Geopolítica de la enfermedad

Una charla con el médico y militante social argentino Damián Verzeñassi 

Verzeñassi estuvo en Montevideo invitado por la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria (Sumefac). Participó en un taller con personal médico, dio una charla pública en el auditorio del Sindicato Médico y se estrenó como docente en un nuevo curso sobre salud socioambiental de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Un grupo de la Sumefac está operando actualmente en Rocha, en comunidades afectadas por los arrozales. «Los vecinos dicen que quieren saber qué les está pasando, porque están teniendo problemas de salud recurrentes que antes no tenían. Lo mismo que sucedía en Argentina. En toda América Latina estamos confrontados a un sistema muy aceitado,  que se ha ido implementando metódicamente desde hace décadas», dice en entrevista con Brecha.

Especialista en medicina integral, director del Instituto Nacional de Salud Socioambiental (INSSA) de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, Verzeñassi forma parte también de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina. En 2016 fue el único científico de esta parte del mundo que testificó en el tribunal internacional que juzgó en La Haya las actividades contaminantes de la transnacional Monsanto. Unos seis años antes había comenzado a impulsar y coordinar una idea original para América Latina: la de los campamentos sanitarios. Como práctica final, los estudiantes debían ir durante una semana a algún territorio para evaluar la salud de la población local en contexto. «Nuestra intención era que al menos una vez en su carrera el alumno pudiera trabajar en territorio, entrar en contacto con sus habitantes, ver lo que sucede realmente en las poblaciones», contó a Brecha. Durante la década que duró la experiencia, se llevaron a cabo más de 40 campamentos sanitarios en localidades rurales de menos de 10 mil personas de las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires. La gran mayoría en los «pueblos fumigados», en los que sus habitantes viven, estudian, trabajan a muy poca distancia de donde productores de trigo, maíz,  y sobre todo soja rocían sus cultivos con herbicidas y pesticidas.

Por lo general los estudiantes iban al domicilio de la gente, encuestando sobre sus condiciones sanitarias. Recababan enormidad de datos, que servían de base para la elaboración de un informe definitivo del INSSA y que luego vertían a la propia comunidad, con la que se reunían en talleres. «Al principio nos llamaba la atención que cuando preguntábamos por los problemas de salud que identificaban muchos pobladores nos decían que el principal era que ya no morían de viejos. Era una simple constatación que quería decir muchas cosas.» Las medias de casos de diversos tipos de cáncer en esas localidades eran mucho más altas que en otras de la propia zona o a nivel nacional. También las medias de enfermedades neurológicas, endócrinas, respiratorias, dermatológicas, de abortos espontáneos, de malformaciones. Vaya casualidad, dice Verzeñassi, que el estallido de esas patologías «coincida temporalmente con la instalación de agroindustrias dependientes de agrotóxicos. Lo mismo sucede en Neuquén, en la zona de Vaca Muerta, en Catamarca o en San Juan, es decir, en las zonas mineras. El modelo extractivista en su conjunto es el causante de todo esto. Rompe los ojos. Basta con superponer mapas, comparar datos. Pero todavía muchos no lo quieren ver».

Los campamentos sanitarios molestaban. A los empresarios del agronegocio, en primer lugar. También a dirigentes políticos de todos los pelos. «Y lo más lamentable es que también a sectores de las universidades públicas.» En 2019 fueron suspendidos por las autoridades recién electas de la universidad. Y a Verzeñassi lo despojaron de la responsabilidad académica de la práctica. «El ensañamiento con nuestro equipo (a otros cuatro compañeros les quitaron directamente el cargo) venía de antes, pero se fue intensificando. El problema es que el Laboratorio de Toxicología de la Universidad de Rosario trabaja para la Casafe [Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes], es decir, para los vendedores de agrotóxicos, y para varias de las industrias contaminantes. También el ámbito académico es un territorio en disputa sobre el modelo.»

