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70 días de violencia machista contra las mujeres de Nicaragua

Mientras los observatorios por los derechos de las mujeres señalan que al 12 de agosto del 2019 han ocurrido 44 femicidios en Nicaragua, y 27 mujeres han denunciado la violencia machista en los últimos 70 días del año, el Observatorio de Derechos Humanos registra violencia política contra 119 mujeres, todos hechos ocurridos en ese mismo período.

La Red de Mujeres Contra la Violencia denunció que en el año 2019 el 78% de los femicidas fueron la pareja, ex pareja y conocidos. Los tres principales departamentos donde ocurrieron los crímenes fueron la RACN, Jinotega y Managua. La Federación Coordinadora Nicaragüense de ONGs que Trabajan con la Niñez y la Adolescencia (Codeni) reporta que en el año 2018, de 4,085 peritajes forenses por violencia sexual realizados por el Instituto de Medicina Legal, el 81% fueron en menores de 17 años.

Entre el 2016 y 2017, el IML realizó 8,122 peritajes por violencia sexual a niñas, niños y adolescentes. Veinte niñas entre 7 y 14 años han sido violadas en el 2019 en el triángulo minero, Prinzapolka y Mulukukú. La titular del juzgado señaló que posterior a los abusos sexuales las niñas dejan de jugar, pierden su alegría, no duermen bien, tiene pesadillas, se orinan en la cama, no quieren comer y se sienten desvalorizadas, dado que sus familiares les hace creer que su valor personal se basa en la virginidad.

70 días de violencia machista como arma para dominar a las mujeres

Al 29 de julio del 2019, 42 niñas, niños y adolescentes habían quedado huérfanos por la violencia machista. El Observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir registra que 33 mujeres fueron atacadas sin que lograran quitarles la vida, lo que se considera intentos de femicidio. Las asesinadas contaban mayoritariamente entre 19 a 34 años.

En los últimos setenta días -entre el 18 de junio y el 22 de agosto 2019-, trece de veintisiete mujeres, -el cincuenta por ciento de las víctimas-, han perdido la vida en Nicaragua por el delito de femicidio; siete han sido violadas, cuatro están desaparecidas, dos sobreviven con graves heridas y una es acusada ante los tribunales por el delito de parricidio.

En todo el ciclo de su vida las mujeres son víctimas de la violencia machista; las niñas y adolescentes son tomadas como piezas de caza por su falta de poder. La desvalorización que la sociedad muestra hacia las mujeres y la educación sexista, también promueven la subordinación femenina como un valor. El 41% de las agredidas tiene menos de 19 años, 7 son niñas entre los 10 y 15 años.

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Las agresiones en los cuerpos de las mujeres han sido de las más diversas y van desde femicidio, mediante la contratación de sicarios por su propio esposo, también una mujer fue violada por un  pastor evangélico que ya fue liberado, otra fue perseguida y herida con arma blanca, una fue asesinada a golpes y enterrada en predio baldío; una niña fue violada y sus lesiones ameritaron cirugías, otra denunció que fue intoxicada por su esposo, una se desangró luego de recibir 10 puñaladas, y otra por recibir dos disparos en el tórax; a otra su ex pareja la mató a garrotazos, una niña fue raptada mientras vendía en la calle, otra niña fue violada por un tío en un taxi, una mujer estaba embarazada y fue apuñalada, una adolescente desapareció de su lugar de trabajo, otra mujer fue estrangulada y violada, a una de ellas su ex pareja la atacó con una navaja, otra quedó con heridas de gravedad por golpes y puñaladas y otra fue violada por dos individuos.

El camino a la impunidad está garantizado

En todo el territorio de Nicaragua se violenta a las mujeres y las niñas: en el Barrio San Pedro, Ticuantepe, Carretera Sur, Universidad Centroamericana, El Crucero, las Maderas, San Judas, Altamira, Recreo Norte, Barrio Gaspar García Laviana en Ciudad Sandino, todos en Managua; el Parque Darío, Solingalpa y Susulí, en El Zapote, en Matagalpa; el Barrio José Santos Zelaya, Ayapal y La Concepción de La Trinidad en Estelí; Siuna, Waspán y Waslalita, en la Región Autónoma Caribe Norte (RACN); San Juan del Sur, en Rivas; San Marcos, en Carazo; la Comarca Champinin, en El Encino, Japala; Comunidad Bethel, Chichigalpa, Chinandega o la Comarca Nueva Holanda, en Nueva Guinea. Estos son algunos de los lugares donde las mujeres han perdido la vida o han sido agredidas gravemente.

