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Resistir con el Humedal: Experiencias de Educación Ambiental Comunitaria y Diálogo de Saberes basadas en Conflictos Ambientales del Delta del Paraná

“si vos destruís el junco, destruís la vida. Porque el junco es río también (. . . ) no podés desintegrar las cosas. (. . . ) El río está vivo. ¡Si vos le impedís al río crecer y bajar, lo matás!

Relato Junquero

La Educación Ambiental (EA) es tanto un campo de práctica política y educativa comprometida como de investigación académica. Debido a la conflictividad ambiental creciente a nivel mundial y especialmente en el contexto Latinoamericano, la EA viene creciendo en prioridad y visibilidad, algo que últimamente fue canalizado a través de la sanción de una ley nacional específica (Ley de Educación Ambiental Integral 27.621/21) por un Estado que por un lado sigue profundizando el capitalismo extractivista, pero que por otro lado habilita espacios por donde posicionar miradas ecofeministas, indígenas y comunitarias. Desde esos movimientos de resistencia se posicionaron contenidos críticos en una ley que al igual que la Ley de Educación Sexual Integral es una victoria de lxs cuerpxs subalternizadxs, en este caso de lxs cuerpxs-territorio. 

Desde los inicios de nuestro grupo, centrado en los años ‘80 en la didáctica de las ciencias naturales, hemos recorrido un camino que hoy nos lleva a situarnos dentro de las corrientes críticas del campo de la Educación en Ciencias Naturales, Ambiental y en Salud (ECNAS). Desde allí sostenemos que es prioritario cuestionar la pretensión colonialista de superioridad del saber científico frente a otros saberes, lo cual no implica negar su importancia social, sino aportar a lo que Boaventura de Sousa Santos refiere como una ecología de saberes. Este posicionamiento se manifiesta en la constitución de “colectivos intersectoriales, interdisciplinarios, intergeneracionales, interétnicos, intergéneros, en los que circulan conocimientos y experiencias y se definen conjuntamente acciones y decisiones”. Desde allí intentamos aportar a la construcción de pedagogías descolonizadoras nutridas de compartires, intercambios, vínculos y sinergias, generadas en encuentros entre quienes tejemos desde espacios diversos, reconociendo saberes otros como principios incluyentes para el cuidado de la vida.

En este texto describiremos brevemente una serie de experiencias educativas realizadas en el marco de un conflicto ambiental emblemático que involucra el derecho al territorio, la justicia epistémica, la justicia cognitiva y la justicia ambiental de la población isleña del Delta del Paraná.

Caracterizando e historizando un territorio de humedales en disputa

El Delta del río Paraná se encuentra hoy gravemente degradado por incendios de enorme magnitud llevados adelante por terratenientes ganaderos y entre otras cosas por ello constituye uno de los pilares territoriales que representa la lucha por una Ley Nacional de Humedales que hace más de 10 años reclamamos sectores de todo el país.

Pero los conflictos en nuestro delta no se circunscriben únicamente a los incendios, en la base de la mayoría de los graves conflictos ambientales que se están desplegando en Latinoamérica está de fondo el problema de la tierra. En 2008, la empresa Colony Park intentó construir un mega barrio privado que dio origen a un conflicto territorial y ambiental con la población local. A partir de una compra-venta de dudosa legalidad sobre un título de propiedad de un antiguo lote, un grupo de empresarios inmobiliarios decidieron avanzar y extraer renta sobre una enorme extensión de nuevas islas que se habían formado con el pasar de las décadas por la acumulación de sedimentos que realiza este exuberante delta en crecimiento. A pesar de estar ocupadas desde su mismo surgimiento, durante más de 80 años por sucesivas generaciones de población isleña, las dragas avanzaron ilegalmente sobre más de 300 hectáreas de humedales, desalojando violentamente a las familias junqueras y pescadoras que habitaban el arroyo Anguilas. Según surge de entrevistas realizadas por referentes de la ecología política local, las familias junqueras se auto-reconocen como “hacedoras de islas”, bajo “una modalidad de apropiación que no responde a la legalidad moderna de la propiedad privada, ni a la destrucción para construir otro territorio, más bien, el ecosistema en su conjunto pertenece temporalmente a quiénes lo trabajan, habitan y desean seguir haciéndolo […] estas otras modalidades de territorialización, de experiencia con el ecosistema, son rastros que, cuando se instalan dentro de una querella por derechos o disputa en el espacio público, contribuyen con el proceso más general de creación de nuevos modos de re-significación social de la naturaleza, y por ende de articulaciones de lo histórico y lo natural, capaces de tener un contenido emancipatorio”. 

