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Apuntes sobre socialismo desde abajo y poder popular

Tragedia, farsa y verdad

Sobre el “pacto democrático” de diciembre de 1983

Este domingo se conmemoran 40 años de régimen político democrático ininterrumpido en Argentina. El libro “Democracia” contra Democracia (o la política contra lo político), escrito por Miguel Mazzeo e ilustrado por Ignacio Andrés Pardo, reconstruye las condiciones de producción que hicieron posible aquel “pacto democrático” de diciembre de 1983 y cómo se transitó de la utopía revolucionaria hacia una política domesticada y reducida al “arte” de administrar una institucionalidad y una matriz económica capitalista. Compartimos a modo de adelanto el capítulo referido a este momento refundacional. Interesades en acceder a la versión del libro en papel, pueden escribir a Muchos Mundos Ediciones: muchosmundos.ediciones@gmail.com

Una hipótesis serpentea este pequeño ensayo. Sostenemos que la democracia inaugurada a fines de 1983 puede considerarse como el fruto de una destitución de lo político por parte de la política, de la negación del conflicto constitutivo de la historia argentina; constitutivo e irresoluble en el marco del orden económico-social y político imperante. Un conflicto que sí había sido reconocido con anterioridad y había alimentado un momento crítico. Dicho de otro modo, la democracia como un descenso de la tragedia a la farsa, más precisamente: como una tendencia a ensanchar de manera permanente los aspectos “farsescos” en desmedro de los “verdaderos”.

Cabe señalar que la pérdida de centralidad del conflicto en las formaciones subjetivas, y la peregrina idea de suprimirlo antes de que renazca y a como dé lugar: coercitivamente, biopolíticamente, químicamente, etc., remite a un proceso general que afecta, desde hace varias décadas, a todas las sociedades capitalistas dizque liberales y democráticas. No se trata de una originalidad argentina.

La idea de un “descenso” no anula la dialéctica entre tragedia y farsa, por el contrario, remite a la principal característica que, creemos, asume esa dialéctica. La farsa, lo farsesco, se vincula aquí a una impostura particular fundada en el descuartizamiento de la experiencia y en la imposición de una versión deformada (exageradamente deformada) del drama social e histórico argentino; refiere a la normalización.

Diciembre de 1983 constituye la antitesis misma de una refundación política popular desde abajo. Es el momento en el que la praxis de las clases dominantes (y no precisamente la de las clases subalternas y oprimidas) coaguló en una construcción simbólica que se fue imponiendo al conjunto de la sociedad con el nombre de “democracia”. Con los años el término se fue delineando como un vocablo principal del diccionario del poder, entre otras cosas por su profundo sentido normalizador y preventivo: el “gobierno del pueblo” había sido invocado, también, para prevenir la insurrección (lo “anormal”); es decir, entrañaba una negación de la capacidad política del pueblo. Implicaba una condena más o menos solapada a todo proceso de autoafirmación popular frente a la eventualidad de que se produjeran –nuevamente– desenlaces violentos que alteraran los pronósticos de una kantiana “paz perpetua”. La linealidad de la historia (y de la historicidad) de los vencedores no se vio sustancialmente alterada en diciembre de 1983; es más, aprovechó esa coyuntura para relanzarse con bríos renovados.

Apelamos aquí a una noción de verdad siempre en devenir y alejada de toda narrativa y/o subjetividad victimista. En nuestro planteo la verdad remite a aspectos vitales y sinceros (descarnados), a la producción de efectos de verdad a través de la praxis, a un trabajo de develamiento de la realidad y de denuncia de la artificialidad. Y también a una tarea ímproba, sisífea. 

