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Apuntes sobre socialismo desde abajo y poder popular

El triángulo del sacrificio. Una cartografía del extractivismo en Catamarca

I. El triángulo sacrificial

“El triángulo del Litio”, es una expresión que se ha instalado a fuerza de un poderoso discurso mediático y un, aún más poderoso, aparato político extractivista. Ese “Triangulo” está asociado a un imaginario brillante y reluciente de oportunidades y riquezas, de progreso y esperanza, de transformaciones y transiciones. El triángulo del oro blanco, el triángulo de la soberanía energética, el triángulo de la megaminería limpia. Frente a esos discursos, y frente a las políticas de incursión territorial que lo sustenta, luchamos quienes habitamos los salares, las montañas, los humedales, las vegas, los ríos, la puna y las cordilleras. Luchamos y resistimos, construyendo discursivamente, políticamente y territorialmente. Y en estas luchas, también instalamos expresiones, también construimos poderosos imaginarios, algunos para señalar y denunciar el ecocidio, otros para difundir y alimentar nuestros otros-estos mundos de vida posible.
En este escrito que es parte de la disputa constante por los sentidos sociales, es decir, por los sentidos de nuestras vidas colectivas, quisiéramos compartirles y contraponer a esa brillante y reluciente expresión que es “El triángulo del litio”, otra expresión, que no reluce, ni brilla, que no promete ni vende, que habla de muerte y despojo, pero que, a todas luces, es más real, es más nuestra, es más sincera, y es más potente, para un futuro colectivo de resistencia. Con ustedes, el “triángulo del sacrificio”.
El Salar del Hombre Muerto en Antofagasta de la Sierra, Minera Alumbrera-Agua Rica en Andalgalá y El Salar 3 Quebradas en Fiambalá, componen lo que de aquí en adelante llamaremos el Triángulo del Sacrificio. Estos tres proyectos de megaminería dan cuenta de una política de destrucción, saqueo y ecocidio que lleva más de 27 años sostenidos en la provincia de Catamarca, y que la han convertido en una tierra de pobreza y desigualdad extrema.


II. El sacrificio del Agua – Antofagasta de la Sierra


Cuando se traza la cronología de una lucha social, no siempre es fácil encontrar el punto de inicio. Por lo general, el malestar, las voces disconformes, los episodios de violencia se van moviendo lentamente, a ras de la superficie, entre los arbustos bajos y espinosos, por debajo de los ríos aparentemente secos, hasta que, en un momento determinado, brotan y se vuelven visibles, oíbles, palpables. En el caso de Antofagasta de la Sierra, donde la extracción de litio empezó en 1997, la mezcla de violencia empresarial, violencia estatal y una sorda queja de la población estalló en 2019. ¿Por qué tardó 22 años en emerger ese conflicto? ¿Cuál fue el detonante? ¿Cuál fue el límite que el pueblo de Antofagasta puso a la minería de litio? Las tres respuestas se resumen en una palabra: Agua.
En agosto de 2019, vecinxs de Antofagasta se pusieron en alerta cuando en una confusa “charla informativa” de la empresa Livent (la responsable de extraer litio en el Salar del Hombre Muerto desde hace 20 años) se les comunicó la intención de empezar una obra de canalización, que consistía en el trazado de un acueducto de más de 30 km para extraer agua dulce del río Los Patos, el de mayor caudal de la zona. Para dimensionar la preocupación de la gente, hay que entender el contexto geográfico, climático, hídrico y productivo de la zona. En la puna semiárida, una vega, un río, un arroyo son reservorios de agua fundamentales y vitales para la existencia de una compleja red de ecosistemas ambientales y productivos. Dentro de esa red, el río Los Patos ocupa un lugar central. Por ello, en esa charla informativa, la primera pregunta de muchxs vecinxs fue: ¿Qué pasó con el río del cual venían sacando agua? ¿Por qué necesitan hacer 30 kilómetros de perforaciones y caños para buscar agua? Esa pregunta llevó a la foto que luego desataría los cortes de ruta, la represión, los amparos y el inicio de un conflicto que hoy toma dimensiones innegables. Esa foto área, tomada por un dron de un vecino del pueblo, mostraba 10 km de vega totalmente muerta. Insistimos, es difícil de entender para quienes desconocen estos lugares el tamaño de ese ecocidio perpetrado.
Pero eso fue apenas el inicio, porque mientras los vecinos y vecinas de Antofagasta, junto con la Comunidad Indígena Atacameños del Altiplano, que habita los territorios del Salar del Hombre Muerto, cortaban rutas y marchaban, llegó una pandemia que por un lado aisló a la población, pero por el otro, estableció casi dos años de vía libre para que las empresas avanzaran sobre el territorio a toda velocidad. Hoy, en 2022, mientras las obras del acueducto ilegal avanzan, no solo Livent, sino también el megaproyecto de Galaxy Lithium, y de POSCO. S.A, pretenden sacar agua dulce, todas, del mismo río.

