En el año 2016 Emilia Uscamayta Curi se ahogó a los 28 años en la pileta de una fiesta clandestina, organizada por empresarios en connivencia con la municipalidad a cargo de Julio Garro. Al día de hoy el poder judicial tiene suspendido el juicio garantizando la impunidad. El entramado político-judicial, los dueños de la noche y la estrategia planteada por la defensa de Emilia: acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Emilia Uscamayta Curi se ahogó el 1 de Enero del 2016 en una fiesta que no contaba con autorización, seguridad ni guardavidas. La quinta donde se realizó la fiesta “La Frontera” reunió más de 3.000 personas. Ubicada en calle 520 entre 159 y 160 (Romero), la cual Emilia y su hermano Cristian asistieron poco más de dos horas. Desde ese momento se emprendieron múltiples iniciativas; se creó la Asamblea Justicia por Emilia Uscamayta, se realizaron incontables actividades, manifestaciones, radio abiertas y petitorios con el objetivo de que se garantice el debido proceso judicial. Desde que se abrió la causa hasta el día de hoy el juicio se encuentra suspendido.
“Hay que preguntarle a los jueces del Tribunal Oral Criminal nº 3 por qué no avanzó. Un caso mucho más complejo como el que se desarrolla actualmente en Dolores, en plena feria judicial, a tres años del suceso, está teniendo un curso correspondiente”, insiste Adrián Rodríguez Antiao, abogado de Uscamayta Curi. “Realmente es responsabilidad de la justicia que al día de la fecha no haya un desarrollo de un debate oral y público en función de que toda persona víctima de un delito (directas como Emilia e indirectas como sus familiares) tiene derecho a cerrar una etapa trágica de su vida. Realmente la demora injustificada pone de relieve la falta de empatía de la justicia hacia las víctimas”.
Los responsables del hecho son: los empresarios Gastón Haramboure, Santiago Piedrabuena, Carlos Bellone y Raúl García, y los funcionarios Daniel Piqué, Juan Manuel Martínez Garmendia, Sebastían Martínez Pass y Roberto Di Grazzia. Para los denunciantes cada acusado formó parte de todo un tejido fuera de la ley y corrupto. En primer lugar los empresarios Piedrabuena y Haramboure ya habían sido penados por otros delitos; el primero por portación ilegal de arma de fuego y el segundo con prisión domiciliaria por el asesinato de un joven en un boliche de Berisso. Carlos Bellone era el dueño de la quinta donde se realizó. Raúl Piqué es el otro empresario de la noche con estrechos vínculos con la cúpula Cambiemos; hay fotos publicadas junto con Vidal, Macri, Larreta, entre otros. Todos los empresarios figuran como responsables de la organización del evento que no contaba con habilitación para realizarse, no poseía personal médico, ni tampoco contaba con guardavidas a cargo de la piscina.
Raúl «El Peque» García, con vinculaciones con Juntos por el Cambio, es uno de los implicados en la causa por la muerte de Emilia Uscamayta Uri
Por la parte de los funcionarios la responsabilidad recae entre la policía y control urbano. Los juzgados son: Daniel Piqué como secretario de seguridad del municipio, Sebastián Martínez Pass como jefe de policía local, Juan Martínez Garmendia (actual concejal de Juntos) y Roberto Di Grazzia, subsecretario de control urbano. La Asamblea mediante publicaciones denuncia a Garmendia y a Di Grazzia como los que recibieron dinero para que continúe la fiesta: “Di Grazzia intervino la fiesta dos veces y aceptó las coimas. Garmendia gestionó el cobro”.
“El delegado de Romero, Adrián Zamudio (integrante del municipio) denunció que otro funcionario de alto rango había cobrado un anticipo de coima por una fiesta. ¿Cómo se comprueba esto? La policía que estaba custodiando la entrada del predio, a las 10 de la noche se retira permitiendo el desarrollo de la fiesta. Esto hace que tenga asidero la denuncia del delegado”, expone el defensor de Emilia (Adrián Antiao). Además agrega que “lo que hay que hacer es cruzar líneas telefónicas y pedir las cámaras del municipio, pero cuando se plancha la investigación las cámaras desaparecen y va perdiendo relevancia este tipo de prueba que podría haber sido contundente”.
Si tenemos en cuenta, en el caso de que se avance con el juicio, quiénes responden por el hecho, podemos llegar a concluir que existe encubrimiento. Por un lado los empresarios de la noche platense de turbio prontuario y conexiones con Cambiemos, por el otro lado funcionarios de seguridad, policía y control urbano. El máximo responsable de los funcionarios en el distrito es el intendente Julio Garro.
