Si no hay aportes jubilatorios no hay jubilación
La condición para el consumo para los no productores es que se ponga a su disposición una porción del producto. Es un aporte de los creadores de la producción. Los que no crean no pueden aportar. Los aportantes son los productores reales, los trabajadores.
Los no productores no son sólo los miembros no productivos de la clase trabajadora sino también las clases explotadoras, propietarios privados de los medios de producción, cuyo carácter esencial es justamente ser parásitas – no trabajan para solventar su vida de dominio y derroche- y por ese motivo surge el lugar común de que “no tiene necesidad de trabajar”. Lo que sustraen a la sociedad son recursos sociales indispensables para que los trabajadores puedan realizar actividades productivas, para que puedan vivir. Es por ese motivo que los productores de los recursos, los trabajadores, se ven obligados a trabajar para quienes se han apropiado esos recursos. Trabajar en estas condiciones no es realizar una actividad libre, una vida libre, digna. La libertad de los productores, sólo sería posible si pudiesen asignar los recursos sociales a las actividades que decidan de conjunto. Por ahora la asignación de esos recursos y, por lo tanto, las decisiones sobre las actividades productivas que hacen los trabajadores y en general, la vida que hacen los pueblos, la tienen los propietarios privados.
Del fruto de la producción que queda en manos de los explotadores una parte le es devuelta a los trabajadores en forma de salarios, que es todo lo que disponen para mantener la vida de todos los desposeídos (niños, jóvenes, viejos,…).
Los explotadores se llevan la parte más cuantiosa dentro de los no productores. En una distribución del ingreso, vulgarizada como justa por el justicialismo, de 50% para los trabajadores y 50% para sus explotadores, tenemos que el 50% de los trabajadores se reparte entre los trabajadores activos y sus hijos por un lado y, por otro, para trabajadores adultos mayores que han logrado jubilarse. La otra mitad queda para sus empleadores. ¿Pero cuántas personas constituyen a esos grandes grupos? Los trabajadores en edad de estar jubilados y los hijos de los trabajadores forman una porción muy importante dentro de la población[1]. Desde ya que si los propietarios privados de los medios de producción fuesen un número de personas similar a los no productivos de la clase trabajadora no podrían demostrar las riquezas que ostentan. Son menos del 5% de la población. Menos del 5% se lleva más del 50%.

Si hubiese una distribución igual de la producción para cada una de los habitantes independientemente que sean trabajadores o parásitos, los trabajadores, sin discriminación generacional, deberían quedarse con el 95% del producto. Les correspondería a los trabajadores jubilados un 16% y a los trabajadores activos un 79% por tener a cargo a niños y adolescentes. Estas proporciones sirven para tener una noción de magnitudes que permita poner de manifiesto para el sentido común que una distribución “igualitaria” o “justa” está muy alejada de ser una mitad para cada una de las dos clases sociales opuestas. La noción de la distribución del ingreso desvía la atención de la cuestión principal de la injusticia social: los seres humanos pierden la libertad de poder determinar su ser y su destino cuando sus medios de producción, sus recursos productivos sociales están en manos extrañas, privadas. Así, como desposeídos, son reducidos al esclavismo asalariado.
Si la distribución del producto siguiese esta salomónica “mitad y mitad” del “justicialismo”, ¿cuánto estaría poniendo el trabajador para los miembros no productivos de su clase y cuánto para sus parásitos?
Si los trabajadores repartieran en forma igualitaria entre sí, para cada persona de su clase, a su 50% estarían dando un 15% del producto para sus hijos y un 8,5% para sus adultos mayores, en total 23,5%. Para los muchos millones de niños, adolescentes y viejos de la clase trabajadora – 20 millones aproximadamente – 23,5% y para los dos millones de sus parásitos 50%.
En la práctica, los trabajadores reciben menos que el 50% de lo que producen, es decir del producto nacional, los jubilados reciben menos que los activos y también los hijos de los trabajadores. Tampoco es cierto que estos últimos sean miembros no productivos porque, no se puede hacer la vista gorda, hay trabajo infantil. También hay muchos jubilados que tienen que trabajar porque el haber no les alcanza y muchos trabajadores ya mayores que no tienen otro medio de vida porque la jubilación les ha sido negada.
