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Apuntes sobre socialismo desde abajo y poder popular

Nocaut al macrismo

15 Aug,2019

por Mario Hernandez

A pesar del voto de los mercados favorable al macrismo el último viernes cuando las acciones argentinas avanzaron hasta 10% en Wall Street, la tasa de riesgo país bajó casi un 4% y la Bolsa local subió un 7,94%, la ciudadanía votó masivamente contra Macri.

En los últimos cuatros años se cerraron casi 20.000 empresas en la Argentina, la peor marca desde la crisis del 2001 con el gobierno de la Alianza, según reveló un informe de consultora Radar en base a datos proporcionados por la AFIP.

En junio pasado se observó una caída de 19.131 empleadores frente al mismo mes del 2015, lo que representó una baja de 3,4% en los registros oficiales. 

 

150.000 estudiantes dejaron la escuela privada en CABA (80.000) y en Provincia de Buenos Aires (70.000) en el primer semestre de 2019.

Representa el 13% del total de estudiantes de primaria y secundaria de establecimientos privados que se traducirá en cierre de colegios y despidos de maestros, profesores y auxiliares.

13,1% cayó el poder adquisitivo de las jubilaciones en julio con relación al mismo mes del año pasado.

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Desde que se aplicó la Ley de movilidad, hace dos años, los haberes jubilatorios acumularon un incremento del 78,5% frente a una inflación del 105,3%. El cambio de fórmula para calcular jubilaciones representó una pérdida en los haberes mínimos de $ 35.000 por jubilado.

A partir de setiembre las jubilaciones y pensiones aumentarán un 12,22% y el haber mínimo será de $ 12.937,22.

Los precios de los distintos cortes de carne vacuna mostraron un alza del 53% promedio en el último año. El consumo interno pasó de 58,2 kilos al año per cápita a 52,9, un 9,2% menos.

La canasta básica de alimentos aumentó más del 61% en la Provincia de Buenos Aires. Los que más aumentaron fueron los lácteos: queso cuartirolo cremoso y port salut, con un 109,33%, postre lácteo de vainilla, 108,27% y la manteca, 103,37%.

Reforma laboral

A pesar de la caída del salario privado registrado promedio en dólares de un 39% en tres años, los empresarios reclaman mejorar su competitividad sobre la base de reducir el costo laboral e insisten con la reforma.

Al respecto, Héctor Amichetti, Secretario General de la Federación Gráfica, escribió en 

Tiempo Argentino

: “Los mejores ciclos de la economía fueron cuando se alentó la producción nacional, las paritarias funcionaron libremente y creció el mercado interno por el incremento del poder adquisitivo de las familias trabajadoras.

Las peores etapas fueron -y lo siguen siendo- las de ajuste, endeudamiento externo y apertura indiscriminada de exportaciones.

[…] Si los medios hegemónicos de comunicación admitieran un debate serio y pidieran una opinión sincera a los empresarios del más de medio millón de pymes que tiene la Argentina (muchos más que los del grupo “Nuestra Voz” -un grupo de WhatsApp de unos 250 grandes empresarios-), seguramente responderían que el problema no es la legislación laboral sino la caída del consumo, los brutales tarifazos, las tasas de interés por las nubes y la apertura indiscriminada de importaciones.

Los representantes de las pymes también opinarían que los salarios altos de los trabajadores y trabajadoras argentinos serían la única bendición para ahuyentar el mal de la recesión, que está liquidando cerca de 50 empresas por día. Una posición en franca contradicción con la satisfacción de cierto funcionario del Gobierno que, en una virtual rendición de cuentas en EE UU, destacó como un éxito el haber logrado bajar el salario real en la Argentina”.

No obstante, los principales lineamientos de la reforma laboral que pretende sancionar el Gobierno ya están circulando en un borrador que tiene carácter oficial. Entre los puntos más destacados, figura la creación del trabajador de plataformas, la posibilidad de que cada empresa negocie paritarias por su cuenta y flexibilización para despedir empleados.

En busca de achicar el costo laboral, el borrador, que fue elaborado por el ministerio de Producción y Trabajo que conduce Dante Sica, habla de desalentar juicios y un blanqueo laboral con facilidades amplias para los empleadores informales.

En un apartado, figuran una serie de disposiciones imprescindibles: la urgencia en avanzar en la reducción y hasta eliminación de las multas por trabajo informal que estaban contempladas en el Proyecto de blanqueo; limitación de los juicios a empresas por solidaridad con sus tercerizadas; regulación de contratos para personal de aplicaciones, y promoción del primer empleo y una “agencia de talentos”.

