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Apuntes sobre socialismo desde abajo y poder popular

Primeros anuncios económicos del plan motosierra

El martes 12 de diciembre, el Ministro de Economía Luis “Toto” Caputo anunció, en soledad, con un mensaje grabado, un duro plan de ajuste.

A la mañana siguiente, el vocero presidencia Manuel Adorni explicitaría luego que los anuncios de reformas estructurales quedan para la siguiente semana. ¿Tendrá en esos anuncios un mayor protagonismo Milei, quizás más vinculados a un perfil ideológico más que un impacto directo en las condiciones de vida? Por lo pronto, podemos repasar estas primeras medidas.

Los anuncios

Partimos de considerar el mensaje grabado de Caputo, la información del Ministerio de Economía publicada en la red, algunos informes que trascendieron de una reunión reducida con economistas y periodistas (casi todos varones) que hubo luego, y las primeras medidas en el boletín oficial. No todas pueden ser implementadas por simples resoluciones, sino que algunas requieren un trámite parlamentario. Todas enfrentarán además distintas respuestas sociales y políticas: No existen recortes del gasto que no afecten intereses, sean de sectores populares como incluso empresarios u otros sectores corporativos con poder.

Desde la mirada ortodoxa y liberal que sostienen, plantean como un objetivo central y fundamental llegar al déficit cero en 2024, es decir, que los recursos de la recaudación de impuestos sean iguales a los gastos del estado. Hay una novedad en que no sólo aspiran a saldar lo que se conoce como déficit primario, excluyendo intereses y pagos de capital de la deuda, sino también el déficit financiero los incluye. Es decir, que no aspiran a refinanciar la deuda en el próximo período, sino a que la misma dispute los recursos necesarios para el desarrollo de políticas públicas, salarios y jubilaciones.

A contramano de lo que plantearía Milei con su diatriba en permanente campaña contra los impuestos, desde el Gobierno esperan llegar al déficit cero por medio de mejorar los ingresos fiscales por una mayor recaudación de impuestos. En la desagregación de ingresos y gastos que publicó el Ministerio de Economía, se mostraban como proporción estimada del PBI del año que viene (para usar alguna manera de mostrar su dimensión, en este caso, sobre la estimación de la producción del año que viene). Repasamos estos anuncios con unas notas preliminares.

  1. Dan por descontada una mayor recaudación por normalización de la cosecha (+0.7% del PBI).
  2. Suba del Impuesto país a las importaciones (+0.8% del PBI). Este incremento de recaudación va a la ANSES, al PAMI, y a infraestructura, lo modificarán?
  3. Suba de retenciones a los productos no-agropecuarios, a 15%, que hoy en día es entre 0%, 4%, 8%y 12% de las ventas al exterior (+0.5%). Afecta especialmente a los productos más industrializados, que están más al filo de su competitividad internacional, para quienes el 15% es un porcentaje muy relevante. Hoy opera absorbiendo parte de un beneficio extraordinario por la devaluación, pero el día de mañana?
  4. Reversión de la reforma del impuesto a las ganancias sobre los salarios (+0.4%). Además de otorgar recursos al Tesoro Nacional, cubre los reclamos de algunos gobernadores que reclamaban por los recursos que habían dejado de recaudar y que pone en cuestión pagos de salarios provinciales.
  5. Aumento de recaudación por plan de reforma de Bienes Personales, moratoria impositiva y amnistía a fugadores, el mal llamado blanqueo (+0.5%). En el caso de Bienes Personales, las explicaciones posteriores ampliaron que buscarían una baja de alícuotas hacia adelante con beneficios a quienes adelanten pagos. Se trata de una medida que requiere una ley, igual que el blanqueo.

¿Prende o no prende la motosierra?

Teniendo en cuenta que se recompondrían ingresos del estado, resulta que la motosierra finalmente pretende afectar “apenas” al 2,9% del PIB del gasto del estado, en lugar del 5.5% que se malgastaba en los supuestos kioscos de la casta. No hay que engañarse, se trata de todos modos de medidas que van a tener un impacto enorme sobre la actividad económica y la situación social. Pero es un primer punto a señalar la diferencia con las promesas de campaña.

