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Chubut: Hay que cambiar el futuro

Chubut es una provincia atravesada por una crisis que, por momentos, pareciera que tiende a naturalizarse. El sistema educativo público, por ejemplo, ha sido sistemáticamente objeto de un ajuste que solo puede ser entendido si se asume que quienes gobiernan sienten desprecio por los docentes, los alumnos y sus familias. La situación de la salud pública no es mejor. En los últimos años, el Estado ha contraído y aumentado una deuda en dólares que no puede cancelar. Es una herencia maldita que ha sido renegociada para que caiga sobre la próxima gestión provincial. Ante este panorama, la respuesta que da el gobierno para simular una solución es incrementar la intensidad de una propaganda mediática que, a esta altura, resulta ridícula y seguir apostando al extractivismo, sobre todo, a la minería metalífera a cielo abierto.

En dos oportunidades la legislatura provincial aprobó una ley que pretendía habilitar la megaminería. Si el dicho popular “No hay dos sin tres” tiene algo de verdad, hay que seguir alerta. Es que el asunto de fondo es la naturaleza de una democracia débil, que favorece que los funcionarios políticos, más allá de sus promesas electorales, actúen como socios de las grandes corporaciones. En cada una de las dos ocasiones en las que se aprobó la megaminería, la casta política traicionó la voluntad popular y se burló del vínculo representativo. Todo hace pensar que puede hacerlo de nuevo, ya que muchos de esos legisladores y funcionarios promineros seguirán en el aparato estatal en los próximos años. Ninguno se mostró arrepentido y todos evitan hablar del tema en el marco de la campaña electoral. Cinismo puro.

(Comentario al margen: esta es la verdadera “casta política”, no la que menciona Javier Milei en sus discursos plagados de histeria y contradicciones).

Las Iniciativas Populares (o la farsa de esta democracia)

Como una consecuencia directa del triunfo del “No” en Esquel, en 2003, se aprobó la Ley 5.001 (actual, Ley XVII Nº 68), que incluye dos artículos: el primero prohíbe en Chubut la minería a cielo abierto y el uso del cianuro y el segundo da un plazo de 120 días para realizar una zonificación para determinar las áreas donde se puede hacer una excepción al artículo anterior. El movimiento socioambiental chubutense ha respaldado esta ley, argumentando que, al haber transcurrido el plazo establecido para la zonificación, solo tiene validez el primer artículo, el que establece la prohibición. Por su lado, las empresas mineras y sus aliados políticos insisten en que es necesario realizar la zonificación prevista en la ley, aunque los plazos estén vencidos.

La Constitución de la Provincia del Chubut prevé la posibilidad de aprobar un proyecto de ley por Iniciativa Popular. Este consiste en un proyecto respaldado por al menos el 3% del padrón electoral, que, cumplido los aspectos formales, debe ser tratado obligatoriamente en la legislatura. El movimiento socioambiental (integrado principalmente por organizaciones nucleadas en la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut), impulsó los dos únicos proyectos de Iniciativa Popular de la historia chubutense, ambos con el objetivo de garantizar la prohibición de la megaminería en la provincia. El primero, presentado en 2014, fue avalado por más de 13.000 firmas y fue sometido a un tratamiento fraudulento: un grupo mayoritario de legisladores (justicialistas) modificó el texto para lograr el objetivo opuesto y, así, permitir la minería a cielo abierto. Esa sesión derivó en un escándalo mediático y político luego de que se hiciera pública la fotografía de Gustavo Muñiz, un diputado del Frente para la Victoria que, mientras se trataba la ley, a través de sms, respondía pedidos de un gerente de Yamana Gold. El bochorno fue tan grande que la ley nunca fue aplicada y, finalmente, terminó derogada. 

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El segundo proyecto de Iniciativa Popular, respaldado por más de 30.000 firmas, fue presentado en noviembre de 2020 y tratado por la legislatura en mayo de 2021. Bueno, no es correcto decir que “fue tratado”, porque, en realidad, resultó desestimado sin ninguna discusión. La mayoría oficialista consideró que era antidemocrático e ilegal. La misma mayoría que, meses después, aprobaría el proyecto de zonificación minera elevado por un gobernador que había hecho campaña prometiendo luchar contra la megaminería.