El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), Daniel Funes de Rioja, aseguró que el próximo gobierno deberá encarar la reforma laboral, sin importar cuál sea el precandidato que se imponga en las elecciones generales.

Al respecto, opinó que el sistema laboral argentino responde a la primera y segunda Revolución Industrial, a un esquema fordista y taylorista de la organización de la producción.

«

Hay que ver cómo resolvemos los vicios del sistema. Hoy la tecnología está cambiando a una velocidad monumental. Seguir reivindicando convenios del ‘75, es nostalgia. 

Hay convenios que tienen adicional por computación. Eso es una conquista decimonónica».

“La revolución de los aviones”

En el caso de la aviación comercial, la reforma estuvo atada al cambio profundo en la propia industria. Lo que el ministerio de Transporte llama “la revolución de los aviones” y ha traído una flexibilización de las condiciones operativas de la aviación comercial.

Los sindicatos anunciaron que tanto la llegada de las aerolíneas low cost como la política de cielos abiertos iban a tener impacto en el régimen laboral.

A poco más de dos años de implementada, la flexibilización aérea se ha traducido en problemas para la seguridad aérea, eliminación de comodidades para los pasajeros y una presión constante, con Aerolíneas Argentinas a la cabeza, para modificar las relaciones laborales del grueso del personal que trabaja en la industria (pilotos, personal de vuelo, técnicos de tierra, controladores). En este punto, Flybondi y Norwegian dieron el salto al lograr imponer los sindicatos por empresa.

La low cost Flybondi, a pocos días de que se diera a conocer que posee pérdidas millonarias, decidió comenzar un proceso de desmantelamiento de su base operativa radicada en Córdoba.

Estimaciones privadas dieron cuenta de que 

la low cost pierde entre 3 y 6 millones de dólares cada 30 días y el acumulado ya habría superado los 50 millones de dólares, desde que comenzó a volar en febrero de 2018.

Flybondi desde el mes de setiembre dejaría de percibir el beneficio de las excepciones impositivas que Córdoba le había otorgado 

, y esto también influiría en la decisión tomada de que las aeronaves dejen de pernoctar en el aeropuerto de la provincia.

Semanas atrás fue Marcelo Uhrich, el secretario de Prensa y Difusión de la Unión de Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), quien anticipó lo que está ocurriendo: 

«Lo que se comenta en el mercado es que Flybondi en diciembre dejaría de operar porque no se puede bancar más la pérdida»

.

«Flybondi pierde 3 millones de dólares por mes y nadie entiende de qué se trata»

, había alertado el gremialista y concluía: «No sólo no ganaron el mercado haciendo dumping, sino que tuvieron mil incidentes en un año».

La jueza federal en lo civil y Comercial Federal de San Martín, Martina Forns, dispuso prohibir los vuelos en el Aeropuerto de El Palomar entre las 23:00 y las 6:00, para no afectar las horas de descanso de los vecinos.

Ante este hecho que ayuda a preservar la salud de la población lindera al mencionado aeropuerto, 

el Gobierno atacó la decisión y anunció que apelará la medida.

La decisión fue comunicada al 

Ministerio de Transporte de la Nación, la ANAC y a las empresas Flybondi y JetSmart

, quienes ahora tendrán un plazo de 30 días para ejecutar la orden.

El planteo fue hecho por vecinos de El Palomar a raíz que el Gobierno se comprometió a que el horario de actividad en el Aeropuerto iba a ser de 6:00 a 21:00, pero no se cumplió.

La disputa entre los gremios aeronáuticos y el Gobierno Nacional por la política aerocomercial no da respiro

. Luego de los comunicados que leyeron los pilotos, de la movilización de los Aeronavegantes, de la marcha de los pilotos, del video de difusión de los técnicos aeronáuticos y de las asambleas de los diferentes gremios, llegó el «afichazo».

La semana pasada el centro porteño amaneció colmado de afiches celestes y blancos que rezaban: 

«No a la entrega de nuestros cielos». 

Los carteles llevaban la firma de ATE en representación de los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y de los Aeronavegantes que comanda Juan Pablo Brey.

Mientras tanto, el Secretario Adjunto de la Asociación de Aeronavegantes, Alejandro Kogan, alertó sobre la posibilidad de que el Gobierno avance en el cierre de Aerolíneas Argentas en caso de ser reelecto en octubre. 

«

Si gana Macri puede cerrar Aerolíneas Argentinas 

»

, advirtió Kogan.

Sostuvo que 

«

los subsidios que antes iban a Aerolíneas ahora van a Flybondi» y subrayó que la empresa lowcost «tiene una política de flexibilización laboral».