***

Verzeñassi habla de una «geopolítica de la enfermedad». «Hace tiempo que vengo trabajando en esa categoría, en ese campo», dice. Y apunta que las patologías que hoy se padecen en América Latina a raíz del modelo productivo obedecen a una planificación. Hacia mediados de los sesenta comenzaron a verse en el norte enriquecido las consecuencias de la reindustrialización a marcha forzada iniciada en la posguerra. Los problemas de salud constatados fueron tan nuevos como enormes. «Y decidieron allí que, para mantener un modo de producción que los había enriquecido, pero al mismo tiempo los dañaba, debían trasladar los costos más nocivos a otro lado. Fue así que deslocalizaron sus industrias más sucias. Necesitaban dos cosas básicas: disponibilidad de tierras fértiles y agua. En Estados Unidos dijeron que el país tenía la obligación política y estratégica de garantizar el acceso a regiones donde se pudiera obtener rápidamente ambos recursos. Como en África les quedaba poco territorio al que sacarle jugo, vinieron para América Latina. El agua es un bien escaso en todo el mundo e indispensable para toda actividad extractiva. Por aquí la había en abundancia.»

La planificación se hace en los sesenta y una década después comienza a instrumentalizarse «el traslado del modelo». Había un obstáculo no desdeñable: la existencia en América Latina de movimientos sociales y políticos fuertes, de algunos gobiernos nacionalistas y de «universidades con capacidad de desarrollo de pensamiento crítico y voluntad de impulsar una ciencia que todavía no estaba “mercenarizada”. Debían eliminarse esos focos de resistencia, controlar a los gobiernos, endeudar a los países de manera tal que no perdieran toda capacidad de autonomía». En los setenta y en los ochenta se pusieron manos a la obra.

***

A la par de los procesos de privatización, en los noventa se instalan las tecnologías transgénicas, de la mano de una nueva configuración socioeconómica y política en los territorios latinoamericanos. En diciembre de 1991, técnicos del Banco Mundial (BM) plantean en un memorando interno la necesidad de alentar y financiar el traspaso de las industrias sucias desde el norte hacia el sur. Lawrence Summers, su economista en jefe, señala Verzeñassi, «afirma que ese traspaso se fundamenta en tres pilares: que los del tercer mundo son territorios poco contaminados; que como se trata, por lo general, de poblaciones que mueren antes a causa de otras enfermedades y tienen menor expectativa de vida que las del norte no van a llegar a ver los impactos del modelo, y que el daño que causa la contaminación tiene que analizarse en función del lucro que se pierde: un cáncer de próstata, por ejemplo, es más perjudicial en una población con alta expectativa de vida que en otra donde la esperanza de vida es baja». En esos tres principios, dice, se basa la geopolítica de la enfermedad.

Dos años después de ese informe interno se conoció otro documento del BM. Se lo llamó «Invertir en salud» y definía la organización de los sistemas sanitarios latinoamericanos a partir del corrimiento del Estado de la garantía del proceso de atención, pero no de la obligación de financiar al sector privado. «Ando con ese documento para todos lados, porque es clave para entender lo que sucede ahora mismo», cuenta el médico. «Es un documento en el que a los privados les dicen: “Si tenés guita, invertila en herramientas de diagnóstico, en tomógrafos, en aparatos avanzados”. Y al Estado le dicen: “Vos dedicá la plata a lo mínimo indispensable”. La propia Organización Mundial de la Salud, que entonces estaba gobernada por exfuncionarios del BM (hoy lo está por el filantrocapitalismo), llega a sostenerlo en términos menos bestiales. Colombia fue el paradigma de esta concepción.»