Los haberes jubilatorios provienen del aporte de los trabajadores
Todo lo que se produce es aportado por el empleado. Al vender su fuerza de trabajo pone a disposición del empleador su capacidad de trabajo. El empleador utiliza esta capacidad, la pone en contacto con los medios de producción – producidos socialmente, pero sustraídos a la comunidad como propiedad privada -, y le hace producir al trabajador lo que le deberá pagar como salario incluyendo las “cargas sociales” y un plus con el cual se queda como suyo -las ganancias-. Una vez que ha vendido el producto tiene en su poder ese resultado de la producción en forma de dinero para pagar los salarios y las cargas sociales. El empleador impide la producción cuando no tiene la seguridad de poder retirar para sí cierto nivel de ganancias a costa del trabajador. Si no tiene empleados no paga ningún salario ni “carga social”. Todo lo que los patrones transfieren al estado en concepto de aportes jubilatorios y cargas sociales ha sido descontado y retenido de ese costo que tienen como retribución al insumo trabajo en concepto de salario. A su vez esa masa de fondos tiene como destino el mantenimiento y reproducción de la fuerza de trabajo, mantener a los trabajadores activos, a sus hijos y adultos mayores que ya no pueden y no deben trabajar. Por eso es que, si los empleadores no transfieren a los organismos instituidos para recibir los fondos retenidos a los trabajadores, están robando lo que no les pertenece. Esta sustracción va directamente en contra de los trabajadores. Estos aportes no son un impuesto que se les cobra a los burgueses sobre sus ganancias y que sirve para mantener al estado. Conceder a los patrones estas retenciones a los salarios (exenciones al pago de “aportes patronales”-) no es una potestad legítima del estado ya que son fondos para la supervivencia de los trabajadores. Los patrones no son el destino para el que ha sido instituida la jubilación ni el resto de las cargas sociales. Tampoco los aportes son propiedad estatal. Con estas “exenciones”, una parte significativa del salario ha sido quitada a los trabajadores y otorgada a los empresarios para aumentar las ganancias con el pretexto de incentivar a las actividades empresarias y el empleo. Es un engaño flagrante que la legalización de contratos de trabajo despojados de derechos sea una forma de fomentar el empleo en blanco y también es falso que incentive la inversión. Para esos fines podrían haber transferido ganancias empresarias de unos sectores para favorecer a otros.
¿Aportes patronales? ¿aportes del Estado? ¿los precarizados no aportan?
Desde organizaciones sindicales se utilizan criterios ajenos a los trabajadores y a la ciencia económica desorientando a los trabajadores sobre el origen de los recursos para pagar jubilaciones. Confunden a los genuinos aportantes con las partidas presupuestarias, con los registros contables donde aparecen identificados y asentados los aportes, con agentes intermediarios que intervienen en el trámite estatal de la canalización de los fondos. Incurren por ejemplo en la falsedad de que los patrones aportan aceptando literalmente la denominación burocrática oficial: “aporte patronal”. Saben que esa es una deducción proporcional que se está retirando del pago al trabajador. Saben que no es una deducción proporcional a las ganancias del empleador. Afirman que el estado es un contribuyente a las jubilaciones siendo que el estado, cuando no actúa como empresa, sólo puede ser intermediario o consumidor de los fondos que recibe. Saben que son fondos recaudados a los trabajadores como impuestos lo que destinan al pago de los haberes jubilatorios. Saben que el impuesto que se cobra a los consumidores como IVA es el más importante de los impuestos y que la carga principal recae en los trabajadores incluyendo a los propios jubilados. Además no ignoran que el propio estado deja que se violen las leyes al permitir que los empresarios se queden con una gran parte del salario de los trabajadores precarizados y que, como tutor de la transferencia intergeneracional entre trabajadores, tiene que reponer algo de lo que los patrones se roban porque está obligado a pagar los haberes a los que han logrado jubilarse. Ese aporte de impuestos no llega a rellenar el enorme agujero que dejan las patronales al expropiar los aportes jubilatorios.
Como vimos, el trabajador se paga todo el salario incluyendo aguinaldo y vacaciones
y todas las llamadas “cargas sociales”: aportes jubilatorios, PAMI, obra social, salario familiar, seguro de vida obligatorio, ART, Fondo Nacional de Empleo.
Entonces el empleado recibe “de bolsillo” el 62% del total de su salario. El resto de su salario, el 38% es retenido por el empleador y éste como recaudador debe depositarlo inmediatamente en la AFIP. Gran parte de los empleadores, amparados en la tolerancia y la complacencia del estado con la ilegalidad, se queda con esa parte del salario llamada “cargas sociales”. Para esto no registran a los empleados, lo que se denomina empleo en negro.
