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“El Sur resiste”: la caravana contra los proyectos extractivistas en México

La caravana “El Sur resiste”, integrada por referentes indígenas y comitivas internacionalistas, recorrió durante 10 días los 7 estados del sur de México para recabar información y testimonios sobre los distintos abusos de poder y violaciones de Derechos Humanos perpetradas en el marco de la imposición de dos megaproyectos extractivistas en la región: El “Tren Maya” y el “Corredor Interoceánico”.

Chiapas, Mx.- El convoy inició su recorrido de más de 2.600 km el día 25 de abril en Pijijiapan, Chiapas, integrado por referentes del Consejo Nacional Indigena (CNI); colectivos internacionalistas de América Latina, Norteamérica y Europa; y corresponsales de medios libres de distintas partes del mundo: “Esta caravana tiene como objetivo articular las diferentes luchas y resistencias de 7 estados ante la imposición de dos megaproyectos que durante este último sexenio han generado violencia, despojo y extractivismo violento hacia las comunidades indígenas del sureste mexicano”, explica Mario Quintero, integrante de la Asamblea del ISTMO y de la coordinación de la caravana.

Durante los primeros 5 días se recorrieron las comunidades del Istmo de Tehuantepec (la porción terrestre más estrecha entre el Océano Pacifico y el Caribe), pasando por los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz, donde el Gobierno Federal de México busca desarrollar el megaproyecto “Corredor Interoceánico”. Éste consiste, según las autoridades federales, en la creación de 10 parques industriales, carreteras que conecten los extremos de los puertos de Coatzacoalcos (Golfo/Caribe) con Salina Cruz (Pacifico), y la modernización del tren transístmico -con el mismo recorrido. Tiene como objetivo convertir el ISTMO en la nueva ruta comercial entre Asia y occidente, intentando superar en eficiencia al canal de Panamá. Luego, desde el 30 de abril al 5 de mayo, las delegaciones continuaron su recorrido hacia la península sureste, encontrándose con las comunidades afectadas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, donde desde el 2020 ya están en marcha las obras del “Tren Maya”. Este proyecto turístico consiste en una ruta de más de 1.500 kilómetros para un ferrocarril de carga y pasajeros que conectará éstos cinco Estados a través de la selva y será financiado principalmente por empresas extranjeras de Francia (Alstom), España (Renfe e Ineco) y Alemania (Deutsche Bahn Engineering & Consulting), entre otros. 

Ambos proyectos son presentados desde el discurso oficial como el rumbo hacia el desarrollo de la región, históricamente postergada. Sin embargo, las comunidades que recibieron a la caravana denunciaron numerosas violaciones de Derechos Humanos y el aumento de la militarización del territorio; la destrucción del tejido social y desplazamiento de las comunidades indígenas de sus tierras comunales; y un daño irreversible en términos medioambientales: ¿Cuál es el costo real de esta concepción de desarrollo y quiénes lo pagan?

Corredor Interoceánico: ¿Progreso para quiénes?

En el segundo día de la caravana, las delegaciones fueron recibidas en la comunidad de Puente Madera (Oaxaca), a 27 km del puerto de Salina Cruz. Allí el 98% de la población es indígena de origen Zapoteco y vive mayormente del comercio y el trabajo de la tierra. En el Monte el Pitayal, uno de los territorios de uso común del municipio, están en riesgo 360 hectáreas ante la imposición de uno de los 10 parques industriales: “El monte es un lugar sagrado para nosotros. Dependemos de él para hacer nuestros alimentos: allí van los campesinos a traer leña, hacen totopos, preparan la comida. Y si nos quitan ese monte, nos van a quitar la vida también”, relata Antonia, una de las mujeres de la comunidad que vive ahí hace más de 50 años.

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Los vecinos y vecinas denuncian también el “acarreo” y clientelismo que existió de parte de las autoridades comunales a la hora de llevar a cabo las consultas por el proyecto y la compra de las tierras desde el Estado. David Salazar, integrante y vocero de la comunidad, afirmó ante la llegada de la caravana: “Nosotros como comunidades conocemos nuestros territorios, sabemos lo que existe en nuestros territorios y por eso los defendemos. Y más de esta manera, ya que nos quieren imponer un parque industrial a través de firmas falsificadas y amenazas”. Además contó que desde el comisariado comunal se están vendiendo tierras para futuros proyectos más allá de las 360 hectáreas pactadas oficialmente.