Con la impronta de esa territorialidad isleña se creó la Cooperativa Isla Esperanza (CIE), una organización socioterritorial con vínculos con el Movimiento Nacional Campesino Indígena y demás movimientos campesinos de nuestro país y Latinoamérica (Cooperativa Isla Esperanza, 2012). A partir de la organización comunitaria iniciada en base a la recuperación del trabajo junquero, la intensa presión social en alianza con otras asambleas ambientales locales que venían discutiendo la contaminación del río y el extractivismo turístico e inmobiliario en el Delta, no sólo lograron instalar el conflicto en las calles y en el debate público del Partido de Tigre sino que lograron amplificar su difusión en los grandes medios de prensa nacionales. Estos movimientos tuvieron sus frutos y lograron que en 2012 la jueza federal Sandra Arroyo Salgado paralizara las obras y posteriormente dictaminara una resolución donde instaba a la empresa a remediar el daño ambiental producido, algo que hasta hoy no ha ocurrido. Además, es importante tener en cuenta que a más de 10 años de iniciada la causa judicial, el proceso legal continúa y la empresa mantiene su intención de continuar con el mega emprendimiento. Por ello, a fines de 2016, cuando el galpón de la cooperativa fue quemado intencionalmente en circunstancias que la justicia nunca esclareció y cuya responsabilidad lxs isleñxs apuntan a Colony Park, la CIE convocó al apoyo de organizaciones ambientales locales y grupos académicos del CONICET y universidades públicas, para la conformación del Observatorio de Humedales Delta (OHD), al cual nos integramos para colaborar en la defensa del territorio y el cuidado del humedal.

EA desde perspectivas críticas y su relación con los derechos humanos

Como educadorxs que habitamos el Delta y proyectamos acciones desde este territorio insular, la potencia político-pedagógica del conflicto protagonizado por las familias junqueras que resistieron y pusieron un freno al extractivismo inmobiliario, nos permite pensar una EA entendida como práctica política, epistemológica y ontológica que intenta construir una racionalidad ambiental para el cuidado de la vida y la descolonización de los territorios del Sur. Esta EA pretende romper la experiencia del saber centralizado, constituido en saber-poder de control y regulación de lo ambiental para recomponer miradas que hablan de otros mundos posibles como manifiestan las comunidades en resistencia a los múltiples frentes del extractivismo. Esta EA, enmarcada en el Pensamiento Ambiental Latinoamericano, tiene vínculos con la educación popular que Paulo Freire impulsó durante toda su vida. Uno de sus enfoques es la Pedagogía del Conflicto Ambiental, que junto a otrxs educadorxs ambientales de nuestra región planteamos construir desde miradas sociales y políticas de la realidad que inviten a participar de los conflictos ambientales . 

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En el marco de los conflictos ambientales se pone de relieve con claridad el vínculo entre ambiente y derechos humanos, su interdependencia. Con la agudización del extractivismo y el consiguiente aumento de la violencia en los territorios, los Estados tienen la responsabilidad de garantizar la vida y bienestar de lxs ambientalistas y referentes del territorio, ya que muchxs son asesinados o sufren violencia debido a su actividad. Según reconocen los organismos internacionales de derechos humanos, es necesario garantizar “la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, educación y conciencia pública, acceso público a la información ambiental; evaluación de los posibles impactos ambientales y sociales de los proyectos y políticas propuestos, participación pública en la toma de decisiones relacionadas con el medio ambiente y acceso a recursos efectivos para las violaciones de los DDHH y las leyes nacionales relacionadas con el medio ambiente.” . Sin embargo sabemos que junto a las declaraciones y políticas de estados nacionales y organismos internacionales, existe una línea abismal que separa “el reino del derecho del reino del no derecho”

Estos procesos de conflicto a lo largo y ancho del mundo en muchos casos tienen como protagonistas a movimientos de justicia ambiental. En Latinoamérica “la noción de justicia ambiental atraviesa la defensa de las condiciones de vida y la salud para incorporar la discusión sobre el acceso a los bienes comunes (derecho universal al agua, a la tierra, a la soberanía alimentaria, infraestructura básica) en el marco de disputas económicas, pero también en términos de valores culturales e identitarios”. Asi la justicia ambiental se ha venido reconfigurando como un concepto crítico de los conflictos ambientales generados por la injusticia producida por el régimen ontológico dominante que se ampara en una estructura jurídica diseñada dentro de la racionalidad moderna. En este sentido la justicia ambiental demanda otra racionalidad en la que puedan desplegarse los derechos colectivos, culturalmente diferenciados, a los bienes comunes, esenciales para la permanencia de la vida. 