La hipótesis que sustentamos no niega los costados de “conquista popular” que posee diciembre de 1983. De ningún modo pasamos por alto la resistencia del conjunto de las organizaciones populares contra la dictadura cívico-eclesiástico-militar y el terrorismo de Estado (1976-1983), particularmente las luchas de los organismos de derechos humanos, de la clase trabajadora y de las diásporas superstites de las organizaciones revolucionarias de la década de 1970. Tampoco planteamos que la subjetividad descalabrada quedó absolutamente vacía. Pero nada de eso alcanza para contrarrestar la evidencia más rotunda: esa/esta democracia se asentó sobre una derrota popular de magnitudes inéditas y efectos prolongados. Se estableció sobre la Nación reorganizada por la dictadura, sobre las reglas del juego impuestas por la dictadura. Una derrota material que se manifestó en el desmembramiento de la estructura productiva y laboral de Argentina; y una derrota política, ideológica, cultural y moral. La dictadura dañó severamente la solidaridad como relación material y subjetiva de las clases subalternas y oprimidas, devastó sus principios de identificación y unificación, llevó a cabo un proceso de despersonalización. A través del terrorismo de Estado, transformó el sistema de valores de las clases subalternas y oprimidas y les impuso otro. La derrota inoculó en el conjunto de la sociedad la idea de que las y los de abajo carecen de toda capacidad de producir órdenes sociales, en particular órdenes sociales alternativos al capitalismo y, por lo tanto, carecen de agenda política propia. Entonces, recuperar la democracia, la democracia liberal, la democracia normalizada, costó una derrota. Su precio fue la radical impotencia popular. He aquí el drama histórico de las generaciones (todas) de la posdictadura.

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No corresponde exagerar los efectos de las luchas antidictatoriales y de sus microépicas, porque así se tergiversa el verdadero carácter de la democracia instaurada en diciembre de 1983. Asimismo, se desdibuja el peso de lo que Rodolfo Fogwil denominó, en un celebre artículo publicado en la revista El Porteño, en 1984, “la herencia cultural del Proceso”.[1] Lúcido y ácido, Fogwil proponía interpretar la expresión democracia (y también la expresión kafkiana de “Proceso”) como una “herencia” de la dictadura cívico-eclesiástico-militar; una herencia lingüística, ideológica y política, es decir: cultural. La derrota había acontecido también en la esfera discursiva, englobaba a un conjunto de palabras y clausuraba la lucha por el sentido de las mismas; de una especialmente: democracia. La herencia cultural del proceso no dejaba exprimir el lenguaje heredado, no permitía extraer el jugo de las palabras para reinventarlas e ir más allá de ellas. Ahora bien: ¿sin resistencias hubiese sido mucho peor? Por supuesto que sí. ¿Existen razones “internas” de esa derrota? ¿Pesaron las defecciones y los transformismos[2]? No tenemos ninguna duda al respecto. 

Pero la democracia de diciembre de 1983 no solo se estableció en el solar (y en el diccionario) de la derrota; también –y el dato no es menor– en el suelo del castigo, con sus potentes efectos neutralizantes. El castigo como medio utilizado por las clases dominantes para apoderarse de la “facticidad” de las clases subalternas y oprimidas; para doblegarlas, atemorizarlas y someterlas; para quitarles la sed de verdad y entregar a cambio la ilusión; para garantizar unas relaciones asimétricas, para gozar sádicamente. El castigo a la trasgresión. El castigo a la ruptura de un equilibrio. La criminalización de la revolución. La contrainsurgencia por otros medios.

Si alguna esperanza se adueñó de las calles de la República en diciembre de 1983 fue, cuanto menos, una esperanza incauta. O fue, lisa y llanamente, la confianza renovada de las clases dominantes –replicada ingenua y/o servilmente por las clases medias– e impuesta (“a manera deesperanza”) al conjunto de la sociedad civil popular. 