«Los empleados cobran 20.000 pesos, exactamente lo mismo que el año pasado, 

porque no les permiten afiliarse a sindicatos que peleen por sus salarios ya que pueden ser despedidos 

»

, amplió.

En medio del debate y el conflicto con los distintos gremios del sector por la política aerocomercial de Cambiemos, 

Aerolíneas

 Argentinas acaba de confirmar que decidió despedir a todo el personal de los aeropuertos de Carrasco, en Montevideo y Laguna del Sauce, en Punta del Este y profundiza el camino de vaciamiento y tercerización.

Se realizaron las elecciones en la empresa GPS Aeroparque, la tercerizada más grande de los aeropuertos, con 1.500 empleados en todo el país. La Lista 1 Bordó de los trabajadores ganó con un 70 % de los votos. Votaron 400 trabajadores.

Reforma laboral minera: gremios ya comenzaron a discutir lineamientos

Con la reforma laboral en el sector petrolero como espejo, los gremios mineros de San Juan se encuentran discutiendo con las Cámaras empresarias y representantes del Estado modificaciones de acuerdos de trabajo para que se impulsen nuevos proyectos. Los representantes gremiales ya expresaron que es indispensable garantizar las fuentes de empleo pero los representantes del sector ejecutivo aspiran a reducir la presión impositiva sobre el salario, actualizar convenios y reducir la edad jubilatoria.

Los que integran la mesa de trabajo son los sindicatos AOMA y Asijemin, el sector empresario nucleado en la CAEM (Cámara Argentina de Empresarios Mineros) y funcionarios del Ministerio de Producción y Trabajo que conduce Dante Sica. Allí, se discute la implementación de pactos como los que se generaron en el área petrolera de Vaca Muerta, en donde se eliminaron ciertos beneficios para los operarios como el pago de horas taxi, se instalaron las metas de productividad y existió un «combate al ausentismo».

«Bajar los costos laborales», parece ser el lema de los ejecutivos que intenta ser cautos con sus propuestas ya que, esgrimen los sindicatos, una reforma laboral siempre está asociada con despidos y ajuste de haberes. «Es importante identificar qué gremios intervienen en cada etapa para evitar conflictos. No es lo mismo una empresa en etapa de exploración que en explotación. Nuestra función es defender los derechos de los trabajadores en esta discusión», mencionó el miembro de AOMA, Iván Malla.

En tanto Marcelo Mena, de Asijemin, indicó: «No vamos a aceptar resignar las conquistas sindicales obtenidas hasta ahora. Y una cuestión que venimos impulsando es que, por tratarse de una actividad particular, se debe bajar la edad jubilatoria a 60 años en el hombre y 55 en la mujer».

Desde la Cámara Minera se encargaron de sostener: «Debemos trabajar en reducir el costo laboral de manera tal de generar más trabajo. Es un contrasentido que las compañías estén poniendo mucho dinero en el empleo, pero el trabajador no lo está recibiendo en su bolsillo. Es una de las cuestiones a discutir».

Jujuy: mineros de El Aguilar fueron al paro por tiempo indeterminado

El pasado 18 de junio, tras una asamblea, los obreros de Mina El Aguilar decidieron por unanimidad iniciar un plan de lucha por medio de un paro indefinido. El reclamo principal fueron las mejoras en las condiciones laborales, de seguridad de cada uno de los obreros y de la persecución y hostigamientos constantes por parte de la empresa hacia los trabajadores.

Reclamaron por el accionar arbitrario del Sr. Ruíz Díaz, gerente de la empresa, quien removía a los trabajadores sin fundamento ni justificación alguna, ubicando a obreros que tienen determinado oficio y especialización en otras aéreas a fin de alegar que los mismos no son idóneos en las labores que se les encomienda como excusa para despedirlos. “Se está sacando personal de interior de mina para superficie y viceversa, colocándonos en un estado de desconcierto, solo por capricho, quien dijo también que tenía plazo hasta septiembre para dejar sin trabajo a 120 compañeros, ahora pedimos que el Sr. Ruiz se vaya”, manifestó uno de los delegados.

El 24 de junio pasado se realizó una marcha minera a Casa de Gobierno en apoyo a la huelga. Una vez allí hicieron un acto, con intervenciones de referentes de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) – Seccional Mina Aguilar, delegados, ex mineros y familiares de los huelguistas.

Mientras tanto, se viralizó en las redes sociales un video en el que se observa cómo 

se retiraba la gerencia de la mina entre abucheos y festejos de los trabajadores, en lo que fue el sexto día de la huelga por tiempo indeterminado de los 600 mineros, que exigen mejoras en las condiciones de salud y seguridad, por trabajar en zonas de derrumbe.

