«Cada año superamos los 400 casos de muertes en lugares de detención»

Entrevista a María del Carmen Verdú de CORREPI

La abogada de Correpi se refiere a los últimos casos de violencia poliical e institucional.

-¿Fue el aniversario de CORREPI? 

-Formalmente fue en abril.  

-Lo leí en Tiempo Argentino.  

-Sí, justamente por las cosas que pasan en este país se nos demoró un poco el festejo y recién pudimos hacerlo el fin de semana pasado. Pero siempre cuento que CORREPI tiene una prehistoria que abarca los últimos años de los 80, la masacre de Budge, el asesinato de Agustín Ramírez, etc., en que no teníamos nombre. Decisión que tuvimos que tomar al pasar a la ‘adultez’ después del cimbronazo público que nos dio visibilidad por el caso Bulacio, que también llegó en esa primera etapa. Por eso fue recién en 1992, a principios de año, cuando terminamos el proceso interno de conformación de la organización y por primera vez salimos a la calle con una bandera que decía ‘CORREPI’, o sea, con el nombre sí hemos cumplido 30 años.  

-Bien, dicho esto, cada vez que te entrevisto son varias las hojas que imprimo, los ayuda memoria, y en realidad no abarcan tanto tiempo simplemente tomo las noticias que han sido publicadas en las últimas dos semanas respecto de la represión policial e institucional. A modo de ejemplo, el pasado 18 de agosto, la Comisión Provincial por la Memoria, presentó el Informe anual 2022. El sistema de la crueldad XVI, que es un diagnóstico del sistema penal y lugares de encierro en base al trabajo de monitoreo de la propia CPM. Consigna que en la actualidad hay 54.000 personas detenidas, que persiste el hacinamiento, la sobrepoblación, la práctica sistemática de la tortura. Las 25 muertes ocurridas en comisarías indican el número más alto en los últimos 10 años. En este marco se registraron 45.544 hechos de tortura, malos tratos o falta de acceso a la justicia de las personas alojadas en el servicio penitenciario bonaerense nada más. Entre los problemas denunciados se destaca la falta de acceso a la justicia, la deficiente asistencia sanitaria. ¿Qué nos podés comentar respecto de este informe de la Comisión Provincial de la Memoria? 

-Justamente es un Informe que utilizamos mucho para la construcción de nuestro propio Archivo de casos, por el hecho de que es información que no puede ser debatida ni discutida porque justamente se trata de un organismo público.  

La Comisión Provincial por la Memoria está dentro de la estructura del ministerio de la Provincia de Buenos Aires con lo que tiene validez al igual que los informes que elabora en el ámbito federal la Procuración Nacional Penitenciaria de voz oficial. Esos son datos que nadie puede venir a decir ‘che ¿de dónde lo sacaste?’. Está chequeado. Ellos tienen acceso a los penales, a las personas privadas de libertad, a las causas judiciales, etc.  

Esto como primera cuestión y que tiene una relación directa con estos datos que vos leías que te faltó uno. Quizás es el más impactante. En el curso del 2021, 199 personas murieron en cárceles del Servicio penitenciario bonaerense. Ellos separan lo que es cárceles, por un lado, comisarías, por el otro. Lo que ellos llaman ‘uso letal de la fuerza’, que es el gatillo fácil, que registraron 52 casos, nosotros tenemos algunos más, y los institutos de menores, o lugares de detención de niñas, niños y adolescentes, y los lugares de alojamiento de personas con problemas de salud mental.  

El tema de las cárceles y, por supuesto, por extensión las comisarías, sigue siendo de los más graves en materia de violación a los Derechos Humanos en nuestro país. O sea, 199 personas solamente en el territorio de la provincia de Buenos Aires y en las cárceles bonaerenses, sumale a eso las cárceles federales y las del resto de las provincias y se entiende por qué superamos cada año los 400 casos de muertes en lugares de detención, que se suman a su vez al centenar y pico de gatillo fácil dando las cifras que tenemos superiores a 500 muertes por año.  

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Cuando el año pasado presentábamos el Informe del 2021 no teníamos estos datos, de esas 199 personas teníamos registradas unas 40 que fueron las que salieron en algún diario o la familia se pudo comunicar. Es parte de la explicación de por qué siempre al año siguiente tenemos muchos más casos que el año anterior cuando hacemos la presentación pública. Tenemos que esperar a mediados del año siguiente para ver los informes oficiales. 

El Mapa de la policía de la CABA 

-Otro tema que te quería consultar era por qué la fiscal Celsa Ramírez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitó la clausura, el bloqueo preventivo de la página web www.mapadelapolicia.com ¿De qué trata este mapa de la policía y cuáles son los argumentos para pedir la clausura o bloqueo preventivo? 