Los ingenieros de Galaxy

En distintas notas hemos detallado este conflicto , hemos explicado los aspectos judiciales, analizado en detalle todas las ilegalidades en los Informes de Impacto Ambiental (IIA), la persecución a las vecinas, las irregularidades de las empresas y el gobierno, las estafas millonarias, la violencia y la pobreza que dejan en el territorio . Pero aquí, en estos breves párrafos, preferimos abordar e insistir en un concepto central de las luchas contra el extractivismo del litio y que puede resumirse en la siguiente frase: “La extracción de litio es megaminería de agua”. Elegimos este aspecto porque en la actualidad ha calado hondo la idea de la minería de litio como una minería “limpia”, menos contaminante o de bajo impacto, cuando lo cierto es que la megaminería de litio es tanto e igual de destructiva y ecocida que la megaminería a cielo abierto de oro, plata, etc.; y es fundamental comprender esto. Si una empresa destruyó una vega, cómo no dudar de que el río Los Patos correrá el mismo destino trágico, pero agotándose el caudal en menos tiempo, ya que no solo Livent quiere extraer agua de ese lugar, sino que otras cuatro empresas litíferas pretenden lo mismo, con peticiones descomunales de volúmenes de agua (por ej. del IIA del proyecto “Sal de Vida” de Galaxy, surge que se solicitan 650.000 litros de agua por hora del río Los Patos).
Para poder dimensionar estos números, valga una sencilla comparación: el consumo de agua de Antofagasta de la Sierra, que tiene 2.000 habitantes, es de 219.000 metros cúbicos por año. El consumo del Proyecto Fénix de Livent, es de 5.694.000 metros cúbicos por año. Es decir, lo que Livent consume de agua dulce en 14 días es lo que toda la población de Antofagasta consume en un año. Y esto es el cálculo de solamente un proyecto. Si lo sumamos a los dos proyectos que están en vías de explotar (Galaxy, Posco), el cálculo arroja que, en 14 días de extractivismo de litio, se consumirán 3 años de agua de la población.

Ni las empresas ni el gobierno han presentado jamás, un estudio sobre la sumatoria de la demanda de agua de tres proyectos extractivos funcionando en simultáneo sobre el mismo río y la misma cuenca hídrica. El panorama no puede ser más que fatal, y no sucedería en 22 años, sino en menos de la mitad de ese tiempo.

Luego de las denuncias públicas que tomaron relevancia provincial y nacional sobre la Vega del Trapiche, y la problemática del agua, las empresas buscaron “lavarse la cara”, con una suerte de charlas técnicas y falsas audiencias. Como técnicos de las comunidades indígenas participamos de la primera de ellas, relacionada al proyecto “Sal de Vida” de la empresa Galaxy Litihum. La reunión fue realizada en la Villa de Antofagasta el 29 de octubre de 2021.
Como denunciamos en reiteradas oportunidades, fueron muchas las irregularidades de estas “charlas”. En primer lugar, apenas una semana antes, el 21 de octubre, el Ministerio de Minería dejó en el Centro de Control Minero Ambiental un bibliorato de más de 500 fojas para que lxs vecinxs se “informaran” del proyecto antes de la charla. Una ridiculez absoluta y una falta contra la ley de acceso a la información que establece un mecanismo muy claro de normas y modos de proceder previo a las audiencias públicas y a las charlas técnicas .

