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Fumigaciones en La Matanza: Desigualdades urbanas, sufrimiento y conflicto socioambiental

Especial para ContrahegemoníaWeb

Cuando hablamos de soja, fumigación, agrotóxicos, mosquito o de un ambiente degradado y contaminado por fumigaciones no controladas en un pueblo o en una escuela, se nos viene las imágenes de un ambiente rural o periurbano. Podríamos pensar en territorios en resistencia de pueblos fumigados, y se nos hace visible la ardida denuncia presentada por las Madres de Barrio Ituzaingó en Córdoba; o en las escuelas rurales denunciadas por Ana Zabaloy, directora de la escuela rural N° 11 de San Antonio de Areco, que fue la fundadora de la Red Federal de Docentes por la Vida y murió en 2019 como consecuencia de un cáncer. ¿Pero qué pasa cuando el ambiente contaminado y degradado por agrotóxicos forma parte del territorio más densamente poblado del país? ¿Cuándo el veneno convive con asentamientos populares, barrios y escuelas a pocos kilómetros de la General Paz?

Hace un año empezamos a tomar conciencia que la gravedad de que esta problemática se instalaba entre nosotrxs: cuando Erika Gebel y su familia, luego de transitar varios centros de salud, pudieron dar con los resultados de los primeros análisis en busca de agrotóxicos. Los datos certificaban que estaban envenenados. Sus vidas cambiaron para siempre. Y con el correr del tiempo descubrieron que no habían sido los únicos, sino que ahora había cientos de infectados en la comunidad de los barrios Nicole y Oro Verde de Virrey del Pino en La Matanza. La angustia de sentirse envenenados se expandió rápidamente. Los mismos síntomas. Las mismas dolencias. Los mismos sufrimientos

Envenenados con glifosato en La Matanza

Erika describe su historia: “al principio cuando vine a vivir acá yo no sabía que era un veneno, hasta me parecía divertido verlo al tractor con el mosquito cuando pasaba, era una imagen de campo, una imagen como una foto de campo, el del tractor te saluda. La gente que trabaja y no tiene ningún equipo especial de nada. Yo creo que ni saben a lo que se exponen”.  El campo denunciado tiene una forma de herradura y tiene aproximadamente 300 ha., siendo el lugar más cercano a la Ciudad de Bs. As., en el que se hace presente el modelo agroindustrial. Modelo que se extiende sobre casi 40 millones de hectáreas en todo el territorio argentino, con el uso anual de más de 600 millones de litros agrotóxicos y más de 5.000 millones de litros de fertilizantes sintéticos, contaminando todas las matrices ambientales.

En esta época del año, el campo es una gran extensión vacía, seca, amarillenta, cubierta del rastrojo de la cosecha anterior, parece inofensivo. Asimismo, son señales que nos muestra el característico proceso de producción de Soja RRTM (Roundup ReadyTM) nombre comercial de la empresa Monsanto/Bayer, su principal propiedad es ser resistente al glifosato (herbicida de amplio espectro que acaba con las malezas sin afectar la soja, factible de ser aplicado en cualquier momento del ciclo agrario) y la adaptación a diversos suelos y ecotonos. Cuando se consolida la utilización de semillas genéticamente modificadas comienza a utilizarse el sistema de “siembra directa” o “labranza cero”. Este sistema deja el suelo intacto antes de la siembra, utilizando maquinaria preparada para colocar la semilla a la profundidad necesaria. De esta forma, el suelo queda cubierto del rastrojo de la cosecha anterior por lo que minimiza la erosión, pero al no eliminarse los residuos de cosecha anterior genera malezas que serán combatidas por mayor cantidad de agroquímicos o con productos de más amplio espectro como el glifosato.

Desde la casa de Erika, ubicada en el centro de la herradura del campo, se pueden ver asentamientos populares construidos en los últimos años como ampliación del barrio Nicole. Detrás de las casillas y la casas en construcción se puede ver las colinas de basura de lo que es el relleno sanitario del CEAMSE. A solo 500 metros del campo fumigado, funcionan tres escuelas: la Técnica 13, la EP 210 y el jardín 1000 que reúnen unos 3.400 alumnos cada día en el Nicole.