Así es que en estos procesos de conflicto, los movimientos de justicia ambiental al lograr instalar sus argumentos en la agenda pública, generan instancias de EA para toda la población. Este campo de argumentaciones también está en disputa, ya que en gran parte se reproducen a nivel epistémico las injusticias que operan sobre los grupos subalternizados. De esta forma, la búsqueda de justicia ambiental conlleva la búsqueda de justicia epistémica. Es necesario entretejer entonces la EA con la interculturalidad crítica y extendida. Desde el punto de vista intercultural crítico, además de hacer foco en el racismo que mantiene la cultura dominante, se agrega la interseccionalidad con la clase, género, edad, entre otras. A su vez sumamos la idea de interculturalidad extendida, que propone que la interculturalidad ya viene siendo practicada por los pueblos indígenas y demás identidades subalternizadas, que son socializadas en la cultura dominante. Por ello, el problema principal es que la cultura dominante revise y transforme sus prácticas interculturales. Todo esto se juega en los conflictos ambientales, donde existen disputas por los lenguajes de valoración de la naturaleza atravesados por lo intercultural, al punto que se habla también de conflictos ontológicos. Por ello como educadorxs ambientales nos es importante apoyar la comunicación de las voces genuinas del territorio y amplificar las argumentaciones que realizan en base a sus diferencias culturales y sus modos de vida, sin romantizarlas ni dejar de dialogar críticamente, pero menos aún colonizarlas epistémicamente desde los criterios establecidos en la escuela o la academia. Así podemos dar curso a nuevas perspectivas de comprensión capaces de guiar la construcción de sociedades verdaderamente sustentables a través de la territorialización de mundos y modos alternativos de pensar, de producir y de habitar los territorios al cuidado de la vida

Experiencias de materialización de la pedagogía del conflicto ambiental en el Delta del Paraná

Habiendo ensayado una caracterización en breves líneas del territorio en disputa y de algunos de nuestros puntos de partida teóricos y político-pedagógicos, es preciso narrar algunas de las experiencias de EA comunitaria en las que venimos participando en articulación con  un movimiento socio-territorial atravesado por el conflicto ambiental.

Compartiremos las siguientes líneas fruto de un proceso metodológico vinculado a la investigación acción participativa y la educación popular, conocido como sistematización de experiencias, una modalidad de producción de conocimiento de carácter participativo, que se apoya en la reconstrucción narrativa y la interpretación crítica de las dimensiones y sentidos que lxs participantes analizan. Para la elaboración de este texto recurrimos a sistematizaciones previas realizadas para cada experiencia, las cuales reconstruimos a partir de diferentes registros, principalmente de audio y fílmicos, entre otras fuentes. Nuestro eje de sistematización abordó cuáles fueron los vínculos entre EA y derechos humanos que emergieron a lo largo del proceso, recapitulando una serie de experiencias realizadas entre 2017 e inicios de 2020.

Las siguientes actividades fueron planificadas por población isleña y personas de la academia en el marco de reuniones periódicas realizadas con la Cooperativa Isla Esperanza en el arroyo Anguilas. 

Este taller, realizado en julio de 2017, formó parte de un proceso de formación interna sobre humedales. La CIE solicitó colaboración para la elaborar un “Plan de Remediación” a ser incorporado en el expediente judicial, ya que por orden de la jueza, Colony Park debía remediar la totalidad del daño ambiental realizado. Esto podía implicar -desde la racionalidad hegemónica- realizar grandes movimientos de tierra, nuevamente intervenir con enormes dragas, retroexcavadoras y demás maquinaria pesada para restablecer la forma de los ríos e islas afectadas a su estado anterior. Sin embargo, este tipo de accionar sería contrario a la racionalidad ambiental que emergió del cruce de saberes isleños, ambientalistas y académicos. 

