El Gobierno Nacional, ya capitaneado por Sergio Massa con acuerdo de sus tribus, concedió al campo concentrado un precio diferencial del dólar para que, grandes acopiadores y productores con espalda, liquiden la cosecha: el famoso “dólar soja”. Buscan así recomponer las menguadas reservas del Banco Central y alejarse de un escenario de devaluación que arroje varios a millones de compatriotas debajo de la línea de pobreza, espiralice la inflación, y desemboque en un cambio de gobierno en 2023 (o antes). Una devaluación que esos mismos sectores concentrados en todos los eslabones de las cadenas agroalimentarias y agroindustriales, vienen fogoneando activamente para maximizar sus ganancias aprovechando la debilidad del gobierno.
Para el CEO de Syngenta, Antonio Aracre, este anuncio representa además: “un gesto de acercamiento conciliador y diferente a lo que venimos observando desde el gobierno hacia el sector de la agroindustria. Enhorabuena”. Beneficios económicos y capitulación política.
En paralelo el Gobierno, busca sancionar la Ley de Fomento Agroindustrial, construida por el entonces Ministro Kulfas junto al Consejo Agroindustrial Argentino, que reúne a más de 60 cámaras empresarias ligadas a la agroindustria. La misma establece reintegros y exenciones para sectores concentrados que no necesitan estímulo, y menos de un Estado al que el macrismo, la pandemia y la guerra en Ucrania han dejado en harapos.
En paralelo las organizaciones integrantes de la Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA), espacio que conforman la Unión de Trabajadores de la Tierra UTT), la Federación de Cooperativas Federadas (FeCoFe) y el Movimiento Nacional Campesino Indígena – Somos Tierra (MNCI ST), presentaron este martes (nuevamente, en algunos casos) una batería de proyectos de ley para que pueda avanzar la Soberanía Alimentaria en nuestro país.
“Frente a la problemática del acceso a la comida y ante la falta de políticas públicas para el sector que produce alimentos: las cooperativas, los pequeños productores, las familias campesinas e indígenas, es que proponemos un conjunto de iniciativas legislativas para garantizar una vida digna en el campo y alimentos sanos a precios justos a nuestro pueblo”, afirmaron en su convocatoria.
El acto de presentación se realizó en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados de la Nación mientras, en la Plaza de los Dos Congresos, realizaban un verdurazo que congregaba como siempre una muy importante cantidad de vecinos y vecinas de la ciudad.
Los proyectos del “otro campo”, del “campo que alimenta”, son:
Ley de Acceso a la tierra
Ley de Arrendamientos rurales
Ley de Protección y fortalecimiento de los territorios campesinos y la agricultura familiar
Ley de Segmentación de las políticas impositivas agrarias
Ley de Financiamiento y fomento del cooperativismo y la transición agroecológica
De la presentación participaron, además de referentes de las organizaciones convocantes, diputados y diputadas de la nación, organizaciones sociales amigas, funcionarios y funcionarias de distintos estamentos del Estado. Quienes tomaron la palabra para describir los lineamientos generales de cada uno de los proyectos, lo hicieron desde una mesa abarrotada de la producción campesina y la agricultura familiar, que es la que nutre las mesas populares en todo el país.
Sobre el final, Nahuel Levaggi, coordinador nacional de la UTT y actual presidente del Mercado Central de Buenos Aires, pidió un aplauso para los trabajadores y trabajadoras de la tierra señalando justamente la producción campesina que poblaba la mesa. Describió a la MAA como “un espacio de articulación y de trabajo por la positiva” porque no sólo discuten el modelo agroalimentario hegemónico, sino que construyen otro cotidianamente: “somos compañeros y compañeras, trabajadoras, cooperativistas, productores que todos los días trabajamos garantizando esto que se ve acá, garantizando la mesa de los y las argentinas”.
De los proyectos presentados, el que mayor repercusión mediática logró por las movilizaciones que lo acompañaron, es el de Acceso a la Tierra: una bandera abrazada cada vez con más fuerza por sectores urbanos, pero que sin embargo, vieron fracasar reiteradamente incluso incumpliendo compromisos asumidos de darle curso y tratamiento. Al respecto Levaggi preguntó lo obvio: “El acceso a la tierra: tan básico! Hace tantos años… estamos planteando créditos, ¿tan difícil es un crédito? Montones de funcionarios nos decían “no hace falta una ley, sacamos una línea del Banco Nación, sacamos una línea desde Jefatura de Gabinete”… ¿tan difícil es un crédito para la tierra propia? ¿Cuál es la traba? ¿Tan difícil es reconocer que los agrotóxicos matan? ¿Tan difícil es entender que con los alimentos cada vez más caros, nosotros tenemos que tener otra política agroalimentaria? ¿Tan difícil que no solamente de concesiones a los poderes concentrados vamos a generar mejores condiciones para el pueblo? ¿Y para el campo que alimenta cuándo? “Cuándo” a toda la dirigencia política, a todos los sectores… Acá está el campo de alimenta, el campo que entiende el alimento como un derecho y no como una mercancía. Tenemos que tener políticas activas para el sector que garantiza los alimentos, con financiamiento, con acceso a la tierra, al agua, con generación de canales de comunicación directos, con empresas públicas de alimentos. Y lo venimos haciendo, esa es la cuestión: nosotros no planteamos ideas que están en el aire, estamos planteando política pública que reflejen nuestras construcciones diarias. Entonces, no puede ser tan difícil. Nosotros y nosotras vamos a seguir luchando. Ahora es cuando”.
Los discursos de todas las personas que tomaron la palabra daban cuenta de la madurez de una propuesta, materializada en prácticas concretas y cotidianas, y ofrecida al conjunto de la sociedad a través de proyectos de ley.
Mientras los sectores concentrados especulan y chantajean a los Estados y a la sociedad, arrancando nuevas concesiones que sólo consolidan sus posiciones dominantes; los sectores populares, garantes de la alimentación de nuestro pueblo, no han recibido más que migajas… ni siquiera se ha publicado la Reglamentación de la Ley 27.118 anunciada por el propio Presidente Alberto Fernandez y el ex Ministro Julián Domínguez frente a todas las organizaciones campesinas.
En este contexto la justicia santiagueña ordenó la detención de Deolinda Carrizo y otros 8 miembros del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE – MNCI – VC) por supuesta obstrucción a la justicia en el caso de desalojo de una familia en el Paraje El Urunday, localidad de Roversi, de esa provincia. Una vez más el poder judicial asociado al poder económico y político, en el saqueo de los bienes comunes y el ataque a sus únicos guardianes. Este es otro hecho gravísimo, ocurrido apenas horas después del (groseramente instigado) intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernandez de Kirchner.
Desde la improvisación cortoplacista, la mediocridad y el desconocimiento supino, y (también) desde la asociación espuria, la enorme mayoría de la clase política sigue embarcando a nuestro pueblo en mayores padecimientos de la mano de los mismos sectores concentrados que nos llevaron a la crisis. En la potencia de las construcciones de nuestro pueblo organizado están las claves para superar tanta frustración y falta de horizontes para las mayorías populares.
Argentina, 7 de septiembre de 2022
Fuente: Huerquen