Virrey del Pino: “entre los rayos asoma el verde de lo ecológico”

La Matanza sufre una explosión demográfica a partir del proceso de industrialización por sustitución de importaciones con una importante corriente migratoria provenientes de distintas provincias de Argentina. Industrias como la textil y la alimentaria (especialmente la industria de la carne) que habían sido líderes entre los años 30 y los 50, cedieron su lugar a las industrias automotriz, metalúrgica, farmacéutica y química que se constituyeron en los núcleos dinámicos del crecimiento industrial, estimulando la propagación del tejido urbano a los costados de la Ruta Nacional N.º 3, con la formación de nuevos barrios obreros. El barrio Oro Verde se fue construyendo a fines de la década del sesenta en este proceso y su trazado urbano tiende a ser regular y planificado, semejando el amanzamiento habitual de los loteos comercializados en el mercado de tierras.

La Matanza sufrirá de manera visible los efectos de las políticas de ajuste y la reconversión productiva y será uno de los más castigados durante la década del noventa debido al cierre de innumerables fábricas asentadas en la zona; motivando que la configuración ocupacional fuera mutando desde la presencia de enormes contingentes de operarios al de miles de desocupados que buscan algún tipo de trabajo por más intermitente que este sea. Este contexto, sumado a la histórica falta de tierra, de vivienda digna y el hacinamiento en el conurbano bonaerense, es central comprender la dinámica urbana del distrito y para advertir los procesos de conformación, crecimiento y transformación de los asentamientos populares y el proceso de ocupación de tierras que proliferaron a mediados de los ochenta y continúan hasta la actualidad.

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Los orígenes del barrio Nicole ubicado a treinta cuadras del km. 35 de la ruta 3 y junto al arroyo Morales, en la localidad de Virrey del Pino, es el resultado de un proceso de ocupación de tierras. Las tomas de tierra tienden a respetar el entramado urbano y la ocupación cuenta con un sustrato colectivo de acción. Las dificultades habitacionales y la inexistencia de una política que resuelva estos inconvenientes generaron una crisis que fue canalizada por las familias a través de la toma de tierras. El desarrollo del barrio se estructuró fundamentalmente en base a acciones colectivas reivindicativas y también a otras ligadas con prácticas autónomas de organización. Así, se fueron alcanzando un conjunto de objetivos que posibilitaron obtener mejoras en la infraestructura barrial (el asfalto en algunas de las calles principales, la construcción de las escuelas y el tendido de la red que provee de agua). El Barrio Nicole se fue consolidado con el avance de la urbanización. Sin embargo, las demandas vinculadas con la tierra y la vivienda volvieron a acrecentarse durante las continuas crisis que vive el país, conformándose nuevos asentamientos populares como ampliación del barrio Nicole Barrio, como, El Triunfo, 20 de Octubre y Bicentenario, entre otros.

Este análisis del territorio en tanto construcción social históricamente construida se vuelve un eje central al momento de comprender la complejidad que asumen los conflictos ambientales en un ambiente urbano. Conflicto socioambiental que claramente excede, lo meramente ecológico, donde el territorio es el espacio apropiado por una determinada relación social que lo produce y lo mantiene a partir de una forma de poder y de esa manera la definición de sus límites implica procesos de conflictividad social.

Conflicto Socioambiental

A la luz de la actual crisis ambiental mundial, en las últimas décadas han surgido diferentes experiencias de acción colectiva de intensa conflictividad social, donde nuevas demandas y actores sociales confluyen y se articulan en la construcción de un movimiento social y político denominado ambiental y se manifiestan en diferentes escalas del sistema social asumiendo distintas características y sentidos según la historia ambiental, cultural, económica y política de la región donde se desarrollan. 

Virrey del Pino está surcado por multiplicidad de luchas y sentidos, remite a distintas tendencias que proponen formas heterogéneas de concebir la crisis y, por consiguiente, la manera de abordarla, es decir, que un conjunto amplio de reivindicaciones sociales que se desarrollan en los territorios.