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Por los mismos años, el BM comienza a financiar obras de infraestructura necesarias para la instalación en el sur de industrias contaminantes que en el norte estaban siendo cada vez más cuestionadas por los ascendentes movimientos ecologistas. Se identifican cuatro áreas clave: agua y saneamiento; energía; transporte, y telecomunicaciones. El BM presta a los estados sureños dinero para llevar a cabo macroproyectos que benefician básicamente a transnacionales europeas y estadounidenses y que endeudan a los países que los llevan a cabo: el círculo cierra por todos lados. «El 24 de marzo de 1996, una fecha simbólica porque se cumplían 20 años del golpe de Estado en Argentina, el Banco Interamericano de Desarrollo [BID] se reúne en Buenos Aires», recuerda Verzeñassi. «Era cuestión de financiar megaobras de infraestructura para la integración regional sudamericana. En la reunión se anunciaron inversiones de entre 16.000 y 20.000 millones de dólares por año durante una década. Se extenderían luego por una década más. ¿Y en qué sectores se radicaban las inversiones? En aquellos cuatro que antes había identificado el BM para que se facilitase a las transnacionales su instalación plena por estas tierras: agua y saneamiento; energía; transporte, y telecomunicaciones.» Un día antes de la reunión del BID visitaba Buenos Aires, invitado por la Bolsa de Comercio argentina, el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos. No era otro que Summers, aquel economista en jefe del BM que tiempo antes había fundamentado el traslado de las industrias contaminantes del norte al sur. «¿Un cúmulo de casualidades? Tanto como que sea precisamente en los pueblos fumigados que se concentre el número más alto de casos de cáncer en relación con la población.»

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En 2000 nació la IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana), que luego sería rebautizada como Cosiplan (Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento). «Consistió en una extraordinaria planificación de la transformación de América Latina en un gran mapa de recursos y corredores bioceánicos para poder garantizar la circulación de los productos a extraer», dice Verzeñassi. Y agrega que lo terrible del caso es que de estos proyectos han participado tanto gobiernos de derecha, «cosa que era fácilmente previsible», como progresistas. «Unos y otros son parte de la misma lógica. Los gobiernos progresistas y buena parte de los sectores que los apoyan tienen la cabeza formateada con esa idea que se nos impuso de que hay que crecer y crecer. Y para sostener esa lógica echan mano a menudo de prácticas tan perversas como las de la propia derecha. En Ecuador Rafael Correa entregó partes de territorios protegidos a mineras y petroleras chinas, con la fuerza militar del Estado reprimiendo a las poblaciones indígenas; en Brasil, la desarrollista Dilma Rousseff le ganó la disputa interna a la ecologista Marina Silva; el kirchnerismo desarrolló la minería a cielo abierto, el hydrofracking, y no cuestiona esa aberración que se ha dado en llamar hidrógeno verde. El progresismo también ha sido responsable de prácticas extractivistas que contaminan el agua, envenenan los territorios, cambian la producción de alimentos, empujan a las poblaciones de los territorios rurales hacia las periferias urbanas, arrasan con los pequeños y medianos productores.»

Quienes despojaron a Verzeñassi de su cátedra en Rosario y terminaron con los campamentos sanitarios fueron autoridades universitarias que responden a partidos «de izquierda». Y «progresistas» eran algunos de los que le hicieron la vida imposible al biólogo Andrés Carrasco, el expresidente del Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas Técnicas) de Argentina y director del Laboratorio de Embriología de la Universidad de Buenos Aires que en los dos mil denunció los efectos del glifosato sobre la salud humana y ambiental y trabajó entre los pueblos fumigados (véanse, entre otras notas en Brecha, «De eso no se habla», 5-XI-14, y «El factor humano», 9-IV-15).

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Dice Verzeñassi que «la conclusión natural de todo esto» es que la salud solo puede ser pensada en sus dimensiones socioambientales. «Una persona sana en un territorio enfermo es un oxímoron. Como trabajador de la salud yo no puedo estar pensando en categorías individuales, sino en sujetos atados a un territorio, a otras personas y a un contexto social, político, económico. Todo esto no nos lo explican en las facultades de medicina. Al contrario, la cultura del campo sanitario reproduce los mecanismos del modelo. A veces los colegas que están en el territorio no ven estos problemas, y otras son partícipes necesarios, porque el médico es el dueño del campo o porque trabaja, de una forma u otra, para el dueño del campo.»

