Histórica audiencia evita el desalojo a la comunidad originaria Pluma Blanca

La audiencia pública, que se llevó a cabo este jueves en Jesús María, no solo tuvo una masiva participación y unánime respaldo a la comunidad Pluma Blanca, de Candonga, sino que, además, logró convencer al juez Luis Belitzky de suspender la orden de desalojo que se presumía “inminente”.

Tras escuchar decenas de testimonios a favor de la comunidad comechingona y los derechos que tienen sobre las tierras en las que viven entre Candonga y El Manzano, el magistrado de Jesús María se comprometió a no librar el oficio de lanzamiento del desalojo hasta que la Cámara “no haya revisado las impugnaciones pendientes planteadas por la comunidad”.

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Carlos López es el Nawán de la Comunidad Pluma Blanca y, desde que nació, hace 42 años, vive en el monte que rodea el río Chavascate, entre Candonga y El Manzano, en Sierras Chicas. Sus progenitores y abueles residieron y trabajaron la tierra en el mismo territorio, solo que, con el correr de los años, fueron siendo expulsades hasta quedar en las casi 123 hectáreas que Carlos junto a su compañera Norma y sus cuatro hijes intentan defender.

Actualmente, la tierra ancestral de la Comunidad Pluma Blanca es disputada por Luis Ernesto Remonda, familia que fundó y fue propietaria de La Voz del Interior hasta su fusión con el Grupo Clarín. El nieto del fundador del diario tiene intereses inmobiliarios y vínculos mineros en la zona, y se encuentra en litigio desde hace años. En 2020, había recibido un fallo favorable por parte de la Justicia de primera instancia, pero el desalojo contra la familia López se encontraba en suspenso por la pandemia.

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Ahora, se presumía que la ejecución del desalojo podía ocurrir en cualquier momento, por eso la importancia de la promesa del juez de avanzar con esa orden.


“Fue un día significativo, inédito y trascendente para los pueblos indígenas en general y para la Comunidad Pluma Blanca en particular. La audiencia fue un hecho memorable, donde la Justicia pudo escuchar las diferentes voces y se demostró la trascendencia de este conflicto”, expresó la abogada Natalia Bilbao.


Las impugnaciones a la orden de desalojo tienen que ver con dos aspectos: que el fallo tenga en cuenta la aplicación del derecho indígena y que se tengan en cuentan los elementos que están en el expediente, que son a favor de la comunidad y que fueron obviados hasta ahora por la Justicia.

“Queda un trecho por andar, pero hoy ha sido un día muy importante. Hicimos llegar a la Justicia esas voces que durante muchos años y siglos fueron acalladas. Tenemos mucho empeño en seguir adelante para obtener una resolución justa”, cerró la letrada.

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Una jornada histórica para las comunidades de Córdoba

Durante casi cinco horas, representantes de comunidades originarias, pero también académicxs de diferentes áreas e integrantes de instituciones del Estado, organizaciones sociales y culturales, expusieron ante el juez Belitzky muchos y variados argumentos que demostraban por qué la comunidad no debería ser desalojada del lugar donde vive.

En diálogo con La tinta, el licenciado en Historia y profesor del Instituto de Culturas Aborígenes (ICA), Pablo Reyna, subrayó que hubo “una cantidad de argumentos jurídicos, antropológicos, históricos que dejaron bien parado el posicionamiento de la comunidad y que terminaron de doblegar la voluntad que tenía el Juzgado de ejecutar el desalojo inminente”.

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“Lo que presenciamos es un hecho histórico en Córdoba. Hay que significarlo y dimensionarlo en estos términos, porque no han existido instancias en los últimos 200 años en la que representantes de las comunidades puedan sentarse con la Justicia a hacer este tipo de planteos de reconocimiento. No existe en la historia de la provincia un antecedente como el que vivimos hoy”, sostuvo.


Reyna señaló que este hecho histórico fue posibilitado por la estrategia jurídica y política de las comunidades, la presión social vinculada a la visibilización del caso y, a nivel más macro, el contexto histórico actual de reemergencia indígena y renacer étnico.

En Córdoba, es todo un hito que esto suceda, porque la provincia siempre ha negado la presencia indígena. Recién en 2015, se reconoce la existencia de los pueblos comechingones, sanavirones y ranqueles, pero, antes de eso, se había mantenido un silencio terrorífico al respecto”, concluyó.

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* Texto e imágenes por Ezequiel Luque para La tinta.

Fuente: La Tinta

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