“Tengo en mi cartera la riqueza colombiana
y sobre mis manos, llevo un mundo ensangrentado
tengo en mis saberes unas fuerzas bien armadas
con la cual defiendo todo lo que me he robado.
Ya los campesinos me quieren quitar la tierra
cuatro mil hectáreas que en herencia Dios me dio
y en mi fabriquita unos setecientos obreros
quieren ser los dueños de lo que papi dejó.
(…)
Para defender tradición y propiedad
redacté las leyes para que todos respeten
y en el capitolio que le llaman nacional
tengo un muñequito que puse de presidente».Máximo Jiménez. «Confesión de un terrateniente».
Miedo y revuelo ha causado en los grandes terratenientes la acción decidida de las comunidades campesinas en búsqueda de la retoma y recuperación de tierras. Nuestro Coordinador Nacional Agrario (CNA) también se ha manifestado y, desde las diferentes regiones, ha mostrado dignamente la producción agropecuaria, la recuperación ambiental y la lucha por la tierra, el territorio y la vida en las que consisten las recuperaciones de playones, humedales, sabanas, cerros, montañas y demás zonas usurpadas e invadidas por gamonales, terratenientes, multinacionales y, en general, el agronegocio.
La palabra con la que latifundistas y sus mandaderos denigran a las comunidades es “invasores”, dando a entender que quienes recuperan los territorios no son los legítimos reclamantes de esas tierras y que no son sus territorios porque no pertenecen a ellas. La estrategia contra los “invasores” incluye la creación de “grupos de reacción solidaria” impulsados por la Federación de Ganaderos (Fedegan), gremio encabezado por José Félix Lafaurie, involucrado en despojo de tierras y creación de grupos paramilitares. Otro aparte de esa estrategia, lo impulsa Álvaro Uribe, terrateniente cuya familia se ha apropiado ilegalmente de baldíos de la nación y quién manifestó que las “invasiones” de tierra justifican la aparición de “justicia privada”, en una clara alusión a las Convivir, el paramilitarismo, y los “ejércitos antirrestitución”.
En la realidad, la concentración de tierras tan alta que tiene Colombia responde a la estrategia de “invasión” militar, judicial y genocida que han aplicado contra las comunidades en los territorios. Según la ONG Forjando Futuros (con datos de Justicia y Paz), “el 94 % de las 400 mil hectáreas que se han devuelto en los procesos de restitución corresponden a tierras que antes había otorgado el Incora o el Incoder a campesinos sin tierra”. También queda demostrado que, de las sentencias de restitución, el 83 % tienen como responsables a los paramilitares y, en decenas de casos, los beneficiarios del despojo de estas tierras son empresas como Argos, las bananeras de Urabá, Ecopetrol, bancos y mineras como Anglo Gold Ashanti.
Una tercera modalidad de “invasión” de tierras está determinada por la manera en que los jueces de la República entregaban tierras de la nación (llamadas “baldíos”) a grandes terratenientes y empresas. Estas tierras, por ley, debían ser para campesinos y campesinas sin tierra o con tierra insuficiente. Dichas adjudicaciones ilegales o apropiaciones de baldíos tienen explotadores como Álvaro Uribe Vélez, quien se apropió de una finca de ocho hectáreas en Córdoba, finca que es un bien baldío de la nación y que tiene que devolver. Otro de los casos a resaltar es el de Gustavo Londoño García, excongresista del Centro Democrático que invadió, por medio de fallos viciados, 7.000 hectáreas en el Departamento del Vichada. Esas tierras también las deberá devolver. Los ejemplos se repiten: la hacienda Carimagua, el fundo El Brasil y el predio Porvernir, ubicados en la altillanura, fueron invadidas por el agronegocio; las tierras del Magdalena Medio y la de los llanos, por las petroleas; las zonas planas de la costa, desocupadas a sangre y fuego.
La invasión de tierras por parte de las multinacionales, las prácticas genocidas contra las comunidades, el acopio de baldíos, el constante proceso de acumulación originaria y las presiones del mercado de tierras donde negocian con el dueño “o con la viuda”, contabilizaba para el 2010 (según Codhes) 6.64 millones de hectáreas (un número equivalente al 25 % de las hectáreas aptas para la agricultura en Colombia), un proceso que se continúa profundizando.
A las comunidades campesinas, indígenas y negras nos queda fortalecer la organización y la recuperación de tierras. Hay que llegar allá donde el latifundio ha avanzado más, donde las multinacionales tienen un estado que manda por encima de las leyes del país, donde los latifundistas se sienten invencibles y seguros, allá donde están los grandes invasores de tierras.
Al gobierno del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez le corresponde abrir el debate sobre la tierra en Colombia. Es preocupante y retardataria la posición de la ministra Cecilia López y otros miembros del gobierno, diciendo que no se necesitan leyes nuevas para la Reforma Agraria; o, más directamente, que no habrá Reforma Agraria sino “reforma rural”.
No ministra, ni la Ley 160 del 94 ni el Decreto 902 afectan la estructura de la tenencia de la tierra. Ninguna de las leyes, desde el 36, han democratizado la propiedad, ni la han limitado. Los únicos impulsos de un proceso de reforma agraria la hicieron los campesinos y campesinas en las acciones de recuperación, principalmente en los 70.
El acuerdo entre gobierno y las antiguas FARC, que apenas promete distribuir 3 millones de hectáreas (de 114 millones que tiene el país) y titular otras 7 millones, solo termina siendo un pañito de agua tibia, que impulsa lo dictaminado en la Misión Rural del ministro Ocampo y las medidas para fortalecer el mercado de tierras; es decir, cambia la legislación pero se termina favoreciendo la acumulación de tierras y la agroindustria.
Por estas razones y más, enviamos un abrazo a los hombres y mujeres de nuestro CNA que están recuperando y retomando las tierras y mucho ánimo a quienes inician los procesos de recuperación, pronto seremos cientos de miles y haremos la Reforma Agraria Integral y Popular.
Fuente: cna-colombia