Por otra parte, el período de cuarenta años de democracia ininterrumpida se inició con un alto grado de deterioro de la base material y de los imaginarios tributarios del capitalismo industrial (incluyendo los imaginarios críticos). Ese instante liminar de la democracia exhibía una sociedad civil popular cuyas expectativas sociales y políticas acababan de ser disciplinadas y cuyo sentido de lo indigno y lo insoportable había sido modificado. Un dato incontrastable: la sociedad argentina de 1983 era el resultado objetivo y subjetivo de la herencia dictatorial. El pueblo estaba devastado por la presencia de la muerte; su antiguo capital social, político y simbólico estaba extenuado; su potencia había sido expropiada. El terror ya habitaba las instituciones, las palabras, los cuerpos. A partir de la dictadura cívico-eclesiástico-militar, el cuerpo popular, el cuerpo colectivo, comenzó a perder sus capacidades para sostener las acometidas del deseo; quedó exhausto, debilitado, expuesto a la presencia del otro (dominante, opresor) que se le impuso de manera ininterrumpida. La democracia de diciembre de 1983 fue el terror después del terror; instauró una “razón democrática” fundada, principalmente, en las ventajas que las clases dominantes conquistaron por la fuerza durante la dictadura. 

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La política después de la sangre no podía retrotraerse fácilmente a los tiempos previos a la carnicería. Las clases subalternas y oprimidas, los sectores populares en general, partían de una posición endeble para recuperar grados de soberanía nacional-popular efectiva, para encarar la “reconstrucción democrática” y para modelar un proceso de “subjetivación democrática” en sentido radical: un proceso de autoeducación gubernamental y de autoconstitución de lo político.  

El denominado “pacto democrático” de diciembre de 1983, vinculado a las premisas ideológicas de la reconstrucción del Estado, se basó en la “obediencia civil”, en la pasivización social (sobre la que se montaron varios discursos “armonizantes” y “consensualistas”), en el recorte de las posiciones de control de la cooperación social conquistadas por el trabajo durante décadas (y de sus espacios de aprendizaje), en la reificación de la escisión entre lo político y lo económico, en la subjetivación estatal, en el formateo de una ciudadanía funcional al mercado, en la abdicación política del Demos, en la introyección de los valores de las clases dominantes por parte de las clases subalternas y oprimidas con el consiguiente desarme ideológico de éstas. Las primeras lograron imponer al conjunto de la sociedad su lengua, su jerarquía de valores y su perspectiva organizadora del mundo: una axiomática férrea, la idea de que hay solo “una historia” posible; en fin, consolidaron un imaginario y una cultura: formas de pensar y actuar que arraigaron en la sociedad. Impusieron su historicidad. Las segundas habían perdido la confianza en sus propias fuerzas y en sus propios valores y terminaron “serializadas” y “descolectivizadas”: atrapadas en el casillero que se les asignó compulsivamente, inscriptas en un ámbito normativo que las despotenciaba políticamente y las condenaba a la ataraxia. Esto, claro está, limitó considerablemente las posibilidades de desarrollar movimientos subjetivos orientados a la refundación de la Polis y a la conquista de la democracia (que exigen cercenamientos a la burguesía y arrebatos al capital). Así,extensas franjas de la sociedad civil popular se tornaron materia apta para los moldeamientos hegemónicos. La modificación de la estructura caracteriológica de las clases subalternas y oprimidas fue, tal vez, el mayor efecto de la derrota.  

La democracia que amaneció en diciembre de 1983 expresó un sentimiento de satisfacción por parte de las clases dominantes. Estas podían darse el lujo de prescindir de las comodidades de la dictadura (burguesa) como modelo de organización del poder estatal. Con un horizonte despejado, sin riesgos, estaban en condiciones de conceder, nuevamente, algunos derechos políticos (libertades y garantías) a un sujeto otrora impugnador, pero ahora despojado de su competencia política y del derecho a actuar; devenido sujeto social, política y culturalmente desestructurado, es decir: masa electoral y obedencial, una masa inercial, susceptible de ser inscripta en esquemas verticales de poder, ya sean estatales o privados, tecnocráticos o eclesiásticos.

Por eso esa democracia, la de diciembre de 1983, nació “acabada”, blindada a la praxis de las y los de abajo. Por ende, no podrá ser “mejorada” o “embellecida”. Por lo menos no desde un punto de vista cualitativo. Tal vez pueda sanear algunas estadísticas y reponer algunos números (lo que no es una cuestión menor, porque en eso les va la vida a muchas personas). Pero, en última instancia, está condenada a ser más de lo mismo. ¿Radicalizarla? ¿Cómo? ¿Cuál sería el sentido de radicalizar la democracia liberal? ¿Acaso esa intervención, en caso de ser factible, nos mostraría el rostro de un futuro alternativo? La fórmula de la democracia como lucha por más democracia nos plantea una encrucijada que nos obliga a contemplar la lucha por otra democracia.

