  el ministerio de educación nacional tiene como actividad mantener la operatividad del Consejo Federal de Educación que poca o nula injerencia tiene para definir currículas, pedagogías, didácticas, en síntesis, lo que hace a la especificidad de la educación. Otra de las crueles apostillas, sin cohesión sistémica el acuerdo, tácito en el gobierno nacional, explícito en el de la Ciudad de Buenos Aires, es que el mercado regule el desmembramiento.

Ya no se trata de “desgranamiento”, concepto aplicado al abandono escolar, sino al proceso de desposesión constante producto de la transferencia  de la educación pública al mercado educativo vía proceso de endoprivatización cada vez más acelerado. 

El trabajo docente se transforma, bajo la gramática reformista, en la de un facilitador cada vez más alejado de su propia práctica. Al mismo tiempo  la tecnología, que podría ser una herramienta que permitiera debatir formatos didácticos, resulta un instrumento que lo aleja de su quehacer central, enseñar.  

Puesto que de acuerdo con los “mandatos” y “recomendaciones” de los organizadores de la educación global, el centro de la escena, lo ocupa el aprendizaje; ya no se trata de “educación para todos”, sino de “aprendizaje para todos”.

El cambio epistemológico sobre la denominada cultura de la educación producida por los reformadores obliga a un cambio semiótico, un cambio de señales que deben ser percibidas como positivas por el conjunto de la población en general y por la docencia, en particular; aunque sus objetivos lleven el virus de la desposesión de la educación pública en todos los sentidos, desde la generación de “hombres sin atributos”, como definió, de manera brillante, Angelique del Rey a los estudiantes formados en la educación por competencias; hasta la separación total del docente de sus prácticas, suplantadas por las tecnologías de la educación y por las organizaciones de la sociedad civil y las empresas devenidas en “neo-profesores” del siglo XXI.

El negocio es mundial, como las pruebas PISA y es por eso que les urge la imperiosa necesidad de acelerar los procesos de estandarización hacia una instrucción global en que los contenidos y los docentes pasen a ser parte del museo, puesto que como ha dicho la ministra de educación de la Ciudad de Buenos Aires,  Soledad Acuña – referente ejemplar de la reforma en la era corporativa – en un programa del canal Nación+,  el contexto del aprendizaje por competencias es el que remite a “no enseñar contenidos porque hoy los contenidos, los chicos los tienen acá…”, mientras señalaba su teléfono celular y agregó,  “utilizar esa información para resolver problemas, para comunicarse, para adaptarse a situaciones cambiantes, para generar trabajo grupal y colectivo, eso es trabajar por competencias…”.

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El trabajo por competencias que ya se ha implementado, según la ministra, en educación inicial y secundaria es lo que genera el vacío estructural de la educación, lo que lleva directamente a formas instrumentales de pensamiento, anulando la capacidad del pensamiento crítico del que mucho se pregona pero que está ausente en la escuela o travestido en una versión edulcorada que se identifica con un juicio de valor, que clausura el desarrollo crítico al mismo tiempo que se anulan las posibilidades de la lectura interpretativa e incluso el estadio anterior, la comprensión.

Ahí tenemos otra de las apostillas que abonan la “crisis educativa”, el cambio hacia un paradigma impuesto por la necesidad de crear un nuevo nicho de mercado para la acumulación de capital y la necesidad de ese mercado de reemplazar al docente como figura central en el complejo proceso de enseñanza-aprendizaje, porque en la educación por competencias se relativiza la enseñanza (cualquiera puede impartirla) y se focaliza el aprendizaje, de ahí los rankings según los resultados y la competencia empresarial por las ventas de “plataformas educativas”.

Dos líneas en curso, instrucción por competencias con foco en los aprendizajes y desplazamiento de la figura docente travestida en “facilitador” y corrida del centro de la escena educativa. Lo que nos deja que las estrategias didácticas y pedagógicas son asumidas por las tecnologías de la educación y los actores del mercado.

Dos ejemplos, uno el convenio con las empresas y fundaciones corporativas que hace el gobierno de la Ciudad  para capacitación docente, de directivos y talleres para estudiantes con prácticas en empresas. El otro, el del gobierno nacional, es igual.

Inicia Educación es un fondo de inversión, que forma parte de la Coalición Latinoamericana para la Excelencia Docente, la red de más de 14 países, de la que forma parte el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,  que reúne académicos, gestores de políticas públicas, docentes y directivos de fundaciones gracias a la iniciativa de El Diálogo Interamericano  y la Fundación Varkey con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), la moderna oficina de Indias, lo más rancio de los artífices de la reforma educativa provenientes del mundillo privado (sólo una pequeña muestra actualizada del cuadro de situación).

En esa línea, uno de los últimos convenios firmados por la Ciudad en materia de educación es con la empresa Pampa Energía, fundadora de la ONG Argentinos por la Educación, un conjunto de CEOs, “preocupados” por la educación, pero más preocupados por las exenciones  impositivas y por el valor agregado que implica formar estudiantes como recursos humanos precarizados.