Verzeñassi estuvo en Montevideo invitado por la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria (Sumefac). Participó en un taller con personal médico, dio una charla pública en el auditorio del Sindicato Médico y se estrenó como docente en un nuevo curso sobre salud socioambiental de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Un grupo de la Sumefac está operando actualmente en Rocha, en comunidades afectadas por los arrozales. «Los vecinos dicen que quieren saber qué les está pasando, porque están teniendo problemas de salud recurrentes que antes no tenían. Lo mismo que sucedía en Argentina. En toda América Latina estamos confrontados a un sistema muy aceitado,  que se ha ido implementando metódicamente desde hace décadas», dice en entrevista con Brecha.

Damián Verzeñassi. HÉCTOR PIASTRI

Especialista en medicina integral, director del Instituto Nacional de Salud Socioambiental (INSSA) de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, Verzeñassi forma parte también de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina. En 2016 fue el único científico de esta parte del mundo que testificó en el tribunal internacional que juzgó en La Haya las actividades contaminantes de la transnacional Monsanto. Unos seis años antes había comenzado a impulsar y coordinar una idea original para América Latina: la de los campamentos sanitarios. Como práctica final, los estudiantes debían ir durante una semana a algún territorio para evaluar la salud de la población local en contexto. «Nuestra intención era que al menos una vez en su carrera el alumno pudiera trabajar en territorio, entrar en contacto con sus habitantes, ver lo que sucede realmente en las poblaciones», contó a Brecha. Durante la década que duró la experiencia, se llevaron a cabo más de 40 campamentos sanitarios en localidades rurales de menos de 10 mil personas de las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires. La gran mayoría en los «pueblos fumigados», en los que sus habitantes viven, estudian, trabajan a muy poca distancia de donde productores de trigo, maíz,  y sobre todo soja rocían sus cultivos con herbicidas y pesticidas.

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Por lo general los estudiantes iban al domicilio de la gente, encuestando sobre sus condiciones sanitarias. Recababan enormidad de datos, que servían de base para la elaboración de un informe definitivo del INSSA y que luego vertían a la propia comunidad, con la que se reunían en talleres. «Al principio nos llamaba la atención que cuando preguntábamos por los problemas de salud que identificaban muchos pobladores nos decían que el principal era que ya no morían de viejos. Era una simple constatación que quería decir muchas cosas.» Las medias de casos de diversos tipos de cáncer en esas localidades eran mucho más altas que en otras de la propia zona o a nivel nacional. También las medias de enfermedades neurológicas, endócrinas, respiratorias, dermatológicas, de abortos espontáneos, de malformaciones. Vaya casualidad, dice Verzeñassi, que el estallido de esas patologías «coincida temporalmente con la instalación de agroindustrias dependientes de agrotóxicos. Lo mismo sucede en Neuquén, en la zona de Vaca Muerta, en Catamarca o en San Juan, es decir, en las zonas mineras. El modelo extractivista en su conjunto es el causante de todo esto. Rompe los ojos. Basta con superponer mapas, comparar datos. Pero todavía muchos no lo quieren ver».

Los campamentos sanitarios molestaban. A los empresarios del agronegocio, en primer lugar. También a dirigentes políticos de todos los pelos. «Y lo más lamentable es que también a sectores de las universidades públicas.» En 2019 fueron suspendidos por las autoridades recién electas de la universidad. Y a Verzeñassi lo despojaron de la responsabilidad académica de la práctica. «El ensañamiento con nuestro equipo (a otros cuatro compañeros les quitaron directamente el cargo) venía de antes, pero se fue intensificando. El problema es que el Laboratorio de Toxicología de la Universidad de Rosario trabaja para la Casafe [Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes], es decir, para los vendedores de agrotóxicos, y para varias de las industrias contaminantes. También el ámbito académico es un territorio en disputa sobre el modelo.»

