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Gestión pública democrática de trabajadores y usuarios, sin libertad para la corrupción y la usura empresaria

Ferrocarriles sin empresarios con la “libertad” de lucrar y sin funcionarios con la “libertad” de corromper.

El Cuerpo de Delegados de la Seccional Haedo de la Unión Ferroviaria, tiene una propuesta emancipadora respecto del funcionamiento de los ferrocarriles. Su eje central es la estatización de su administración para recuperar la operatoria pública y cortarle así el paso a la especulación empresaria privada (cuyo objetivo principal siempre es maximizar sus beneficios económicos) pero bajo una gestión que agrega un sistema de control democrático por parte de los trabajadores/as y de usuarios/as. De tal manera, se evitaría que un Estado ineficiente y al servicio de esos mismos empresarios sea utilizado para el beneficio de los funcionarios corruptos asociados a los concesionarios de los servicios.

 El espantoso siniestro que en la estación Once de Buenos Aires (en el cual murieron 52 pasajeros y resultaron heridos mas de 700), demostró – sin atenuantes – que la gestión privada empresaria solo funciona asociada a la corrupción del Estado.[i] Se demostró que los funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner (Juan Pablo Schiavi, Ricardo Jaime, Julio de Vido, entre otros) habían avalado y facilitado todas las maniobras de los concesionarios (Claudio Cirigliano y su hermano Mario) para no invertir los subsidios estatales en el FFCC y usarlos en cambio para comprar empresas y hacer inversiones financieras. Los delegados de la UF Haedo venían denunciando esta corrupción desde el 2003 ante los órganos de control del Estado, el Congreso Nacional y otras instituciones de fiscalización estatal. Después del siniestro presentaron toda la documentación ante el sistema judicial. En definitiva, el siniestro no fue un accidente, ni producto de una “falla humana”, sino que tuvo responsables centrales en los empresarios y en los funcionarios a sus servicios.

 A pesar de todo esto, en acuerdo con la burocracia sindical ferroviaria, el gobierno “peronista” de Cristina Kirchner volvió a entregar el ramal ferroviario a la gestión de grandes empresarios (Grupos Roggio y Romero). Y no se puede dejar de señalar la prórroga de las concesiones  ante el final de los plazos, especialmente en la carga[ii], aún después de comprobar el deterioro permanente del sistema y la evidencia de maniobras económicas con los subsidios.

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Como contrapartida, una asamblea con más de 700 trabajadores ferroviarios del ramal Sarmiento (el 50% de la planta) reafirmaron, el 29 de febrero de 2012, la propuesta de imponer una gestión pública democrática para los ferrocarriles. Para ello elaboraron y presentaron una  Ley de estatización bajo un sistema de gestión controlada democráticamente por trabajadores y usuarios.

En la conversación con Edgardo Reynoso y el Pollo Sobrero sobre este tema, ambos reafirmaron esta perspectiva y agregaron una precisión que no es menor: usuarios no son solamente los pasajeros sino también los pequeños empresarios y productores que necesitan del ferrocarril para el funcionamiento de sus emprendimientos productivos. Reynoso destacó que todo el sistema de transporte debería estar organizado en base a líneas ferroviarias troncales sumando una estructura de transporte automotor de mercancías y personas radiales a las estaciones ferroviarias, ya que está demostrada la ineficiencia creciente del camión y el ómnibus para el transporte en distancias superiores a 50 km.

Por otra parte, queda claro que los operadores privados y los funcionarios corruptos no son usuarios, son aprovechadores. Contra ellos va la propuesta que como Proyecto de Ley votaron los delegados del Sarmiento hace ya MAS DE DIEZ AÑOS.

En momentos en que se abre en nuestro país un período de libertades absolutas para los empresarios capitalistas y la corrupción estatal, que funcionará como una reja – que encarcelará en la miseria y el hambre a millones de trabajadores y pequeños propietarios de emprendimientos productivos – la propuesta del Cuerpo de Delegados del Ferrocarril Sarmiento es una verdadera “señal de despacho” para impulsar propuestas de este tipo en todos los ámbitos en el que se ponga en juego el destino de los servicios de uso público, sea la provisión de gas, electricidad, comunicaciones, transporte o cualquier otra.

El Estado no sobra, lo que sobra es la impunidad para los empresarios y los funcionarios corruptos a su servicio que tienen la libertad de imponer el lucro como objetivo superior a cualquier necesidad pública.