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El pacto democrático de diciembre de 1983 no construyó condiciones favorables para las clases subalternas y oprimidas. Fue un momento político constituyente propicio para las clases dominantes y para el ars acomodaticio de las elites políticas, para las nuevas y nuevos polites. Solo en ese sentido cabe presentarlo como mito histórico “fundante”. El pacto de diciembre de 1983 despejó el camino para una identificación cada vez mayor entre el poder económico y el poder político. Con los años, esa identificación llegó a niveles tan altos que se desdibujaron los roles intermediarios o transmisores que caracterizan a las elites políticas burguesas. A las clases subalternas y oprimidas solo les fue reconocida una pequeña porción de su soberanía. Por cierto, se les restituyó una parte ínfima de la soberanía que disponían en tiempos de la predictadura.

Esa remodelación heterónoma del sujeto popular a través del terrorismo estatal, fue la condición de la eficacia de la institucionalidad liberal a la hora de canalizar los conflictos sustantivos en una sociedad periférica. El capital había logrado imponer sus premisas y reconstruir su mando. Había arrasado con todo atisbo de control colectivo de los medios de producción, con (casi) todo impulso autónomo de las y los de abajo. A partir del nuevo realismo democrático, el camino al neoliberalismo ya estaba desbrozado. La democracia nacía como un régimen supuestamente apto para corregir algunas fallas del sistema, pero de ningún modo para transformarlo.

En diciembre de 1983 hubo un cambio de régimen, pero nada significativo se alteró en la matriz socioeconómica neoliberal impuesta por la dictadura cívico-eclesiástico-militar y en el contenido del Estado con su ordenamiento coactivo recargado. Las lógicas “clásicas” de la explotación capitalista se profundizaron, pero, además, a partir de la consolidación del capital financiero (y los procesos de financiarización), se fueron agregando nuevas modalidades expropiatorias sobre las trabajadoras y los trabajadores y sobre las formas de supervivencia de las clases subalternas y oprimidas. Al mismo tiempo, se profundizaron los procesos de endeudamiento, individuación y descomposición de los basamentos comunitarios y se iniciaron otros de electoralización, precarización, corporativización, serialización y fragmentación; de invisibilización de la ciudadanía o de subsunción de la misma bajo categorías mercantiles: consumidoras y consumidores, usuarias y usuarios, espectadoras y espectadores, emprendedoras y emprendedores, contribuyentes. En efecto, todas categorías despolitizadas y despolitizantes como vecina, vecino, gente, “argentinos de bien”, etcétera.

El narcotráfico, subproducto del capital financiero, se incorporó al proceso de desorganización de las clases subalternas y oprimidas, de desarticulación cultural de las mismas y destrucción de los vínculos sociales comunitarios.


[1] Véase: Fogwil, Rodolfo: “La herencia cultural del proceso”. En: Revista El Porteño, Nº 29, Buenos Aires, mayo de 1984.     

[2]  Esas defecciones y transformismos “descabezaron” a las clases subalternas de una dirección intelectual y moral acorde a sus intereses históricos. Se expresaron de modos muy diversos: con intelectuales dizque gramscianos que escribieron discursos cívicos radicales o con intelectuales dizque nacional-populares que postularon hegemonías sin lucha de clases; con ex militantes revolucionarios y ex dirigentes combativos de las décadas de 1960 y 1970 aliados a grupos dominantes o, directamente, devenidos funcionarios neoliberales o neo-desarrollistas, etc. Para las clases subalternas y oprimidas, las defecciones y transformismos suelen tener efectos socio-políticos más traumáticos que el “desencuentro” entre los intelectuales y el pueblo-nación.   

Ilustraciones de: 

Ignacio Andrés Pardo Vásquez

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