En una entrevista, 

Carlos Trejo

, Secretario General de AOMA Mina El Aguilar, relató: «es un reclamo de muy vieja data. Este último año nosotros 

aquí en la mina hemos sufrido una desidia casi absoluta y un descuido casi total del mantenimiento de la mina, del sostenimiento de la ventilación, de las salidas de emergencia en los túneles, 

-detalló. Porque nosotros estamos trabajando en 

una mina muy vieja, de 90 años, y estamos a una profundidad de 1.000 metros de la superficie

. Entonces, es necesario tener muchas condiciones de seguridad que estén en reales estándares. Por eso, venimos reclamando durante todo este año».

Asimismo, contó que luego de una asamblea general extraordinaria, después de haber hecho un paro el 8 de mayo por razones de seguridad, el Ministerio de Trabajo provincial les dictó la conciliación obligatoria, que acataron y luego de la cual estuvieron trabajando en conjunto con el ministerio y la empresa en «un plan de renegación de adjuntado pero, no obstante ello, más allá de algunas cosas que se hicieron, que se hicieron bien, hay cosas que nosotros no vamos a dejar pasar como trabajadores mineros», denunció.

Asimismo, mostró su preocupación por la posibilidad de vaciamiento de la Mina El Aguilar por parte de la empresa: “

este gerente general, que está actualmente en la mina El Aguilar fue uno de los principales artífices que hizo que nuestra empresa que teníamos en Rosario, Ar-Zinc, se cerrara con 340 trabajadores y después, en diciembre del año pasado, delante de nuestros ojos cerraron nuestra fundición de plomo que teníamos en Palpalá, que dependía de Minera El Aguilar

Así que, ¿por qué no podrían venir por nosotros? ¿Por qué no podrían tener la intención de demostrar que somos poco productivos y de esa manera declararnos en quiebra e irse con los 600 trabajadores adentro?”

, se preguntó.

Finalmente, el referente minero remarcó: «

no vamos a permitir que los empresarios, para mejores réditos económicos multinacionales, vayan a sacrificar hasta el nivel de esclavitud al trabajador minero. Eso no lo vamos a permitir, incluso arriesgando la vida. 

Por eso es que reclamamos, por eso es que llamamos a reflexión a la autoridades, a la comunidad, a todos, de que la mina Aguilar tiene 90 años. 

Es el patrimonio económico, el patrimonio social, cultural y cultura del trabajo que hemos tenido aquí en la puna jujeña. 

Por eso es que nosotros llamamos a que nos ayuden a defender ese patrimonio, más allá de que las intencionalidades de los grandes empresarios de la multinacional, que con la complicidad con el gobierno nacional, intentarán hacer con nuestro pueblo. Porque Mina El Aguilar, más allá de ser una empresa minera, es un pueblo de trabajadores mineros, es un pueblo de generaciones y generaciones de trabajadores». 

 

 

Tras una semana de paro lograron sus demandas

El grupo multinacional Glencore se comprometió a desvincular al gerente general, Javier Ruíz Díaz, así como a regularizar el pago de quincenas mal liquidadas. Mientras que el Ministerio de Trabajo provincial se comprometió a inspeccionar el cumplimiento de medidas de seguridad laboral.

Al concluir la reunión entre los representantes de los trabajadores, el Grupo Glencore, propietario de Mina El Aguilar, de la que participaron el ministro de Gobierno, Agustín Perassi, y el ministro de Trabajo, Jorge Cabana Fuzs, donde tras una semana de paro total de actividades en la mina y una movilización desde El Aguilar hasta la capital jujeña, lograron una respuesta favorable a sus demandas.

El acuerdo anunciado por los dirigentes del sindicato AOMA constaría de tres puntos: la remoción del gerente general, Javier Ruíz Díaz, medida exigida por los mineros dado el autoritarismo y persecución laboral ejercido por parte de éste contra los trabajadores, la violación de sus derechos de organización y condiciones elementales de seguridad laboral; por otra parte el acuerdo establece el compromiso del Ministerio de Trabajo provincial de participar en las inspecciones de seguridad laboral. El tercer punto del acuerdo es el compromiso por parte de la empresa de regularizar el pago de quincenas mal liquidadas.

Los trabajadores, que recibieron la amplia solidaridad del pueblo jujeño, de sindicatos, organizaciones políticas y sociales, festejaron en la Plaza Belgrano el acuerdo obtenido y anunciaron el cese de las medidas de fuerza.