El empleador en negro suele no pagar vacaciones ni sueldo anual complementario o aguinaldo ni otros gastos como ausencias por enfermedad o indemnizaciones en caso de despido. Si computamos medio mes para las vacaciones y 1 mes para el sueldo anual complementario que representan 12,5% del salario, los empleadores en negro violan los derechos laborales y así se quedan con casi la mitad – 48% – y pagan sólo el 52% del salario.
En el cuadro siguiente se muestra un ejemplo de los ítems que deben componer el salario según la normativa. En una columna vemos las contribuciones sobre un bruto de 100 y al lado el porcentaje sobre el total del salario que paga el patrón[2].
sobre bruto | sobre total | |
salario bruto (inc vac y sac) | 100 | 74,58 % |
vacaciones | 4,17 | 3,11 % |
aguinaldo | 8,33 | 6,21 % |
“contrib” jub empleador | 18 | 13,42 % |
aporte jub “personal” | 11 | 8,20 % |
PAMI “contrib empleador” | 2 | 1,49 % |
PAMI “personal” | 3 | 2,24 % |
Obra soc “contrib patrón” | 5 | 3,73 % |
Obra soc “aporte pers” | 3 | 2,24 % |
Asignaciones Familiares | 7,5 | 5,59 % |
Fondo Nacional del Empleo | 1,5 | 1,12 % |
Seguro de Vida Obligatorio | 0,03 | 0,02 % |
ART | 0,05 | 0,04 % |
Empleador retiene | 51,08 | 38,10 % |
Como si fuese del empleador | 34,08 | 25,42 % |
Reconocidas al empleado | 17 | 12,68 % |
total bolsillo (inc vac y sac) | 83 | 61,90 % |
total SALARIO pag x empleador | 134,08 | 100,00 % |
en negro (sin vac ni sac) | 70,5 | 52,58 % |
vac: vacaciones | ||
sac: sueldo anual complementario |

Las organizaciones sindicales mencionadas, al igual que los gobiernos, no están a favor de que todo trabajador tenga el derecho a la jubilación. Para sus dirigentes es justo que se les exija a los trabajadores, para poder jubilarse, que demuestren que se han realizado aportes suficientes a lo largo de su vida laboral. Los empleados que estuvieron precarizados hicieron los aportes, aportaron con su trabajo, no son responsables. Los verdaderos responsables de que no figuren esos aportes son sus empleadores, quienes habiendo efectuado las retenciones a los sueldos de los empleados, se quedaron con esos aportes.
Uno de los argumentos que se utiliza para sostener que el que no aporta no se jubila es que lo que no ha depositado el empleador se lo ha pagado al trabajador. Es un argumento salvaje imposible de demostrar. Esto es falso, equivale a que los precarizados ya se gastaron lo que deberían haber ahorrado para su jubilación. Si fuese así los trabajadores precarizados cobrarían de bolsillo más que los trabajadores en blanco. Pero esto está desmentido en los hechos por el mercado de trabajo: por la misma tarea se paga de bolsillo mucho menos al trabajador precarizado que al que está en blanco.
Más adelante veremos que detrás de estas falsas concepciones hay prejuicios que son permanentemente divulgados como que es necesario el ahorro para la jubilación, que se tienen que formar fondos de pensión para poder financiarlas, que la jubilación es un salario diferido y otras patrañas por el estilo.
La ley de jubilaciones y las moratorias
A raíz de que la ley exige al trabajador la demostración de 30 años de aportes, muchos trabajadores precarizados se encuentran al cumplir la edad de jubilarse con que se les niega el derecho a la jubilación aún habiendo aportado por un período aún mayor (por ejemplo 40 años para un trabajador que empezó a los 20 o 25 o aún más). A causa de esta ley, en el marco de precarización de los contratos laborales amparada por el estado, hay cada vez un número mayor de trabajadores en edad de jubilarse que no pueden hacerlo. Para paliar la situación social que se presenta patente, el estado periódicamente se ve obligado a presentar leyes de moratoria de las deudas previsionales. Moratoria es una prórroga para el pago fuera de término de una deuda. Se le coloca este nombre de moratorias porque estas leyes parten de la premisa falsa de que los deudores de los aportes son los trabajadores y, por lo tanto, les conceden la posibilidad de pagar las pretendidas deudas para poder acceder a percibir un haber jubilatorio muy exiguo o quedar condenados a recibir una pensión aún más miserable concedida a los habitantes mayores extremadamente pobres y sin jubilación[3]. Además de impugnar la pretensión de la ley de hacer recaer la culpa sobre la falta de contribución previsional sobre las víctimas, los trabajadores precarizados, en vez de sus patrones, corresponde evaluar si el requisito de los aportes es verdaderamente necesario. Si el requerimiento es innecesario, ser un trabajador cualifica para recibir la jubilación una vez llegada la edad correspondiente.