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La actual secretaria de Minería de la Nación, Fernanda Ávila, estaba allí presente en su calidad de ministra de Minería de Catamarca. Ella misma nos reconoció personalmente que no se había cumplido con la normativa para la charla. Su respuesta fue que los tiempos de la empresa eran más rápidos que los del Estado y que no se podía frenar a la empresa.
En la audiencia, quienes estábamos allí, interrogamos una y otra vez a los técnicos de la empresa y responsables del proyecto sobre el consumo de agua. La escena fue bochornosa y obscena. Primero, afirmaron que solo tomarían agua subterránea y que eso no afectaría el agua superficial del río. Sin embargo, cuando les señalamos que al componer toda una sola cuenca no se puede sacar agua subterránea sin afectar a todo el conjunto del río, simplemente se negaron a responder. Como una gran cantidad de vecinos y vecinas siguieron interrogando por el estado del río y por una denuncia sobre una gran cantidad de truchas muertas en los ríos, que había realizado el Cacique de la Comunidad Atacameños días anteriores, las autoridades de la empresa y el Ministerio de Minería se negaron a responder y se comprometieron a realizar una nueva charla, donde se abordaría solo el tema del agua.

Esa charla se realizó el 19 de noviembre de 2021 y tuvo dos enormes diferencias con la realizada en octubre. En primer lugar, la audiencia fue custodiada por Gendarmería nacional. Inexplicable, injustificable, nadie pudo responder qué hacía gendarmería adentro del aula de la escuela donde se realizó la “charla técnica”. Lo segundo, fue que las preguntas se tenían que realizar por escrito, antes de que inicie la audiencia y no se podía repreguntar ni intervenir oralmente. Esta es la realidad territorial que la pomposa y fraudulenta “Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad” esconde. Ni diálogo, ni apertura. Gendarmería y silencio ante las preguntas importantes.

En este contexto es importante señalar la forma en que las empresas buscan gestionar la licencia social para sus nuevos emprendimientos. El mecanismo es sencillo. Primero, la empresa “blanquea” el daño que hará. Por ejemplo, en el IIA de Livent se señalaba explícitamente que el daño sobre la vega del río Trapiche sería irreversible e irreparable. De igual manera, en el IIA de la ampliación del proyecto Fénix, donde figura la realización del acueducto, la empresa reconoce que destruirá la casa del Cacique Román Guitián y su vega de pastoreo y “recomienda” su desplazamiento de la zona. Esta confesión de parte le permite a la empresa cubrirse legalmente frente al Estado y el Poder Judicial. Lo hacen porque saben, en segundo lugar, que el gobierno que debe aprobar esos informes omite esa información y lo aprueba sin pestañar. En tercer lugar, con el informe aprobado, la empresa se presenta ante la comunidad como si hubiese cumplido legalmente con todos los pasos y, por tanto, utiliza a las fuerzas de seguridad y la justicia para avalar e imponer su proyecto. No obstante, toda esta artimaña encuentra un límite, cuando los técnicos de la empresa y los funcionarios de gobierno tienen que enfrentar las preguntas de lxs vecinxs. Allí, en el cara a cara, por un momento, el velo se cae y muestran sus verdaderos rostros.

Pero, volvamos al agua. En el tiempo en que usted haya leído esta nota, unos 130.000 litros de agua dulce de las napas del suelo semiárido de la puna, se habrán convertido en vapor en los piletones de evaporación de litio. Mientras la comunidad indígena Atacameños del Altiplano espera la resolución de un amparo presentado en defensa del río Los Patos, las obras del acueducto avanzan ilegalmente. Mientras los vecinos y vecinas denuncian la falta de agua constante, el cambio de los caudales en los ríos de pesca y las vegas de pastoreo, Galaxy Lithium proyecta 240 hectáreas de piletas de evaporación, es decir, 120 estadios de futbol de contaminación al aire libre, de contaminación de agua dulce con químicos. No hay ninguna manera de que la producción de litio no utilice esa cantidad de agua dulce. No hay manera de que la producción de litio sea sustentable, ni “cuidadosa con el ambiente”. La fórmula es simple: la megaminería de litio es megaminería de agua. Y sacrificar el agua, es sacrificar la vida.