Chubut se incendia

Mariano Arcioni, gobernador de la provincia de Chubut, ingresaba en el escenario principal del cierre de campaña de la fórmula del Frente para Todos en Rosario y saludaba a la multitud presentado como uno de los gobernadores de mejor gestión. Mientras tanto, en su provincia se preparaba la movilización más multitudinaria hasta el presente, luego del anuncio efectuado durante la semana pasada, que se reiterarían los pagos de haberes en forma escalonada, situación que ya había ocurrido sin previo aviso el mes anterior.

La provincia se ve movilizada desde hace un tiempo debido a que la mayoría de las escuelas tienen muchas dificultades en materia de infraestructura, y hay un proceso penal en marcha que involucra a la ex ministra de educación, Graciela Cigudosa, por maniobras fraudulentas con dinero de obras, aunque resultó electa futura diputada provincial en la lista del Gobernador, y asumiría como tal en el mes de diciembre.

Por otro lado, la Obra social de la provincia, que acapara a la mayoría de la población activa y pasiva, ve permanentemente cortada las prestaciones, debido a la deuda que mantiene desde hace meses en el reintegro de los aportes que son descontados a los empleados. Esto ha llevado a movilización de jubilados con ocupación pacífica del edificio correspondiente al Instituto de seguridad social y seguros, en Rawson, y posteriormente también en las oficinas de dicho instituto en Esquel desde hace un mes, donde también se mantienen tomadas las oficinas del Organismo regulador de bosques y la sede administrativa del ministerio de Educación.

Una vez más los docentes, pero ahora acompañados por padres, madres y alumnes llevan adelante manifestaciones permanentes en las distintas ciudades y las clases en buena parte de las escuelas no se dictan hace tiempo. Docentes, empleados estatales, jubilados y también los judiciales y legislativos se han unido en el reclamo. Pero solo reciben como respuesta justificaciones basadas en la situación económica, la baja de la coparticipación y la falta de aportes de fondos por parte de Nación.

El incendio se reactivó cuando el gobierno anunció sueldos escalonados para este mes, que terminarían de abonarse el 29 de agosto, aunque la incertidumbre es tal que ahora advirtieron que podría llegar a ser en cuotas para todos los trabajadores. Mientras tanto, renunció el ministro de Economía, Luis Tarrío, y se habla de más dimisiones, luego que resolvieron suspender las cláusulas gatillo y los aumentos fijados en paritarias y el Gobernador no aparece ni siquiera en las reuniones que integrantes de su gabinete mantienen con sindicalistas tratando de apagar el fuego.

Entre Ríos: en lo que va del año despidieron 20 personas por día

Un informe realizado por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia de Entre Ríos muestra que en lo que va del año 

ya se produjeron 1.819 despidos del sector privado. 

Esto equivale a decir que en cada día hábil de los últimos cuatros meses, unas 20 personas fueron despedidas.

El sector más afectado resultó el comercio

, con 620 cesantías confirmadas oficialmente, seguido por la industria y la construcción. El estudio no contempla aquellos que se acogieron a beneficios como retiros voluntarios.

El titular de la cartera laboral provincial, Fernando Quinodoz, matizó los números ya que 

hay más casos de los que la Secretaría no tiene testimonio 

 

 porque se trata del trabajo irregular y, 

por otro lado, tampoco están discriminados los casos de cambio de empleo. 

 

Otro dato relevante:

 la generación de nuevos empleos es muy baja.

 En la provincia se perdieron en un año 5.100 puestos de trabajo privado registrados.

Actualmente la masa de personas con empleos formales en territorio entrerriano se sitúa en 130.000 asalariados, tras haber alcanzado marcas de más de 137.000 hasta hace poco más de dos años.

La industria de Entre Ríos agoniza al ritmo de la crisis nacional

La industria de 

Entre Ríos 

siente los efectos de la 

crisis económica 

que padece el país y que atraviesa transversalmente a todas las actividades. Megadevaluación, un mercado interno deprimido y el acceso casi imposible al crédito por las tasas de interés altas han promovido desde medidas de emergencia, como suspensiones, hasta determinaciones drásticas, como la paralización de la producción y despidos.

La

 

 Unión Industrial de Entre Ríos 

-UIER- dio a conocer que unos 1.000

 empleos formales del sector se habían perdido en 2018

. A su vez datos de la Secretaría de Trabajo de la provincia muestran que entre Paraná, Concordia y Gualeguaychú -las tres principales localidades en materia industrial de la provincia- fueron despedidos el últimos años 717 trabajadores: 312, 217 y 188 respectivamente. A ellos se les suman, con menos incidencia, las cesantías registradas en Federación -73-, Diamante -34-, Colón -31- y Gualeguay -20.