  1. Jubilaciones y pensiones (-0.4%). En nuevas declaraciones, Caputo mencionó un proyecto de ley que elimine la movilidad actual y establezca aumentos por decreto (esta medida también tendría efecto sobre la AUH).
  2. Transferencias discrecionales a provincias (-0.5%)
  3. Subsidios económicos (-0.7%). Requiere pasar por audiencias públicas (salvo que impliquen algún esquema de mayores cobros sobre energía o gas por encima de un tope, como empezó a hacer Massa). Van a afectar especialmente a Capital y Conurbano, y no se sabe cómo será. Si en lugar de aumentar tarifas, redujeran el IVA sobre la factura de electricidad y gas, el efecto fiscal sería nulo, y no llegarían a una baja considerable de subsidios.
  4. Gastos de Capital (-0.7%). Anunciaron el freno a las obras licitadas pero no iniciadas, y la continuidad de aquellas en curso. Es probable que ese freno genere juicios de parte de las empresas constructoras involucradas.
  5. Programas sociales con intermediarios (-0.4%). El Potenciar Trabajo, con cerca de 1,3 millones de personas recibiendo el plan, es el beneficio más extendido. En el video mensaje, Caputo anunció su continuidad. Sin embargo, para que pierda valor el gasto en este ítem, no necesitan recortar, bajando el monto gastado. Alcanza con que mantengan sin actualizar el salario mínimo al que se encuentra atado, pudiendo perder hasta un 40% en tres meses, como lo cuantificó Luis Campos.

6. Gastos de funcionamiento y otros (-0.5%). Los salarios estatales son el principal rubro de este ítem, y van a quedar licuados. Despidos anunciados se limitan a contrataciones el último año (parecería ser una porción marginal, no hay números claros, pueden ser entre mil y 10 mil sobre 200.000 en la administración central y organismos descentralizados y desconcentrados). Si hay una vuelta completa a la presencialidad y una nueva caída del salario estatal podría haber un éxodo aún mayor que el provocado por los despidos.

El Gobierno no incluyó en la planilla del Ministerio de Economía el impacto del aumento al doble de la AUH (desde $20.661) y el aumento del 50% la Tarjeta Alimentar ($17.000 o $26.000 / $25.500 o $39.000 según la cantidad de hijxs). Se trata de una medida que, si bien beneficiará a 4,5 millones de niñes, no tendrá su débil efecto paliativo sobre la importante porción de hogares sin chicxs. Según un análisis de Daniel Schteingart se trataría de al menos un 40% entre el 10% de las personas más pobres de la sociedad, y porcentajes mucho mayores para todo el resto. Al cierre de esta nota anunciaban un bono por única vez de $10.000.

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El dinero no es todo

Además de estas medidas con impacto sobre el presupuesto, tomaron otras, por acción y omisión.

Sobre los precios de los alimentos, supermercados, verdulerías, carnicerías, no han hecho pública ninguna medida salvo el fin de Precios Cuidados/Precios Justos, casi como un nuevo lema: “Precios Liberados”.

Con las empresas petroleras dejarían vigente el precio de barril de petróleo diferencial para el mercado interno y estarían discutiendo un aumento gradual de precios.

Por el lado del comercio internacional, eliminaron las autorizaciones discrecionales para importar (SIRA), para pasar a un régimen casi automático. Eso no quiere decir que mañana vayan a llover importaciones, al menos mientras el dólar a 800 sea caro.

Los anuncios del vocero sobre las paritarias dieron a entender que serían sin intromisión del estado, dejando a las partes “en libertad” para su discusión. Pero todavía no aparecen anuncios de sectores gremiales que estén en proceso de discutirlas.

Cuando me desperté, el Banco Central todavía estaba allí

Ya que todavía no demolieron, ni estallaron el Banco Central, sigue teniendo un rol importante en la definición de varias medidas económicas. Con respecto al tipo de cambio, en los anuncios explicaron que luego de la devaluación que llevó el dólar oficial encima de los $800, iban a dejar que la devaluación mensual apenas llegue al 2% mensual.

Es decir que de mantenerse la inflación en niveles en torno al 30% hasta marzo, se habrá perdido el sentido económico de la medida. Y el gobierno enfrentará el dilema de sostener el tipo de cambio, con las reservas que haya logrado acumular (y la promesa de las que ingresen a partir de marzo por la cosecha de soja), o devaluar nuevamente (con la consiguiente segunda ronda de aumentos de precios y de golpe político sobre su propio electorado).