No sólo surgieron reparos ante nuevas intervenciones de gran impacto sobre el territorio, sino que también se decidió evitar la trampa del “maquillaje verde”, que suele ser una oportunidad de negocios que acompaña al extractivismo. Las empresas que producen el daño ambiental  luego se encargan de la remediación y a través de ello lucran, con acciones que simulan ser reparatorias pero en realidad son paliativos superficiales. Así en lugar de afrontar los pasivos ambientales, no los resuelven e incluso terminan acumulando ganancias con un proceso ficticio que nuevamente perjudica o invisibiliza a la comunidad local. 

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La jornada se planificó en formato taller, como un punto de partida para el diálogo de saberes sobre el territorio (isleños, ambientalistas, ecológicos, legales, sociológicos, etc). Asimismo la sistematización posterior de esta instancia de educación popular resultó un insumo clave para la elaboración del Plan de Remediación. Algunos emergentes de este proceso que rescatamos:

-el rol pedagógico del movimiento socioterritorial: la planificación de la jornada previó un primer momento llevado adelante por la cooperativa. Planificado y coordinado íntegramente por lxs isleñxs, comprendió el reconocimiento territorial y del daño producido a través de sus relatos. Realizamos una navegación por el arroyo Anguilas y alrededores, hasta las playas donde las familias recolectaban juncos antes del inicio del conflicto. 

-el rol pedagógico de la academia: la segunda parte de la jornada trabajamos por grupos en torno a la noción del río como entidad viva -planteado de esta forma por uno de lxs isleñxs. Esta voz isleña desnaturalizó la cosificación de la naturaleza, al reconocerle vida al río como entidad. Esta intervención realizada durante la recorrida por los juncales, nos interpeló a tal punto que modificamos la planificación original y propusimos pensar la remediación en base a la pregunta “¿qué le gustaría al río que hiciéramos?”. Así surgieron nuevos interrogantes: ¿Qué significa para la academia que el río esté vivo? ¿Cómo podemos plasmar esta idea en un plan de remediación ambiental? ¿Cómo expresar estas ideas para que puedan ser valoradas positivamente por la justicia? 

-la educación ambiental como escenario de participación política: es importante recuperar la forma en la que se elaboró el documento del Plan de Remediación que luego fue adjuntado a la causa judicial. La comisión de educación del OHD fue la encargada de planificar y coordinar junto a la CIE el desarrollo del taller en el cual se produjo el diálogo de saberes que permitió luego elaborar el documento. La elaboración del documento, por su contenido y modo de construcción, entendemos que constituyó una instancia de búsqueda de justicia ambiental y epistémica. 

2017. Encuentro “Sentipensar con el Humedal” 

Figura 2. Jornada “Sentipensar con el humedal”.

Esta actividad fue concebida como una nueva instancia de diálogo de saberes, invitando a la comunidad isleña y al ambientalismo del AMBA que defiende los humedales a través de redes sociales. Consistió en un campamento de dos días con un total aproximado de 100 asistentes vinculadxs a organizaciones y redes ambientalistas locales que se movilizaron desde isla y continente hasta el territorio en conflicto.

En esta jornada de dos días con variadas actividades coordinadas por la CIE y el OHD, se dieron encuentro varias organizaciones sociales del territorio, que han sido protagonistas desde la década del ‘80 y el retorno de la democracia, del movimiento de justicia ambiental local y de otras luchas por los derechos humanos. La Asamblea Delta y Río de la Plata, la Asociación Civil Liberpueblo, el Centro Cultural y Comunitario Casa Puente, acudieron al llamado para compartir sus experiencias de lucha.

El “sentipensar con el humedal” nos permitió además, identificar el accionar de otros actores implicados en estos conflictos (instituciones estatales, fuerzas de seguridad y otros grupos empresarios) y su rol funcional al extractivismo. En este proceso de reconocimiento de las violencias sufridas y las emociones vividas en relatos en primera persona, cobró especial importancia el reconocimiento de la dimensión social del daño ambiental. Algo central que circuló durante ambas jornadas, fue que el daño no solo afectó a los humedales en tanto naturaleza, sino que el daño fue también a la población isleña y su modo de vida. 

