Discursos de odio, discursos de clase

Del dicho al hecho no hay tanto trecho.

Tras el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández se reavivó el debate en torno a lo que se denomina “discurso de odio”. Oficialismo y oposición compiten por demostrar que el odiador es el otro. Desde el gobierno imaginan que una regulación estatal podrá hacer algo con la intensa circulación de este tipo de discursos, como si fuera una institución ajena a su tráfico. A juzgar por los resultados en los controles de otras mercancías menos hostiles –las que circulan por las góndolas-, esta otra “batalla cultural” está perdida de antemano. La oposición, por su parte, denuncia la censura y defiende el “libre flujo” privado que domina y sobre todo la podredumbre que genera.

Ambas fuerzas coinciden en no decir ni palabra frente a una sistemática y violenta campaña contra el movimiento de trabajadores y trabajadoras desocupadas. En realidad, fueron precisamente esas fuerzas las que, en lo que va del año, crearon las condiciones de emergencia de un discurso que echó a rodar todo el repertorio de estigmatizaciones, desprecio, condena, deslegitimación y sospecha en torno a los y las desocupadas. Repasemos algunas de esas formulaciones.

De piquetero a planero

Desde ya que “planero/a” carga con todos los estereotipos: no sería un trabajador desocupado –denuncia de lo que fabrica el capitalismo- ni el piquetero –aquel que enfrenta al Estado para reclamar sus derechos- sino la figura pasiva del que “vive de planes”. La serie que construyen medios y redes sociales en torno al “planero/a” es extensa y reproduce o recuerda –como en un salto discursivo- idénticas descalificaciones con las que se etiquetaba a los sectores populares desde el siglo XIX hasta hoy. De allí la insistencia en la vagancia, la incultura o la suciedad.

Los móviles televisivos fueron a la caza del estereotipo, pero fracasaron al menos en tres oportunidades que fueron muy difundidas. En marzo entrevistaron a Vivi del Polo Obrero de Hurlingham quien desbarató la escena: “Vos me estás haciendo una entrevista o me estás viniendo a cuestionar? Porque si no te gusta el trabajo que estás haciendo anda a hacer otra cosa, no me vengas a pelear”.  Dicho sea de paso: dio una clase –porque asumió el rol de entrevistadora al advertir que no había entrevista alguna en ese intercambio- y la defensa de una perspectiva que, al mismo tiempo, colocaba al periodista como “trabajador” que no debería ir a pelear con otra trabajadora.

En julio le tocó el turno a Soledad, a quien le editaron su respuesta (“¿Qué quieren, que trabajemos de 8 de la mañana a 5 de la tarde por la misma plata que nos pagan?”) y que viralizaron para justificar el tópico de que “no quieren trabajar”. Una manipulación demasiado escandalosa que no pudo persistir, entre otras cosas porque la periodista que realizaba la entrevista había quedado conmovida por la historia de la joven madre de tres hijos que dio su testimonio como lista de agravios.

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A fin de julio, los medios habían encontrado un caso demasiado perfecto: el de Mariana Alfonzo, “la planera viral”, que se fue apagando a los pocos días por exceso de parodia y cuya protagonista terminaría anunciando hace unas semanas su entrada al mundo de la cumbia.

Cifras monstruosas

Un lugar común en la argumentación antipiquetera insiste en la supuesta existencia de “cantidades monstruosas” de partidas presupuestarias, de planes ofertados, de ingresos por familia. Esto es, la contracara de las cifras monstruosas que drena los ingresos del país para el pago de la deuda externa o que genera la fuga de dólares. El uso de los “datos”, como no podía ser de otro modo, no escapa a la más elemental manipulación ni a las confrontaciones de una guerra social.

El 7 de abril, Perfil difundió que una familia compuesta por dos adultos y dos hijos menores de 14 años podía alcanzar un ingreso de $43 mil mediante asistencia social. Las mediciones del Indec, entonces, indicaban que una familiar necesitaba $83.807 para no ser pobre y $37.414 para no caer en la indigencia.

El mismo día, Infobae incrementaba la cifra a $64.200. Lo hacía sumando dos planes Potenciar Trabajo, dos AUH, dos tarjeta Alimentar y el bono que se pagaba ese mes… por única vez. Con todo, casi al cierre de la nota reconoce: “Fuentes del ministerio de Desarrollo Social explicaron a Infobae que de los 1.200.000 beneficiarios del Potenciar Trabajo solamente la tercera parte, unas 400.000 personas, cobra también la AUH, lo que reduce el universo potencial que puede recibir los $64.200 este mes. También apuntan que un 40% de los beneficiarios son menores de 29 años, por lo que estadísticamente es menos probable que tengan hijos.”

Varios días después, el 25 de abril, el diario La Nación sube la apuesta: una familia tipo “podría percibir ayuda estatal por un total de entre $156.890 y $173.190 por mes”. Para hacerlo, la notera metía en la bolsa dos AUH, dos bonos extra de abril, dos Potenciar Trabajo, Tarjeta Alimentar, Complemento para leche, dos Fortalecer Empleo, dos bonos del IFE acotado, y un Acompañar del Ministerio de la Mujer, Diversidades y Género. En ciertos casos, agregaba, “las cifras anteriores se podrían estirar aun más”. Increíble, sí.

La sana cultura del trabajo

Otro cliché es el de la falta de “cultura del trabajo”, una expresión ambigua pero sobre todo demasiado embellecida para mejor disimular –digamos apretadamente- la voz de orden patronal para que se trabaje con salarios de indigencia y en condiciones de sobre explotación. El diario La Nación es el más insistente en el punto y quien lo expresa con más claridad. Se refiere a la “degradación de la cultura de trabajo que se transmite de padres a hijos”, advierte con preocupación que “en muchos lugares y actividades se dificulta conseguir trabajadores formales por su resistencia a perder el plan social” (17/05) y que la perpetuación de los planes genera “una funesta dependencia” que aleja a las generaciones “de la sana cultura del trabajo” (18/08).