Intercambio intergeneracional versus ahorro
La jubilación existió desde tiempos inmemoriales. Desde hace muchos miles de años los humanos no tuvieron que trabajar hasta el final de sus días. Trabajar todo el día, comer y dormir no se distingue de la vida animal. Cuando el hombre dejó de ser un animal pudo tener otras actividades además del trabajo indispensable para sobrevivir.
Los ancianos de las tribus no habían ahorrado ni lo necesitaban para poder vivir sus últimos años. Los niños indios no podían haber ahorrado para poder vivir sus primeros años. Los descendientes de los ancianos, los padres de los niños, o aunque no fuesen familiares, los miembros de la tribu, producían ya en esos tiempos lo suficiente para que los miembros más jóvenes y más viejos mantuvieran el nivel de vida que llevaban dentro de su cultura. Parte de la salida de la animalidad de los hombres, de la formación de la humanidad, de la sociedad humana es el intercambio intergeneracional. Hay generaciones inactivas desde el punto de vista productivo que son sostenidas por la producción de las activas y luego, a su turno, estas mantendrán a las inactivas.
Estas relaciones de intercambio se trastornaron cuando empezó la división en clases de la sociedad, la explotación de unos por otros hombres, el esclavismo, luego la vida servil y por último el esclavismo asalariado actual. En estas sociedades las clases dominantes negaron y niegan los frutos del desarrollo humano e inclusive el derecho a la vida a los miembros que no pueden poner a su servicio.
Hoy en día, dentro del capitalismo, lo que hay en el sentido común ordinario es algo muy diferente al sentido de la comunidad primitiva. ¿Porqué, hoy en día, cuando tenemos una productividad infinitamente mayor, mantenemos el estereotipo social de que la jubilación es un fruto del esfuerzo propio, de un intercambio del trabajador consigo mismo? Una de las razones es que tenemos metido en la cabeza el intercambio de mercancías: cambiamos una cosa por otra. La reciprocidad debe ser inmediata. Nuestra ideología que surge de la vida en este sistema nos hace rechazar que puede haber una forma de intercambio en la que damos sin esperar recibir y a su vez, recibimos o tomamos sin dar nada a cambio. Sin embargo esos son los intercambios que predominaban a través de la historia en las distintas formas que adoptó la familia humana. La herencia es parte de este intercambio intergeneracional. La herencia que dejan los trabajadores es la riqueza que tiene la humanidad pero está casi íntegramente en manos de sus explotadores. Los trabajadores legan sólo unos pocos bienes de consumo durable, antiguos y desgastados, a sus hijos.
En parte, también, estos prejuicios, en particular que la jubilación proviene del ahorro, se origina en la historia de las jubilaciones. La empresa privada a mediados del siglo XIX – en los ferrocarriles – , luego el estado alemán – Bismarck 1889- y otros estados comenzaron a tutelar este intercambio intergeneracional y se fueron instaurando en el mundo sistemas de jubilación[4]. El sistema privado consistía en que la empresa se quedaba con parte del sueldo de los empleados en su poder formando un fondo con el cual lucraba para su beneficio y años más tarde, llegada la edad de retiro, devolvía una pensión. Es comprensible que si no hubiese sido un negocio para la empresa esta práctica no hubiese sido implementada. El sistema consistía en instaurar un flujo de aportes de los empleados hacia un fondo manejado por el capital que luego de un período de acumulación se destinaba a los pensionados. Las pensiones estaban en proporción a sus sueldos. Durante el período en el cual los trabajadores aportantes superaban en número a los pensionados, el fondo en poder del capital se incrementaba y quedaba en sus manos un stock de dinero que nunca disminuía debido a la constante aparición de nuevos aportantes. El sistema estatal no difería en esencia: el estado hacia de intermediario del flujo intergeneracional entre aportantes activos y los pensionados.