Reflexionamos acerca de las movilizaciones colectivas en rechazo a las formas más agresivas del extractivismo, punto de convergencia de lxs participantes. El diálogo de saberes permitió socializar y vivenciar propuestas diversas sobre formas de comunalidad, de habitar el territorio; de concepción y vinculación con el humedal. En estos grupos no prima el valor económico sino lo afectivo, lo estético, lo sagrado, lo espiritual. En los conflictos ontológicos “un camino se abre para investigar qué mundos están en juego, cómo se narran a sí mismos y al conflicto y cómo nuestro análisis puede relacionarse con esos relatos e intervenir en el conflicto” (Blaser, 2013: 9). Esto se hizo presente a través de la participación de la Comunidad Indígena de Punta Querandí. Su presencia y las reivindicaciones que trajeron en torno a su derecho a la tenencia comunitaria de la tierra, nos permitió vivenciar a todxs lxs participantes una EA intercultural en la que confluyeron miradas urbanas, isleñas, e indígenas en el conflicto por los humedales. Específicamente la mirada de Punta Querandí permitió visibilizar las líneas de continuidad entre sectores de la clase alta de Buenos Aires que perpretraron el genocidio indígena en la “Campaña del Desierto” a fines del siglo XIX y el empresario Jorge O’Reilly dueño de la empresa inmobiliaria EIDICO. Este empresario tiene a su vez vínculos con el ex-intendente de Tigre y con el Opus Dei, uno de los sectores más conservadores de la iglesia católica. La reconstrucción del conflicto de Punta Querandí, incluyó la denuncia de O’Reilly por sus dichos públicos en contra de los pueblos originarios, así como la publicación de mensajes amenazantes por las redes sociales, proponiendo al Estado accionar con represión para evitar “la justicia por mano propia” en el marco del conflicto con la comunidad indígena. Estos dichos no solo cobran relevancia a la luz de la escalada de violencia política que se registra últimamente en nuestro país, sino que los relatos mostraron con claridad la continuidad del racismo que aún impregna de colonialidad al poder político y económico en Latinoamérica. 

2018. Formación Docente Comunitaria con el grupo Secundaria Isleña Sustentable (SIS) 

Figura 3. Talleres de formación docente comunitaria

En 2018, luego del camino recorrido, desde la cooperativa se propuso retomar el trabajo previo con escuelas locales. Así es que a través de la Comisión de Educación del OHD se comenzó a articular con el grupo Secundaria Isleña Sustentable (SIS), de la escuela secundaria n°12, del río Sarmiento (Tigre), para implementar un dispositivo de formación en EA, orientado a docentes y la comunidad en general, una propuesta de formación docente comunitaria, algo no muy frecuente en el ámbito del sistema educativo formal. Consistió en un curso, conformado por 4 encuentros presenciales de cuatro horas de duración cada uno, planificados como talleres de educación popular y difundido como “Taller de formación sobre educación ambiental en el Delta de Buenos Aires”. Participaron más de 30 personas de la comunidad isleña y barrios urbanos cercanos, de la escuela (docentes, familias) y la universidad (investigadorxs). El primer encuentro estuvo centrado en una actividad de mapeo colectivo; el segundo profundizó en conflictos ambientales surgidos del mapeo a distintas escalas; el tercero constituyó una salida de campo al territorio en conflicto; y el cuarto un balance del proceso y apertura a elaborar proyectos de EA. 

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2019. Acompañamiento a grupo SIS

Fruto de los talleres de formación, durante 2019 continuamos realizando encuentros de acompañamiento al grupo SIS para la elaboración de proyectos de EA. A partir de ello el grupo SIS realizó entrevistas a integrantes de la CIE a fin de incluir sus saberes ambientales isleños dentro de sus proyectos de EA. Actualmente, el proyecto del grupo SIS se ha constituido como una asociación civil que canaliza la demanda por un edificio y que el mismo posea un diseño sustentable, para esta escuela secundaria pública isleña. Fruto de sus gestiones y la presión social por el cuidado de los humedales, ya han obtenido un terreno cedido por el municipio y algo de financiamiento para avanzar en una primera etapa. El proyecto de nuevo edificio incluye bioconstrucción, energías alternativas y diseño bioclimático, así como un enfoque de metabolismos integrados que incluyen la potabilización de agua, la colecta de agua de lluvia, la gestión integral de residuos. 