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Verzeñassi habla de una «geopolítica de la enfermedad». «Hace tiempo que vengo trabajando en esa categoría, en ese campo», dice. Y apunta que las patologías que hoy se padecen en América Latina a raíz del modelo productivo obedecen a una planificación. Hacia mediados de los sesenta comenzaron a verse en el norte enriquecido las consecuencias de la reindustrialización a marcha forzada iniciada en la posguerra. Los problemas de salud constatados fueron tan nuevos como enormes. «Y decidieron allí que, para mantener un modo de producción que los había enriquecido, pero al mismo tiempo los dañaba, debían trasladar los costos más nocivos a otro lado. Fue así que deslocalizaron sus industrias más sucias. Necesitaban dos cosas básicas: disponibilidad de tierras fértiles y agua. En Estados Unidos dijeron que el país tenía la obligación política y estratégica de garantizar el acceso a regiones donde se pudiera obtener rápidamente ambos recursos. Como en África les quedaba poco territorio al que sacarle jugo, vinieron para América Latina. El agua es un bien escaso en todo el mundo e indispensable para toda actividad extractiva. Por aquí la había en abundancia.»

La planificación se hace en los sesenta y una década después comienza a instrumentalizarse «el traslado del modelo». Había un obstáculo no desdeñable: la existencia en América Latina de movimientos sociales y políticos fuertes, de algunos gobiernos nacionalistas y de «universidades con capacidad de desarrollo de pensamiento crítico y voluntad de impulsar una ciencia que todavía no estaba “mercenarizada”. Debían eliminarse esos focos de resistencia, controlar a los gobiernos, endeudar a los países de manera tal que no perdieran toda capacidad de autonomía». En los setenta y en los ochenta se pusieron manos a la obra.

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A la par de los procesos de privatización, en los noventa se instalan las tecnologías transgénicas, de la mano de una nueva configuración socioeconómica y política en los territorios latinoamericanos. En diciembre de 1991, técnicos del Banco Mundial (BM) plantean en un memorando interno la necesidad de alentar y financiar el traspaso de las industrias sucias desde el norte hacia el sur. Lawrence Summers, su economista en jefe, señala Verzeñassi, «afirma que ese traspaso se fundamenta en tres pilares: que los del tercer mundo son territorios poco contaminados; que como se trata, por lo general, de poblaciones que mueren antes a causa de otras enfermedades y tienen menor expectativa de vida que las del norte no van a llegar a ver los impactos del modelo, y que el daño que causa la contaminación tiene que analizarse en función del lucro que se pierde: un cáncer de próstata, por ejemplo, es más perjudicial en una población con alta expectativa de vida que en otra donde la esperanza de vida es baja». En esos tres principios, dice, se basa la geopolítica de la enfermedad.

Dos años después de ese informe interno se conoció otro documento del BM. Se lo llamó «Invertir en salud» y definía la organización de los sistemas sanitarios latinoamericanos a partir del corrimiento del Estado de la garantía del proceso de atención, pero no de la obligación de financiar al sector privado. «Ando con ese documento para todos lados, porque es clave para entender lo que sucede ahora mismo», cuenta el médico. «Es un documento en el que a los privados les dicen: “Si tenés guita, invertila en herramientas de diagnóstico, en tomógrafos, en aparatos avanzados”. Y al Estado le dicen: “Vos dedicá la plata a lo mínimo indispensable”. La propia Organización Mundial de la Salud, que entonces estaba gobernada por exfuncionarios del BM (hoy lo está por el filantrocapitalismo), llega a sostenerlo en términos menos bestiales. Colombia fue el paradigma de esta concepción.»