En la actualidad, el modelo dominante de agricultura industrial bajo regímenes alimentarios globales se caracteriza por la producción de pocos cultivos en grandes superficies, mediante la siembra directa y la reducción de plagas, gracias al alto uso insumos externos (fertilizantes y agrotóxicos). Hay sobradas evidencias científicas sobre la toxicidad de los principales agroquímicos que se utilizan en el país. La forma de nombrar al conjunto de productos químicos usados en la agricultura expresa intereses sectoriales, los actores hegemónicos del modelo que integran las redes de venta, comercialización y uso los denominan “plaguicidas”, “agentes promotores de cultivo” (dónde también se incluyen los fertilizantes) o “fitosanitarios”, es en parte a través de estas formas de nombrar que se construyen los procesos de legitimación simbólica del uso de los plaguicidas. Cuando las y los vecinos comienzan a percibir la contaminación por agrotóxicos y al mismo tiempo los nombran venenos, empiezan a dar forma a la resistencia a este modelo de enfermedad y muerte.

Cuando apareció la certificación de que sus cuerpos estaban envenados, Erika salió a anunciar al barrio que todos estaban en riesgo, y rápidamente un grupo de vecinxs y docentes conformamos la Asamblea de Vecinos Envenenados por Glifosato La Matanza, para hacerle frente al olvido y a las consecuencias de este modelo voraz y de aquello que los seres humanos llamamos progreso: enfermedades, desigualdad, pasivos ambientales, contaminación y muertes de las que nadie se hace cargo. 

A un año de su conformación, se lograron avances muy significativos: se pudo frenar momentáneamente las fumigaciones, denunciamos la problemática en el poder judicial y político del municipio, elaboramos un proyecto de ordenanza que regule la fumigación en toda La Matanza, articulamos con otras asambleas de pueblos fumigados en toda la provincia y ahora se está realizando un relevamiento sobre la salud ambiental en los barrios afectados. Pero estas acciones no son gratuitas porque se enfrenta (centralmente en la referencia de Erika) constantemente amenazas del poder económico y político. 

En la causa por las fumigaciones con agrotóxicos en Virrey del Pino, se viene avanzando lentamente. Hace unas semanas la justicia ordenó una inspección judicial como medida precautelar sobre el área del barrio que linda con los campos fumigado y hay también un Dictamen de la Defensora Federal de Menores acompañando la medida cautelar por prohibición de fumigaciones terrestres a 1095 metros y provisión de agua en el barrio. La acción judicial ambiental tramita dentro del marco de la causa “Mendoza” sobre la contaminación de la Cuenca Matanza Riachuelo.  Se trata de una orden judicial inédita dentro del historial de la lucha judicial de los pueblos fumigados en la que se exige a partir de la vigencia del Acuerdo Escazú un mayor compromiso del poder judicial para garantizar el acceso a la justicia ambiental, máxime cuando en el caso se visibiliza pristínamente el contraste entre una actividad altamente contaminante y la situación sanitaria (riesgo de cáncer) y ambiental (impactos en el agua, suelo y aire) de un barrio humilde con miles de familias que además de no contar con los servicios básicos son sometidas a los impactos de un modelo agroindustrial ecocida.

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Al mismo tiempo, la lucha contra las fumigaciones y por el agua sin venenos, empalmó con otros procesos y reivindicaciones que se desarrollan en el Territorio.  A partir de una asamblea unitaria de distintas organizaciones populares que trabajan en el barrio Nicole, Bicentenario, La Fortaleza, 20 de agosto, El Trébol El Triunfo, etc.; consensuaron movilizar y cortar la Ruta Nacional N° 3, acción que se realizado el pasado 16 de septiembre, cuyo pliego de reclamos   reseñaba: “ningún desalojo en barrio Nicole y el resto de los barrios ante la posible caducidad de la ley que impide los desalojos (ley 27453). urgente prorroga por 10 años de dicha ley; que el municipio cumpla urgentemente con la ejecución de los fondos prometidos para urbanización del barrio Nicole y aledaños; agua potable de calidad para nuestros barrios; urgente construcción de un polo educativo (una escuela secundaria, una primaria, una escuela especial y dos jardines de infantes); basta de fumigar! basta de glifosato y agrotóxicos en nuestros barrios”

 Estas acciones nos permiten identificar a estos conflictos ambientales urbanos como conflictos sociales, políticos, distributivos y territoriales que adquieren distintas formas de resolución de acuerdo con el momento y lugar donde se suscitan. Donde lo que está en disputa no es tan sólo el impacto ambiental sino también los impactos económicos, culturales y sociales. Es decir, lo que está en juego en estos conflictos no es sólo la conservación del ambiente sino cuestiones más integrales como el sistema de vida locales y el control del territorio. La lógica económica global amenaza los territorios en que se desarrolla y organiza la vida cotidiana y, en el caso del fenómeno de urbanización actual, amenaza la ciudad como un lugar de encuentro y de oportunidades de desarrollo para sus habitantes.