III. El sacrificio del trabajo – Fiambalá


Fiambalá es por excelencia la capital turística de Catamarca. Entre sus maravillas se pueden enumerar las dunas y médanos de arena de Tatón, donde se encuentra la duna Federico Kirbus, la más alta del mundo. Este paisaje único alberga turistas individuales que buscan descubrir la adrenalina de surfear en la arena con sus tablas de sandboard, pero también, el turismo masivo que mueve un espectáculo como el Rally Dakar Mundial que se realizó allí en el año 2009 por primera vez. Fiambalá tiene también un turismo muy distinto, el que se mueve entre sus increíbles aguas termales y la “ruta del adobe”. Paisajes de descanso y tranquilidad que conectan con una profunda cultura regional que vincula a alfareros, artesanos y productores locales. Finalmente, Fiambalá es el paso obligado para una gran cantidad de montañistas nacionales e internacionales que buscan avistar alguna de las cumbres más difíciles del mundo en lo que es el área de “los Seismiles”, que contiene los volcanes Pissis (6.882 msnm) y Ojos del Salado (6.893 msnm), que es el volcán más alto del mundo y la segunda cumbre de América después del Aconcagua.

Fiambalá es famosa también por sus bodegas y viñedos, que integran la “ruta del vino”. Como si todo esto fuera poco, en Medanitos existe una histórica Asociación Campesina (ABAUCAN), a través de la cual hace 20 años se realiza una Feria de Semillas que evidencia las potentes redes de intercambio, producción agroecológica y modos de vida ancestrales y comunitarios de quienes habitan desde antaño esos territorios.

Para una población de 5.000 habitantes (aprox.), el circuito productivo que provee este conjunto de salidas laborales, debería ser una muestra a nivel nacional y mundial de una economía local y regional, sustentable, equitativa y distributiva, en armonía con la cultura local y la naturaleza. No obstante, la vocación monopólica y extractiva de la política-económica del Gobierno de Catamarca es insaciable.

En 2016, la compañía LIEX. S.A adquirió la concesión del proyecto 3 Quebradas y desembarcó en la localidad de Fiambalá. Este proyecto se extiende en un área de 30.100 hectáreas sobre un sistema de lagunas y salares interconectados en una cuenca sobre la Cordillera de los Andes .
En los seis años que han pasado, Fiambalá vivió momentos de fuerte resistencia a través de asambleas vecinales, cortes de ruta, represión policial y una soterrada persecución cotidiana por parte del municipio contra todo aquel que se manifestara contra de la actividad minera o el gobierno local .

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El proyecto 3 Quebradas avanzó lentamente, hasta que hace un año y medio, Liex. S. A fue adquirida por la empresa de capitales chinos Zijing-Mining. A partir de ese momento, se vivió un cambio rotundo en la intensidad y velocidad del proyecto. Imposible de describir aquí todo lo acontecido en Fiambalá en estos años -que incluyó cierre de proyectos productivos, acaparación del mercado, persecución social, violencia estatal, y la larga lista de acciones que perpetra el extractivismo- queremos anotar dos datos del proyecto 3 Quebradas y el accionar de su empresa.

En primer lugar, un dato sobre la generación de empleos, ya que éste es uno de los aspectos más promocionados por los gobiernos pro-mineros. Y, en segundo lugar, sobre la violación sistemática de convenios y jurisprudencia de protección ambiental como la de los sitios RAMSAR.

En lo referido al primer punto, en el caso de Liex-Zijing Mining, y según el informe de impacto ambiental presentado ante el Ministerio de Minería provincial, de tener una planta total de menos de 85 personas en diciembre del 2021, la empresa buscaría contratar a nivel provincial, departamental y local, aproximadamente un total de 250 personas en los primeros meses de 2022 para la construcción y ampliación del actual campamento en 3 Quebradas y para este mismo año hasta el 2023, 350 personas para la construcción de la planta química a gran escala (Información publicada en los folios n° 1541 del documento citado) .