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Por los mismos años, el BM comienza a financiar obras de infraestructura necesarias para la instalación en el sur de industrias contaminantes que en el norte estaban siendo cada vez más cuestionadas por los ascendentes movimientos ecologistas. Se identifican cuatro áreas clave: agua y saneamiento; energía; transporte, y telecomunicaciones. El BM presta a los estados sureños dinero para llevar a cabo macroproyectos que benefician básicamente a transnacionales europeas y estadounidenses y que endeudan a los países que los llevan a cabo: el círculo cierra por todos lados. «El 24 de marzo de 1996, una fecha simbólica porque se cumplían 20 años del golpe de Estado en Argentina, el Banco Interamericano de Desarrollo [BID] se reúne en Buenos Aires», recuerda Verzeñassi. «Era cuestión de financiar megaobras de infraestructura para la integración regional sudamericana. En la reunión se anunciaron inversiones de entre 16.000 y 20.000 millones de dólares por año durante una década. Se extenderían luego por una década más. ¿Y en qué sectores se radicaban las inversiones? En aquellos cuatro que antes había identificado el BM para que se facilitase a las transnacionales su instalación plena por estas tierras: agua y saneamiento; energía; transporte, y telecomunicaciones.» Un día antes de la reunión del BID visitaba Buenos Aires, invitado por la Bolsa de Comercio argentina, el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos. No era otro que Summers, aquel economista en jefe del BM que tiempo antes había fundamentado el traslado de las industrias contaminantes del norte al sur. «¿Un cúmulo de casualidades? Tanto como que sea precisamente en los pueblos fumigados que se concentre el número más alto de casos de cáncer en relación con la población.»

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En 2000 nació la IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana), que luego sería rebautizada como Cosiplan (Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento). «Consistió en una extraordinaria planificación de la transformación de América Latina en un gran mapa de recursos y corredores bioceánicos para poder garantizar la circulación de los productos a extraer», dice Verzeñassi. Y agrega que lo terrible del caso es que de estos proyectos han participado tanto gobiernos de derecha, «cosa que era fácilmente previsible», como progresistas. «Unos y otros son parte de la misma lógica. Los gobiernos progresistas y buena parte de los sectores que los apoyan tienen la cabeza formateada con esa idea que se nos impuso de que hay que crecer y crecer. Y para sostener esa lógica echan mano a menudo de prácticas tan perversas como las de la propia derecha. En Ecuador Rafael Correa entregó partes de territorios protegidos a mineras y petroleras chinas, con la fuerza militar del Estado reprimiendo a las poblaciones indígenas; en Brasil, la desarrollista Dilma Rousseff le ganó la disputa interna a la ecologista Marina Silva; el kirchnerismo desarrolló la minería a cielo abierto, el hydrofracking, y no cuestiona esa aberración que se ha dado en llamar hidrógeno verde. El progresismo también ha sido responsable de prácticas extractivistas que contaminan el agua, envenenan los territorios, cambian la producción de alimentos, empujan a las poblaciones de los territorios rurales hacia las periferias urbanas, arrasan con los pequeños y medianos productores.»

Quienes despojaron a Verzeñassi de su cátedra en Rosario y terminaron con los campamentos sanitarios fueron autoridades universitarias que responden a partidos «de izquierda». Y «progresistas» eran algunos de los que le hicieron la vida imposible al biólogo Andrés Carrasco, el expresidente del Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas Técnicas) de Argentina y director del Laboratorio de Embriología de la Universidad de Buenos Aires que en los dos mil denunció los efectos del glifosato sobre la salud humana y ambiental y trabajó entre los pueblos fumigados (véanse, entre otras notas en Brecha, «De eso no se habla», 5-XI-14, y «El factor humano», 9-IV-15).

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Dice Verzeñassi que «la conclusión natural de todo esto» es que la salud solo puede ser pensada en sus dimensiones socioambientales. «Una persona sana en un territorio enfermo es un oxímoron. Como trabajador de la salud yo no puedo estar pensando en categorías individuales, sino en sujetos atados a un territorio, a otras personas y a un contexto social, político, económico. Todo esto no nos lo explican en las facultades de medicina. Al contrario, la cultura del campo sanitario reproduce los mecanismos del modelo. A veces los colegas que están en el territorio no ven estos problemas, y otras son partícipes necesarios, porque el médico es el dueño del campo o porque trabaja, de una forma u otra, para el dueño del campo.»

