Chile: plebiscitar la esperanza

Desde Santiago de Chile

Hoy se plebiscita el proyecto de nueva Constitución en Chile. Poco más de 15 millones de personas están habilitadas a expresar su voto, mediante papeletas que indican el Apruebo o Rechazo, en una elección de carácter obligatoria y vinculante que definirá si se mantiene la actual carta magna (sancionada en 1980 en plena dictadura militar pinochetista) o se promulga esta nueva propuesta, redactada por 154 representantes electos/as democráticamente y por primera vez de composición paritaria (77 mujeres y 77 hombres), que a lo largo de un año de intensos debates elaboraron este borrador en el marco de la Convención Constitucional.

La jornada está cargada además de un alto valor simbólico: un 4 de septiembre, pero de 1970, Salvador Allende obtuvo el 36,3% de los votos como candidato a presidente de la Unidad Popular, logrando un triunfo sin precedentes en la historia de la izquierda a nivel mundial. Con aquel hito se inauguró una experiencia única en América Latina y el sur global, de un gobierno que durante 1000 días intentó dar los primeros pasos en la construcción de la llamada “vía chilena al socialismo”. El sangriento golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973, no solamente interrumpió esta original apuesta política, sino que diseñó una Constitución que sentó las bases del proyecto neoliberal refundacional y de larga duración que rigió los destinos del país durante más de cuatro décadas.

El estallido social iniciado el 18 de octubre de 2019 vino a sacudir precisamente toda esta ingeniería jurídico-política. Teniendo como detonante inmediato la suba del precio del transporte, el osado salto dado por adolescentes en diversas estaciones del Metro bajo la consigna “evadir, no pagar, otra forma de luchar”, derivó con el correr de los días en una insurrección masiva y prolongada, que abrió los cauces a múltiples demandas postergadas, frente a un Estado sumamente autoritario y una matriz societal de neoliberalismo extremo. Las protestas multitudinarias en las calles hicieron crujir las bases de un sistema que logró continuidad durante los 30 años de lo que Pedro Lemebel llamó “demosgracia”, sustentado en una férrea alianza estatal-mercantil al servicio de las clases dominantes locales y del empresariado transnacional, más allá de los vaivenes gubernamentales.

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Este hastío e irrupción plebeya, si bien tuvo indudables contornos espontáneos, hunde sus raíces en un largo e invisible proceso de erosión de la hegemonía neoliberal, protagonizado por una multiplicidad de pueblos, comunidades, actores y movimientos sociales, que van desde la resistencia ancestral mapuche a los ciclos de lucha estudiantil de 2001, 2006 y 2011, pasando por las masivas movilizaciones en torno al NO+AFP (fondos de pensión privatizados) y las inéditas protestas feministas de 2018 y 2019.

En noviembre de 2019, bajo un clima destituyente signado por niveles de manifestaciones nunca antes vistos y un auge de las primeras líneas acuerpándose en las calles, las que llegaron a ser definidas por la esposa del entonces presidente Piñera como una “invasión alienígena”, un sector importante de la élite política acuerda a espaldas del pueblo y sin previo aviso un pacto con el gobierno, a partir del cual se insta a “pacificar” el clima de beligerancia vivido mediante la convocatoria a un referéndum en 2020, para consultar a la ciudadanía acerca de si estaba o no a favor de una reforma constitucional. La respuesta en las urnas fue contundente, definiendo abrir una vía constituyente con ciudadanía electa sin mediación de los partidos, aunque limitada debido a ser una Convención y no una Asamblea soberana y plenipotenciaria.

Tras varias postergaciones motivadas por la pandemia, en mayo de 2021 se hizo la elección de convencionales, donde sectores de izquierda e independientes obtuvieron una clara mayoría, lo que erosionó aún más la escasa legitimidad del partido de derecha gobernante y de la ex Concertación. El 4 de julio se inauguró la Convención Constituyente –con movilizaciones callejeras en simultáneo, que fueron duramente reprimidas– de la cual surgió finalmente una propuesta de Constitución que este domingo se plebiscita en las urnas.

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Más allá de las críticas que ha recibido, se la considera única en el mundo, ya que fue redactada por un órgano paritario en términos de género y la primera en la historia de Chile que incluyó un cupo de escaños reservados a los pueblos indígenas (de hecho, en su primera sesión inaugural, se eligió a una mujer mapuche, Elisa Loncón, como presidenta de la Convención). En sus 178 páginas, la palabra “pueblo” aparece 79 veces y se detallan más de 100 derechos sociales garantizados por el Estado, que van del reconocimiento del trabajo doméstico y las tareas de cuidado a la defensa de la naturaleza y de los animales, de la libertad sindical a los derechos de niñes y adolescentes. Su artículo 1 se inicia explicitando que “Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Se constituye como una república solidaria. Su democracia es inclusiva y paritaria. Reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza”.

Hay que tener en cuenta que Chile se encuentra inmerso en una crisis socioeconómica sumamente delicada (con niveles de inflación históricos en el último año y una parte importante de la población sumida en la precariedad y el endeudamiento) con un nuevo gobierno que ha hecho oídos sordos a las principales exigencias levantadas durante la revuelta (desde la liberación de los presos políticos hasta la desmilitarización de Wallmapu, pasando por la reasunción bajo parámetros públicos de servicios y prestaciones mercantilizadas, como la salud, la educación y la previsión social) y tendencias neofascistas y de extrema derecha que azuzan la xenofobia, la misoginia y el racismo, calando hondo no solamente en minorías privilegiadas sino también en ciertos sectores sociales empobrecidos, temerosos, hastiados y desorientados.

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Ante este escenario de crisis e incertidumbre, una parte importante de los colectivos, organizaciones territoriales y movimientos sociales considera que el plebiscito resulta una oportunidad para ejercitar una labor pedagógica entre las masas, crear mejores condiciones de lucha en el corto y mediano plazo, cristalizar a nivel jurídico e institucional ciertos anhelos largamente postergados e instalar un piso fundamental de derechos en el imaginario popular, que sin duda deberán ser defendidos en las calles en función de una agenda propia, coherente y articulada, tejida con tesón y cuyo horizonte estratégico logre enhebrarse desde el espíritu insumiso y las banderas claves del estallido de octubre, atendiendo a los desafíos por lo que transita Chile y la región. Un joven militante de la revuelta sintetizó de forma gráfica el momento que hoy define el rumbo del país trasandino: “esta elección es una corrida de cerco para seguir luchando”.

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