Como es sabido, la megaminería tiene su mayor utilización de mano de obra durante la instalación y construcción de los campamentos, y luego funcionan con un personal técnico mínimo. A eso, es fundamental sumar el carácter de este empleo, que es temporal, es decir, tiene un comienzo, desenlace y cierre, una duración que es de aproximadamente menos de un año dependiendo del puesto de trabajo. El mismo informe afirma que para la etapa de operación, después de la construcción, se estiman emplear apenas a 322 personas (ver refoliado n° 1541-1542).
Estos datos se vuelven más graves al ser vistos desde la perspectiva de género, ya que el 80% de las contrataciones son varones, generando una fuerte exclusión de este “promocionado” campo laboral a las mujeres.

Las empresas y gobiernos locales siempre remarcan los buenos salarios del sector minero, con la misma vehemencia que ocultan los riesgos de ese trabajo y las afectaciones a la salud en los ex-trabajadores mineros, cuya expectativa de vida se reduce drásticamente. Según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en Catamarca, en la rama de la industria extractiva minera, se han registrado entre el 2020 y 2021, 50 casos de personas accidentadas en las minas o en establecimientos vinculares, siendo o por ambiente de trabajo, medios de transporte, máquinas, materiales, sustancias y por radiación o impactando en su mayoría o por traumatismos, envenenamientos o por otras enfermedades .
Hace meses en Catamarca, el gobierno actual festeja y celebra los indicadores de trabajo privado, los cuales vincula a una abrumadora propaganda mediática con la actividad minera. Sin embargo, en la página oficial de estadísticas del gobierno y de empleo es imposible encontrar información actualizada de esos datos. De acuerdo a la Dirección de Estadística de Catamarca, el tercer trimestre del 2018 ocupó, en la rama de extracción de minerales metalíferos, tan solo 479 personas; y en el mismo tercer trimestre del 2020, se redujeron a 160, e incluyendo a toda la rama de explotación de minas y canteras que eran 674 en 2020 y 968 en 2018. Los números sobre empleo minero pueden consultarse en variadísimas fuentes, oficiales e independientes, y siempre arrojarán el mismo resultado: la megaminería genera escaso trabajo y en condiciones altamente riesgosas .
Estos datos son fundamentales porque permiten comprender uno de los grandes mitos de la megaminería, a saber, que es una actividad que puede convivir con la economía regional/local. Los números de PBI regional de cada provincia con megaminería muestran que la minería acapara ¾ de la economía en cada lugar que se instala. Es decir, cada vez que se instala un proyecto minero en un territorio, hay más posibilidades de que un proyecto turístico o de producción local cierre. Los beneficios de las 200 contrataciones que produce la minería en Fiambalá son insignificantes si se lo analiza en relación a la contaminación social, natural y la destrucción de otras fuentes de trabajo.
El segundo aspecto a señalar sobre el proyecto 3 Quebradas es que, tal como lo reconociera la empresa Liex-Zijing-Mining en su IIA, la explotación se realizará sobre el Sitio Ramsar “Lagunas altoandinas y puneñas de Catamarca”. Estos sitios son designados como de importancia vital y estratégica por su biodiversidad y su reserva de agua, tanto como su importancia para mitigar el efecto invernadero. Es decir, por múltiples, fundamentales y urgentes razones, el gobierno debería establecer un cuidado irrestricto sobre estos sitios. La destrucción de la naturaleza, en lugares como Fiambalá, tienen un impacto directo en todas las otras formas de trabajo y vida que no dependen directamente de la megaminería. Sin embargo, el gobierno pretende sacrificarlas por apenas 300 puestos de trabajo, y una inmensa fortuna de dólares, que irá a parar a manos extranjeras, en un sistema de capitalismo por desposesión territorial que genera más concentración de la riqueza, y más pobreza para nuestros pueblos.