Las dos veces que el lobby minero festejó (poquito)

La primera vez que se aprobó la megaminería el gobernador era Martín Buzzi y la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Buzzi había ganado las elecciones apadrinado por Mario Das Neves, quien, por ese entonces, estaba enfrentado con el kirchnerismo. Inmediatamente luego del triunfo, Buzzi se cambió de bando y, entre otras cosas, abrazó con entusiasmo la matriz extractivista impuesta por la Casa Rosada.

La segunda vez que se aprobó la megaminería fue en diciembre del año pasado. El gobernador es Mariano Arcioni, otra figura que construyó su carrera política de la mano de Das Neves y que, luego del fallecimiento de este, se apoyó con fuerza en Sergio Massa y lo acompañó en su llegada al Frente de Todos.

Hay que aclarar que, durante su gobierno, Mauricio Macri también había presionado para que se habilite la megaminería, pero no tuvo éxito. Sobre este punto (y sobre varios otros), la diferencia entre el justicialismo y el macrismo es una cuestión de poder relativo, no de agenda. Por su capacidad de alinear facciones políticas, municipios y sindicatos, en ciertas regiones, uno tiene más poder de daño que el otro.

El Chubutazo

El 15 de diciembre del año pasado, en una sesión convocada de manera sorpresiva e irregular, la

mayoría de diputados aprobó sobre tablas una ley que habilitaba esta actividad, conocida

como Ley de Zonificación Minera. Esa noche, en Rawson, capital de la provincia y sede de

la legislatura, hubo protestas que fueron violentamente reprimidas por las fuerzas de

seguridad. Al mediodía del día siguiente, el gobernador promulgó la ley. A partir de ese

momento, se incrementó la movilización popular en las principales ciudades, con marchas y

manifestaciones cada vez más masivas. El día 16, un grupo de activistas incendió la Casa de Gobierno.  Al día siguiente, Arcioni acudió a ese lugar y, en una improvisada conferencia de prensa, afirmó enfáticamente que no iba a derogar la ley: “Nunca doy marcha atrás. Jamás, en mi vida”.

Lejos de desmoralizar a los vecinos y vecinas movilizados, esa declaración aumentó el nivel de indignación popular. Ese fin de semana hubo aún más gente en la calle, mientras el mandatario se mantenía en silencio, sin que se conociera su paradero. Reapareció el lunes 20 y anunció la decisión de derogar la ley. Primero, lo hizo mediante su cuenta de Twitter y, luego, en una conferencia de prensa en la que tanto él como sus ministros parecían estar velando a un amigo muy querido. Y más o menos fue eso.

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El 21 de diciembre, la cámara de diputados aprobó la derogación por unanimidad. La presión popular fue tan grande que hasta votó a favor el diputado Sebastián “Cien lucas” López, famoso por un video en el que se lo veía pidiendo sobornos a una empresa minera.

El fracaso del lobby minero

El triunfo del Chubutazo puede ser el resultado de una confluencia de procesos: la lucha constante del movimiento socioambiental, el desprestigio del gobierno provincial (y de toda la “casta”), el evidente fracaso del extractivismo como salvación de la provincia, la emergencia de una conciencia ecoterritorial en muchos grupos, etc. 

Es interesante también intentar una explicación del fracaso del lobby minero, porque hay que tener en cuenta que tiene la capacidad de construir una mayoría legislativa, sumar a dirigencias de grandes sindicatos (petroleros, camioneros, UOCRA) y, además, controlar el discurso de la prensa comercial de toda la provincia (la más leída).

Si bien desde una perspectiva foucaultiana el poder puede ser concebido no como un objeto que se posee, sino como una red de relaciones estratégicas, también es una desigual capacidad de imposición y, por lo tanto, algo por y contra lo que se lucha. Las resistencias populares evidencian que las relaciones hegemónicas están institucionalizadas de múltiples modos y, en esta disputa de poder, el discurso es, a la vez, la manifestación del conflicto y un recurso estratégico.