-El mapa es una iniciativa colectiva y colaborativa de una cantidad de organizaciones y organismos. Ahí están El Grito Sur, la revista Crisis, ACVI que es la Asociación Contra la Violencia Institucional, la legisladora de la ciudad, Ofelia Fernández, y también, por supuesto, convocaron a CORREPI a colaborar. Si bien no formamos parte del equipo que administra la página web, pues eso está fuera de nuestras posibilidades materiales, obviamente todos los datos que allí aparecen cuando entrás al mapa te resumen los casos de gatillo fácil de policías de la Ciudad en el ámbito porteño.  

Esos datos son reflejados de nuestro archivo, concretamente allí aparecen, o aparecían cuando se lanzó la página hace alrededor de un mes o un mes y medio, 38 casos, a esta altura ya son más, ya superan los 40, en el ámbito de la Ciudad. A eso hay que sumar otro centenar de muertes a manos de la Policía de la Ciudad desde que existe, desde el 1º de enero del 2017, ocurrido fuera del territorio de la Ciudad de Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires, en el Conurbano en la enorme mayoría, aunque incluso hay un caso en Chaco. O sea, policías de Ciudad que están en otro lugar, pero utilizan el arma reglamentaria para matar a alguien. Entre esos casos la enorme mayoría son fusilamientos de gatillo fácil, pero también hay femicidios e incluso hay muertes intra-fuerza. 

-Incluso en ese Informe que hablábamos en la Comisión por la Memoria consigna que del 21% de los asesinatos sufridos en territorio bonaerense fueron responsables agentes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.  

-Efectivamente, es un número de policías de Ciudad que matan en Provincia. De la misma manera hay casos de bonaerenses que matan en Capital, como pasó con Chocobar. De hecho, un dato que siempre aclaro cuando hablamos del mapa de la Ciudad, es que si vos mirás los números del sur, los datos del sur de la Ciudad, donde deberían concentrarse por lógica la mayor cantidad de casos, en realidad no hay tanta diferencia con el resto del territorio. Eso es porque en el sur la mayoría de los casos son de Gendarmería o de Prefectura, que son quienes patrullan esos barrios.  

Esta es la idea del Mapa. Además brinda recursos, CORREPI colaboró en eso, nuestro clásico “Manual del pequeño detenido”, consejos sobre cómo manejarse ante una intercepción en la vía pública cuando te piden el documento, cuando te quieren revisar la mochila, cosas que no podemos impedir porque mientras que no deroguemos el sistema de facultades oficiales para detener personas arbitrariamente «es legal», pero sí hay algunos tips que permiten sobrellevar de mejor manera la cosa, tratar de evitar la detención y al menos saber qué hacer una vez que alguien es detenido o detenida.  

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La cuestión es que hay una tercera parte en la página que te permite completar un formulario y contar denuncias, como normalmente recibimos en CORREPI y en todos los organismos y organizaciones. ‘Che, me pasó esto con la policía, ¿qué puedo hacer?’. Podés contar cualquier episodio de violencia que hayas padecido personalmente o que hayas visto o que hayas conocido como testigo.  

Lo primero que te aclara esta parte de la web es que no se trata de una denuncia formal ante un organismo del Estado, sino simplemente una comunicación entre particulares que va a ser contestada con el debido asesoramiento y además lista todos los lugares donde sí podés hacer la denuncia formal, fiscalías de la Ciudad, Defensorías del pueblo, etc.  

A esta fiscal, Celsa Ramírez, se le ocurrió a través de una denuncia penal que formuló la macrista Florencia Arieto, que la legisladora del Frente de Todos, Ofelia Fernández, había cometido el delito de abuso de autoridad al inventar un canal alternativo para formular denuncias por encima de las vías institucionales existentes. Un delirio, una locura.  

Algo tenía que denunciar y ni siquiera se detuvo a leer lo que la propia página advierte en letras mayúsculas apenas entrás a esa solapa. Y lo que hizo Celsa Ramírez es ir más allá de la denuncia y pedirle al juez, resultó sorteado el juzgado 10 del doctor Casas, ‘quiero que bloqueen’, o sea, dio por hecho sin siquiera una audiencia, sin siquiera poner en conocimiento de la imputación a la persona denunciada que había un delito, y le pidió al juez el bloqueo preventivo de la página.  

Una barbaridad que además constituiría un acto de censura inadmisible de una iniciativa colectiva y colaborativa de organizaciones, organismos y personas que están concentrando información que está difusa en otros ámbitos y que además permite que uno cuente algo que le pasó y que le digan ‘che mirá podés ir acá o podés ir allá, o la próxima vez hacé tal cosa’.  

Obviamente, en esas circunstancias, como la propia Arieto salió a decir públicamente que había formulado la denuncia, nos pusimos a disposición de Ofelia para su defensa, asumimos su defensa, ubicamos su expediente y ahí cuando vimos la causa nos encontramos con esta novedad y de inmediato lo respondimos argumentando lo que acabo de decir, más algunas otras cosas más, para pedirle al juez que de ninguna manera haga lugar a esa petición descabellada.  

