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Jujuy: probeta de apartheid

Mientras desalojan de sus hogares a las comunidades originarias que habitan en Tilcara, Nahuel Morandini y Roque Villegas cumplen 60 días de prisión preventiva por escribir sobre el ex gobernador Gerardo Morales en las redes sociales. Con la casta judicial garantizando la impunidad del Ejecutivo, las voces disidentes también son aplastadas con métodos propios del terror.

Hace 12 días que Nahuel Morandini, docente e investigador universitario y Roque Villegas, trabajador independiente, están privados de su libertad. Nahuel fue trasladado otra vez, sin mediar aviso a su familia ni a su abogado, desde la sede del Cuerpo Especial de Operaciones Policiales (CEOP) al pabellón del Penal número 1, en San Salvador de Jujuy. Allí permanece detenido junto a reclusos que cumplen condenas por delitos que cometieron alejados de la violencia de un teclado.

El juez de Control Roberto Assef, y el fiscal penal Walter Rondón, interviniente en la causa que inició la denuncia de Tulia Snopek, esposa de Gerardo Morales, consideraron que las publicaciones que Nahuel y Roque hicieron en las redes sociales sobre los rumores de un romance entre un músico y la esposa del ex gobernador, afectan los derechos de la hija de Gerardo Morales.

60 días de prisión por escribir sobre un chisme. Dos semanas para hacer inteligencia frente a sus casas, filmar e interrogar vecinos, seguir a su familia, investigar su rutina, patear la puerta, arrancarlos de sus casas y llevárselos detenidos en vehículos sin patente ni identificación, como en una película mala sobre los tiempos de la dictadura, esa época que, en las provincias de Jujuy y Salta, hace ocho años se camufla bajo la manta de una “democracia” que no protege y deja el cuerpo y el espíritu helados.

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Garantías

En Caspalá, son 16 los imputados por resistir el desalojo. Los cargos que se les endilgan son varios: “robo agravado”, “daños agravados”, “usurpación”. Tras las indagaciones al casi 5% de su población (son 350 habitantes), el 11 de enero, la Fiscalía de Investigación Penal Preparatoria N°1 de Humahuaca, a cargo de Leila Rodríguez, imputó a les 16 integrantes de la Comunidad.

Además de la presidenta comunitaria y la comisionada municipal, fueron formalmente informados de la acusación en su contra Francisca Coronel, Paola Coronel, Saturnina Batallanos, Aurora Tito, Eulalia Tito, Ubaldo Luere, Mirian Coronel, Jorge Tito y Verónica Coronel. También la vocal de la Comisión Municipal Irma Balcarce, el delegado sindical Cipriano Quipildor y el abogado Alberto Apaza. El secretario de Gobierno municipal, Rodolfo Coronel, y la jueza de Paz de la localidad de Santa Ana (cercana a Caspalá), Rosario Benítez.

La causa fue urdida por una ex asesora y madrina de la boda de Morales -Natividad Apaza-, la Fiscalía de Jujuy y la empresa contratista Urbania SRL. En ninguna de sus fojas referencia la resolución que, el 27 de agosto de 2023, la jueza federal Carina Gregoraschuk dictaminó con competencia federal, donde indica que estas “tierras que se encuentran en posesión del pueblo Kolla de Caspalá” son “inembargables e inejecutables” y que “en el caso se encuentran afectadas “garantías constitucionales y convencionales”.

El lunes, mientras Nahuel Morandini veía detenido, después de 12 días, a sus hijas, fue el turno de Tilcara. Desde el primer día de asunción del gobernador radical Carlos Sadir, reprimieron y desalojaron por la madrugada. Por Caspalá, dejaron 16 imputados. En Tilcara hay al menos cinco personas -Ricardo Castillo, Agustín Tejerina, Lorena Chiliguay, Celeste Castillo y Emilce Guerrero- fueron detenidas por resistirse al desalojo que los deja en la calle o, por obra y gracia de la gobernación, en un cubículo de 3×3 sin servicios, que pretenden que reemplace el hogar que construyeron con sus manos, para que pase el Tren Solar alimentado con el litio que extraen de los cerros y se termine el shopping que emplazarán donde ahora hay viviendas y las garantías constitucionales dejan paso a las garantías inmobiliarias con tufo extractivista.

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Apartheid en los territorios

Los cerros traen con el viento el eco de la injusticia, esa palabra que delimita la historia de las más de cuatrocientas comunidades originarias que, nucleadas en el Tercer Malón de la Paz, ninguneado y bastardeado en Buenos Aires, siguen resistiendo para defender con el cuerpo el territorio. Resisten contra los proyectos extractivistas de litio que prometen desarrollo y aseguran saqueo, pronostican innovación y garantizan enfermedad, destrucción y muerte. La discriminación, la avaricia y la ignorancia, los relegó al margen y los hizo otra vez protagonistas de un relato que sigue contándolos como víctimas del despojo.

Con la casta judicial garantizando la impunidad del Ejecutivo, las voces disidentes también son aplastadas con métodos propios del terror: en este caso, con el agravante de que -a pesar de que ni escribir ni contar chismes sean un delito- Nahuel Morandini y Roque Villegas permanecen privados ilegítimamente de su libertad, alejados de sus familias. Y siguen criminalizando la protesta, sin causas y con efecto, inventando delitos a quienes osen cuestionar al gobierno de turno y su intención deliberada y manifiesta de vender los recursos naturales de la provincia. La habite quien la habite. En Jujuy, a fuerza de represión, el estado de derecho y las garantías constitucionales parecen haberse convertido en otro de esos rumores dignos (y necesarios) de escribirse.

Fuente: Pelota de Trapo.

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