El presidente de la UIER, Leandro Garciandia, aclaró que no hay industrias entrerrianas que hayan desaparecido, pero que la actualidad es negativa en general: “Toda la industria la está pasando mal y si no se vislumbra una solución al corto plazo los problemas tenderán a agravarse”.

Dos radiografías de la crisis

La metalúrgica 

Longvie

, dedicada a la fabricación de artefactos de gas y lavarropas, es una buena demostración de cómo el modelo de Cambiemos destruye el capital nacional. En octubre de 2018 despidió a 26 trabajadores de su planta del Parque Industrial de Paraná, una de las tres que tiene en el país. En diciembre directamente paralizó la producción y en enero de este año, al no poder pagar su deuda -unos 377 millones de pesos-, convocó a acreedores.

“En febrero y marzo se habían pautado suspensiones de una semana, pero justo entró un pedido y pudimos salir adelante”, explicó Omar Migoni, tesorero de la delegación entrerriana de la Unión Obrera Metalúrgica -UOM- y empleado de Longvie. El dirigente señaló asimismo: “Eso, si bien nos da una luz de esperanza, no significa nada. Esto es día a día”.

Por su lado 

Imperial Cord

, histórica empresa de neumáticos de Gualeguaychú, anunció a mediados de enero de este año una paralización absoluta de su producción. Si bien estuvo en los papeles cerrar, finalmente los dueños se inclinaron por sostener la firma con personal mínimo, apostando ya no a 2019, sino que 2020 sea un buen año. En el medio despidieron a casi 70 empleados. Los que quedan, unos 39, se irían con retiros voluntarios.

Cerró el bazar El Entrerriano

El conocido bazar de Concepción del Uruguay, El Entrerriano, cerró sus puertas y dejó una decena de empleados en la calle: «La empresa cerró sus puertas. El personal de recursos humanos y autoridades de la firma ya comunicaron a los empleados que no abrirían nuevamente el local y el abogado de la empresa anticipó que los contactará para acordar las condiciones de la desvinculación”.

Según dieron a conocer, cinco trabajadores han sido cesanteados. La firma ya había cerrado las sucursales de Colón, Concordia, Santa Fe, Gualeguaychú y La Paz, por falta de ventas y aumento dramático de costos fijos.

La quita de subsidios pone en jaque el servicio de colectivos en Paraná

El servicio de colectivos en Paraná agoniza

. La 

quita de subsidios nacionales 

perjudicó notablemente a las empresas que hoy ven como única salida un

 

 incremento del 100% del boleto 

para poder subsistir. En tanto, la Unión de empresas que concesiona el transporte urbano presentó ante la Secretaría de Trabajo de la provincia un 

Proceso Preventivo de Crisis 

 

-PPC-, en el que remarcó que necesita

 

recortar unidades en las calles, despedir más del 30% de los empleados 

-500 en total- y 

quitar beneficios 

 

para que el servicio sea eficiente. Los dueños de las compañías le endilgaron a la Municipalidad de Paraná, a cargo del radical Sergio Varisco, una 

millonaria deuda 

. En el medio, 

los empleados de las empresas cumplen con su labor sin saber si mañana volverán a sus puestos de trabajo 

y miles de ciudadanos se ven perjudicados por un servicio cuyo aumento ha sido diametralmente opuesto a su eficiencia: frecuencias incumplidas, garitas destrozadas y unidades sucias son moneda corriente.

A la par de este crítico escenario, el Sistema Integrado de Transporte Urbano -SITU-, órgano estatal que nuclea a todos los actores vinculados con el sector -Concejales, Defensor del Pueblo, gremios, especialistas en costos- comenzó a analizar un 

nuevo incremento del boleto, solicitado por las empresas como consecuencia, especialmente, de la quita nacional de subsidios.

El valor solicitado fue, en principio, prácticamente imposible de cumplir: $28 más un subsidio municipal de $11. El costo sería de 12 millones mensuales para la Comuna. ¿Por qué imposible? Porque el precio actual es de $20, y subirá a $22,80 a partir del 1° de agosto, como consecuencia de que, por decreto, Varisco eliminó un subsidio de $2,80 por ticket que regiría hasta octubre. 