Verzeñassi creyó que de la pandemia «la humanidad saldría mejor. Pensé sinceramente que pasaría aquello de que hablaba Walter Benjamin: que se tomaría conciencia de que había que ponerle el freno de mano al proceso de destrucción de los territorios por el avance sin fin de modelos agroindustriales que arrasan con todo, hasta con nuestro sistema inmunológico. Creí que finalmente no me moriría sin verlo. Pero pasado el tiempo me di cuenta de que me moriré sin verlo».

La pandemia sacó a luz las complicidades de los poderes políticos con los extractivismos, apunta. Y ahora se insiste en la misma vía. A veces bajo eufemismos hipócritas, como los de un Bill Gates tirando espejitos a la atmósfera para contener el cambio climático o de autoridades de un estado estadounidense abrumado por las altas temperaturas que salieron a pintar las calles de blanco con una tira plástica para disminuir la emisión de calor del asfalto. «Ni se les pasó por la cabeza que el urbanismo que se sigue impulsando va en el sentido de la depredación, que contribuye al cambio climático, alimenta el consumo energético, fomenta el aislamiento humano. ¿Cómo no vamos a enfermarnos?»

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Verzeñassi no quiere caer en la actitud de resignación de un James Lovelock, aquel médico estadounidense que visualizó la Tierra como un sistema capaz de autorregularse, pero que estaba llegando al límite de su capacidad. «Luego de insistir e insistir en que había que cambiar la cabeza y que nadie le diera bolilla, tiró la toalla y dijo que si se trataba de reventar, había que hacerlo bien. Propuso entonces desarrollar a fondo la energía nuclear, la única capaz de sostener los volúmenes de consumo energético que tiene este modo de vida. No era que defendiera la energía nuclear, como se dijo. Era que se había rendido.»

Resistir «en términos amorosos» es la fórmula de autodefensa que Verzeñassi propone. «Creo que hay que apuntar al mutualismo, a la cooperación, para recuperar eso que como humanidad nos han hecho perder: la sensibilidad, la capacidad de emocionarnos. No sé bien cómo hacerlo. Por lo pronto, denunciando este modelo una y otra vez y fomentando otras prácticas. Y si toca perder, perder con dignidad.» Una cosa es segura: si hasta aquí llegó la humanidad, dice, «no se lo debe a la competencia, al libre mercado o a ningún proceso darwiniano. Históricamente, las estrategias de cuidado de la vida y la salud en nuestras sociedades fueron estrategias colectivas, comunitarias. Y hacía allí habría que volver. Quizás haciendo como las amebas, esas formas de vida –las más antiguas en el planeta– que avanzan tirando seudópodos que en su trayecto van incorporando elementos del territorio que atraviesan, en un movimiento permanente de diálogo y cooperación. Parece pavada, pero no lo es».

A POR EL AGUA

«El extractivismo es químicodependiente, pero también hidrodependiente. ¿Qué tienen en común el hydrofracking, el litio, el hidrógeno verde, la megaminería, las pasteras, la agroindustria de commodities, la agroindustria forestal? Que ninguna de esas actividades se hace sin agua y que todas son fenomenales consumidoras de agua. Por algo las transnacionales se instalan encima del acuífero Guaraní, una de las mayores reservas de agua subterráneas del planeta. Hoy América Latina es un territorio en disputa entre el poder económico centralizado estadounidense-europeo y el poder económico centralizado de China. Y ambos pelean por el acceso al agua. Lo terrible es que muy seguido se la entregamos en bandeja. En Chubut, una provincia que tiene serios problemas de sequía, acaban de regalarle a Australia cientos de hectáreas que están sobre uno de sus principales ríos subterráneos.»

ENFERMEDAD Y LIBERTAD

«Cuando predomina la enfermedad, lo que se pierde, entre otras muchas cosas, es la libertad. La geopolítica de la enfermedad es la utilización de un modelo de producción que daña la salud a partir de la convicción de que garantiza la pérdida de la libertad de los individuos y la posibilidad de avanzar sobre cuerpos y territorios. Son absolutamente conscientes de que necesitan la enfermedad como herramienta de limpieza.»

Fuente: La brecha


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