Humedales, una ley para protegerlos o para continuar con su destrucción

Aprovechando que la atención de la sociedad esta puesta en cómo enfrentar y sobrevivir ante la crisis económico-social, el ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandie, presentó en el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) un nuevo proyecto de Ley de Humedales. Una propuesta que es duramente cuestionada por la Multisectorial por los Humedales, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, la Red Nacional de Humedales, y otras organizaciones sociales, pues ignora las principales definiciones del proyecto de ley consensuado por más de 380 organizaciones de todo el país, que con el aval de un conjunto de diputados fue remitido al Congreso para su tratamiento.

La necesidad de una ley que proteja y preserve los humedales de nuestro país, como se viene señalando desde hace años, es de vital importancia, por sus implicancias para la supervivencia de los diversos y esenciales ecosistemas y por la incidencia que tiene en la elaboración de estrategias que permitan enfrentar el cambio climático y sus consecuencias.

Argentina cuenta con aproximadamente 600.000 km2 de humedales, lo que representa el 21% de todo el territorio nacional. Son ecosistemas que abarcan una amplia variedad de geografías como deltas, esteros, bañados, lagunas, costas marinas, que tienen como elemento clave el agua. Son tierras, que en forma permanente o por tiempos determinados, están cubiertas por aguas y sostienen una gran diversidad de especies vegetales y animales que a lo largo del tiempo se han ido adaptando y viven en esas particulares condiciones. El 40% de la biodiversidad mundial vive o se reproduce en ellos, sirven para mitigar los efectos que provocan las sequías, colaborando con la protección contra los incendios; ayudan en el control de inundaciones y por ser fuentes de provisión de agua, históricamente han sido territorio para el asentamientos de poblaciones que deben ser protegidas en sus formas de vida y sus culturas.

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Estos espacios son definidos y protegidos por la Convención sobre Humedales, conocida como el RAMSAR, un tratado ambiental intergubernamental establecido en 1971 por la UNESCO, que entró en vigor en 1975 y que nuestro país suscribió. Proporciona la base para la acción nacional y cooperación internacional con respecto a la conservación de humedales y el uso racional y sostenible de sus recursos.

Dos proyectos contrapuestos

El proyecto consensuado, fue realizado en un proceso donde todos los actores involucrados en la actividad que se lleva a cabo en los humedales fueron escuchados, y sus aportes e inquietudes fueron tenidos en cuenta. Eso se vio reflejado en el acompañamiento que tuvo la presentación con más de 25 diputados y senadores de distintas fuerzas políticas, desde el FIT hasta integrantes del Frente de Todos. https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2020/PDF2020/TP2020/3819-D-2020.pdf

La iniciativa colectiva contempla entre otros aspectos la creación de un Inventario Nacional de Humedales para conocer cuántos son, dónde están, qué características tienen y qué función cumplen en cada zona. Además, propone penalizar los incendios intencionales en estos territorios y busca regular, entre otras cuestiones, la aplicación de sustancias contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier origen, fumigaciones incluidas.

Este proyecto, fue presentado infructuosamente cuatro veces para su tratamiento parlamentario, por primera vez hace casi 10 años (2013) por el socialista Rubén Giustiniani, después (2016) por Fernando Pino Solanas. Y las dos últimas veces por el diputado Leonardo Grosso, la presentación anterior exprofeso, por la complicidad de parlamentarios con los lobbys de las corporaciones, perdió estado parlamentario en 2021. El 2 de marzo de este año volvió a presentarse, pero pasados varios meses, Sergio Massa, no casualmente, aun no lo remitió a las comisiones respectivas .

“Todos tuvimos la sensación de que esta resolución fue la crónica de una muerte anunciada del proyecto, que estuvo guardado en un cajón del despacho de un diputado del oficialismo, José Aragón (FdT), en la Comisión de Agricultura y Ganadería”, señaló Patricia- Pato- Pintos geógrafa y miembro de la Red Nacional de Humedales (ReNaHu) y agregó : “fue una gran desilusión para todo el colectivo de organizaciones socio-ambientales y referentes del mundo académico que tanto habíamos apostado por la ley.