Como política hacia el sistema bancario y lo que ellos llaman “la bomba de las LELIQs” (no lo es), bajaron la tasa de interés de los pases a 100% (una especie de plazo fijo entre los bancos y el Banco Central pero sólo de un día) y mantuvieron igual la tasa de las LELIQs (los bonos del Banco Central donde colocan los bancos los depósitos de ahorristas), un poco más alta, en 133%, para incentivar que ingresen ahí estos depósitos de los bancos, ya que suscriben por un plazo un poco más largo (28 días). De todas formas, como consideran que la acumulación creciente de LELIQs como deuda del Banco Central es un problema, sólo renovarán en forma parcial las que vencen. Esto puede presionar a la baja la tasa de los plazos fijos de los bancos, dependerá de las demás medidas de política económica. Más allá de lo técnico de esta medida, parecen haber optado por una solución menos drástica a esa supuesta bomba que otras que se barajaban hace apenas diez días (una confiscación de depósitos, una colocación de deuda en un fideicomiso internacional, etc.).

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Una medida que tiene conexión directa con las LELIQs es la emisión de un bono del Banco Central para los importadores que hubieran realizado compras en el exterior de bienes y servicios pero a los que no les hubieran aportado las divisas desde dicha entidad (es una deuda “flotante” que se estima que acumuló al menos U$D 20.000 millones en los últimos años). A cambio, les ofrece pagarles con un bono en dólares en el año 2027 (con la opción de retirar de forma adelantada los pesos equivalentes si lo desean). Vale mencionar que esa deuda flotante ya está generando interrupciones en algunas cadenas de valor que usan insumos importados ya que hay proveedores que se niegan a seguir con los envíos de esas mercaderías si no cobran.

Esta medida está siendo muy debatida en estos días, tanto por la falta de claridad sobre cómo eso permitiría que se salden las deudas con las las empresas proveedoras de insumos (no es automática la posibilidad de transferir esos bonos o dólares obtenidos de sus ventas al exterior), ni tampoco está asegurada la rigurosidad del control para evitar dar un beneficio a quienes sólo hubieran registrado pagos de importaciones sin realizarlas. Incluso algunos analistas han afirmado que se trata de algún tipo de estatización de deuda privada (ver por ejemplo aquí la opinión de Alejandro Bercovich), mientras que otros señalan que es un instrumento para intentar ir saliendo del problema de la deuda acumulada, por más que no resuelva todos los problemas (ver aquí una opinión de Leandro Mora Alfonsín).

¿Cuál es la relación con las LELIQs? La suscripción de la deuda cumplirá una de las misiones de las LELIQs, quitar pesos de circulación, ya que los importadores deberán ingresar pesos al tipo de cambio oficial actual por ese monto. Quizás podría pensarse que es un camino alternativo a un Plan Bonex, con una consecuencia similar en términos de quitar de circulación pesos por unos U$D20.000. A diferencia de esa opción, no se afectan los depósitos en los bancos, pero hay un agravante en que la deuda deberá saldarse en dólares en pocos años, cuando estén operando de pleno impacto los vencimientos de capital e intereses de la deuda renegociada en el 2020 por Martín Guzmán y del programa con el FMI.

Entre la emergencia y las reformas estructurales

Las medidas anunciadas son presentadas como inevitables por parte del Presidente, el MInistro de Economía y el Vocero presidencial. Un paquete que caracterizan como incómodo, difícil, amargo, y otros sinónimos, aunque no ocultan que si consecuencia directa será aumentar la pobreza en cuestión de días.

Pero mientras todavía no terminan de implementar esas medidas de emergencia, aparecen también los anuncios de una serie de profundas reformas en la organización económica de la sociedad, desde las leyes laborales hasta la movilidad jubilatoria o la ley de alquileres.

Terminemos al menos de repasar estas primeras medidas de emergencia mientras esperamos conocer parte de las demás

La lógica ortodoxa de estas medidas es que la devaluación se traslade a los precios. Pero no a todos los precios. Algunos quedarían especialmente atrasados, generando que quienes dependan de cobrar esos precios no puedan ir al mercado a consumir. Y que la caída de la demanda de los bienes termine frenando la inflación.

Esa fría lógica toma otro color al tener presente que lo que por ahora no aumentaría de precio tanto como la inflación es el salario de les trabajadores estatales. Son las jubilaciones y pensiones. Son los planes sociales a desocupades y víctimas de la violencia machista.

Así, la devaluación encarece los bienes de consumo, y como la mayoría tienen un componente importado, bajando las compras al exterior. La inflación, la caída de la capacidad de consumo, es parte central del plan de ajuste, para que el (todavía existente) Banco Central acumule reservas.