En los últimos 70 días, las mujeres agredidas convivían con sus agresores en la misma casa, comarca, ciudad o municipio; los conocidos son principalmente el marido o ex pareja (26%), o familiares como el tío (11%). El 60% son considerados “desconocidos” (16), porque las autoridades no consideran importante investigar, perseguir, encontrar y enjuiciarlos.

La complicidad del Estado ante la violencia machista prevalece y se evidencia con la cantidad de casos que no son juzgados ni investigados por la Policía, Juzgados o Fiscalía. En este período solamente 4 agresores -el quince por ciento-, están acusados o sometidos a juicio, quedando el 85% restante en libertad. El 44% no está siendo procesado, porque que no han sido identificados del todo, cuatro han sido liberados aunque se les comprobaron los delitos cometidos, solo tres están siendo investigados como sospechosos, uno se considera prófugo y en dos oportunidades, la Policía no actuó: no recibió la denuncia porque la mujer no presentaba lesiones visibles o cuando el guardia de seguridad presenció la violación a pleno día, sin hacer nada.

Solo para una de ellas la “justicia” ha funcionado: una mujer es acusada penalmente por matar a su marido luego que él llegara ebrio, la violara y comenzara a golpear a uno de sus hijos, con el agravante de 14 años de violencia y más de seis denuncias ante los juzgados por las agresiones sufridas que comenzaron desde el quinto mes de matrimonio. No fueron suficiente para acusarlo penalmente las denuncias por abusos, por lesiones físicas y sicológicas o porque le quemó la pierna izquierda y la hirió con una navaja, además de golpearla y amenazarla constantemente con un cuchillo que le colocaba en la garganta para que no visitara a su familia, o porque la sacaba de la casa con la ropa desgarrada. Todas constan ante las autoridades que nunca las tomaron en cuenta y ahora la juzgan sin atenuantes.

Los daños ignorados por el Estado

En 70 días, un total de 19 bebés, niñas, niños y adolescentes han quedado en la orfandad. No solo la violencia femicida es naturalizada por el Estado, sino que tampoco advierte los daños de las jóvenes generaciones que sufren la ausencia de las mujeres que eran madres, Las autoridades ignoran a la niñez huérfana de la violencia machista y no dispone de atención reparadora de los daños emocionales, ni de recursos para cubrir las necesidades básicas de las hijas e hijos que precozmente saben que sólo cuentan con el apoyo de otras mujeres -generalmente pobres-, como las abuelas, tías, hermanas o vecinas que se hacen cargo de su crianza y de los cuidados que la sociedad o el Estado dejan sin cubrir. En la fantástica propaganda gubernamental, todas ellas están en el sexto mejor país del mundo para la vida de las mujeres, donde cuentan con una ley de igualdad de oportunidades que no tiene mecanismos para la igualdad o una ley de paridad 50/50 que coloca a las mujeres en puestos de poder siempre como vice de los cargos de elección, o subordinadas, silenciadas y expulsadas cuando se atreven a preguntar –ya ni siquiera a dudar o cuestionar- las decisiones de la pareja dictatorial.

Son las mismas mujeres que con los votos del partido sandinista viven desde el 2006 en el país que les niega todo derecho a decidir y las obliga a morir cuando las complicaciones de un embarazo  ponen en riesgo su salud o su vida. Son ellas las que viven en el país con mayor porcentaje de embarazos en las niñas y adolescentes del continente americano dado que la violencia sexual es amparada y consentida desde las estructuras del Estado; son las que viven con el mayor porcentaje de VIH y Sida en la adolescencia, las que no tienen educación sexual porque las autoridades imponen la doctrina judeo-cristiana de la maternidad como destino, en un país cuyo Estado constitucionalmente es laico.

Informe tardío versus la realidad

El pasado 27 de mayo el Estado de Nicaragua envió al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales un tardío informe que debió haber presentado en 2013, como parte de sus obligaciones de rendir información sobre el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc). Con seis años de retraso, el régimen informa que, en materia de protección a las mujeres, entre otras medidas, y “con el propósito de ampliar el acceso a la justicia y protección judicial”, en el período 2014-2018 “se han establecido 61 Comisarías de la Mujer y la Niñez en el territorio nacional”.