2020. Talleres sobre el derecho al agua en el Delta

Figura 5. Evaluación de calidad del agua en el Arroyo Anguilas desarrollada por el grupo Cosensores junto a la Cooperativa Isla Esperanza.

Durante febrero de 2020, se realizó una experiencia de formación interna junto con la CIE, en torno al derecho al agua en el Delta de Tigre. Los talleres fueron fruto de la articulación entre distintos grupos académicos dentro del OHD, uno de los focos principales que emergió fue la incorporación de tecnologías de desarrollo libre para evaluar calidad del agua, elaboradas por el grupo CoSensores (UBA-UNSAM). Además de la calidad del agua, en esta experiencia se puso de relieve la injusticia ambiental y la vulnerabilidad diferencial al daño ambiental. La perspectiva de diálogo de saberes, permitió reflexionar acerca de múltiples vulneraciones del derecho al agua que atraviesa la población isleña. Entre ellas se encuentra la falta de acceso a agua potable, la contaminación de ríos y arroyos, la erosión de las costas provocada por el oleaje náutico excesivo y el riesgo de circular por el río, en un contexto de inseguridad náutica que provoca la muerte de isleñxs por el descontrol de los yates asociados al turismo extractivo. Últimamente estas injustas muertes se multiplican preocupantemente y dan cuenta de las múltiples dimensiones sociales del daño ambiental que ocasiona el modelo de territorio que impulsan los barrios cerrados, el turismo extractivo y sus actores políticos y empresariales asociados. 

Aprendizajes y reflexiones desde las experiencias en EA

Las experiencias de EA sistematizadas, están basadas en una actitud de escucha al territorio y vivencia/experiencia del mismo, fundamental para promover la construcción de saber ambiental y participar del diálogo de saberes que se propone desde el Pensamiento Ambiental Latinoamericano. 

En estos años de aprendizajes con el humedal, consideramos clave aportar a la co-construcción de una EA crítica, que amplía la comprensión de la  perspectiva de derechos humanos articulando las voces del territorio y de las organizaciones en resistencia al extractivismo a través de  experiencias de formación docente comunitaria desde una pedagogía del conflicto ambiental.

En estos territorios en disputa que sustentan la Ecología Política del Sur para que emerja un diálogo de saberes (y vivires) es necesaria una actitud permanente de respeto y consideración de todas las voces que deseen participar. Esta consideración implica, en la práctica pedagógico-didáctica, el diseño e implementación de: momentos de encuentro acordados con las organizaciones participantes; actividades pertinentes ideadas conjuntamente; incorporación de tiempos propios así como actividades acordes a los ritmos y prácticas propias de las poblaciones involucradas; consideración de diferentes dimensiones y escalas del conflicto, a fin de promover una lectura en contexto; y, en lo posible, identificación de “irrenunciables”, aquéllos puntos que aúnan a distintos grupos involucrados en la defensa del territorio. 

Como vimos, las organizaciones de justicia ambiental traccionan el cumplimiento de los derechos humanos en relación al ambiente, a la defensa de sus territorios,. Si bien en este conflicto el daño socioambiental aún no ha sido reconocido en la causa judicial, sí ha sido posible trabajarlo desde la EA. La Ley General de Ambiente define el daño ambiental como “toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos” (Ley 25.675/2002). Sin embargo, en estos “valores colectivos” no se amplía la dimensión socioambiental, que incluye la pérdida de saberes y formas culturales de relacionarse con el ambiente, que poseen pueblos originarios y comunidades campesinas de cada territorio, claves para la sustentabilidad de la vida. Esta perspectiva de no reconocimiento del daño socioambiental es la que prevalece por ahora en la causa judicial del arroyo Anguilas, pero es objeto de fuerte disputa por parte de la comunidad isleña y sus organizaciones. Desde ese punto de vista, en el campo de la EA materializado en las experiencias educativas reconstruidas, la disputa por el reconocimiento de estas dimensiones del daño ambiental ha sido ganada por la comunidad isleña.

* Este texto se reelaboró a partir de una ponencia presentada en el CENTRO CULTURAL DE LA MEMORIA HAROLDO CONTI en el XIII SEMINARIO INTERNACIONAL POLÍTICAS DE LA MEMORIA “Memorias y Derechos Humanos” realizado el 27, 28, 29 y 30 de abril de 2022.

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