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Por otro lado, subir el precio de los productos exportados incentiva exportaciones, y el estado se queda con una parte de esas ganancias extraordinarias vía retenciones (suben a 15%, salvo de la soja, que ya tienen una alícuota de 30%).

Por eso hay quienes hablan de una devaluación compensada, aunque en realidad las compensaciones suelen tener presente el plano de los ingresos populares al menos en los sectores de menores ingresos, y aquí no pasó, porque la política de ingresos para los sectores populares (trabajadores de menores ingresos, desocupades, jubilades que cobran la mínima) es miserable o directamente no existe. No solo no aumentan los salarios estatales sino tampoco impulsan el aumento de los salarios privados.

De acá para adelante, ¿qué puede implicar? Varios meses con alta inflación (este mes lo más directo, supermercado, verdulería, carnicería, luego seguirán pero impulsados por aumentos tarifas y combustibles).

Se sabe que caerá la actividad económica, al menos para los sectores productivos que no exportan, y que esa será la variable que esperan que frene la inflación. ¿Puede fallar? Si, claro, puede ser que caiga la producción, se pierdan puestos de trabajo y la inflación no frene luego de los meses iniciales.

También puede ser que incluso algunos sectores exportadores empiecen a tener problemas en varios meses, si sigue la inflación y vuelve a atrasarse el tipo de cambio. Una seguidilla de devaluaciones podría traer las mismas consecuencias que en 2018 y 2019, cuando destruyeron más de 170.000 puestos de trabajo industriales.

La perspectiva económica hacia adelante dependerá de la pelea de los sindicatos y de lxs trabajadorxs para frenar el deterioro salarial. Vale la diferenciación entre trabajadores y sindicatos porque el Rodrigazo del 75 no lo frenaron sólo los sindicatos sino muchos espacios de base en lucha. La historia nunca se repite, pero no alcanza para entender el momento actual únicamente la dinámica institucionalizada y burocratizada de muchas direcciones sindicales actuales, hay momentos en que la conciencia de la clase trabajadora se mueve de a saltos.

Veremos en estos días y semanas qué pasa por arriba y por abajo a nivel sindical. Cuál es la respuesta barrial y del movimiento piquetero ante la baja del valor de los planes.

Además, a nivel parlamentario, está muy abierta la posibilidad de que avancen las medidas propuestas.

Las medidas de ajuste, de 2,9% del PBI, al menos 1,3 requieren algún proceso legislativo. Las tarifas requieren un paso menos difícil, las audiencias públicas, según el procedimiento que elijan. Es decir que las medidas aún son anuncios “en proceso”, que irán definiéndose con el paso del tiempo.

Seguramente veremos otro tipo de respuestas de espacios que aún no hay promovido movilizaciones en caso de que termine avanzando la iniciativa del Decreto de Necesidad y Urgencia con una ambición de reformas estructurales antiobreras masivas.

Todos juegan

Por un lado, el FMI saludó el plan anunciado. Es muy lógico, porque incluye todos los puntos que venían promoviendo: la devaluación, la suba de tarifas, la postergación de obras públicas, y la reducción del déficit.

Distintos sectores del empresariado quedaron a la expectativa de las siguientes medidas.

La dirección nacional de ATE, el mayor sindicato de la CTA-Autónoma, habilitó a su Secretario General a la concertación de una instancia masiva antes de fin de año.

La CGT tuvo tuvo una reunión esta semana donde expresó que no se quedaría de brazos cruzados ante el plan de ajuste. Su historial no permite tomar esa declaración como un llamado a la lucha directa. Pero sentirán la presión de las bases

Los gobernadores vienen instando a que el Gobierno Nacional les gire más fondos para paga salarios. Incluso la provincia de Buenos Aires amenazó con emitir una moneda propia si eso no sucede.

Desde sectores del movimiento piquetero convocan a una movilización el 20/12, donde existen esfuerzos porque la iniciativa exprese en forma más amplia el daño que ya se empieza a sentir por estas medidas.

La amplitud de la resistencia probablemente venga de la dimensión de las reformas que el gobierno intente llevar adelante, tienen esa iniciativa y van a querer aprovechar el capital político del inicio de su gobierno.

Está abierto cuál será el desenlace, qué pasará con la memoria de resistencia social, solidaria y democrática, el cansancio ante los años de falta de perspectiva, y la crisis de representación.

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