Según un estudio realizado en el 2020 por el Centro de Investigación de Política Pública, en Oaxaca y Chiapas se concentra el mayor porcentaje de población en situación de pobreza y, a excepción de un municipio, todos los demás son indígenas. Además, en la región del Istmo, una tercera parte de la población no sabe leer ni escribir, el 65% no cuenta con agua potable y el 52% de las viviendas no tienen drenaje: “Esta situación tiene su explicación en el saqueo y los despojos que desde hace siglos sufren las comunidades”, explican desde la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI).

Es en este contexto que diversos sectores de la población que habitan las zonas afectadas denuncian la manipulación de las consultas realizadas con las comunidades y que estas inversiones que se presentan como “desarrollo” no buscan saldar las necesidades reales de la población: “Nos están imponiendo proyectos que afectan a las comunidades, a los barrios, a la gente que vivimos abajo. Estos proyectos son del gran Capital, de los grandes inversionistas, no son proyectos para nosotros y nosotras”, plantearon habitantes de la zona.

Luego de visitar el campamento “Tierra y libertad” en Mogoñe Viejo que lleva más de dos meses bloqueando una de las vías del tren transístmico en señal de protesta, el convoy llegó a Oteapan, Veracruz. Allí, en el otro extremo del istmo -a 36 km del Puerto de Coatzacoalcos-, la comunidad explicó que esta historia de despojos no es nueva: “Este es un pueblo Náhuatl que tiene más de 300 años en su actual ubicación. Antes estábamos en la frontera entre Tabasco y Veracruz y por el mismo motivo, por problemas de ricos, de gente de otros lados que venían a saquear al pueblo, se migró acá», explicó Chirro, un jóven de la comunidad desde la que hace más de un año resisten el intento de desplazar 7 barrios por donde pretenden que pasen las vías del tren.

Un año atrás, el 7 de marzo del 2022, los vecinos de Oteapan realizaron un corte de ruta para exigir diálogo y el respeto de sus límites territoriales, pero la respuesta del estado fue una violenta represión con gases lacrimógenos. En este tiempo, decenas de comunidades, sindicatos y organizaciones del Istmo han impulsado acciones de resistencia frente a la avanzada del proyecto: “De junio del 2019, a marzo del 2023, hemos contabilizado alrededor de 69 movilizaciones de pueblos para evitar que avancen los trabajos y los daños de estos proyectos”, afirmaron desde las comunidades en resistencia del Istmo, y agregaron:  “En todas las movilizaciones estuvo la Marina intentando amedrentar, esa es la respuesta del gobierno a nuestras demandas”. 

Tren Maya: El despojo de la selva de Yucatán

Desde el 30 de abril, a medida que la caravana avanzaba por la península de Yucatán, una consigna tomó cada vez más fuerza en las calles: “Ese tren no es Maya, ese tren es militar”. Es que además de cuestionar la utilización comercial de la cultura maya para su nombre, el megaproyecto es administrado íntegramente por las fuerzas militares. Rogelio Jiménez Pons, responsable del proyecto, explicó que todo el tren será propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y todos los recursos del transporte de pasajeros y mercancías se destinarán a financiar las pensiones militares.

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Ésto se enmarca en la continuidad y fortalecimiento de las políticas de militarización llevadas adelante por el gobierno de López Obrador, quien en marzo del 2020, a través de un decreto presidencial, amplió las facultades de las Fuerzas Armadas permitiéndoles asistir en cuestiones de seguridad pública hasta 2024. “En Chiapas, por ejemplo, se ha llegado a un total de 147 campos militares que se han construido hasta el momento, muchos de estos cuarteles han sido posicionados en proximidad a comunidades base zapatistas”, afirman desde la Red de Resistencia y Rebeldía AJMAQ.

Ésto no solo representa un avasallamiento de las autonomías zapatistas sino que ahonda en una de las grandes problemáticas humanitarias del país: entre 2018 y abril del 2022 se registraron 2.510 quejas por violaciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas de Seguridad, según el informe del Observatorio de la Guardia Nacional y la militarización en México. A su vez Amnistía Internacional señala que más del 80% de las personas detenidas por la Armada y el Ejercito han denunciado casos de tortura y otros abusos.

