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Ni necesaria ni urgente: agresiva reforma laboral

Entrevista a Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de abogados laboralistas, y presidente de la Asociación de abogadas y abogados laboralistas de la República Argentina. Realizada el 16 de enero de 2024 por Luis Angio en el programa “Otra voces, Otras propuestas” de radio La Retaguardia. Cobertura conjunta de ContrahegemoníaWeb y Tramas.ar

Luis Angio. Estuviste como tantas otras organizaciones sociales, profesionales, etc. en el plenario de la Comisión de Legislatura de Diputados ¿podrías comentarnos tu planteo en general?

Matías Cremonte. El plenario de la Comisión de Diputados se propuso convocar a diferentes representantes, organizaciones, actores sociales, porque se está debatiendo el proyecto de Ley Ómnibus pero, por lo menos en lo que respecta al mundo del trabajo, en el debate también se filtra el DNU que impulsa una reforma laboral. Entonces se termina debatiendo sobre los aspectos casi todos regresivos, o todos, que propone el gobierno de Milei.

En ese sentido lo que pude plantear, porque son solo cinco minutos los que uno tiene y entonces hay que abocarse a alguno de los aspectos, es que ninguno de los objetivos declamados en los fundamentos del DNU y de la Ley Ómnibus pueden ser cumplidos con el proyecto de ley o con las políticas que proponen. (1)

Si recordás cuando Milei anuncia por cadena nacional el DNU dice que hay una situación muy compleja en el mundo laboral, decreta la emergencia en materia social, caracteriza los salarios como miserables, sostiene que un tercio de los trabajadores son pobres y que si bien el desempleo es bajo, se debe a que hay una altísima precariedad laboral y empleo informal.

Frente a los motivos que lo llevaron a decretar la emergencia social lo que hice fue contrastar que a través de una reforma de estas características nunca se puede llegar a esos objetivos sino todo lo contrario, sobre todo comparando con otras reformas laborales similares que se hicieron en otros países del mundo y de la región. Aquellos países que lo impulsaron terminaron con indicadores sociales y económicos peores que como comenzaron.

L.A. Más allá de los 600 art. que plantea la ley, en particular el tema laboral es de alguna manera el corazón de una sociedad, sin condiciones de trabajo aceptables una sociedad no funciona, sino termina siendo una semiesclavitud…

M.C. La mayoría de la población tiene que trabajar para vivir, salvo que seas un empresario o un niño o un jubilado, tiene el derecho a trabajar pero también la necesidad, la obligación de buscar un empleo, de vender su fuerza de trabajo para conseguir un salario para sobrevivir.  De allí la importancia, aunque solo sea desde la perspectiva de la cantidad de personas que abarca, de una reforma de estas características. Obviamente si esa reforma implica un retroceso en materia de derecho laboral, esa reforma nos afecta de una manera muy negativa. Ciertamente el mercado del trabajo en la Argentina tiene muchos problemas y desde hace bastante, no solo con la reforma laboral. Pero esta reforma sin dudas lo empeora.

Desde el aumento del período de prueba, hasta la reducción de las indemnizaciones, a la eliminación de indemnización agravada, esta suerte de multa cuando el empleo no es registrado, el aumento de la posibilidad de tercerizar o subcontratar sin consecuencias para el empleador y por supuesto la limitación casi prohibitiva del derecho de huelga. Es un ataque solo comparable, por lo menos por su magnitud, con la reforma laboral que hizo la dictadura en el 76 sobre la Ley de contrato de trabajo, esta es la profundidad de esta reforma.

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L.A. ¿Ustedes hicieron alguna presentación judicial respecto a la inconstitucionalidad de esta ley?

M.C. No, nosotros tanto desde la Asociación de abogados laboralistas local, como desde la Asociación de abogados laboralistas latinoamericana, que yo represento, hicimos un informe detallado de todo lo que implicaba esta reforma y por supuesto lo difundimos y lo pusimos a disposición de quien quisiera, sobretodo del movimiento obrero. Fueron la CGT y la CTA quienes presentaron una medida cautelar en la Justicia Laboral, que fue receptada en el marco de la feria judicial. Se hizo lugar a la cautelar, por lo tanto el capitulo laboral del DNU está suspendido. Ningún empleador puede aplicar ningún aspecto del capítulo laboral del DNU, hasta tanto la Justicia dicte la sentencia de fondo o hasta tanto que la Corte Suprema  -que es el único tribunal que puede revisar esta medida cautelar- diga lo contrario o hasta que el Congreso ratifique o rechace el DNU. Pero mientras no ocurra ninguna de esas situaciones, el DNU está suspendido en cuanto al capítulo laboral.

