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Apuntes sobre socialismo desde abajo y poder popular

Estado “bobo”, federalismo y crisis del trabajo

Las medidas que propuso Javier Milei a partir de sus primeros días en el gobierno –primero mediante una feroz devaluación, luego mediante un DNU y finalmente con una Ley Ómnibus en el Congreso– tienen como objetivo un verdadero Proceso de Reorganización de la sociedad en favor del gran capital local y extranjero.

Sin embargo, el relato sobre el que se sostienen estas medidas –que bien pueden ser consideradas como una declaración de guerra, en el sentido estrictamente político del término– no deja de apoyarse en algunos núcleos de sentido que fueron tomando forma a lo largo de los últimos años en nuestro país.

Quienes provenimos del interior del país[*] y tenemos oportunidad de visitarlo con cierta frecuencia, podemos detectar un discurso por demás extendido que señala, con toda razón, el carácter centralista de muchos de los recursos estatales. Particularmente, es moneda corriente advertir que en el Gran Buenos Aires las tarifas de transporte y energía mantienen subsidios mucho mayores que en el resto del país. Esta situación en el Interior del país se traduce de la siguiente manera: los “porteños” pagan tarifas irrisorias y lo hacen a costa de mantener altos subsidios estatales que no tienen el resto de las provincias. Con toda justicia se advierte la desigualdad entre Buenos Aires y el Interior, pero con un argumento que es equivocado. La razón de ser de las tarifas subsidiadas de transporte y energía en el Gran Buenos Aires, no se encuentra en una ventaja para los porteños, sino más precisamente al capital concentrado. Si de alguna forma hay que leer esos subsidios diferenciales en el Gran Buenos Aires, es como subsidios al capital. Cualquier empleador que pague salarios en el AMBA lo hace teniendo en cuenta que sus empleados erogan una menor parte de sus salarios en tarifas, en tanto se encuentran altamente subsidiadas.

Si tenemos en cuenta que en el Gran Buenos Aires reside una tercera parte de la población total del país, y se genera cerca del 40% del empleo en la Argentina, podrá verse con más claridad que estos subsidios en tarifas son subsidios al capital. Si esos subsidios no existieran, los empleadores deberían aumentar los salarios para que sus empleados puedan transportarse y pagar servicios. El efecto de esos subsidios es entonces el de “pisar” el salario en la Argentina.

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Que estos subsidios deban leerse como subsidios al capital, no niega la desigualdad federal. Tranquilamente las provincias podrían exigir el mismo trato. Pero el nuestro es un país formado, ya en los albores de su independencia, desde Buenos Aires hacia el interior. La estructura “porteñocéntrica” se encuentra en la conformación de la economía nacional y remite a un proceso histórico de casi dos siglos. Una eliminación de los subsidios a los servicios públicos en el Gran Buenos Aires no genera más federalismo, sino mayor desempleo. Trastocar las estructuras unitarias del país no se logra simplemente unificando las tarifas.

Las razones por las que se subsidia al capital en la región del Gran Buenos Aires tienen una doble respuesta. Por un lado, de esa forma se beneficia la cúpula empresaria del país. Las mismas firmas que componen la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que integran, entre otras: Arcor, Techint, Clarín, La Nación, Bagó, Grupo Miguens, Coto, Fiat, Toyota, La Anónima, IRSA, Ledesma, Perez Companc, Mercado Libre y Bulgheroni. Las mismas empresas prebendarias del Estado que dominan la economía argentina desde la última dictadura militar hasta la actualidad. Las mismas que redactaron buena parte de los artículos del DNU anunciado por Javier Milei el pasado 20 de diciembre. Pero, no obstante, el factor decisivo que explica la permanencia de estos subsidios es que su desaparición implicaría reactivar una puja distributiva entre el capital y el trabajo.

El neodesarrollismo en nuestro país ha sido efectivo para garantizar una recomposición de la tasa de ganancia tras la salida de la crisis de 2001, sosteniendo una profunda desigualdad en la distribución del ingreso pero mostrando una verdadera voluntad reparatoria de tales efectos. Desactivar el complejo andamiaje de contención social implementado por el progresismo podría desembocar en la eliminación del blindaje al conflicto social.

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Lo llamativo es que los pseudo libertarios en el gobierno plantean un argumento análogo: una quita de los subsidios a los servicios, con especial énfasis en el Gran Buenos Aires (porque en el interior los subsidios son casi inexistentes) contribuirá –afirman– al combate contra la pobreza. Se trataría del fin de un Estado “bobo” que beneficia a unos y perjudica a otros. La eliminación de subsidios, entonces, se convertirá en una medida virtuosa y, en definitiva, federal. Por eso existe una unidad de intereses aparente entre el discurso pseudo-libertario y el discurso del interior. Algo que se vio expresado además en el voto a nivel nacional para el ballotage de noviembre, donde La Libertad Avanza obtuvo una abrumadora mayoría por fuera de Buenos Aires.

Ambos discursos arriban a conclusiones similares, aunque equivocadas. Unos, debido a su sesgo ideológico. Otros, porque toman la parte por el todo. El proclamado fin del Estado “bobo” que implicaría, por ejemplo, la eliminación de subsidios, pasa por alto el verdadero problema que enfrenta la economía capitalista argentina: la crisis de valor del trabajo. En efecto, hace más de una década los salarios en nuestro país vienen cayendo sostenidamente en términos reales.

La diferencia entre las distintas gestiones de gobiernos a lo largo de estos últimos diez años pareciera no constituir un cambio estructural: desde el tramo final del último gobierno de Cristina Fernández, pasando por los gobiernos de Macri y de Alberto Fernández, el denominador común es la depreciación del trabajo. A tal punto, que hace tiempo se puede ser empleado (tanto registrado como no-registrado) sin que ello signifique ubicarse por encima de la línea de pobreza. De hecho, mientras que en la crisis del 2001-2002 casi un 25% de la población activa se encontraba sin trabajo, hoy los índices de desempleo se encuentran en valores sensiblemente inferiores, oscilando el 6 ó 7%. Pero los niveles de pobreza entre un momento y otro son similares…

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La crisis del valor del trabajo en la Argentina es la consecuencia de un ejercicio sistemático del capitalismo dependiente por trasladar las dificultades de reproducción del capital sobre las espaldas de los y las trabajadoras. La hipérbole inflacionaria en la que fuimos sumergidos en esta última década no es otra cosa que la licuadora en la que se prepara la depreciación de nuestros salarios y en la que los grandes capitales que dominan la economía local jamás pierden.

Si el ensayo ultraliberal continúa en el camino iniciado en el primer mes de gobierno, menospreciando la reacción popular y sobrevaluando la legitimidad del voto, tiene serias chances de estrellar la nave en el corto plazo.

Si la respuesta a esta ofensiva radica en restablecer los parámetros ensayados por las anteriores gestiones del neodesarrollismo, perdemos de vista que fue la propia administración progresista de la desigualdad la que nos llevó a este oscuro callejón.

La voracidad del capital concentrado logró quitar todo tipo de maquillaje a sus verdaderos intereses. Mientras felinos mediáticos duermen en la Casa Rosada, los verdaderos lobos ya mostraron sus dientes y, al parecer, se despertaron con hambre.

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[*] Hacemos uso deliberado de la expresión “Interior”, para señalar justamente la división nacional constitutiva del país dependiente. Cuando, mediante argumentos en apariencia federales, se omite la expresión “interior”, lo que realmente se realiza es un ocultamiento de la estructura histórica profundamente desigual y dependiente que existe en la Argentina entre Buenos Aires y el resto de las provincias.

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