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El Juicio a las Juntas y la memoria histórica

Entre abril y diciembre del año 1985 tuvo lujar el Juicio a las Juntas. Es recordado como una fecha emblemática en el proceso de transición a la democracia y uno de los hitos de estos últimos 40 años en nuestro país.

Recordemos que, de acuerdo a un decreto presidencial, a fines de 1983 se inicia un proceso de enjuiciamiento a las Juntas Militares por parte de las propias Fuerzas Armadas, lo que demuestra una clara apuesta del recién inaugurado gobierno radical por la “autodepuración”. Quien debía llevar a cabo este autoenjuiciamiento era el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, el CONSULFA.

Sin embargo, cuando el 20 de septiembre de 1984 la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP, presente su Informe Final a las autoridades, quedó muy claro que la justicia militar no tendría en cuenta ninguno de los miles de testimonios ahí reunidos. Esta negativa abre una posibilidad casi inédita en el país y en el mundo: los responsables de un plan sistemático de aniquilamiento serían juzgados en un fuero civil, en un debate oral y público, con iguales garantías procesales que cualquier ciudadano.

En realidad, sabemos que esta “igualdad” ante la Ley es relativa. El peso que por entonces aún preservaban las fuerzas militares en la sociedad y en el Estado, convertía al Juicio en una verdadera prueba. No se puede pensar el Juicio a las Juntas sin resaltar la lucha de los Organismos de DDHH que ya desde los años de la Dictadura exigían “aparición con vida” de los Desaparecidos/as y “juicio y castigo a los culpables”. Escindir el Juicio de estas luchas previas es remarcar una mirada institucionalista del proceso histórico, algo que no se condice con los hechos.

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La estrategia del Tribunal fue apuntar solo a los altos mandos de las Juntas, a quienes se imputaron un total de 5.395 cargos penales. Después de casi siete meses de alegatos, por donde pasaron 830 testigos que significaron más de 540 horas de audiencias, el 9 de diciembre de 1985 se conoció la sentencia en la que fueron juzgados 9 miembros de las distintas Juntas: Jorge Rafael Videla, Eduardo Massera, Orlando Agosti, Roberto Viola, Armando Lambruschini, Omar Graffigna, Leopoldo F. Galtieri, Jorge Anaya y Basilio Lami Dozo.

La estrategia de la defensa fue, por el lado de los mandos superiores, plantear que los crímenes se trataron de simples “excesos” de algunos militares; y por el lado de los mandos medios, que fueron convocados como testigos del juicio, su estrategia fue apelar a la “obediencia debida” a las órdenes de sus superiores, queriendo así desligarse de responsabilidades.

La sentencia confirmaba la existencia de un plan sistemático de aniquilamiento y múltiples violaciones a los derechos humanos, aunque discriminó las penas individualmente, dejando de lado el criterio de corresponsabilidad. Por otra parte, la “teoría de los dos demonios” que equiparaba el accionar del terrorismo de Estado con el de las organizaciones armadas, se convirtió en un lugar común de la transición democrática argentina que desterraba cualquier posibilidad de pensar la violencia política.

Los Organismos de DDHH, si bien acompañaron todas las instancias del Juicio, esperaban penas mucho más duras: sólo se dictó perpetua para Videla y Massera; cuatro años y seis meses a Agosti; 17 años a Viola y 8 a Lambruschini. Al resto solo se los inhabilitó de por vida para ejercer funciones públicas.

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Madres de Plaza de Mayo lo llamó “el juicio de los 9”, al que consideraba una estrategia del gobierno radical por apaciguar los ánimos con los militares. APDH y Abuelas de Plaza de Mayo tampoco quedaron conformes: dentro de los crímenes por los que se acusó a los mandos militares, no se tuvo en cuenta el delito de apropiación ilegal de menores, algo que recién muchos años después comenzaría a saldar la Justicia argentina.

De todas maneras, los organismos sabían que esta sentencia se trataba de un piso mínimo desde donde iniciar el pedido de cárcel a todos los culpables.

En tiempos en los que el negacionismo del terrorismo de Estado ha cobrado nueva fuerza en la sociedad argentina, es pertinente recordar esta fecha que constituye un hecho de enorme importancia. Hace ya varios años, es posible divisar un ejercicio de “cuestionamiento” de la veracidad histórica, por ejemplo, del número de desaparecidxs en la Argentina, queriendo transformar esa cifra en un mero ejercicio de contabilidad, cuando en realidad se trata de un significante para reivindicar los proyectos por la que lucharon los 30 mil.

Quizás convenga señalar que la memoria histórica no es estática, que es parte de la lucha por el sentido que buscamos darle a nuestras acciones y nuestra mirada del mundo. Y si alguna vez creímos que un nuevo relato del Estado (que se presentó como reparador y pidió disculpas) había llegado para saldar las cuentas con el pasado y cristalizar la memoria, volverla monumento, es hora de reconocer que se vienen años de lucha, nuevamente, por reconstruir el sentido histórico. Lo contrario sería quedarnos en el bando de los que lloran. Y nosotros elegimos estar en otro lado.

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