 

 El motivo es la falta de solvencia para cubrir ese beneficio. Como consecuencia, se puede deducir que si el municipio no puede hacerle frente a un subsidio de $2,80, mucho menos a uno de $11. Desde el Poder Ejecutivo municipal se llamaron a silencio: argumentaron la quita, señalaron que los empresarios no dicen la verdad sobre la deuda -señalan 40 millones de pesos y la Comuna dice que son seis millones de pesos-, dejarán que el Concejo Deliberante tome una determinación sobre la tarifa y amenazaron con anular el contrato con las empresas si siguen incumpliéndolo, luego de constatar un recorte de unidades y la quita, sin previo aviso, del servicio nocturno.

El titular de la compañía Mariano Moreno subrayó: «Hoy no nos alcanza la plata para cumplir con las obligaciones. 

Tenemos ingresos para 600.000 kilómetros y debemos cumplir con 960.000. 

 

 Hay un bache que no se puede cumplir. El transporte en el mundo es subsidiado, porque el subsidio no es para las empresas, sino que para los usuarios. Si la ecuación económica se restablece, tenemos la obligación de prestar el servicio tal cual lo firmamos. Pero si no hay acuerdo vamos a tener que tomar decisiones dolorosas en pos de no perder todas las fuentes de trabajo. Nuestra pretensión es que sigan todos, pero tenemos que ver cómo salimos de esto».

Los vecinos, de manera organizada, intentan tomar medidas para visibilizar la situación que atraviesan. La Asamblea Ciudadana Vecinalista de la Capital se reunió, con el objetivo de discutir los pasos a seguir.

«Vamos a endurecer las medidas durante esta semana» adelantó,

 Alicia Glauser

, integrante de la Vecinal Santa Lucía y principal vocera de la Asamblea. Y agregó: 

«El intendente ya ha resuelto que el boleto va a salir $30.

 Lo va a pasar por el Concejo Deliberante y tiene los votos. Además va a concederle a las empresas la Emergencia, para que retiren unidades y frecuencias».

Desde la organización sostuvieron que 

la principal causa de la crisis es la quita nacional de subsidios

: «Es primordial que haya algún tipo de ayuda, para que la gente pueda seguir usando el colectivo. Nos oponemos al nuevo aumento, necesitamos que vayan a la Nación y resuelvan esto para que dejen de lavarse las manos». Glauser apuntó además contra Varisco: 

«Dice que tenemos el boleto más barato del país y es mentira. En Buenos Aires sale mucho menos que acá».

Sergio Groh, 

secretario Gremial de la seccional entrerriana de la Unión Tranviarios Automotor -UTA-, señaló que aún corre el plazo para no ejercer medidas de fuerza, pero que los días pasan y sigue sin haber novedades. «El medio aguinaldo no fue pagado y el martes de la semana que viene deben depositar sueldos. 

Si la plata no está, lamentablemente vamos a tener que tomar medidas otra vez. 

 

 Esta situación ya no se tolera, estamos esperando el dinero porque hace falta», apuntó.

Y finalizó: «Esto no pasa solo acá, hay muchos problemas en el interior del país, como consecuencia de la decisión del gobierno nacional de sacar los subsidios. Es muy sensible lo que está pasando».

Situación terminal de fábricas recuperadas por los tarifazos 

A IMPA (Industrias Metalúrgicas y Plásticas Argentina) le cortaron la luz y funciona con un generador. A La Nueva Unión (encuadernación) también le cortaron la luz. La velera Contravel, de Punta Indio, pasó de producir al 80% de su capacidad al 25%. Se mantienen por la Municipalidad. Son 50 personas que están a punto de quedarse sin trabajo. A Canale, en Lavallol, le exigen pagar la deuda del anterior patrón para conectarlos a la red. Acetatos Argentinos se vendió por una deuda con Enarsa de 15 millones de pesos que nunca pudieron afrontar. A la cerámica ex Zanón, las últimas facturas de gas le llegaron con montos de 11 y 13 millones de pesos.

José Mansilla, presidente de la cooperativa Unión Papelera Platense (ex Papelera San Jorge, quebrada en 2001), relató que Camuzzi hace un mes que les cortó el gas. “Estuvimos tratando de negociar, sin respuesta”, afirmó. Son 62 familias que están en la cuerda floja.

Luis Kunz, de Cerámica Neuquén, apuntó: “La situación es alarmante. Al gas lo sacan a un par de kilómetros de donde están las cerámicas y nos lo venden dolarizado. Es imposible de pagar. El consumo de cerámicos bajó, es muy difícil competir con las importaciones y con todo eso nuestras ventas cayeron un 50%. Estamos trabajando al 50% de nuestra capacidad”.

La gráfica Chilavert tenía un aviso de corte y realizó un festival para visibilizar la situación. “Toda la recaudación del evento $ 80.000, lo usamos para pagar a Edesur”, detalló Martín Cossarini.