El recurso internacional: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Dada la prolongación injustificada y la incompetencia de las instituciones, se está planeando una nueva estrategia para este año. Las personas que no se les respetan sus garantías cívicas, y no obtienen respuesta en su país suelen recurrir a organismos internacionales. Algunos organismos veedores son el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas o la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ésta última investiga las violaciones de derechos humanos realizadas por funcionarios gubernamentales y redacta directivas al Estado responsable.
Si hacemos un repaso son varios los procesos judiciales que han solicitado intervención de la Comisión a la OEA. En el año 2021 algunas de las intervenciones en nuestro país fueron:
– “Cristina Britez Arce y familia”: se determinó la responsabilidad del Estado en la muerte de Cristina y la falta de investigación y proceso judicial. La mujer estaba embarazada de 9 meses y se presentó al Htal. Público de Sardá en el año 1992. En la ecografía se indicó feto muerto y se la internó para inducirle el parto. Según certificado de defunción, Cristina falleció el mismo día.
– “Raghda Habbal e hijos”: el caso indica la privación arbitraria de nacionalidad argentina a la mujer Raghda, adquirida por naturalización, así como afectación en garantías judiciales en el proceso.
– “Asociación Civil Memoria Activa (Víctimas y familiares del atentado a la AMIA, 1994): El caso refiere la responsabilidad internacional del Estado en relación al suceso que provocó 85 muertes, así como la situación de impunidad asegurada desde 1994 al 2005 por el Juzgado Federal Criminal n9, y la búsqueda de justicia con la creación de la unidad especial Unidad Fiscal de Investigación al Atentado a la AMIA (UFI AMIA) que se hizo cargo.
Es por eso que se acudirá al recurso internacional: “No se descarta este año realizar una denuncia ante la CIDH, por la responsabilidad del Estado argentino de no investigar”, afirma el letrado argumentando que “el Estado se tiene que hacer cargo, no nos podemos quedar con ´no la fiscalía no investigó, no quiso”. Lo único que se tiene que evaluar previamente son unas cuestiones técnicas para realizar la presentación formal al organismo, que se dará durante este año. Si bien la iniciativa es novedosa, lo cierto es que no será de inmediato que la CIDH elabore una sentencia. Entre los derechos que protege la CIDH se encuentra el “derecho a las garantías del debido proceso”.
El abogado expone cuál es el tiempo normal que dura un juicio de estas características: “Funcionando correctamente, bueno puede tener ambigüedades pero, un proceso penal no debería durar más de dos años. Por alguna cuestión más compleja, como muchos fallecidos o imputados podría prolongarse un poco más. Esto ya va corriendo a los 8 años y es tremendamente excesivo para cualquiera de las partes”.
Pedido de justicia por Emilia. Foto: Eva Cabrera
Durante estos años hubo movimientos dentro de la causa, como cambiar la carátula de homicidio culposo (accidentes) a homicidio simple con dolo eventual. Este cambio, que implica mayor responsabilidad en el hecho y mayor pena (de 8 a 25 años), se efectuó debido a que se evidenció el contexto en el que fallece Emilia: se podía producir la muerte de una persona y no se hizo nada para evitarlo.
La complicidad entre poderes políticos y judiciales es algo que el abogado de la familia reitera y que tiene respaldo en al menos dos ocasiones. Por un lado Daniel Piqué, quien era secretario de seguridad del municipio, ante un informe a la justicia reconoce que el día 1 de enero efectivos de control urbano se retiraron de la fiesta con ubicación en 520 e/ 159 y 160 poco antes de las 23 horas, a pesar de no contar con habilitación correspondiente. Por otra parte se encuentra la fiscal Graciela Riveros, encargada de aportar avances para el desarrollo de la causa. Los vínculos que el abogado defensor expone entre poder judicial y político se evidencian en un acto que se dio en el Consejo Deliberante semanas después de la suspensión del juicio el 25/10/2022. En un proyecto presentado por el bloque Juntos, la fiscal Riveros no sólo participó de la actividad sino que también se la vió cercana al presidente del Consejo, Darío Ganduglia del mismo partido.
Enojado, el abogado se pregunta: “¿Quién fue a presenciar ahí activamente el proyecto de la ordenanza? La fiscal Rivero, en el recinto. Acá está con el presidente del consejo deliberante. ¡La fiscal que debe defender los intereses de Emilia y no lo está haciendo!”.
Por eso, la defensa de Uscamayta Curi decidió realizar el petitorio para que desplacen de la causa a la fiscal. “Está recusada, hay audiencia para febrero”, aclara. La fecha es el 14/02 donde se decidirá si Graciela Riveros seguirá en sus funciones. “Es algo real, es real, nos estamos topando con algo bien estructurado, bien armado, bien aceitado. Esto también es muestra de impunidad”, explica el letrado. Y remata: “Por lo menos si va a haber impunidad, que se sepan que son ellos. Lo importante sería ganar, no por una cuestión semántica sino por una cuestión de justicia”.
Fuente: ANRed