Asamblea de Vecinxs y organizaciones del B° Nicole y aledaños

Escuelas Fumigadas: Niñeces en peligro

En la Argentina se pasó de utilizar 30 millones de kilos/litros de plaguicidas en el año 1993 a más de 600 millones de Kg/l en la actualidad. De los plaguicidas utilizados en el país, 123 pueden ser categorizados como altamente peligrosos para la salud socioambiental. Mientras que 140 plaguicidas de amplia utilización se hallan prohibidos en otros lugares del mundo. La exposición a los plaguicidas y el efecto en la salud de los niños y niñas resulta un grave problema. 

Considerando que la población infantil y adolescente que concurre a las escuelas del Barrio Nicole y Oro Verde, transcurren la mayor parte del día dentro del ámbito escolar, expuestos a graves riesgos de daño a su salud derivados de la continua exposición a los agrotóxicos,  son las principales víctimas silenciosas de este modelo agroindustrial negligente y perverso, cuyos actores y cómplices (Funcionarios públicos, legisladores, ingenieros agrónomos, propietarios, etc.) jamás tuvieron en cuenta las externalidades negativas que para el ambiente y la salud humana conlleva la fumigación con agrotóxicos. En el informe “Niñez y Riesgo Ambiental en Argentina” realizado bajo la órbita del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD Argentina conjuntamente con el Defensor del Pueblo de la Nación, Unicef Argentina se señala que, si bien la exposición a plaguicidas implica un riesgo para toda la población, los/as niños y niñas pueden estar más expuestos y susceptibles al daño. Los plaguicidas se transfieren al feto a través de la placenta y durante la infancia temprana a través de la leche materna. A medida que crecen, los niños beben más agua, consumen más alimento y respiran más aire, kilo a kilo, en relación con los adultos. Los niños pueden tener patrones de alimentación completamente diferentes al de los adultos, lo que hace una exposición a plaguicidas más desproporcionada; su dieta es menos diversa, resultando el consumo de grandes cantidades de ciertos alimentos. Además, al jugar cerca del suelo, los niños se exponen a plaguicidas presentes en el polvo y tierra debido a su actividad mano-boca. Asimismo, debido a que los niños tienen un metabolismo diferente al de los adultos, pueden tener una distinta capacidad para descomponer o metabolizar, excretar, activar o desactivar los plaguicidas.

Esta gravísima situación denunciada que viven muchas escuelas rurales y ahora alcanza a la zona más densamente poblada del país, se ve “amparada” por el régimen jurídico sobre agrotóxicos de la Provincia de Buenos Aires (Ley Nº 10.699 Decreto Reglamentario Nº 499/91), el cual no establece ningún tipo de protección sobre las escuelas en relación con el uso de agrotóxicos en sus adyacencias. Mientras se libra una dura batalla en todos los frentes para parar las fumigaciones, Desde la Asamblea se redactó junto a los concejales matanceros del FIT-U y luego se debatió en una asamblea en la Escuela del barrio, un proyecto de ordenanza municipal para que regulen las fumigaciones de agrotóxicos en el Municipio e imponga una franja de no fumigación entre los campos y los asentamientos humanos, los cursos de agua y las escuelas. Asimismo, el proyecto de ordenanza señala el impulso de la agroecología y el control popular sobre su aplicación. El proyecto, a pesar de una importante movilización reclamando su tratamiento, se encuentra hoy en los cajones del concejo deliberante. 

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           Asamblea en la EP210 para debatir el proyecto de ordenanza de no fumigación en La Matanza

Desigualdades urbanas, sufrimiento ambiental y conflicto socioambiental

La incorporación de Argentina en la “senda del progreso” implicó aceptar política, social y culturalmente, durante los años de la sustitución de importaciones, cierto nivel de contaminación como signo de vigorización industrial. La expansión industrial con el consiguiente desplazamiento residencial de los sectores de menores ingresos y asalariados de la industria no sólo fue el motor de la suburbanización, sino que fue el signo, a costa de bajos controles en las emisiones de sustancias tóxicas y degradación ambiental, del desarrollo económico y empleo local en vastos partidos del conurbano. Luego vendrán años de exacerbación neoliberal, profundizando una matriz extractiva que alimentaron una dinámica de despojo o desposesión de bienes naturales, de territorios y, por ende, de derechos colectivos de las comunidades.

