Emergencia habitacional en la Ciudad de Buenos Aires: desde 2021 desalojaron a más de una familia por día

Fueron al menos 691 familias expulsadas en los últimos 20 meses que solicitaron asistencia a la Defensoría. El jueves, otras 70 podrían terminar en la calle por orden judicial.

En silencio, a metros de la única salida que da a la calle, Norma se disponía a salir rumbo a una nueva y extensa jornada laboral: por la mañana, como personal de limpieza en un geriátrico, y a la tarde cuidando a un adulto mayor. «Volví a mi casa a bañarme para ir al otro laburo y a dejar a los nenes en lo de una amiga. Al querer salir había muchos policías». Aún siente miedo. El mismo que percibieron 691 familias desalojadas desde enero del 2021 en la Ciudad de Buenos Aires, la más rica del país y la que atraviesa (silenciada en la opinión pública) una crisis habitacional con postales cotidianas: personas en la calle junto a torres que crecen y viviendas ociosas, en medio de la especulación inmobiliaria.

El 26 de agosto, la Policía de la Ciudad amedrentó y hostigó durante varias horas a 20 familias que habitan una vivienda ubicada en Larrea al 800. Los uniformados no presentaron una orden de desalojo y las sacaron a la calle bajo la amenaza de un posible derrumbe del edificio. «Cuando llegó nuestro abogado nos dijo que el desalojo no era legal, que hasta que no traigan un papel de la Justicia podíamos seguir acá», acota Norma. Mientras la policía se retiraba, un oficial esbozó una risa provocadora: «vamos a volver».

El lunes pasado hubo otro intento de desalojo en Solís al 1800. Pleno Constitución. Setenta familias durante horas resistieron los intentos de la Policía de la Ciudad, a instancias de una orden judicial y de un dueño que, a pesar de falsas promesas a los inquilinos, tiene en venta el edificio desde hace seis meses a 470 mil dólares. Finalmente, las familias lograron postergar el desalojo hasta el próximo jueves.

Son apenas dos casos de un panorama crítico. Desde enero de 2021 hasta la fecha transcurrieron 625 días. De acuerdo a datos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, a los que accedió Tiempo en exclusiva, en ese lapso hubo 691 familias despojadas del lugar donde vivían (sin posibilidad de acuerdo entre partes y sin propuesta alternativa del Ejecutivo porteño), que solicitaron «trámites para abordar emergencias habitacionales», según explicó el organismo público encabezado por María Rosa Muiños. De ese total, 221 corresponden a desalojos de inquilinos sin contratos, con contratos de locación vencidos o deudas acumuladas, especialmente en el marco de la emergencia sanitaria; y otros 280 atañen a grupos en situación de vulnerabilidad socioeconómica que terminaron en casas tomadas, hoteles temporarios o familiares y barrios populares. «En los casos de desalojos judiciales, la Defensoría interviene para asesorar a las familias que reciben las cédulas de notificación y puedan tramitar el subsidio habitacional y otros programas de apoyo económico de la Ciudad», destacan desde el organismo. Cuando hay menores de edad, personas mayores o con alguna discapacidad, «la acción de la Defensoría apunta especialmente a proteger los derechos de estos grupos prioritarios y salvaguardar su acceso a una vivienda digna». Además, está la violencia de cada operativo. En la Defensoría  aseguran que monitorean estos procesos con el objetivo de documentar el accionar del personal de la Policía de la Ciudad que interviene, para garantizar el respeto de los derechos de las personas desalojadas.

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Un número enorme

«No todas las familias que son desalojadas van a buscar el subsidio habitacional, por diferentes razones: porque pierden todo un día de laburo, porque les solicitan requisitos y papeles que no tienen, o por temores varios. Así y todo el número de familias desalojadas es enorme», destaca a Tiempo Gigi Krein, referente de la Consejería de la Vivienda, una organización gestada en 2017 que lucha por el acceso a una vivienda digna para personas en situación de calle o que han sido desalojadas. La organización presentó un pedido de acceso a la información pública a la Dirección General de Atención Integral Inmediata, organismo porteño que «asiste durante las 24 horas a familias y personas en situación de calle, y administra la red de Centros de Inclusión Social», según informan oficialmente.

En la respuesta al pedido de información, detallan que durante 2022 se emitieron 137 derivaciones del BAP (Buenos Aires Presente) a personas o familias que fueron desalojadas para que busquen el subsidio habitacional de emergencia. Krein aclara que estos datos oficiales «sólo cuentan los desalojos formales, pero si sumamos a los informales que realizan mediante patotas, amedrentando todo el día a familias que viven en un lugar, o aumentándoles exponencialmente el alquiler para que se vayan; no nos debería sorprender que los desalojos durante este año alcancen a una familia por día».