El lobby minero tiene mayor poder institucional y económico que los vecinos y vecinas que se movilizan. No solo explota su autoridad legal para aprobar y derogar leyes, sino que además puede distorsionar y cancelar el discurso de sus adversarios. Directamente, censura el discurso socioambiental en la prensa oficial. Sin embargo, estos mecanismos de exclusión no impiden que esos otros discursos existan, circulen por otras vías y vayan aumentando su legitimidad.

Estas diferencias de poder se evidencian también en las tensiones entre tres agendas: la política, la de los medios y la pública. La primera es gestionada por el lobby minero, la segunda, por la prensa oficial (aliada del lobby minero) y la pública por la ciudadanía y los movimientos sociales.

Brevemente, el lobby minero tiene una agenda que incluye la producción de discursos orientados a legitimar la megaminería y los marcos normativos correspondientes. Los medios oficiales reproducen esos discursos y añaden otros (por ejemplo, noticias a favor de la actividad publicadas en otros países). La agenda pública es sensible a la agenda de los medios y a la de las organizaciones sociales que recontextualizan críticamente la agenda de los medios y la política. En virtud de las posibilidades brindadas por Internet y las redes sociales y por efecto de la acción de los movimientos sociales, esta tercera agenda puede tener puntos de contradicción con las otras dos. Eso fue lo que ocurrió en Chubut, pese a la campaña propagandística llevada a cabo por el gobierno y las empresas mineras.

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El lobby minero falló porque se limitó a utilizar una estrategia obsoleta: pensó que con el control de la prensa comercial iba a ser suficiente para legitimar sus proyectos. Pero el paradigma de la comunicación y de la información cambió. Los diarios son cada vez menos leídos y las noticias circulan a través de las redes sociales.

Mientras la prensa del lobby no publicaba noticias sobre las multitudinarias movilizaciones que había en diferentes lugares de la provincia, los medios comunitarios y los propios vecinos y vecinas transmitían imágenes por Facebook, Twitter, Instagram y Whatsapp. Y esa brecha entre lo que pasaba realmente y lo que la prensa oficial publicaba terminó por deslegitimar más el discurso del lobby y el de la misma prensa.

El futuro no está escrito

La Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut está juntando firmas para presentar una Tercera Iniciativa Popular. Ingresará a la legislatura en un momento incómodo, porque los grupos que allí conviven están lanzados en una nueva campaña electoral y prefieren no hablar de megaminería. Seguro que no cambiaron de idea y, si les garantizan ciertas condiciones mínimas, de buena gana levantarían la mano de nuevo para aprobarla.

Si el pueblo sigue decidiendo en función de la grieta y nuevamente acota su apoyo al kirchnerismo o al macrismo, el futuro no será muy diferente de lo que es este presente y lo que ha sido el pasado. No importa quién gane. Estos dos sectores están convencidos del papel periférico que el capitalismo global asignó a nuestra región, vista como mera proveedora de materias primas. Y no solo eso: también están convencidos de que está bien mentir y manipular la opinión pública para llevar adelante ese proyecto de saqueo.

Pero las cosas pueden ser diferentes. Para que cambien y el Estado no siga en manos de estos grupos, hay que empezar a discutir en serio cómo intervenir en el campo político. Hay que construir colectivamente más allá del “No a la megaminería”, porque no se trata solo de esta modalidad extractiva. Es un modelo de “maldesarrollo” que incluye fracking, explotación petrolera off shore, el negociado del hidrógeno verde, la privatización del territorio (costas de playa, lagos y ríos), manejos poco claros del agua potable, indiferencia ante los reclamos de los pueblos originarios, represión cuando les hace falta, etc.

La experiencia del triunfo del año pasado tiene que servir como base para intentar ese otro camino. No solo frustramos una ley injusta y antidemocrática: demostramos que el pueblo consciente y movilizado es más fuerte que todos estos personajes que usan la democracia formal para venderse al mejor postor.

Hay un futuro que los promotores del extractivismo capitalista han dispuesto para nuestra provincia. Está respaldado por la certeza de que cuenta con la complicidad de los gobernantes de turno y la ambición de varios oportunistas más. Y hay otro futuro, a contramano del colonialismo global, que tiene que ser tejido a la luz de la dignidad de un pueblo en lucha.

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