El acuerdo de colaboración con Pampa Energía  es otro que se suma a los cientos de convenios que tiene el ministerio de Soledad Acuña para lo que llamaron actividades de cooperación institucional y asistencia técnica. La noticia del propio ministerio dice que: “Las Actividades de Aproximación al Mundo del Trabajo y a los Estudios Superiores (ACAP) se realizarán de forma presencial en la sede de la entidad, a donde los estudiantes asistirán 3 veces por semana, de 8.30 a 12 h, hasta cumplir 80 horas reloj”.

 A través de este acuerdo, 80 estudiantes recibirán instrucción sobre “Metodología agile, programación y movilidad, gestión de proyectos, trasformación digital, analytics y Big Data, blockchain y criptomonedas…”, entre otros temas tan “importantes” para la formación  de las jóvenes generaciones.

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Podemos asegurar que de las 5 jornadas de clase semanales, 3 estarán en la empresa privada, donde seguramente no les explicarán porqué el CEO, Marcelo Mindlin, firmante del acuerdo, es uno de los centimultimillonarios de Argentina con la friolera de 360 millones de dólares, que según la revista Forbes tiene como riqueza personal por la que ocupa el puesto 37 de los millonarios en Argentina.

¿Pampa Energía tendrá exenciones impositivas, además de contar con “recursos humanos” sin costo? La primera parte de la interrogación es afirmativa y la segunda, también.

Los ministerios en general, pero el de educación en particular, deberían tener un apartado, más allá del de propaganda, en el que se publiquen todos los textos de los acuerdos y convenios que se realizan con entidades del sector privado, un apartado de fácil acceso en el que haya una copia del documento firmado entre el responsable del organismo público y la entidad privada, más allá de la publicación en el Boletín Oficial. Así la ciudadanía tendría acceso directo a lo que llaman “transparencia” y a la “letra chica”.

Una pregunta que no demasiadas veces aparece en el escenario político es: ¿por qué no hay un debate  profundo sobre el modelo educativo entre la derecha neoliberal, representada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en este caso) y el autopercibido  progresismo kirchno-peronista del gobierno nacional, contemplando las variantes provinciales que se mueven entre uno y otro signo?

La respuesta, no parece muy complicada. Ambos llevan a cabo las mismas políticas con diferencia de matices que no hacen mella a la hora de mostrar que los conceptos principales contenidos en los principios reformistas se cumplen como dijimos: de manera explícita, amparados en el discurso publicitario, en unos y de manera implícita, refugiados en un discurso progresista, en los otros.

Como muestra vale el convenio realizado por el ahora ex ministro, Nicolás Trotta, que en diciembre de 2020 se mostraba en un zoom junto a directivos de la multinacional de la burbujeante bebida,  promocionando y celebrando el proyecto ProgramON, llevado a cabo por Coca-Cola junto a la ong, chicos.net, para capacitar a jóvenes de 17 a 24 años, que estén cursando el último año del secundario, en las “habilidades del siglo XXI”. Como también dejábamos consignado en  “De la burbuja escolar al burbujeante refresco educativo”. En este caso puntual de Coca – Cola en su maridaje con chicos.net, siendo esta última aliada de Disney, con el programa Disney TinkerLab, que ofrece modelos de aprendizaje para “aprender a aprender para toda la vida: alfabetización digital, colaboración, creatividad, pensamiento crítico y comunicación”, discurso publicitario por excelencia para las ventas de sus plataformas digitales.

Vemos que se multiplican los convenios publico/privados, otorgándole al “privado” el lugar de privilegio gerencial como la aberración que significa contraer acuerdos con los emporios del agronegocio para que desarrollen la educación técnica agropecuaria.

El ministerio de agroindustria en 2016, durante el gobierno de derecha neoliberal de Mauricio Macri, había dictado la resolución 349 por la cual “se institucionaliza y profundiza una práctica que venía del gobierno anterior”, esto es, del gobierno nacional y popular kirchnerista.

Esas prácticas quedan así institucionalizadas por la creación, vía la resolución citada, del programa Escuelagro que continúa funcionando en la misma órbita ministerial y que vincula empresas y organismos oficiales en la tarea de brindar “aprendizajes” en las escuelas públicas desde sus talleres y cursos, para docentes y estudiantes.

 Así como la creación de manuales donde se explicitan las “buenas prácticas agrícolas”, y las “bondades” de los transgénicos, muchos de esos insumos didácticos, como el manual “Biotecnología y mejoramiento vegetal “fue editado por Argenbio, organización de lobby científico-político fundado por las empresas Syngenta, Monsanto, Bayer, Basf, Bioceres, Dow, Nidera y Pioneer, todas productoras de transgénicos y agroquímicos. Una de las editoras del manual es Clara Rubinstein, de Monsanto…”.

