Juana es una joven estudiante quien divulgó en redes sociales que su madre recibió una carta documento de una abogada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires demandándola por daños y perjuicios realizados en el marco de una toma de la escuela Manuel Belgrano en octubre de 2022. Además le reclaman un pago de aproximadamente dos millones setecientos mil pesos. «Pedimos difusión de esta situación, que sabemos que no somos las únicas que la están pasando, a padres de otros colegios le llegó el mismo documento, y le recordamos una vez más al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, luchar es un derecho» expresó la jóven.
«Hola, soy Juana, soy estudiante, y el día martes de esta semana le llegó a mi madre una carta documento de parte de una abogada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, demandándola por daños y perjuicios realizados en la toma del año pasado, de octubre de 2022, Colegio ESEA Manuel Belgrano, reclamándonos un pago de aproximadamente dos millones setecientos mil pesos» comenzaba el relato de Juana en el video que divulgó por redes sociales.
Continuó «los que estuvieron involucrados en esta toma o aquellos que se hayan informado sobre esta sabrán que lo que hicimos fue todo menos causar daños. Cabe remarcar que nosotros no fuimos de cero a cien, pasamos primero por movilizaciones, hicimos sentadas en el colegio, cartelazos, intentamos hablar con el ministerio, no se nos respondió, y optamos por la toma del colegio. Pedimos difusión a full de esta situación, que sabemos que no somos las únicas que la están pasando, ya a padres de otros colegios le llegó el mismo documento, y le recordamos una vez más al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, luchar es un derecho».
Rodríguez Larreta y la ministra de Educación de la Ciudad Soledad Acuña, realizaron un total de 25 denuncias penales a 366 padres por las tomas de colegios. El argumento se basaba en daños y perjuicios por los días de clase perdidos, por un monto que asciende a $50.538.442,85.
Para poder avanzar con la judicialización de los padres y madres de les estudianes se basaron en el artículo 58 del Código Contravencional de la Ciudad, que habla de “ingresar o permanecer en un lugar público o privado contra la voluntad del titular del derecho de admisión”.
Desde la organización de derechos humanos CORREPI advirtieron que desde el ejecutivo porteño hicieron algún tipo de selección a la hora de enviar las denuncias, porque quienes recibieron la notificación contravencional, no recibieron la carta documento; y quiénes recibieron la carta documento, no recibieron la denuncia contravencional. “La primera tanda, entiendo yo, por las fechas en que nos fueron avisando madres y padres, el gobierno porteño intentó con la causa contravencional. Cuando vieron que no iba ni para atrás ni para delante, intentaron con otro bloque de madres y padres de otros colegios con las cartas documento, para asustar por el lado del bolsillo”, explicó la letrada y referente de Correpi María del Carmen Verdú en diálogo con Tiempo.
Fuente: AnRED