L.A. A futuro, si se llegase a un acuerdo entre los distintos sectores políticos en Cámaras de diputados y senadores y aprobaran la ley, qué pasa ahí con el tema de la retroactividad en cuanto a cambios que perjudican, no tendría que ser a partir de que entra en vigencia la ley? ¿no es anticonstitucional?

M.C. Por supuesto a nadie le pueden modificar sus derechos adquiridos, entonces alguien que entró a trabajar y tenía un período de prueba por tres meses, si la ley cambia no pueden extenderlo a 8 meses, aunque seguro que habrá empleadores que lo intenten. Pero hay situaciones que generan discusiones. Si despiden a un trabajador con la vigencia de ese DNU que supone una indemnización inferior, esa persona puede decir que cuando entró a trabajar había otra ley, que implicaba una indemnización mayor, y el empresario argumentar que el despido es ahora, entonces se genera una serie de discusiones que se termina dando en un planteo judicial e individual. Profundicemos lo que planteas, respecto a que alguien que está trabajando no puede sufrir un perjuicio laboral, en todo caso es para adelante. Pero eso supone que alguien que entra a trabajar hoy, va a tener distintos derechos, peores, que alguien que está trabajando, eso es discriminación, que también es inconstitucional. Todo puede generar un debate, por eso no puede prosperar.

Por eso existe el principio de progresividad, es decir nunca puede legislarse en forma regresiva sino que debe suponer un avance de derecho. 

L.A. ¿Este DNU afecta los convenios colectivos de trabajo?

M.C. En principio no los puede afectar, aunque habilita la posibilidad de que a través de la negociación colectiva, una actividad modifique el sistema de reparación por despidos que hoy rige en términos generales por la Ley de Trabajo, salvo para el gremio de la construcción. Allí rige un sistema distinto por ser las obras de construcción naturalmente temporarias, empieza y termina, tienen un régimen en el que se va aportando todos los meses y cuando termina la obra el trabajador puede ir cobrando de allí un monto mensual.

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Es lo que trascendió sobre la reunión de Cavallieri, Secr. Sindicato de Comercio, con la Ministra de Capital Humano para avanzar en su gremio con esta posibilidad, pero mientras el DNU no rija, mientras exista la suspensión, no puede ningún sindicato avanzar con una reforma de esas características.

L.A. ¿Y respecto al Banco de horas?

M.C. Bueno, eso es algo que también habilita el DNU, que a través de la negociación colectiva determinadas actividades puedan impulsarlo. Eso es un retroceso absoluto, eso supondría la posibilidad de que un empresario o un empleador le ordene a un empleado/ empleada que un día trabaje 8 horas, otro día no trabaje, que otro día trabaje 12 horas, siempre y cuando cumpla con un cupo mensual de horas. Significa disponer el propio empleador en qué momento va a usar la fuerza de trabajo que está contratando. Eso implica una pérdida de soberanía absoluta sobre la disposición del tiempo de trabajo y de la organización de su vida, social, familiar por parte del trabajador o trabajadora. Existe en algunos países del mundo, pero es un ejemplo clarísimo de una precariedad absoluta del trabajo.

L.A. Desde el punto de vista de la OIT y tribunales internacionales estas reformas ¿están violando leyes, acuerdos, en ese plano?

M.C. Indudablemente todo este conjunto de reformas no superaría lo que se llama un control de convencionalidad, es decir, si uno contrasta este tipo de reformas con lo que establece los convenios de la OIT o los organismos internacionales de Derechos Humanos no superaría un análisis, porque supone una regresión de esos derechos que están garantizados por normas constitucionales o normas internacionales.