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No necesitamos mucho más para ver las continuidades del modelo frankensteiniano en que han convertido al sistema educativo, donde la grieta no existe, porque las decisiones políticas están sostenidas por la Ley de Educación Nacional 26.206 que es la que citan de manera continua, desde el progresismo nacional y popular hasta la derecha neoliberal, porque la lógica que sostiene la ley le da sustento a la reforma neoliberal de la educación que habilita y promueve el mercado corporativo y sus métodos de desposesión con procesos de endoprivatización creciente como venimos describiendo desde hace muchos años.

Este artículo intenta seguir mostrando los objetivos de una reforma  que no sólo impone la colonización cultural necesaria con el cambio de paradigma, sino que flexibiliza las resistencias de lucha social, imponiendo el patrón de la adaptación a cambios que de ninguna manera son naturales, sino ideológicos, es decir que se impone con la didáctica del adoctrinamiento y la pedagogía instrumental.

Apostillas de apostillas

Cuando empezaba a escribir este artículo, leí un comunicado que denunciaba el accionar policial de la fuerza a cargo del ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, porque intentó amedrentar a docentes que iban a realizar una asamblea en la Escuela Media N° 8 de La Plata. Habían ido luego de una operación de inteligencia, así lo manifestó la propia policía.

¿La policía hace inteligencia sobre la docencia, amedrenta y eso no tiene consecuencias?

¿Acaso esas prácticas no forman parte de la pedagogía del terrorismo de Estado?

Esas acciones de la realidad deben ser tomadas por la pedagogía crítica como contenido para debatir en el aula, aunque van a aparecer funcionarios y funcionarias amantes de la “pureza”, que tildarán de “adoctrinamiento” que el mal accionar de las fuerzas de orden se transforme en material para el debate escolar. 

Mientras termino estas líneas, leo que en una escuela de la localidad de Baradero, en la provincia de Buenos Aires, las niñas y una docente tienen el herbicida glifosato en el cuerpo. Una cuestión que se neutraliza hablando de “las buenas prácticas agrícolas” en los talleres, cursos y seminarios brindados por las propias corporaciones y su bibliografía en las escuelas de formación agropecuaria, como vimos más arriba.

Por otra parte, los conflictos docentes se multiplican en todas las jurisdicciones por reclamos salariales, condiciones laborales, reformas estatutarias que vulneran derechos, mientras el ministro Jaime Perczyk, firma un convenio en Catamarca para que la Nación financie durante 5 años 1 hora más de clase, estrategia que según el propio funcionario sería para profundizar Lengua y Matemática, decisión que no contempla ningún argumento pedagógico, más que el aumento en la carga horaria y la falaz creencia que a mayor tiempo, mejores resultados.

También publicita la inversión, poco más de 42 millones de pesos, con una ong católica, Familia Grande Hogar de Cristo, en el marco del programa Volvé a la Escuela, en el que lleva invertidos  5.000 millones y que según el ministro Perczyk, lograron que se revincularan 302.000 estudiantes.

Los dineros públicos, que ingresan vía créditos internacionales, se distribuyen en entidades empresariales y/o religiosas para que cumplan la función de la que debería encargarse el ministerio – parafraseando a Angelique del Rey – sin atributos, que terceriza la tarea que le corresponde, transformando su esencia en una mera agencia de contrataciones.  

Pero donde sí hay una relación directa con el tema cognitivo es con la alimentación, la salud y la vivienda. Mientras estos temas no se solucionen y no es la escuela donde se deben solucionar, ni la responsabilidad es del conjunto de la docencia, sino de los gobiernos (nacional y provinciales) y sus decisiones políticas; podrán aumentar la carga horaria, entregar computadoras con las plataformas corporativas, que mientras continúen más del 50% de niñes y adolescentes sin el sustento necesario, el futuro será cancelado, más allá de los eslogan sobre el desarrollo sostenible. 

Darío Balvidares – Profesor y Licenciado en Letras (FFyL-UBA). Fue docente durante 30 años y Rector de la Escuela de Comercio 3, Hipólito Vieytes (CABA). Como investigador es autor de “La educación en la era corporativa, la trama de la desposesión”. Herramienta Ediciones y ContrahegemoníaWeb (2019) CABA.  Y del ensayo “La novela educativa o el relato de la alienación”  Redes Cultura (2005) CABA, con prólogo de Osvaldo Bayer.

Actualmente forma parte del colectivo editor del portal de noticias tramas.ar  y del equipo de Periodismo en Movimiento, programa radial que se emite por FM La Colectiva 102.5 (CABA).

Además de decenas de trabajos y artículos publicados en Contrahegemonía Web; Rebelion.org, Otras Voces en Educación y tramas.ar  

Durante 15 años fue productor periodístico y columnista del programa radial La Deuda Eterna.

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