Ahora, esto parece hacer dinero de la nada para el capital, o como la piedra filosofal convertir al hierro en oro, pero no es así. Los fondos que antes de comenzar a ahorrar, los ahorristas dedicaban a sus mayores, ahora iban a las arcas de la entidad que los acumulaba. Esto constituía un empobrecimiento de los mayores porque se taponaba esa salida de los aportes hacia ellos – acreedores naturales de los mismos -, desviando su flujo hacia el capital financiero. Los ahorros que hacen los trabajadores consisten en un sacrificio del consumo presente para un consumo futuro. ¿Los familiares que tiene a cargo acaso no se abstienen de consumir – empobrecen su vida – cuando en la familia se ahorra? Se puede afirmar entonces que también, en este caso, el flujo de los activos hacia sus familiares no productivos se desvía y se pone en manos del capital financiero. La noción de ahorro para las contingencias – que naturalmente no requería ser tan cuantioso – se extendió a un ahorro para toda la etapa de retiro. Así fue que a los sistemas de pensión se los asoció con la previsión y se acuñó la denominación burocrática estatal de previsión social. La existencia del prejuicio de que la jubilación es el fruto del ahorro realizado por cada individuo durante su vida de trabajo, entonces, no nos asombra. Pero, como está planteado más arriba, tal ahorro no es necesario para que se atiendan las necesidades de los trabajadores no productivos ya sean jóvenes o viejos.
Es válido plantear entonces preguntas como: ¿Porqué los sistemas previsionales no comenzaron a pagar pensiones al mismo tiempo que se empezaron a recaudar aportes, si el dinero estaba disponibles? ¿Quién era el dueño? ¿Cuál era la verdadera finalidad? ¿Para quién se instituía el sistema?
La institución del sistema de jubilaciones incluía la intención de acumular un fondo para usufructo del capital. Para esto había que impedir que los trabajadores que estaban en edad de retiro cobraran pensión en el momento que los jóvenes comenzaron a sufrir descuentos a sus sueldos para aportar al sistema. Esos ingresos que los trabajadores destinaban al aporte jubilatorio se restaron al ingreso familiar y por lo tanto también al mantenimiento de sus miembros más añosos. Sin embargo, para el sentido común del intercambio entre propietarios privados, la idea de que el que no aportó no cobra se consagró como algo justo. Todavía se sigue repitiendo que la jubilación es un salario diferido que por un lado remarca la noción de que la jubilación le pertenece al individuo que se la ganó porque hizo los aportes y por otro que los aportes jubilatorios pertenecen al salario. Salario diferido es una noción que desvía la atención del intercambio intergeneracional ocultando la esencia de la jubilación.
Sostenemos lo contrario, todos los trabajadores han aportado y lo siguen haciendo con su trabajo. Esa condición “si no aportó” no se cumple para quien haya trabajado. Todo lo que se debe verificar para reconocer el derecho a la jubilación es si quien va a recibirla es un trabajador y no alguien que vive del trabajo ajeno.
Hoy es imperioso desprenderse de ese prejuicio. Debido a la precarización hay millones de trabajadores y trabajadoras que no podrían demostrar aportes jubilatorios al llegarles la edad de jubilarse tal como exige la ley actual desconociendo que han realizado aportes con su trabajo. Es preciso derogar la ley que niega el derecho del trabajador a recibir una jubilación con el pretexto mencionado ya que como requisito es innecesario. Si los aportes previsionales que hacen los trabajadores en negro comienzan a llegar al sistema jubilatorio y no se quedan en el bolsillo de sus empleadores estará disponible el dinero para que empiecen a cobrar en forma inmediata los trabajadores en edad de estar jubilados . Desprenderse del prejuicio y comprender que el mantenimiento de todas las generaciones de la población trabajadora es un intercambio intergeneracional es una condición necesaria para que todos los trabajadores luchen por el derecho a la jubilación propia y de los de su misma clase.
Los derechos al salario tienen multitud de excepciones que los coartan. Trabajadores jóvenes, monotributistas, trabajadores remunerados con planes, etc. La comprensión del derecho a la jubilación para todos los trabajadores es al mismo tiempo la que alumbra la lucha por el derecho a percibir el salario completo incluyendo la totalidad de sus componentes para todos los trabajadores sin excepciones de ninguna naturaleza. Esto significa luchar para que todos los gremialistas y trabajadores que hoy repiten las mentiras que les dictan los patrones y sus consejeros se pongan del lado de sus propios intereses.