El marco legal que permite la perpetuación de la violencia

La realidad es completamente opuesta al relato oficial que el régimen envía a instancias internacionales. La primera Comisaría de la Mujer se inauguró en 1993 luego de años de lucha del movimiento de mujeres; en 1996 fueron incluidas en la Ley 228 de la Policía Nacional. En la actualidad las Comisarias son inexistentes o inoperantes.

En el 2007, el regreso de Ortega al poder significó el debilitamiento de las Comisarías, el cambio en la ruta de acceso a la justicia, el retiro del personal especializado y el desalojo de los edificios para instalar otras dependencias. Al comienzo de su gobierno la escasa atención quedó en manos del Ministerio de la Familia donde se “aconseja” a las mujeres o de personal del Ministerio Público, o ha sido trasladada a la Dirección Alterna de Resolución de Conflictos (DIRAC), una instancia de la Corte Suprema de Justicia para “la resolución de conflictos en materia de propiedad…”.

Ahora, las mujeres, niñas, niños y adolescentes que son víctimas de violencia sexual o violencia machista son “atendidas” en Auxilio Judicial de la Policía Nacional y muchas veces por personal masculino no capacitado ni sensibilizado ante estos delitos. Fue el régimen Ortega Murillo el que cercenó la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. También entre sus detractores se cuentan jerarcas católicos y evangélicos que presionaron por su derogación. La mediación, que estaba prohibida, fue restituida en 2013 mediante la Ley 846. En el 2014, Ortega por un decreto presidencial cambió el objeto de la Ley 779, para ”garantizar el fortalecimiento de la familia”, redujo la aplicabilidad a los delitos al reconocer como femicidio solo el asesinato cometido por hombres con quienes las mujeres estaban relacionadas. Desapareció el principio de publicidad, los juicios se celebran en privado y sin tener en cuenta a la víctima, que se enfrenta al proceso sin el apoyo de las organizaciones de mujeres a las que se prohíbe entrar, y acompañarlas.

Orteguismo maquilla femicidios

Se establece como instancia de atención la “Consejería Familiar”, una estructura para-partidaria cuyo propósito es fortalecer los valores de respeto, amor y solidaridad en la familia y en la comunidad.

Desde la Policía o el Ministerio Público se remite a las mujeres al Ministerio de la Familia, destinado a arreglar “los conflictos que están detrás de la violencia”. Se ha ordenado a las instituciones del Estado que no deben hablar de “violencia”, sino de “desentendimiento familiar” y a los jefes de delegaciones distritales y municipales o al Ministerio Público que “deberán auxiliarse de los Gabinetes de Familia, Comunidad y Vida, de los facilitadores judiciales, pastorales, religiosas y religiosos, promotoras voluntarias y solidarias, consejeras y consejeros y demás expresiones comunitarias”.

De esta manera, las mujeres se deben enfrentar con una multitud de personas desconocidas, inexpertas y obedientes, seguidoras de los designios del gobierno. Todas estas medidas pretenden mantenerlas lejos de la influencia de las organizaciones feministas, que luchan por el empoderamiento de las mujeres para que pueden afrontar una de las manifestaciones más nefastas del sistema patriarcal como es la violencia machista.

Restringido el femicidio solo al ámbito de las relaciones personales de las mujeres, las estadísticas oficiales han experimentado una súbita “reducción”, misma que logran en todos los ámbitos cambiando la clasificación internacional y la fórmula para calcular la mortalidad materna, enmascarando los datos sobre el aborto inseguro, o escondiendo las cifras de la violencia sexual.

Al respecto, a inicios de agosto 2019 la vicepresidenta Rosario Murillo informó de la creación de una comisión nacional que trabaja “en un diagnóstico sobre femicidios, delitos contra la dignidad de las mujeres y suicidios”, integrada por la Policía Nacional, el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer y otras; las dos primeras fuertemente cuestionadas por violaciones a los derechos humanos en el contexto de la insurrección cívica desde el 18 de abril del 2019 y el último, que desde el 2007 ha tenido al menos ocho directoras, pasando de Instituto a Ministerio en el 2013, todas subordinadas directamente a la presidencia, sin dinero y sin poder, tal como el patriarcado trata a las mujeres.

Ante la sociedad nicaragüense e internacional anunciamos que además de estas situaciones de violencia machista y femicida presentada en este documento, las organizaciones feministas contamos con registro de los funcionarios y funcionarias que no han cumplido con las leyes para la atención de las víctimas y sobrevivientes. Cuando gocemos de institucionalidad, tanto los delincuentes y hombres machistas como las actuales autoridades cómplices tendrán que enfrentar su responsabilidad por sus delitos.

 

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