Un conjunto de equipos de investigación de Universidades y centros académicos de diferentes regiones de la República Argentina que trabajamos con pueblos indígenas, repudiamos y denunciamos la represión ejercida por la policía de la Provincia de Jujuy, bajo la gobernación de Gerardo Morales, en las jornadas de protesta realizadas en distintas localidades de la provincia durante los últimos días. Estas prácticas represivas, lejos de ser un evento circunstancial, expresan modos estructurales de violencia institucional llevadas adelante por las fuerzas de seguridad en diversos momentos de la historia provincial.
Repudiamos asimismo las circunstancias que condujeron a las protestas, luego de diez jornadas de lucha de lxs docentes en las que confluyeron diversos sectores sociales y organizaciones sociales, gremiales y políticas, con la aprobación parcial, el pasado jueves 15 de junio, de la reforma constitucional provincial luego de apenas dos semanas de irrisorio debate entre las fuerzas sociales y políticas implicadas.
La reforma aprobada vulnera derechos básicos a la protesta, así como viola el derecho indígena, específicamente en lo referido al Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (ejemplo, artículos 6 y del 13 al 16) y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (por ejemplo, en artículos 19, 25 al 29, 30 y 31) que obligan al Estado a realizar la Consulta Previa, Libre e Informada ante acciones que involucren a comunidades y territorios indígenas. Esta violación cobra especial relevancia en Jujuy, declarada en 1974 “capital nacional de la minería”.
En los últimos años se profundizó el histórico modelo económico regional sostenido en la actividad minera, se amplió el extractivismo metalífero y se consolidó la explotación del litio como parte de las necesidades de energías de carbono cero provenientes del norte global. En este contexto, cobra relevancia la orientación de la reforma hacia la vulneración de derechos territoriales indígenas, toda vez que dicho recurso estratégico se encuentra mayormente en dichos territorios.
Por todo lo dicho, exigimos que se dé marcha atrás con la reforma y se abra un debate serio a todas las fuerzas sociales implicadas. A la vez, que cese la represión y que los medios de comunicación informen los graves hechos que se vienen sucediendo
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