El mercado de trabajo
El salario real está mantenido bajo mediante la política estatal, el salario mínimo, la inflación. La inflación es provocada por los empresarios que a su vez son empleadores y aumentan precios para evitar que se recomponga el poder adquisitivo de los salarios cuando reconocen aumentos salariales. Los sindicatos oficiales, en gran parte, y el ministerio de trabajo, sirven de freno a la lucha de los trabajadores. El mercado de trabajo está minado por el peso numérico que tienen los trabajadores precarizados dentro del conjunto de los trabajadores. El poder de negociación de los trabajadores cuyos salarios se rigen por convenios también sufre una merma considerable por este motivo. La pérdida de derechos afecta a toda la clase trabajadora. La política del estado de subsidiar sueldos no subsidia a los trabajadores, sino que paga sueldos que los empleadores se ahorran. Los empleadores obtienen el producto completo del trabajo sin pagar salarios completos. Trabajadores que realizan labores remuneradas mediante planes sociales han perdido su derecho al salario. Otros sólo consiguen trabajos temporarios con contratos precarios. Los jóvenes que comienzan su vida laboral están excluidos prácticamente en su totalidad de los empleos con plenos derechos. Jóvenes estudiantes reciben becas por trabajar. Empleos en relación de dependencia son disfrazados como trabajos autónomos independientes y permitida su contratación como monotributistas con los derechos laborales limitados. Trabajadores como los recicladores y cooperativas diversas que venden el producto de su trabajo como productores independientes a precios muy por debajo de su valor a concentradores de la producción, son trabajadores superexplotados más que patrones de sí mismos.
Además de las paritarias están todas estas transacciones que determinan el movimiento del mercado de trabajo, provocan la tendencia a la baja del salario real y el aumento de las ganancias empresarias.
Los trabajadores se ven separados por la diversas formas en que son absorbidos por el sistema de relaciones laborales pero están conectados fuertemente entre sí por los lazos sociales que los dominan y los empujan a un destino común. Al estar disgregados en sus luchas particulares pierden el poder gigantesco que les permite la lucha común contra la clase que los explota.
Hemos visto que el derecho al salario es inseparable del derecho a la jubilación. Si un derecho se le niega a un empleado se le niega a un jubilado. Si el derecho al trabajo es recortado se recorta el derecho a la jubilación. Si a un joven, que comienza a trabajar, se le niega el contrato en blanco, a un jubilado se le niega la jubilación o se la recortan. Comprender la conexión entre la vida de los diversos trabajadores, aprender a pelear juntos cuando se trata de lo mismo será un gran paso. Todas las generaciones de los trabajadores tienen un puesto de lucha en la reconquista de estos derechos quitados y por nuevos derechos para la clase trabajadora.
Sergio, Jubilados Insurgentes.
[1] En el censo de 2010 las personas menores de 15 años y mayores de 65 sumaban 38%. 38% de los 46 millones actuales son unos 17,5 millones de personas.
[2]El total del salario es lo que corresponde legalmente que desembolse el empleador a causa de haber contratado a un empleado. Los ítems de dichos desembolsos están destinados a la supervivencia del trabajador y la familia. Este total del salario ha sido objeto de mistificación: han denominado a una porción arbitraria de las contribuciones del empleado como si fuesen contribuciones del empleador y han computado al salario restante denominándolo salario bruto. Esta cuenta del salario bruto contiene sólo los aportes reconocidos al trabajador.
[3] De algún modo, la clase dominante, para mantener su abuso, debe disimular la pobreza que genera, en este caso crearon la pensión universal al adulto mayor PUAM.. La jubilación debe ser un derecho para los trabajadores, pero no universal por haber alcanzado una edad avanzada. Quienes disponen de beneficios, intereses y rentas no necesitan la jubilación.
[4] Las siguientes compañías de ferrocarril operaban esquemas de pensión en la segunda mitad del siglo XIX:
- London and North Western (fundada en 1853)
- Great Western ( fundada en 1865/6)
- London and South Western ( fundada en 1868)
- Midland ( fundada en 1870)
- Caledonian, Lancashire and Yorkshire ( fundada en 1870)
- Railway Clearing System Superannuation Fund ( fundada en 1870)
- London, Brighton and South Coast ( fundada en 1872)
- Great Northern ( fundada en 1874/5)
- Great Eastern ( fundada en 1879)
- North Eastern ( fundada en 1881)
- North British ( fundada en 1883)
- Glasgow and South Western ( fundada en. 1898)