En la actualidad, las políticas de los gobiernos “progresistas” o “nacionales y populares” cómo les gusta autodominarse, tanto las del gobierno  municipal, como el provincial o la de los organismos responsables como ACUMAR, muestran la inacción y la opacidad, ambigüedad y naturaleza contradictoria de las políticas ambientales y de gestión ambiental en los niveles locales y provinciales, forman parte de una realidad cotidiana donde se encadenan las molestias físicas, la aparición de la enfermedad, desigualdades socioecológicas y la falta de diálogo con los poderes locales. Plantean una falsa oposición entre lo social y lo ambiental, argumentando el “derecho al desarrollo”. El marketing político del intendente Espinoza, con su eslogan de cabecera: “Corazón productivo de la Provincia” deja en evidencia sus prioridades. Hoy tenemos un municipio donde no sólo se resolvió el déficit estructural de vivienda, acceso a los servicios básicos, desempleo y cobertura social insuficiente, sino que, además viene sufriendo una continua degradación del ambiente y de la salud: Contaminación de toda la cuenca del río Matanza y sus arroyos, la destrucción de humedales y las eternas inundaciones de los asentamientos populares, la contaminación de las grandes industrias y frigoríficos, la permanencia del CEAMSE, el avance sobre áreas protegidas por lxs propixs vecinxs; y, a este combo como si no faltara nada, le sumamos las fumigaciones con agrotóxicos.

Las desigualdades socioecológicas resultan particularmente violentas para las comunidades, pues generan efectos visibles e impactan muchas veces en el corto plazo en la biografía y subjetividades de los individuos, al tener consecuencias sobre los cuerpos, la salud y la forma de pensar los espacios colectivos. No existen disputas económicas y sociales por un lado y puramente ambientales por el otro. En virrey del Pino, el mapa de la pobreza coincide con el mundo de la degradación ambiental. Conviven los sectores más excluidos con una situación de sufrimiento ambiental.

El conflicto en virrey del pino expresa una disputa por justicia ambiental en la que está presente el derecho a la ciudad, entendido como el derecho a las comunidades a ser parte activa en el proceso de producción de esa ciudad.

Derecho al agua y el saneamiento, al hábitat saludable, a la educación y a la salud, a la vivienda digna, son parte de un conflicto que consideramos pertinente, la definición del economista español Martínez Alier, quien define a los conflictos ambientales como conflictos ecológicos-distributivos: son aquellos que surgen como resultado de la desigual distribución de los recursos naturales. Distingue distintas corrientes dentro del ambientalismo, siendo el ecologismo de los pobres la que más desarrolla. En esta corriente “lo ambiental” como problemática organiza el sentido de lo colectivo en las protestas y resistencias populares. En mayor parte, estos movimientos están relacionados con luchas territoriales que tienen que ver con la propia subsistencia de las poblaciones afectadas.

En este transitar la Asamblea de Vecinos Envenenados por Glifosato va construyendo lentamente y desde abajo este camino de lucha, uniendo demandas junto a las organizaciones sociales y populares del territorio. No solo exigiendo las franjas de no fumigación, sino también por la prohibición de los plaguicidas y una producción sin agrotóxicos. Mientras se construyen territorios de resistencia, debemos debatir las salidas de fondo para terminar con este modelo de producción de despojo, enfermedad y muerte; y recuperar las tierras para desarrollar un modelo agroecológico que tenga como objetivo la Soberanía alimentaria y el Buen Vivir. Esta transición debe construirse a partir de la lucha por el territorio en manos de las comunidades, con circuitos de comercialización locales y de intercambio justo, donde las relaciones no prioricen el negocio, sino la solidaridad, la defensa de los bienes comunes, la biodiversidad y la construcción de relaciones más justas y libres de violencias.

El autor es Docente y miembro de Asamblea de Vecinos Envenenados por Glifosato

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