El miércoles de la semana pasada se dio a conocer la sentencia de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia que ratificó el procesamiento de cinco vecinos y vecinas de Trelew, Rawson y Puerto Madryn por luchar en defensa del agua y la Iniciativa Popular en mayo de 2021. En principio los procesados eran 23, luego fueron 16 y ahora, para 11 de este grupo se consideró falta de mérito. Entre los cinco vecinos judicializados, se encuentra Santiago Vasconcelos, diputado provincial electo por el Frente de Izquierda Unidad, junto a militantes y activistas del movimiento socioambiental provincial. El Extremo Sur dialogó con una de las vecinas, que reconoce una Justicia con doble vara que no respeta los derechos y garantías de quienes se manifestaron en contra de la megaminería.
Los cinco son acusados de “entorpecimiento de los servicios públicos”, por participar en un corte en la Ruta Nacional N° 3 en Trelew, tras el rechazó exprés de la Legislatura al proyecto de la Iniciativa Popular -que había recogido 30.000 firmas- a principios de mayo del 2021.
“Hace unas tres semanas la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, donde estaban siendo tratados los procesamientos, dictó falta de mérito a once vecinos y ratificó el procesamiento de los cinco. Ahora estamos en la parte más formal, haciendo presentaciones ante el mismo Tribunal, que fue quien decidió que debemos seguir en camino al juicio. Lo que hizo el tribunal fue allanar el camino a un posible juicio”, expresó Andrea Leonett -miembro de la Unión de Asambleas Ciudadanas en Chubut (UACCh) y una de las cinco procesadas- en diálogo con El Extremo Sur.
“No tiene nada que pruebe que nosotrxs estábamos cometiendo un delito, como quieren endilgarnos, en cuanto a los hechos, y a pruebas -y consta en el expediente- no hay material para que se nos confirmen los procesamientos. Pero siguen con esta intención querer judicializarnos”, comentaba Leonett en junio, en entrevista con este medio.
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Entonces veía con preocupación la continuación del proceso judicial, ya que en esa semana también se había conocido la condena a la docente Estela Juárez a tres meses de prisión en suspenso por participar de las protestas estatales en 2019, en reclamo del pago de salarios atrasados.
Ahora, este proceso se produce en simultáneo con el juicio a los cuatro policías por vejaciones y maltratos a activistas de No a la Mina. Si bien es una conquista histórica que los uniformados puedan ser sometidos a juicios, Leonett también considera que existe una doble vara en relación a la agilidad de ambos procesos.
“Nuestras defensas presentaron un recurso de casación que intenta que nuestro expediente se eleve al máximo Tribunal Federal, que es Comodoro Py, para que pueda rever esta decisión que ha tomado el Tribunal de Comodoro, con el argumento de que en este caso, se configura un hecho de máxima gravedad institucional en el sentido de que el Estado no está teniendo en cuenta ninguno de nuestros derechos y garantías que constan en la constitución nacional, en las convenciones interamericanas de Derechos Humanos, con el derecho a la reunión, a la protesta”.
Y agrega: “Lo único que ha hecho es que pese y caiga sobre nosotros la Ley penal con el Artículo 194, que encima es un delito que fue creado en dictadura”. El artículo citado sostiene que “El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”.
Para la activista, “pretenden únicamente endilgarnos ese delito, que caiga toda la ley penal sobre nosotrxs por sobre derechos y garantías. Por ese argumento se presentó la apelación de Casación hace casi dos semanas, y estamos esperando a ver qué es lo que va a decidir”.
Una Justicia con doble vara
En simultáneo a la confirmación del procesamiento, se está llevando a cabo el juicio contra cuatro policías de Chubut por vejaciones y amenazas a militantes del No a la Mina en el 2019, con múltiples irregularidades y maniobras que buscarían favorecer la situación de los uniformados. Leonett se hizo eco del caso y dijo que “se puede ver como claramente la justicia es muy selectiva, como decide en muchos casos avanzar rápidamente, cuando las causas las tenemos personas que somos parte del pueblo, que luchamos contra un modelo extractivista”. Por otro lado, “cuando tiene que aplicarla, en este caso a los policías, que están sentados en el banquillo de acusados como torturadores, que han amenazado y golpeado a compañeros de No a la Mina, en ese caso trata de dilatar todo lo posible, con maniobras, que se han dejado ver en este juicio que son vergonzosas. Se ve claramente de qué lado está parada la justicia, y no es del nuestro”.
Pese a este panorama, sostuvo que el juicio es “un hecho histórico”: “Para nosotrxs es una conquista muy grande, es muy valioso que hayan llevado este proceso adelante, que es desgastante, sobre todo cuando se trata de denunciar a la Policía, pero creemos que sienta un precedente muy grande en la historia de la provincia”.