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El ministro Cabandie, que previamente a las legislativas se había comprometido a apoyar la propuesta, presentó el 11 de julio ante el COFEMA , un nuevo proyecto que borra las principales normas del original y tal como denuncia la Multisectorial, “es funcional a los lobbys, del extractivismo y el agronegocio y la especulación inmobiliaria. Utilizó las herramientas burocráticas para cooptar el proyecto de ley de humedales consensuado y busca satisfacer intereses de los poderes económicos concentrados”

Según señala la Asociación de Abogados/as Ambientales la ley presentada en el COFEMA, modifica la definición de humedal reduciendo el ámbito de aplicación de la ley y los ecosistemas que protege; suprime la definición de expresiones como “Uso racional”, “Integridad ecológica”, “Evaluación de Impacto Estratégica” y “Evaluación de Impacto Ambiental”, “Preservación” y “Enfoque ecohidrogeomórifico” (la palabra “racional”, no existe en el proyecto de COFEMA, en contraste con la mención en 29 ocasiones en el otro proyecto); elimina directamente todas las funciones de la autoridad nacional de aplicación, desmereciendo cualquier intervención basada en la coordinación interjurisdiccional liderada por una autoridad federal; suprime plazos para que, tras la sanción de la Ley Nacional, las provincias deban elaborar un Ordenamiento Ambiental Territorial que incorpore a los humedales en sus territorios; destruye la noción de Inventario Nacional de Humedales al considerarlo facultativo y no como un deber del Estado, lo que implica una sentencia muerte legal para los humedales, antes siquiera de ser reconocidos como tal. También elimina plazos, las escalas de protección y el deber de actualización. Quita la moratoria, en una violación directa de los principios preventivo y precautorio; excluye a los pueblos indígenas y a la agricultura familiar del Programa Nacional de Conservación de Humedales; restringe inconstitucionalmente el derecho de acceso a la información pública.

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No es casual que el COFEMA le haya brindado su apoyo, está integrado por funcionarios de los gobiernos provinciales, ya sean la oposición o el oficialismo, que en su mayoría defienden los intereses de la megamineria, el fracking, la ampliación de la frontera del agronegocio a costa de incendiar el bosque nativo y el delta, de quienes envenenan las poblaciones y el agua fumigando con sus pesticidas y herbicidas y avanzan en territorios protegidos para hacer mega emprendimientos inmobiliarios.

Ahora es la hora

Hasta ahora sin regulación hemos tenido solo destrucción de vitales ecosistemas. En el Delta del Paraná, tanto en la zona de Rosario como en la zona de Entre Ríos, en la Patagonia, en Corrientes con los incendios que consumieron más del 10% de una provincia. Con la ley de Humedales consensuada, estos desastres no hubiesen sucedido o serían muy acotados y controlables. No se trata de cualquier ley y menos una regresiva, que se transformaría en un tapón para cualquier proyecto que genuinamente aspire a defender la vida de los humedales.

Sabemos que con la mejor ley no alcanza, aunque es un paso importante, lo que ocurre con el cumplimiento de ley de Glaciares aprobada en 2010 es un ejemplo de los límites de un Estado cuyos agentes son muy sensibles a las presiones de los poderosos, la normativa es solo el principio, los pueblos deben hacerla suya y pelear una dura batalla para impedir que sea burlada.

Está claro que en este tema, frente a la voracidad de quienes se apropian y arrasan con la naturaleza, con la vida en todas sus formas, entre los sucesivos gobiernos, ya sea que se proclamen neoliberales o se le opongan formalmente, hay más continuidad y coincidencias estructurales, que diferencias. La lógica de un productivismo destructor atado a la dependencia primaria de los commodities, unifica los discursos y justifica la depredación en beneficio de pocos frente a la pobreza de las mayorías.

En tiempos donde la humanidad irracionalmente amenaza su propia existencia, caminando inconscientemente hacia una catástrofe ecológica, disponer la extinción de los humedales, es un crimen que no deberíamos ni podemos permitir.

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