En la exposición en la Comisión de Diputados mencionaba que la OIT en el año 2015 hizo un análisis sobre 65 casos de países de todos los continentes que promovieron reformas laborales, su conclusión fue que aquellos países en los cuales fue una reforma regresiva, en ningún caso que se aplicó tuvo como resultado ni un crecimiento económico ni un crecimiento del empleo. Por el contrario, creció el desempleo o disminuyó la actividad económica. Así que ahí hay un ejemplo claro que los objetivos, al menos los proclamados, del gobierno no hay manera de que se cumplan.

L.A. ¿Cómo ves que este proyecto se pueda evitar?

M.C. Yo creo que más allá de los aspectos legales, los debates parlamentarios, las decisiones judiciales, la manera más eficaz y rápida de revertir esto es con el ejercicio del derecho de huelga, de la libertad de expresión, de la movilización popular en general y del movimiento obrero en particular, que ejerciendo sus derechos también constitucionales expresen su rechazo como actores principales y damnificados directos, de modo que el gobierno o el Congreso de marcha atrás. Creo que esa es la forma más contundente y eficaz de mostrar el rechazo para que esta política no avance.

Referencias

  • Fragmentos de la exposición de Matías Cremonte en Diputados:

“El proyecto de la Ley Ómnibus claramente ataca a las y los empleados públicos, vulnera notoriamente el derecho constitucional a la estabilidad del empleado. Pero también pretende modificar el art. 194 del Código Penal criminalizando la protesta social, lo cual se relaciona con la reciente resolución 943 del Ministerio de Seguridad, que habilita la represión de cualquier manifestación pacífica y además pretende cobrarle a los sindicatos u otras organizaciones sumas millonarias por los costos de la propia represión.

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(…) ¿Que solución propone para atacar esa emergencia social? Si los salarios reales eran miserables al asumir el Presidente, luego de la devaluación e inflación sin control indudablemente ya son mucho más bajos.

Otro de los objetivos de las medidas impulsadas por el gobierno, eliminar las indemnizaciones agravadas para aquellas personas que son despedidas y su relación laboral no estaba registrada. Eso que llaman multas pero que en rigor son una reparación para quienes estando trabajando en forma clandestina, y por lo tanto sin obra social ni aportes jubilatorios, y seguramente con menos derechos, son despedidas.

Es lógico que tengan una indemnización mayor, porque el daño a reparar es mayor, ¿por qué eliminar esa indemnización agravada va a generar que crezca el empleo registrado?

En Chile por ejemplo no existe este tipo de penalidad, y la informalidad es del 50%. En Perú pasa lo mismo, y la informalidad es del 70%.

Es que es absurdo, es imposible que eliminando las sanciones alguien vaya a registrar una relación laboral, si no existen consecuencias es lo mismo registrar que no hacerlo. El efecto va a ser lo contrario. (…)

Además es muy contradictorio, para quienes protestan se impulsa la criminalización y el aumento de las penas, con el objetivo de erradicar los cortes de ruta y de calles. Para los empleadores delincuentes que no registran una relación laboral se eliminan las penas para reducir el empleo informal “(…)

(…)Es mentira que las empresas quiebran por los altos costos laborales. Como dijo el propio Presidente los salarios reales son miserables, eso que llaman costo laboral es el menor de los costos. Antes está el costo del alquiler, el costo de los servicios, el del dinero porque no hay una política de créditos accesibles. Una pequeña empresa que cierra es porque no tiene a quién venderle (…).

 La reforma laboral de Brasil que se hizo en 2017 fue la más profunda que se hizo en la región y tal vez en el mundo. La destrucción del derecho laboral fue casi total. A los pocos meses el desempleo subió del 11 al 14% y el trabajo informal superaba el 40%.

¿Por qué una norma que se propone crear empleo comenzaría por facilitar los despidos? (…). Por otro lado, la declamada emergencia social ¿se resolvería eliminando el derecho a la huelga habilitando a despedir durante contexto de conflicto de trabajo? Obviamente no. Evidentemente estamos ante una enorme falacia. El Congreso Nacional tiene la obligación, además de sancionar leyes que promuevan el bienestar general, de efectuar un control de constitucionalidad y de convencionalidad, es decir, debe evitar que el Estado argentino sea sancionado internacionalmente por violaciones al derecho internacional de los derechos humanos y los derechos laborales son derechos humanos. La reforma laboral que presenta la ley omnibus y el DNU violan el principio de progresividad y de regresividad del derecho social” (…).

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