“Agarramos un trabajo de boletas para las PASO y posiblemente lleguemos a pagar estos meses. Después no sabemos. Es una espada de Damocles, estamos pateando la pelota para adelante”, se lamentó. Cada trabajador está llevando $ 12.000 a su casa por mes.

Pablo Peláez, integrante del programa Facultad Abierta, de la Facultad de FFyLL de la UBA, advirtió por un Proyecto de ley presentado por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de “dar de baja a viejas expropiaciones, que en algunos casos tienen más de 10 años y la única solución que les ofrecen es mudarlos a todos a unos terrenos de Soldati”. De sancionarse, “esa ley sentaría un precedente muy preocupante”, aseguró.

Marcelo Amodio, director de la Cátedra Libre de Fábricas Recuperadas de la UNLP, planteó: “Está explotando algo que ya se viene sumando desde hace años y, de seguir con esta política, va a ser muy difícil la subsistencia de las recuperadas. Judicialmente, no hay nada para hacer. Desde que la Justicia rechazó la presentación que hizo Cepis con un grupo de intendentes, ya quedó claro. La salida es política: hay que establecer una tarifa social con cargos mínimos y planes de pago para cooperativas y recuperadas. No son empresas normales: vienen de una quiebra, lo cual ya es complicado, aunque es un tema que afecta a todas las pymes, está claro”.

Las ferias se multiplican en los barrios más postergados

Un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) relevó la actividad creciente de grupos de trueque en ferias populares y redes sociales durante el primer cuatrimestre de este año, para ilustrar las estrategias alternativas de los sectores más vulnerables para generar ingresos frente a la crisis.

El trabajo se enfocó en cuatro ferias, dos en CABA (Parque Patricios y Mataderos) y dos en el Conurbano (Florencio Varela y Barrio Independencia, en José L. Suárez) y mostró que el 49% de los encuestados se incorporó a la modalidad hace menos de tres años.

La caída de ingresos y la falta de empleo son las variables que empujan a la mayoría al cuentapropismo informal en las ferias.

También dio cuenta del fuerte desarrollo de los grupos de Facebook que organizan modalidades de intercambio a una escala creciente: unos 48 con más de 1.000 participantes en el Area Metropolitana. Entre ellos, el de Villa Fiorito es el más concurrido.

Reelecto Hugo Godoy al frente del gremio estatal/Daniel Catalano se impuso en Capital

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Hugo «Cachorro» Godoy, fue reelegido en el cargo por cuatro años más, en el marco de los comicios que realizó ese gremio.

La fórmula encabezada por Godoy y Rodolfo Aguiar, Lista Verde Anusate, se impuso en 19 provincias: Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro, La Pampa, Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, Catamarca, Tucumán, Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Misiones y Entre Ríos.

Por su parte, la Lista Verde y Blanca, consiguió victorias en Corrientes, Santa Fe, Capital Federal y Neuquén; mientras que en La Rioja aún continuaba el recuento de votos. A su vez, Daniel «Tano» Catalano logró la victoria y la reelección en la Capital.

En tanto, el secretario general de ATE en la provincia de Buenos Aires, Oscar «Colo» de Isasi, también se impuso en las urnas por un 70%.

Las elecciones fueron acompañadas por una delegación de veedores internacionales conformada por 12 dirigentes de organizaciones sindicales que nuclean a trabajadores y trabajadoras estatales de países como Chile, Paraguay, Brasil, Haití, Perú, Uruguay y México.

No obstante, fueron denunciadas irregularidades

. En algunas provincias, como Mendoza, la situación llega al bochorno total: fiscales opositores desalojados de los autos que trasladaban urnas en medio de la ruta; afiliados/as que llegaban a su lugar de votación y se encontraban con que otra persona lo había hecho por ellos; urnas móviles de recorrido incierto. La lista Multicolor, que agrupa a los partidos del Frente de Izquierda-Unidad y otras corrientes combativas, presentó a través de su apoderado, Daniel Luna, un escrito a la Junta Electoral de ATE denunciando las múltiples irregularidades en el desarrollo de los comicios para renovación de autoridades a escala nacional. Estas denuncias serán agregadas a las ya realizadas frente a la Secretaría de Trabajo (Ex-2019-70135424-apn-dgdmt-mpyt).

Fuentes: 

Colectivo Radio Pueblo, Sol de Los Andes, El Foco Insurgente, RedacciónEDA, El Destape, Resumen Latinoamericano, Clarín, Tiempo Argentino, Diario Popular, La Izquierda Diario, APU, Anred, Red Eco Alternativo, argentina.indymedia

Fuente del artículo: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=259345

 

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