Por último, más allá de su vigencia esencial, la redacción del Proyecto de Ley evidencia el paso del tiempo y la urgencia de su redacción. En esta etapa que se abre tal vez ha llegado el momento de retomar la experiencia de los Congresos del Carbón de Río Turbio durante los cuales los trabajadores mineros elegían sus delegados al Congreso en asambleas por sector, definían Comisiones temáticas referidas a las distintas instancias productivas de la empresa y proponían formas de organización de la producción, de seguridad laboral, de asistencia social, de estructura de gestión y hasta la elaboración de un CCT y escala salarial única. El Primer Congreso (2002) fue aquel que definió el objetivo político conquistado con huelgas ocupaciones de la mina y movilizaciones a Río Gallegos: Fuera Taselli! Pero ninguno de los gobiernos posteriores a la caída de la concesión aceptó llevar adelante las propuestas de reestructuración y reorganización votadas por los mineros en sus cuatro congresos. Acaso sea el momento de que las organizaciones de los trabajadores se propongan hacerse cargo de estas tareas.

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PROYECTO DE LEY PARA UNA ADMINISTRACION PÚBLICA Y DEMOCRÁTICA DE LOS FERROCARRILES.

Artículo 1º Declarar la nulidad absoluta e insanable de los contratos de concesión y demás instrumentos legales y jurídicos – leyes, decretos, resoluciones y otras disposiciones – que motivaron la transferencia a empresas privadas de los derechos de uso de la infraestructura y material rodante del sistema ferroviario, como así también de la explotación de corredores y líneas férreas de la República Argentina, tanto de carga como de pasajeros.

Artículo 2º La anulación de dichos contratos se realiza sin indemnización alguna, procediendo los concesionarios en forma inmediata a reintegrar todo el parque tractivo y rodante, la totalidad de las instalaciones, herramientas, repuestos y demás material cedido, el que deberá reintegrarse a valor actualizado previo pago por el uso del mismo, a fin de recuperar su capacidad operativa y valor al momento de las concesiones.

Artículo 3º A partir de la presente ley, el estado Nacional reasume como único titular la propiedad, administración, explotación y funcionamiento de toda la Red Ferroviaria Nacional – incluidas las líneas férreas provinciales -, mediante un SISTEMA UNICO FERROVIARIO, el que operará bajo control de los trabajadores ferroviarios elegidos democráticamente de todas las líneas férreas y con cargos revocables y organizaciones de usuarios  del servicio. A tal fin se crea la empresa “Ferrocarriles del Estado Argentino” la cual contará con un Directorio integrado por los sectores antes mencionados, que diseñará en forma inediata un plan de recuperación, modernización y tecnificación del ferrocarril con fondos que asignará el Poder Ejecutivo Nacional en forma inmediata.

Artículo 4º La empresa “Ferrocarriles del Estado Argentino” reincorporará con carácter urgente y prioritario a todo el personal que haya sido cesanteado por conflictos gremiales anteriores y posteriores al proceso de concesiones y al que fuera despedido a causa de planes de racionalización o achicamiento. Los trabajadores ferroviarios quedarán contemplados en los Convenios Colectivos de trabajo que regían en el año 1975, procediéndose a actualizar el salario a la fecha de la presente ley de acuerdo al índice del costo de vida.

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Artículo 5º Se crea una Comisión Nacional Investigadora compuesta por trabajadores  ferroviarios elegidos democráticamente y con cargos revocables, a fin de supervisar el traspaso del sistema ferroviario del ámbito concesionado al sistema estatal. Además, la Comisión deberá investigar desde el 24 de marzo de 1976 hasta la fecha, el proceso licitatorio y los distintos planes de achicamiento y ajuste del sistema ferroviario, con capacidad para recabar, colectar y exigir pruebas de cualquier entidad y organismo, a fin de señalar los distintos niveles de responsabilidad, tanto administrativas, pecuniarias y penales, de funcionarios, directivos, dirigentes políticos y gremiales que ocasionaron el actual colapso ferroviario.

Artículo 6º La presente Ley tiene por objeto rescatar el sistema ferroviario, a fin de poner al servicio de las necesidades del pueblo trabajador, de las economías regionales, tornándose eficiente, con tarifas populares y accesibles. El que deberá integrarse a un PLAN NACIONAL DE TRANSPORTE, controlado y puesto en funcionamiento por los trabajadores y organizaciones de usuarios de los distintos sectores comprometidos.

Artículo 7º Comuníquese al PEN


[i] En la historia de los ferrocarriles, sólo dos siniestros lo superaron en víctimas mortales.

[ii] Las concesiones privadas nunca dejaron de ser la política privilegiada de todos los gobiernos post menemistas, pese a la evidencia de su desastre de gestión y la corrupción que las caracteriza.

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