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De cualquier modo nada supera -en su mitología agropecuaria- al editorial titulado: “Alpargatas sí, chancletas no” (LN, 24/07), donde invierte el eslogan que contraponía alpargatas a libros porque “ahora ha llegado el tiempo de reivindicar a la alpargata, pues, con la perspectiva del tiempo, fue símbolo del trabajo y el esfuerzo personal.” Más adelante: “La alpargata evoca al agricultor que, por primera vez, puso en valor la fertilidad del suelo argentino, caminando detrás de un arado de mancera y luego, en rudimentario tractor a vapor, hasta convertir la Argentina en granero del mundo”. Finalmente saldrá de la evocación nostálgica por el pasado oligárquico y colonial para advertir que en este cuadro “ningún pool de siembra invertirá”.

Una conclusión posible para este apartado la brinda el periodista Antonio Laje quien confesaba, a su pesar, una versión más literal de la sana cultura del trabajo: “La Argentina es un país de planes. Con eso no vivís, es cierto, pero no te creas que vas a encontrar salarios muchos más altos en el sector privado.” (Buenos Días América, 5/04).

El negocio de los planes

En el editorial de su programa en LN+, Jonatan Viale se refirió a “la patria planera” (5/04), en una pretendida analogía con otras tantas patrias sospechadas de negociados o desfalcos: la financiera o la patria contratista. Viale ya no apunta a los y las trabajadores ocupados sino por desplazamiento: ataca a sus organizaciones y, en particular, a sus dirigentes. En su arenga habla de “industria del piquete, “gerentes de la pobreza”, “empresas que manejan estos gerentes”, “gerentes que hacen enormes negocios”, “no son PyMEs, son multinacionales, son grandes empresas”, “manejan mucho más presupuesto que Techint, Arcor, Toyota, Mercado Libre”. Sin importar si lo que acaba de decir cuadra o no con el más elemental sentido común agrega: “Un buen negocio para la familia que cobra un plan y es un excelente negocio para el gerente de la pobreza que maneja un presupuesto millonario.”

Con una muy similar línea argumental se manifiesta en su editorial de Radio 10, el periodista Gustavo Silvestre: “El diario La Nación dice: planes sociales; hubo 5 mil denuncias de beneficiarios contra grupos piqueteros por maltratos y quita de parte de los aportes. Esto está bien que se denuncie, porque nadie tiene que obligar a nadie, ya que los planes sociales no son de las agrupaciones sociales, sino del Estado. Hay denuncias desde hace mucho tiempo. El Polo Obrero obliga a mucha gente a manifestarse y está bien que los beneficiarios lo denuncien, porque esa no es la obligación” (27/05).

Casi como coronación de esta operación sistemática, en un plenario de la CTA, la vicepresidenta asume el tópico: “El Estado Nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales. No pueden seguir tercerizadas. El Estado debe tener el monopolio (de las políticas sociales) así como el Estado tiene el monopolio de la fuerza ¿o se le ocurre a alguien que podemos tercerizar la Policía? No” (20/06). Lo peculiar del argumento es el uso de la expresión “tercerizar”. Por un lado, porque las organizaciones sociales no tercerizaron sino que asumieron el reclamo popular por el trabajo genuino y la defensa de un ingreso que supere la línea de pobreza para las familias trabajadoras. Por el otro, porque hay un abuso político del término: son las empresas y el Estado los que tercerizan para precarizar las condiciones salariales y laborales de los trabajadores. La lucha de Mariano Ferreyra nació para enfrentar las tercerizaciones en las empresas ferroviarias y, sí, como también quedó demostrado con su crimen, el Estado puede tercerizar la represión.

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A partir de esa declaración de la vicepresidenta, funcionarios y periodistas insistieron en que era “muy importante que los manejen los intendentes” (G. Silvestre, Radio 10, 23/06), para reafirmar que la controversia no pasaba por el supuesto descontrol de las organizaciones sino por la necesidad del Estado de controlar y regimentar el movimiento de trabajadores y trabajadoras desocupadas independientes.

Del dicho al hecho

Contrariamente a lo que reza el refrán, en el pasaje del dicho al hecho no hay tanto trecho. La historia del movimiento piquetero, desde los asesinatos de Teresa Rodríguez (1997) hasta Maximiliano Kosteki y Darío Santillán (2002), las amenazas represivas, las represiones, los gases o los balazos fueron antecedidos o sostenidos por campañas de odio de clase contra la población trabajadora movilizada y en lucha.

Esta más reciente puesta en circulación de una lengua antipiquetera también pasó a los hechos: se expresa en la judicialización de la protesta social en todo el país o en las denuncias penales contra dirigentes sociales y políticos –como Eduardo Belliboni y Gabriel Solano. Tuvo sobre todo su expresión en la resolución del gobierno de Alberto Fernández de poner a las universidades públicas para auditar no a la burguesía nacional que fuga o se la lleva en pala las riquezas sino a la población trabajadora que conquistó sus planes sobre la base de lucha, movilización y acampes.

En estos días, alcanza otra brutal expresión en la baja de las Becas Progresar a las y los estudiantes trabajadores que también cobraban un Potenciar Trabajo. Con todo, en la enorme movilización de la juventud piquetera que obligó a que recular al gobierno con su salvajada se cifra una buena respuesta a quienes se preocupan –pensamos en quienes lo hacen genuinamente- por los discursos de odio. Se derrotan en la calle, en la lucha política, en la lucha de clases.

Fuente: Prensa Obrera

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