IV. El sacrificio de las libertades


Cuando la propaganda, las promesas y las dádivas resultan insuficientes para obtener la llamada licencia social, el extractivismo acude a la violencia, que adquiere diferentes formas y es perpetrada por distintos actores. De un lado, pobladores -organizados o no- que se oponen a la actividad; del otro, grandes corporaciones transnacionales, con un fuerte poder económico-financiero, un Estado que actúa como partícipe necesario y detenta (al menos en los papeles) el poder político, y un conglomerado de medios de comunicación serviles al modelo. Como observa el colectivo Voces en Alerta, “este escenario asimétrico favorece la territorialización de los conflictos, la criminalización de las luchas socioambientales y la violación de derechos ciudadanos” . Andalgalá es un caso testigo y bastará realizar un racconto por la historia reciente de este departamento ubicado en el oeste de Catamarca, para demostrarlo.
Luego de las promesas incumplidas que dejó la explotación del yacimiento Bajo La Alumbrera (primera explotación a gran escala, mediante la modalidad “a cielo abierto” en el país), con sus altos costos ambientales y sociales, a lo cual se sumó la información, la concientización y la organización de vecinos en asambleas, la noticia sobre la autorización del Gobierno provincial para la exploración y explotación del yacimiento Agua Rica cayó como una afrenta contra el pueblo.
Desde entonces –a comienzos del año 2009-, y hasta la fecha, la resistencia del pueblo contra la megaminería y contra este proyecto en particular, no ha recibido otra respuesta que la violencia por parte del Estado y de grupos parapoliciales, conformados por civiles con intereses económicos en el modelo extractivista. Esta violencia adquiere múltiples matices, que van desde la vigilancia, la difamación, la persecución laboral y las amenazas, hasta las judicializaciones, las detenciones arbitrarias, los ataques de patotas y las represiones policiales.
Como ejemplos de éstas últimas, podemos citar la represión del año 2006, cuando el grupo policial de Infantería de la provincia reprimió brutalmente a vecinas y vecinos que protestaban en el marco de un acto público realizado por la firma de convenios entre la entonces denominada empresa Agua Rica (hoy rebautizada como Proyecto MARA) y autoridades nacionales, provinciales y municipales o la represión del 15 de febrero de 2010, concretada por los grupos especiales Kuntur e Infantería, que descargaron sobre los cuerpos de hombres y mujeres, de todas las edades, balas de goma, gases lacrimógenos, palos y hasta utilizaron perros entrenados para atacarlos. Más reciente es la represión ocurrida el 3 de mayo de 2022 contra pobladores del distrito Choya, cuando en la oscuridad de la noche policías dispararon contra mujeres, niños y ancianos que únicamente pedían explicaciones sobre el paso de empleados e insumos al yacimiento, donde los trabajos de exploración avanzada estarían afectando la calidad del agua de su río y la salud de las personas.

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Si bien el poder represivo del Estado adquiere mayor visibilidad cuando dispara, literalmente, sus balas, éste también se manifiesta en la persecución judicial y la privación de la libertad. Desde el origen de la resistencia contra la megaminería –cuyos fundamentos ocuparían varias páginas más- se abrieron alrededor de 100 causas judiciales contra vecinas y vecinos que toman partido en defensa del agua y los bienes comunes . Una quinta parte de esas causas se iniciaron en 2022, lo cual marca también un recrudecimiento del accionar judicial en la imposición de este modelo. Además, gran parte de estas personas estuvieron privadas de su libertad, acusadas de distintos delitos, ninguno de los cuales llegó a probarse. Bastan como ejemplo de estas violencias, las detenciones de 12 vecinas y vecinos en abril de 2021, quienes estuvieron dos semanas privados de su libertad por el sospechoso incendio de un galpón del Proyecto MARA, la ilegal detención de una mujer en Choya en mayo de este año -que todo el tiempo tuvo sus manos en alto mientras un pelotón de policías avanzaba sobre ella -, o la detención de dos asambleístas, también este año, por supuestas amenazas verbales. Además, por la violencia del accionar policial durante las aprehensiones y las detenciones en abril del año pasado, las víctimas presentaron una denuncia por torturas y tratos crueles e inhumanos tanto en la Fiscalía local como en Fiscalía General de la provincia.
Resulta revelador el accionar de las empresas y aparatos de poder con el objetivo de amedrentar a los pobladores, mediante la utilización de patotas y grupos parapoliciales. Tristemente, Andalgalá ha sufrido varios de estos episodios: en 2011, un grupo de hombres –muchos de ellos con antecedentes delictivos- agredieron a golpes de puño a personas –incluidas mujeres y menores de edad- mientras realizaban una caminata en defensa del agua; en febrero de 2012 patotas sitiaron el departamento, con cortes en todos los accesos, con la complicidad del Gobierno provincial y la Policía y, desde hace algunas semanas, otra patota se instaló a metros del acampe que sostienen vecinos y vecinas en Minas Capillitas, llegando a amenazarlos con armas blancas y piedras. De este último hecho, existe un registro audiovisual que fue viralizado por redes sociales y medios de comunicación alternativos. Sin embargo, no hubo noticias sobre allanamientos en el corte “prominero” ni detenciones de sospechosos, pese a que el Gobierno provincial dispuso la instalación de una garita policial a metros del lugar.
Las líneas que preceden a éstas son un recuento apresurado y resumido de una historia de violencias sufridas por hombres y mujeres, de todas las edades, por familias completas, durante poco más de una década. Son parte de la violencia sistemática que ejerce el Gobierno sobre las personas, sobre sus vidas y sus cuerpos, como parte de una estrategia de miedo, dominación y silenciamiento. La convergencia de poderes de distinta naturaleza –político, económico, judicial, mediático, etc.- y el trabajo conjunto y aceitado entre éstos en el ejercicio de la violencia para imponer un modelo a sangre y fuego, ha justificado el empleo de la expresión “dictadura minera”. Pero estas violencias son también una muestra cabal de que no existe licencia social para este modelo extractivista, son evidencia de que las poblaciones no están “felices” con que estos proyectos se desarrollen en sus territorios ni están dispuestas a callar y aceptar como ineludible un destino impuesto desde escritorios lejanos. Por eso, resulta acertada la frase leída alguna vez en alguna bandera: “la megaminería no es posible sin represión”. La represión no es un efecto colateral, un exabrupto ni una excepción. La represión es una parte clave del aparato extractivo, es un engranaje irreemplazable en su necesidad de perseguir y socavar nuestra libertad.