Las organizaciones barriales que suelen acompañar a las familias aseguran que de cada diez situaciones que ocurren en CABA, menos de la mitad salen a la luz. Mientras, avanza a paso acelerado el levantamiento de torres en los barrios porteños. Muchas de las propiedades desalojadas luego se introducen en el mercado inmobiliario. Los vecinos «mudados» de la Villa Rodrigo Bueno denuncian que los llevaron a viviendas sin la habilitación del apto técnico con el objetivo de acelerar la construcción de Costa Urbana en la ex Ciudad Deportiva de La Boca, un proyecto de 45 torres de 125 metros de altura del Grupo IRSA.

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Ociosas

Tiempo se puso en contacto con el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat que conduce María Migliore, para conocer la cantidad de subsidios habitacionales entregados. Aseguran que sólo en este año adjudicaron el subsidio a 794 personas «con un monto promedio de $13.500». Las cifras incluyen a quienes están en situación de calle y a quienes transitoriamente se encuentran sin vivienda o refugio, por motivo de desalojo u otras causas. Al consultarles cuántas de estas personas reciben el subsidio por haber sido desalojadas, señalaron que esa información no la tienen segmentada. El total de «personas beneficiadas con este complemento habitacional es de 14.126 personas».

En contradicción con las cifras de desalojos y el déficit habitacional en la Ciudad, existe una gran cantidad de viviendas desocupadas. Según los últimos datos del Censo 2010 (a la espera del detalle del Censo 2022), se contabilizaron 340.975 viviendas deshabitadas, que representa el 24% del total de viviendas relevadas en la Capital Federal. En la zona norte, principalmente en las Comunas 1, 14 y 2, se concentran el 38,5% del total de espacios ociosos. Por el contrario, en la zona sur es donde se encuentran los mayores números de ocupación, pero en los últimos años los índices ahí también empiezan a mostrarse a la baja.  «

El problema de los requisitos

Una de las principales para acceder al subsidio (que no llega a 14.000 pesos promedio) es la entrega de toda la documentación necesaria. El gobierno porteño exige: informe social realizado por el BAP u otras entidades detallando la situación de vulnerabilidad del grupo familiar; la Certificación Negativa de Anses, DNI original y fotocopia de todos los integrantes; actas de nacimiento, certificados de escolaridad y de vacunas en menores; otro certificado médico de discapacidad o de embarazo si corresponde; acreditar 2 años de residencia en CABA , e incluso luego, por último, debe presentar «un presupuesto con una carta del dueño del inmueble con el DNI y un servicio».

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«Fuimos estafados por el dueño de este edificio»

El principal conflicto habitacional por posible desalojo está centrado actualmente en Constitución. Vanesa Hurtado hace 15 años que vive en una pieza del edificio ubicado en Solís 1839, lugar en el que la Policía de la Ciudad intentó desalojarla junto a otras 70 familias el lunes pasado. Tiene cuatro hijos y una nieta, su marido trabaja de empleado de comercio y ella hace changas en el mercado mayorista lindero a su casa. Alquila dos piezas, una donde vive con su marido e hijos menores, y otra para sus dos hijos mayores. Por cada habitación paga 10 mil pesos mensuales. «Nosotros fuimos estafados por el dueño de este edificio. Antes de la pandemia él venía todos los meses a cobrarnos, en pandemia desapareció pero nosotros le seguimos pagando a la encargada y al administrador», cuenta Vanesa. Y asegura que tiene todos los comprobantes de pago de estos últimos años, al igual que la mayoría de sus vecinos. «El dueño pidió que nos desalojen porque dice que no le pagamos durante la pandemia, es mentira».

Ese lunes, Vanesa salía de su casa a las 4 de la mañana para ingresar a su trabajo: «empezaron a caer camiones, patrulleros, salían policías de todos lados. Entré a mi casa a los gritos; que se despierten, que la policía está intentando entrar. Nadie nos avisó nada de que nos iban a desalojar». Todas las familias del edificio de Solís aseguran que fueron engañadas por el dueño del lugar. «Hace dos meses dijo que nos iba a venir a cobrar él otra vez, porque quería arreglar algunas paredes y esas cosas. Nunca más apareció él ni la encargada ni el administrador. Todos los que vivimos acá estamos desesperados, si nos desalojan no tenemos a dónde ir a vivir». En ese edificio viven cientos de personas, hay más de 40 niños y niñas, varios adultos mayores que requieren asistencia médica. El edifico es un hotel con 60 habitaciones, de 800 metros cuadrados cubiertos y 570 m2de terreno. La intención del dueño, apuntado como José Della Rosa, es vender el edificio a 470 mil dólares. Así lo publica en internet desde hace meses, a pesar de la gente adentro. «Actualmente funcionando como pensión con renta, con sentencia de desalojo (tiempo aproximado de desalojo 6 meses). Se escuchan propuestas», detalla la oferta del inmueble. Según lo dictaminado por la Justicia, el jueves sería el operativo.

Fuente:  Tiempo Argentino

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