Loeonett reafirma la posición que ya había expresado en diálogo con El Extremo Sur: el abordaje de lo colectivo en los procesos de criminalización. “Son situaciones difíciles en cuanto al desgaste que se sufre, pero lo llevamos adelante colectivamente, porque uno de los intentos cuando te judicializan es individualizar, fragmentar, sacarte del movimiento. Y nosotrxs hacemos la inversa, nos sentimos y somos parte de un pueblo que se ha plantado contra la megaminería, y ese es nuestro respaldo”.
“Hemos tratado de colectivizar todo lo mayor posible, y juntarnos con otros compañeros de otros sectores que también están siendo judicializados, para romper con ese aislamiento que se nos propone, colectivizar e ir pensando juntos estrategias para salir de este embrollo que nos han metido y que tiene que ver con una política de Estado que para poder un modelo de ajuste no hay forma de hacerlo si no es con represión y criminalización a quienes se oponen”, remarcó.
Un viejo modelo político
Antes de las elecciones provinciales, Leonett analizaba un escenario político sin muchas alternativas: “Con la cuestión de la megaminería, tuvimos diputados que en su momento estaban con nosotros, que firmaron la iniciativa popular, y después vimos como dentro de la Legislatura se inclinaron por las multinacionales que claramente estaban metiendo mucha presión, con mucho dinero en juego”.
Ahora, con Ignacio Torres como gobernador electo, sostiene que habrá “una profundización de la represión y la criminalización a movimientos sociales en lucha. Eso sin dudas, con la derechización que se ve en la representación política, se va a profundizar”.
“De todas formas, este gobierno no ha mostrado ser algo distinto, realmente todo esto que venimos sufriendo ha sido en un gobierno llamado ‘progresista’, sabemos que existe esta tendencia a la derechización. Ya se ve en los resultados, con un gobernador electo que responde a una fuerza que explícitamente hace campaña con la mano dura, la represión, el odio hacia quienes estamos en las calles luchando por movimientos socioambientales, originarios, movimientos sociales. Vemos que el panorama viene cada vez peor”, agregó.
Y expresó preocupación por la agenda que el poder viene delineando: “En Chubut tenemos un proyecto de Ley de Soberanía Energética, en este momento en Legislatura y pretende ser aprobado, no sabemos qué va a suceder, y también vemos con mucha preocupación las negociaciones que ya se están dando por parte de Torres, que viajó a Israel junto al gobernador electo de Neuquén para reunirse con Mecorot, que busca instalarse en nuestra provincia. Van a privatizar el agua, nada más y nada menos que con Israel. Viene un avance y profundización del modelo extractivista”.
Por otro lado, celebró la banca ganada por Santiago Vasconcelos, uno de los vecinos procesados: “Santi es un compañero procesado junto con nosotrxs, hace ya casi dos años. Y que haya ganado una banca de la izquierda es un alivio y va a ser una herramienta que vamos a usar, va a servir mucho a la lucha, vamos a tener un compañero ahí dentro, que si bien estará en minoría, será nuestra voz, nuestros ojos y nuestros oídos. Sabemos que ahí adentro se maneja mucho de lo que tiene que ver con nuestro presente, futuro como pueblo, que este el ahí nos va a ser de mucha utilidad es una pequeña victoria que celebramos”.
Una historia de luchas colectivas
Consultada sobre el lugar de las luchas socioambientales en la agenda, la activista remarcó la necesidad de “volver atrás cuando en la sociedad se nubla un poco el panorama”: “Hay que mirar dónde estamos, quiénes somos, tenemos una trayectoria en lucha inmensa con asambleas que hace más de 20 años se oponen a este modelo, que han logrado frenar un basurero nuclear, han logrado frenar a la minera en Esquel, es importante volver a eso, somos herederos de ese montón de gente y esa pedagogía de las asambleas que hace más de veinte años viene concientizando”.
“Y gracias a eso pudimos vivir el Chubutazo, que tuvo que ver con una expresión muy digna y genuina del pueblo que gracias a la concientización de años y años de asambleas que cada cuatro salen a marchar, están en una esquina con un megáfono, van a las escuelas, gracias a todo ese laburo la gente entendió y ha hecho carne esta lucha”, agregó.
“Me parece que esa tiene que ser nuestra fortaleza, no podemos subestimar al pueblo, cuando haya que salir el pueblo va a estar, nos damos a la tarea de seguir concientizando ante proyectos extractivistas, que vienen disfrazados, que ya no nombran tanto a la minería, pero que son peores porque vienen por todo. Tenemos que seguir concientizando, laburando con la gente en la calle, somos parte de un pueblo que ha sabido salir a plantarse dignamente, esa es nuestra fortaleza y cuando haya que salir se saldrá”, concluyó. Ahora, queda esperar la decisión de la Cámara de Apelaciones y la eventual decisión de una eventual instancia judicial superior.
Fuente: El Extremo Sur