Liberación de los detenidos de Andalgalá


V. Una política anti-sacrificial


El extractivismo en nuestra región yuxtapone varias cartografías, las de la violencia y el ecocidio, y también las de las resistencias y las alternativas . Ellas coexisten en tiempo y espacio, se enfrentan y disputan sentidos, territorios y vidas. Si hemos elegido trazar una cartografía del sacrificio no es para convocar la sensibilidad de lxs lectores, ni tampoco por amarillismo o impacto mediático. La hemos elegido porque es la que define un tipo de lógica política estructural que ha gobernado nuestro territorio los últimos 30 años y que es la que pone en riesgo las condiciones primarias de vivir y sobrevivir los años venideros. Por eso afirmamos que las empresas y los gobiernos ya no necesitan mentir, ni ocultar lo que harán. Es la propia información que ellos publican la que nos alerta del futuro. Su “sinceridio” no habla de transparencia, ni de sustentabilidad, bien por el contrario, evidencia que efectivamente nos consideran sacrificables. Nuestro sacrificio es un número viable en su ecuación costo-beneficio. Nuestras vidas no valen tanto como los millones que generaría su negocio. Y ese mismo “sincericidio” nos corrobora también que, para estas personas y partidos políticos que hoy detentan el poder, los negocios son más fuertes que la democracia. No hay garantías estatales, ni jurídicas, que frenen a una empresa extractiva, cuando el Estado de Derecho no es más que una farsa. No importa la cantidad ni la calidad de la información que construyamos, ni importa cuántos amparos ganemos, ni cuantas leyes nos protejan, cuando la balanza de la justicia está calibrada para favorecer al poder y burlar a las personas y los pueblos. El extractivismo está dispuesto a sacrificar la democracia, la ley, la naturaleza, el agua, el futuro, la economía local, la libertad, el trabajo digno y todo aquello que frene su devenir mercancía, capital, riqueza.
El futuro antiextractivista todavía no tiene receta, pero tiene diagnóstico. Hay una larga lista de aquello que NO puede seguir sucediendo. Mientras construimos las alternativas territoriales, mientras construimos los mundos donde quepan muchos mundos, sepamos que existen mapas del sacrificio, rutas del sacrificio, gobiernos del sacrificio, empresas del sacrificio y que, mientras ellas sigan existiendo, un mundo más justo, se aleja cada día más.

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