En su séptimo día, la caravana “El Sur Resiste” llegó a Carrillo Puerto (Quintana Roo) donde se pudo evidenciar la devastación generada por el megaproyecto sobre la selva mexicana y las comunidades que la habitan desde hace milenios: “Tan solo en el tramo de Nicolás Bravo, las 35 mil hectáreas de selva virgen que las comunidades habían destinado voluntariamente a la conservación fueron privatizadas para entregarlas al gran capital, como el consorcio hotelero de Cancún y a la familia Azcárraga de grupo Televisa”, explican desde el Consejo Regional Indígena de Xpujil (CRIPX) durante el paso de la caravana.

El despojo hacia las comunidades locales se ve condensado en un dato del informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental: el 53% de las tierras del recorrido del tren son terrenos ejidales. Esto significa que esos territorios son de propiedad comunal y le están siendo arrebatados a los pueblos, en muchos casos de forma violenta e ilegítima.

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La ausencia de un estudio fehaciente de impacto medioambiental por parte del megaproyecto administrado por las FF.AA es una de las principales denuncias de las comunidades. A lo largo de Quintana Roo, ante la supuesta imposibilidad de construir las vías junto a la carretera, la construcción del tren implicó la deforestación de cientos de hectáreas de la selva de Yucatán: “No solamente estamos viendo la destrucción de estos ecosistemas, sino también la destrucción de las formas de vida de los pueblos mayas”, relata Angel Sulub, un jóven activista Maya que recibió a las delegaciones.

En términos medioambientales, además de la deforestación de 2.500 hectáreas de selvas húmedas y secas, las vías pasarán por encima de zonas repletas de sitios arqueológicos sin descubrir, además de cientos de cuevas y cenotes. Éstos cuerpos subterráneos representan la mayor reserva de agua dulce de México, un país donde más de 12 millones de personas no tienen acceso a agua potable y el 80% de los cuerpos de agua ya se encuentran contaminadas por descargas industriales, según la investigación “El agua en México, actores, sectores y paradigmas”.

Mirando al futuro: Encuentro Internacional

Luego de 10 días, tras recorrer 7 estados y más de 2.600 km, el trayecto de la caravana “El Sur Resiste” terminó en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para compartir estos testimonios de despojo y resistencia en el Encuentro Internacional “Capitalismo corporativo mundial, Patriarcado planetario, Autonomías en rebeldía”. Allí participaron al menos 700 personas de 23 países y más de 25 comunidades indígenas de México.

El Encuentro tuvo una duración de dos días y sirvió como espacio para compartir y reflexionar sobre los abusos y violaciones de derechos humanos cometidas en México y otras regiones del mundo. En este marco, se realizó un balance de las afectaciones más importantes hacia los pueblos indígenas, entre las que figuraron:

  • Penetración del narcotráfico y crimen organizado en todos los territorios.
  • Captación de jóvenes y niños por grupos del crimen organizado.
  • Autoridades agrarias y ejidatarios que no tienen la visión de proteger y cuidar la tierra.
  • Programas asistenciales como Sembrando vida y pensiones a adultos mayores que dividen la organización comunitaria.
  • Deterioro de las tierras por monocultivos, fumigación y cuerpos de agua contaminados.
  • Agua destinada a las grandes empresas y no a los pueblos.

También se reivindicaron procesos de resistencia en los distintos territorios, donde en muchos casos la lucha permitió recuperar tierras y tirar abajo megaproyectos; el fortalecimiento de los vínculos entre las comunidades en resistencia; y la consolidación de la organización y lucha de las mujeres en distintas geografías, entre otras cosas.

“La caravana y el encuentro fueron muy efímeros, lo que sigue es cómo vamos a seguir caminando articuladamente a nivel continental. La idea es entrelazar las luchas porque quienes nos están atacando son las mismas empresas, los mismos países, los mismos Gobiernos, quienes invierten en el despojo y en los proyectos de muerte”, concluyó Mario Quinteros, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo.

Por Sol Grand y Juan Valeiro | Fotografías: Juan Valeiro.

Fuente: ANRed

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