Así, afortunadamente, el miércoles pasado el juez Casas compartió plenamente nuestra posición y le dijo a la fiscal que no correspondía ningún tipo de bloqueo, que sería censura, pero además defendió la existencia del Mapa de la Ciudad señalando que si en todo caso el planteo era el abuso de autoridad y crear desconfianza en las instituciones y demás, qué mejor muestra de confianza que justamente facilitar a la población civil un canal de reconocimiento, de acceso a recursos y de asesoramiento. Que si justamente se tiene que proveer por esa vía es porque el aparato estatal no lo brinda y que en todo caso la crítica corresponde hacerla al sistema judicial en su conjunto que no da esas respuestas.  

-Condenaron a los dos policías que mataron a Lucas Verón.  

-Sí, una condena agridulce. Vos fíjate que aquí había, por un lado, una persona muerta, Lucas Verón y, por otro, una persona herida, un sobreviviente. Por eso el juicio fue por homicidio consumado y homicidio en grado de tentativa. «Curiosamente» el jurado popular encargado de dictar el veredicto de culpable o inocente para condenar a prisión perpetua por el homicidio cometido por un miembro de una fuerza de seguridad debe tener unanimidad. Hablamos hace unos años atrás lo que había sucedido en el juicio de Ávalos fusilado en la nuca cuando estaba de rodillas en el piso por un comisario de la bonaerense que con acusación por homicidio calificado y pedido de prisión perpetua por la fiscalía y por la familia patrocinada por CORREPI en el juicio oral, el jurado no se puso de acuerdo.  

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Entonces, para evitar una situación de jurado trabado que hace nulo el juicio y por ende el policía queda como si estuviese absuelto a menos que el fiscal vuelva a promover otra acción, negociaron una figura de menor gravedad para poder dar una pena menor. Este hombre fue condenado por homicidio culposo, como si hubiese atropellado con el auto sin querer a Ávalos en lugar de haberle embocado un tiro en la nuca cuando ya lo tenía reducido por un hecho absolutamente menor.  

En el caso de Lucas ocurrió lo mismo. El jurado decidió que era un homicidio con exceso en la legítima defensa. Afortunadamente, por eso digo que es agridulce, en el caso del joven sobreviviente, en cambio, consideraron que el homicidio en grado de tentativa era un homicidio liso y llano y por ende hay una escala penal superior. Porque el homicidio con exceso en la legítima defensa tiene un techo de 5 años de prisión igual que el homicidio culposo. En cambio, el homicidio tentado agravado por el uso de arma de fuego tiene una escala penal superior y eso habilitó a un pedido de pena de 26 y 33 años de prisión, 26 por parte de la fiscalía, 33 por parte de la particular damnificada, de la familia. La semana que viene se va a conocer la pena.[1]  

-El próximo viernes se realizará la 8va. Marcha nacional contra el gatillo fácil. 

-Así es, una vez más vamos a marchar junto a nuestros compañeros y compañeras familiares para seguir denunciando el gatillo fácil como, volviendo al principio de la nota, lo hacemos hace más de 30 años.  

-La convocatoria es a las 14:00 en el Congreso de la Nación para marchar luego hacia Plaza de Mayo. De forma simultánea habrá marchas en Santiago del Estero, Mendoza, Jujuy, Salta, Córdoba, Tucumán, Bariloche, Cipolletti, Chaco, Salta, Mar del Plata y Rosario, entre otras ciudades y provincias. María del Carmen, ¿querés agregar algo más?  

-Simplemente volver a insistir en esta necesidad de seguir promoviendo y exigiendo el cumplimiento de estas medidas básicas de las que ya hemos hablado tantas veces que nos permitirían reducir la letalidad de las fuerzas en la calle que tienen que ver con los dos temas principales que mencionábamos en esta charla. Por un lado, con la eliminación de todo el sistema de detenciones arbitrarias moriría la mitad de las personas que hoy mueren dentro de una comisaría, que no están detenidas por un delito, sino por averiguación de antecedentes, por una detención contravencional u otra forma de detención arbitraria. Y la segunda, y no menos importante, la exigencia de la eliminación del arma reglamentaria fuera de servicio que hubiese evitado, por ejemplo, esos 100 fusilamientos fuera de servicio por policías de la Ciudad en provincia de Buenos Aires.  

Nota:

[1] El efectivo de la Policía bonaerense fue condenado este miércoles a 21 años y 8 meses de prisión luego de que la Justicia lo declarara culpable por matar al joven Lucas Verón en exceso del cumplimiento de sus funciones, y por intentar asesinar a un amigo de la víctima. El crimen ocurrió en julio de 2020 en la localidad de González Catán. 

Fuente: rebelion.org

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